Cinco regalos envenenados que Barberá dejó a Ribó
Mientras el PP recibía presuntamente dinero de
empresas, el gobierno de Rita Barberá comprometía a las arcas municipales en
gastos que se arrastrarán durante décadas. Estos son algunos ejemplos de la
gestión de la exalcaldesa.
Público 27-2-16
LAURA L.
DAVID
VALENCIA.- Ya avisaba en campaña y, poco después
de asumir la alcaldía, Joan Ribó declaraba en una entrevista a Europa Press que
con el PP "se disparó con pólvora de rey”, algo que a su juicio los
valencianos y valencianas estarán pagando “durante muchísimo tiempo". Además
de reprobar la corrupción popular, Ribó suele citar entre sus grandes dolores
de cabeza lo que considera el lastre de una “pésima gestión”
de Rita Barberá, que tras 24 años al frente del ayuntamiento de la
ciudad dejó tras de sí.
Concesiones de contratos públicos adjudicadas o prolongadas en dudosas circunstancias, deudas por pagar, proyectos a medio hacer y entes públicos dependientes del consistorio en la bancarrota. Estas son, también, algunas muestras de la herencia que Barberá dejó en Valencia.
La deuda de la Marina y la resaca de
la Copa América
La resaca de la Copa América de vela dejó
en Valencia una deuda que ya roza los 500 millones de euros por la
construcción y mantenimiento de la Marina Real, donde los equipos
náuticos levantaron edificios convertidos ahora en elefantes blancos, si no han
sido ya destruidos (aunque aún no pagados). Nadie en el Consorcio Valencia 2007
(la competición se celebró en la ciudad en las ediciones del 2007 y una versión
micro en 2010), formado por el Ejecutivo central, el Consell y el gobierno
municipal quiere asumir su parte de la deuda, que se incrementa unos 20
millones de euros cada año por intereses a los que no se hace frente.
Joan Ribó ha pedido al Estado que condone al
Ayuntamiento el crédito de 370 millones de euros concedido
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se solicitó para construir la
Marina Juan Carlos I. A su entender, la condonación sería justa, al supone
exigir al Estado “el mismo trato que recibió Barcelona en los Juegos Olímpicos
del 92, Sevilla en la Expo del mismo año y Zaragoza en la Expo de 2008",
casos todos ellos en los que el Ejecutivo invirtió y “perdonó” las deudas
El parking inacabado del Mercado
Central
Trece millones de deuda por pagar y una rampa de
salida (o de entrada) por construir es el balance del parking inacabado de la
plaza Ciudad de Brujas, que debe dar servicio principalmente al Mercado Central
de Valencia, el más grande de la ciudad y una de las joyas arquitectónicas más
visitadas por los turistas. Fruto de un acuerdo entre la conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Isabel Bonig (hoy presidenta
del PPCV) y el anterior consistorio popular de la ciudad, el pliego de
condiciones para la licitación de la explotación de este aparcamiento contemplaba
en un principio que la empresa concesionaria del servicio debería abonar por
adelantado y en un solo pago los 11 millones que costó la obra. Además, la
adjudicataria debería pagar seis millones adicionales para acabar la segunda
rampa de acceso que le falta al aparcamiento subterráneo y 1,2 millones más
para urbanizar la plaza. Ante semejante oferta, el concurso quedó desierto
A principios de este año, Generalitat y Ayuntamiento anunciaron que redactarán un nuevo convenio para “desbloquear” la situación tras ocho años a vueltas con el estacionamiento. Finalmente, será el consistorio quien asuma los 13 millones a los que ascienden las obrasy se hará una nueva licitación para finalizar el proyecto y su explotación.
El Bus Turístico regalado cuatro días
antes de elecciones
A cuatro días de las pasadas elecciones municipales,
el concejal de Circulación y Transportes Alberto Mendoza prorrogó la
adjudicación de la explotación del bus turístico de la ciudad a dos empresas.
El asunto no sería grave si fuera un negocio rentable, pero a diferencia de los
ingresos que obtienen ciudades como Madrid (3 millones de euros fijos al año
más un variable sobre ingresos) o Barcelona (6’25 millones al año de una
empresa privada más los beneficios de otra explotación pública) de las empresas
que ofrecen el servicio, las adjudicatarias valencianas contribuyen a las arcas
públicas con 0 euros. Así viene siendo desde 1999 y así seguirá, si no lo
remedia el equipo de Ribó, hasta 2019.
Casualmente, el director general de Transvía Tours, que explota el Bus Turístic de Valencia desde 1999, es el empresario detenido a principios de esta semana junto al exvicealcalde de Valencia, ambos sospechosos (sobornador y sobornado) de un delito de cohecho relacionado, precisamente, con las adjudicaciones de contratos del consistorio.
Según los cálculos a la baja de la actual concejalía de Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar al menos siete millones desde 1999 (medio millón al año) por esta “autorización gratuita” para gestionar el bus turístico que consideran un “trato de favor” al no contemplar que la empresa adjudicataria debería pagar un canon por la utilización del dominio público.
Una feria de congresos quebrada
Con su llegada a la alcaldía, Ribó se convirtió
también en el presidente del patronato de Feria Valencia, una institución al
borde de la quiebra con un agujero de 1.000 millones, 580 de ellos acumulados
por una ampliación del recinto investigada por la Fiscalía que la propia
Barberá pilotó.
Feria Valencia es también el ente que regalaba periódicamente –tal y como ella misma reconoció, diciendo que era una “costumbre habitual”- a Barberá bolsos, pañuelos, bolígrafos y guantes de diferentes marcas de lujo durante los años más duros de la crisis. Solo entre 2007 y 2009, la exalcaldesa recibió obsequios por valor de 7.600 que Anticorrupción también investiga.
Valenbisi: la adjudicación de nunca
acabar
La implantación del servicio de Valenbisi es una de
las últimas medallas que se colgó Barberá. En una ciudad plagada de coches, de
la noche a la mañana las calles se llenaron de bicis de alquiler y se anunció a
bombo y platillo la implantación de la “bici pública”. Sin embargo, el servicio
de Valenbisi de público tenía poco. Ofrecido como contraprestación por la
explotación de centenares de soportes de publicidad en espacio urbano
repartidos por toda la ciudad, cuyos ingresos son desconocidos por la administración
local, la empresa JC Decaux es la mantenedora privada del servicio de alquiler
de bicicletas por el que además cobra a los usuarios, en un contrato que liga a
empresa y ciudad hasta 2029.
Además, a pesar de que el contrato de licitación solo permitía un aumento del abono anual de 18 euros iniciales a 20, dejando cualquier subida posterior a un acuerdo entre concesionaria y Ayuntamiento, el equipo de Barberá aprobó su incremento hasta los 29,21 euros actuales. A cambio de ese beneficio empresarial, no ha habido contraprestación alguna los usuarios, aunque las peticiones de más estaciones en los barrios y mejor servicio no cesan. Ahora ese precio solo se podrá bajar si la empresa lo permite.
