La reacción de Jueces para la Democracia responde a que el presidente, Mariano Rajoy, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la creación de 112 plazas de magistrado y otras 167 de jueces de adscripción territorial, además de dos nuevos jueces destinados a la Audiencia Nacional.
Según aclara el portavoz de JpD “no se va a incorporar ningún juez más de los que ya existen y el Decreto únicamente regulariza esta situación a efectos administrativos. Acompañamos el Decreto y se podrá comprobar desde su introducción que es falso que se creen 300 jueces nuevos para actuar contra la corrupción”.
“En la línea de los recortes aplicados, desde el Gobierno no se ha creado ningún juzgado en los tres últimos años”. Continúa Bosch: “Al haber más de 300 jueces que habían aprobado previamente las oposiciones, estos no tuvieron un destino definitivo en el que ejercer sus funciones y estaban destinados en lo más variados órganos judiciales de forma provisional. Ahora lo que se hace es incorporarlos a una nueva plantilla para regularizar administrativamente su situación.
Explican desde JpD que “este Decreto fue impulsado por Gallardón antes del verano y remitido para informe en septiembre al CGPJ, para ser aprobado ahora, sin que tenga nada que ver con la corrupción. De hecho, en la propia introducción del Decreto se indica con claridad que esta adecuación de plantilla no va a costar ni un euro y que solo pretende regularizar dicha situación. Y se puede comprobar que no se crea ni un solo juzgado nuevo”.
“La única alusión a la corrupción es que se amplía la plantilla en dos magistrados en la Audiencia Nacional; en todo caso, dos magistrados nuevos sobre un total de 5.000 jueces resulta irrisorio para actuar contra la corrupción. La mayoría de la adecuación de la plantilla no guarda relación con el ámbito penal, sino que son plazas vinculadas a la jurisdicción civil, laboral o administrativa, sin el menor vínculo con la corrupción, por parte de jueces que ya llevan tiempo ejerciendo estas funciones”, dice.
“Reclamamos cambios estructurales, como la limitación de la amplia discrecionalidad de la administración pública en la adjudicación de contratos y en materia urbanística, verdadero caldo de cultivo para las prácticas corruptas. También pedimos que se refuercen los órganos independientes de control interno y externo para supervisar la actuación de las administraciones”, exigen los jueces progresistas.
Recuerda también la necesidad de dotar a la justicia de una mejor infraestructura: “nuestros órganos judiciales necesitan medios materiales y personales para poder llevar adelante las investigaciones y para que los corruptos tengan la seguridad de que serán perseguidos y condenados. Recordamos que nuestro país se encuentra a la cola europea en el número de jueces por habitante”.
Concluye Bosch: “la mitad de nuestros juzgados se encuentran colapsados y tienen una carga de trabajo que es superior al 150% de las previsiones institucionales, como ha señalado un reciente informe del CGPJ. A pesar de ello, el Gobierno no ha creado ni un solo juzgado nuevo en tres años. Y, con anuncios falaces como el que acaba de realizar el presidente del gobierno, todo seguirá exactamente igual, también en materia de corrupción”.
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