Baltasar
Garzón reclama al Consejo de Ministros la devolución de dinero republicano
incautado por Franco
La
indemnización que pide medio centenar de afectados ronda los cincuenta millones
de euros
ELPLURAL.COM | 28/01/2015
El despacho de abogados ILOCAD SL que dirige Baltasar Garzón, ha
presentado ante el Consejo de Ministros una reclamación en la que colabora
también el bufete Amparo legal, en nombre de un grupo de perjudicados por el
Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936, (BOE de 13 de noviembre de 1936). En
base a esta norma, el Banco de España declaró entonces sin validez alguna los
billetes (pesetas) hasta ese momento de curso legal que se hubieran puesto en
circulación con posterioridad al día 18 de julio de ese año 1936, fecha del
denominado “Alzamiento Nacional”.
El escrito se entregó el pasado lunes 26 de enero con
la intención de que el Estado haga efectiva la indemnización que
corresponda al valor del papel moneda de la titularidad del colectivo que reúne
a medio centenar de afectados al que representa Garzón. La cantidad que se
reclama asciende a la suma de 587.132,50 pesetas (una cifra que hoy por
hoy se calcula rondaría los 50 millones de euros). Garzón ha
manifestado a ELPLURAL.COM que si la reclamación prospera y la indemnización se
hace efectiva, la cantidad correspondiente a los honorarios del despacho de
abogados que dirige BG, ILOCAD SL, se destinaría a los proyectos memorialistas
que tiene en marcha la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Reclamación ante el Estado
Se trata en términos jurídicos de una reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, al amparo del art. 106.2 de la Constitución Española, y de los arts. 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se trata en términos jurídicos de una reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, al amparo del art. 106.2 de la Constitución Española, y de los arts. 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
A partir de 1936
La normativa que provocó esta situación data de noviembre de 1936 y entró en vigor de forma inmediata, por decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos el 24 de julio de 1936. A partir de aquel momento coexistieron dos monedas (pesetas) diferentes, según la zona de España y de quién gobernara en la misma.
La normativa que provocó esta situación data de noviembre de 1936 y entró en vigor de forma inmediata, por decisión de la Junta de Defensa Nacional constituida en Burgos el 24 de julio de 1936. A partir de aquel momento coexistieron dos monedas (pesetas) diferentes, según la zona de España y de quién gobernara en la misma.
La peseta republicana, ilegal
Por decisión de dicha Junta la peseta republicana dejó de ser de curso legal a partir de aquella norma. Para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos, tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.
Por decisión de dicha Junta la peseta republicana dejó de ser de curso legal a partir de aquella norma. Para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos, tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.
Estrategia bélica contra el enemigo
Según el escrito de los reclamantes “la estrategia, desde el punto de vista de arma de guerra, pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la República, que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga. Esta decisión afectó de lleno a la población civil, por cuanto la privaba de medios de pago legítimos, según fuera territorio ‘conquistado’ o no”.
Según el escrito de los reclamantes “la estrategia, desde el punto de vista de arma de guerra, pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la República, que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga. Esta decisión afectó de lleno a la población civil, por cuanto la privaba de medios de pago legítimos, según fuera territorio ‘conquistado’ o no”.
Requisitos imposibles
El cúmulo de requisitos que se establecían hacía casi imposible la entrega y ponía en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares de lo que se llamaba “papel moneda puesto en circulación por el enemigo”.
El cúmulo de requisitos que se establecían hacía casi imposible la entrega y ponía en grave riesgo a las personas que se identificaran como titulares de lo que se llamaba “papel moneda puesto en circulación por el enemigo”.
Valor reconocido
La demanda destaca que “la privación a sus titulares del dinero legítimo emitido por las autoridades republicanas se realizó de forma coactiva, pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando. La moneda incautada no se destruyó y su valor fue reconocido por la Administración, no sólo en los informes del Banco de España, sino además con la constitución con este dinero de un fondo denominado Papel Moneda y con los diferentes apuntes sobre el mismo recogidos en su contabilidad”.
La demanda destaca que “la privación a sus titulares del dinero legítimo emitido por las autoridades republicanas se realizó de forma coactiva, pues su mera tenencia era constitutiva de delito de contrabando. La moneda incautada no se destruyó y su valor fue reconocido por la Administración, no sólo en los informes del Banco de España, sino además con la constitución con este dinero de un fondo denominado Papel Moneda y con los diferentes apuntes sobre el mismo recogidos en su contabilidad”.
3.000 millones de euros
El monto total del dinero republicano confiscado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió, según consta en el informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, a 35.047.500 pesetas. El valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros, por lo que el valor del dinero del que se apropió el Gobierno de la zona nacional sería ahora de unos 3.022.496.400 euros.
El monto total del dinero republicano confiscado durante la Guerra Civil por el ejército de Franco ascendió, según consta en el informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, a 35.047.500 pesetas. El valor actualizado más los intereses de una peseta de entonces equivaldría aproximadamente a 86,24 euros, por lo que el valor del dinero del que se apropió el Gobierno de la zona nacional sería ahora de unos 3.022.496.400 euros.
Derechos reconocidos
Esta moneda, aunque privada formalmente de valor en virtud de las disposiciones dictadas en la zona nacional, tenía valor tanto en el extranjero como en la zona republicana y además, señala la demanda, “deben tenerse en cuenta las posteriores leyes, dictadas 50 años más tarde de producirse las incautaciones, en las que se han reconocido derechos de otros perjudicados por hechos similares que se produjeron también durante la Guerra Civil”.
Esta moneda, aunque privada formalmente de valor en virtud de las disposiciones dictadas en la zona nacional, tenía valor tanto en el extranjero como en la zona republicana y además, señala la demanda, “deben tenerse en cuenta las posteriores leyes, dictadas 50 años más tarde de producirse las incautaciones, en las que se han reconocido derechos de otros perjudicados por hechos similares que se produjeron también durante la Guerra Civil”.
Los perjudicados
Sin embargo, esas mismas leyes nunca han abierto una vía para que los particulares perjudicados por incautaciones pudieran recuperar su dinero. Los demandantes están agrupados en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) y reclaman que se solucione su contencioso, porque la Ley de Memoria Histórica les dejó fuera. La suma del importe de los recibos reclamados asciende a 587.132, 50 pesetas, cantidad cuyo pago se solicita actualizado en euros con los intereses correspondientes.
Sin embargo, esas mismas leyes nunca han abierto una vía para que los particulares perjudicados por incautaciones pudieran recuperar su dinero. Los demandantes están agrupados en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) y reclaman que se solucione su contencioso, porque la Ley de Memoria Histórica les dejó fuera. La suma del importe de los recibos reclamados asciende a 587.132, 50 pesetas, cantidad cuyo pago se solicita actualizado en euros con los intereses correspondientes.
¿Qué hará el Gobierno?
El proceso a seguir por el Consejo de Ministros sería ahora el de encargar un informe sobre el contenido planteado. Tras el estudio pertinente y a la vista de los informes técnicos el Consejo deberá dictar un acuerdo estimando o desestimando la reclamación.
El proceso a seguir por el Consejo de Ministros sería ahora el de encargar un informe sobre el contenido planteado. Tras el estudio pertinente y a la vista de los informes técnicos el Consejo deberá dictar un acuerdo estimando o desestimando la reclamación.
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