El Gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden ser llamados
genocidio
El Ejecutivo justifica de esta manera su rechazo a
extraditar a Argentina a 17 responsables franquistas. También refuta
derogar la Ley de Amnistía y considera que una "Comisión de la
Verdad" no sería adecuada para el sistema constitucional.
Público
1-6-2015
ALEJANDRO TORRÚS
MADRID.- Al menos, 132.202 ciudadanos,
que defendieron la legalidad y la democracia de la II República, fueron
asesinados durante la Guerra Civil. Otros 200.000 ciudadanos, que el régimen
fascista consideró como republicanos, murieron en las cárceles y campos de
concentración de la España franquista. Y en las cunetas de cualquier carretera
secundaria del país hay enterrados cerca de 114.000 desaparecidos.
De hecho, las Administraciones Públicas tienen constancia de 1.204 fosas
comunes sin abrir. A estas cifras hay que añadir el aterrador balance represor
de la dictadura que desde 1939 hasta 1978 manejó cualquier espacio de poder del
Estado español.

Sin embargo, el Gobierno español afirma que estos hechos "difícilmente
podrían encajarse en la figura de 'genocidio' que
exige 'la eliminación, de forma total o parcial, de un grupo nacional, étnico,
racial o religioso".
Así lo ha asegurado en una respuesta parlamentario al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, que preguntaba al Ejecutivo por los
motivos por los que el Gobierno denegó la extradición a Argentina de los 17 responsables de la
dictadura franquista que fueron reclamados por la Justicia del país sudamericano en
aras de la Justicia Universal, y entre los que se encontraban, los exministros Martín Villa y José Utrera Molina,
el suegro de Alberto Ruiz Gallardón.
El Ejecutivo
alega también que la Audiencia negó la calificación de dichos delitos como de
"lesa humanidad" cuando rechazó la extradición de otros tres
torturadores
De esta manera, el Ejecutivo alega también que la Audiencia Nacional negó la calificación de dichos delitos
como de "lesa humanidad" cuando rechazó la
extradición de otros tres torturadores de la dictadura franquista, entre ellos
se encuentra 'Billy el niño', por considerar que los delitos no formaban parte
de un "ataque sistemático y organizado a un grupo de
población".

"De probarse que los ciudadanos españoles
encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les
acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y,
por tanto, habrían prescrito. El principio de la extinción de la
responsabilidad penal es otro de los principios básicos de nuestro derecho que
no cabe soslayar", señala el escrito del Gobierno al que ha tenido acceso
este diario.
Imposibles de juzgar
La respuesta del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur
trasladan la idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar. Ni en España, ni en ningún lugar
del mundo.

En primer lugar, porque "el ordenamiento jurídico español establece que
corresponde a España, y no a un tercer país, la competencia de juzgar los
delitos cometidos por españoles en territorio español". "Se trata del
principio de jurisdicción preferente",
acota el escrito que prosigue afirmando que, en este caso, no es aplicable el
llamado "principio de jurisdicción universal".
La respuesta
del Ejecutivo a las preguntas planteadas por el diputado de Amaiur traslada la
idea de que los crímenes de la dictadura son imposibles de juzgar.
En segundo lugar, porque estos crímenes están
protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, "instrumento fundamental de
reconciliación entre los españoles". Y en tercer lugar porque, aun en el
hipotético caso de que el Estado derogara la Ley de Amnistía, las exigencias
"del principio de legalidad" no permitirían que fueran juzgadas de
manera retroactiva "sucesos ocurridos bajo el ámbito objetivo de la
aplicación de la Ley de Amnistía".

Asimismo, el Gobierno insiste en que en este hipotético caso ya mencionado, los
delitos de la dictadura estarían prescritos y
señala que también habría que tener en cuenta la concurrencia de otras
circunstancias como "la extinción de la acción por fallecimiento".
La ONU, en contra
Los argumentos del Gobierno, por tanto, se basan en
los principios de prescripción y de extinción de la responsabilidad penal
para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los
derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura. Sin
embargo, expertos de la ONU en Derechos Humanos ya han advertido
reiteradamente al Gobierno que estos argumentos
"carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir
las normas y estándares internacionales de los Derechos
Humanos".
Grupo de
expertos de la ONU señaló que estos argumentos del Gobierno "carecen de
base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales
de los Derechos Humanos"
"El Estado español no puede escudarse en los
principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no
extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos
humanos", señalaron, al insistir en que "la tortura, las
ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de
lesa Humanidad", señalaron cuatro expertos de la ONU en
Derechos Humanos tras la negativa de España a extraditar a Argentina a
responsables de la dictadura argentina.

No a la Comisión de la Verdad
El Gobierno también rechaza de plano en el escrito la posibilidad de crear una
Comisión de la Verdad, que investigue lo sucedido durante la Guerra Civil y la
dictadura y establezca un relato riguroso de los hechos. En este sentido, el
Ejecutivo considera que "crear comisiones o grupos de averiguación que
tiendan a investigar conductas delictivas", no resultarían "en modo alguno adecuadas a nuestro sistema
constitucional". Sobre todo, cuando los hechos a investigar por
la Comisión de la Verdad se hallarían bajo "el ámbito de la aplicación de
la Ley de Amnistía".
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