Público
30-6-2016
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
Escribí un artículo recientemente que estaba basado en
el discurso que realicé en el homenaje a los maestros represaliados por el
golpe militar fascista del año 1936 en contra de la II República,
democráticamente establecida (ver mi artículo Homenaje a los maestros
represaliados por el fascismo, Público, 24.05.16). Me alegra
constatar que este artículo está teniendo bastante impacto, habiéndose
comenzado a movilizar la población para exigir al Parlament de Catalunya que se
haga tal homenaje, rompiendo con el silencio que ha continuado y se ha
perpetuado en este país, consecuencia del temor de ofender o molestar a los
victimizadores (responsables de las represalias a las víctimas), cuyos nombres
deben ser conocidos, y que hoy continúan teniendo gran poder en Catalunya y a
lo largo del territorio español. Estimulado por tal creciente interés, y con el
ánimo de alentar tal homenaje a nivel no solo de Catalunya, sino también de
España, escribo ahora sobre el proceso en sí de depuración. Gran parte de esta
información procede de la excelente página web Els Mestres de la República a
Manresa. Es importante que en esta recuperación de la memoria histórica se
analicen y se conozcan no solo las víctimas, sino también los “victimizadores”
que han sido los responsables no solo de la victimización, sino también de la
ocultación y silencio sobre tal proceso.
El proceso de depuración
Tan pronto como las tropas fascistas comenzaron a
ocupar Catalunya, el cuerpo conocido como Auditoría de Guerra de la 4ª Región
Militar estableció un Juzgado Militar Especial de Depuración de Funcionarios
Civiles ante el que todos los maestros (y funcionarios de la Administración
Pública) tenían que prestar declaración jurada sobre sus actividades públicas y
privadas realizadas antes y después del golpe fascista militar del 18 de julio
de 1936, definido por tales fuerzas como Alzamiento Nacional. A medida que las
tropas fascistas iban avanzando en su ocupación (definida por tales tropas como
“liberación”), todos los maestros tenían que presentar tal declaración ante
dicho juzgado. En base a esta información se actuaba provisionalmente,
sancionando a los maestros en base a las acusaciones locales en las que siempre
tenían prominencia las acusaciones particulares realizadas por las personalidades
de la Iglesia y de la Falange. A los maestros de las escuelas privadas no se
les exigía esa declaración jurada, bastándoles una declaración del director del
centro indicando su lealtad al Alzamiento Nacional.
La represión fue, pues, selectiva frente a los
maestros de las escuelas públicas, siendo su interés purgar dicho cuerpo de
maestros “rojos” y “separatistas”, cuya definición incluía una enorme gama de
actitudes, comportamientos y sensibilidades en cada una de estas dos
categorías. “Rojo” incluía cualquier actitud, costumbre o manifestación de
simpatía hacia las políticas republicanas que se consideraba iban en contra de
la sociedad conservadora, promovida por la Iglesia. En ocasiones, la mera
pertenencia a sindicatos o haber defendido los cambios legislativos de la
Generalitat de Catalunya y de los gobiernos republicanos eran causa de que se
catalogara al maestro como “rojo”. En el caso de mis padres, las acusaciones
incluían haberse casado por lo civil, el ser secretario (en el caso de mi padre)
de la asociación en defensa de la República Catalana en la Federación Española,
y (en el caso de mi madre) haber dado clase a la población adulta en el
territorio de las escuelas, entre otros hechos. “Separatista” incluía cualquier
expresión de simpatía hacia la identidad catalana. La mayor sanción –expulsión
del cuerpo de maestros-, como fue el caso de mi padre, se producía cuando se
sumaban los dos términos: maestros “rojos” y “separatistas”.
Las instituciones victimizadoras y sus representantes,
con nombres y apellidos
La invasión y ocupación de Catalunya por las tropas
fascistas se inició en diciembre de 1938, y ya en mayo de 1939, una vez
finalizada la campaña de ocupación, se estableció, el 8 de mayo, la comisión
encargada de la depuración del magisterio de la provincia de Barcelona, formada
por Manuel Marín Peña, director del Instituto Menéndez y Pelayo, que actuó como
presidente, Josep Casajuana Oliver, presidente de la Asociación de Padres de
Familia, Antolín Herrero Porras (sustituido más tarde por Luis de Francisco
Galdeano), Emili Fernández Villalta y Frederic Camp Llopis como vocales. A
estos se añadieron dos miembros más, propuestos por la Falange, que eran el
canónigo Josep Montagut Roca, y el excombatiente Eduard Pascual Fàbregas, y más
tarde Francesc Colldeforns Lladó, que sustituyó a Josep Casajuana.
Estos eran los representantes de los victimizadores.
Es importante subrayar que todos los miembros encargados de la represión de los
maestros, incluidos los miembros de la Falange y de la Iglesia, eran catalanes,
personas conocidas de derechas. Algunos de sus herederos pasaron a ser activos
en los partidos de las derechas catalanas. En cada pueblo, el alcalde y el
sacerdote tenían que enviar informes sobre los maestros acusados. La
información requerida, y que la Comisión Depuradora recibía, provenía de los
acusados, que tenían que rellenar un extenso formulario, así como de los
sacerdotes y los miembros de la Falange de las poblaciones donde habían
trabajado, información de tipo público y privado que debía incluir todo el
periodo republicano (desde el año 1931) y no solo desde el día del supuesto
Alzamiento Nacional (18 de julio de 1936).
Las sanciones acordadas por la comisión iban desde la
máxima -la expulsión del magisterio- a muchas otras posibilidades que incluían
desde la inhabilitación para tener responsabilidades en el magisterio, la
suspensión de sueldo y trabajo durante varios años, con el descenso y anulación
de los años de trabajo, bajando de categoría, y así una larga lista de sanciones.
Una última observación: la gran necesidad de recuperar
la historia real (lo que se conoce como Memoria Histórica) de este país
Es importante para la salud democrática de España
(incluyendo Catalunya) que se recupere la Memoria Histórica, que no es ni más
ni menos que la historia real de España (incluyendo Catalunya), de la mayoría
de su ciudadanía que perdió la guerra y fue brutalmente reprimida. Todavía hoy
la historia de España es la historia de la España uninacional y profundamente
conservadora, heredera del régimen fascista que se estableció (con la ayuda de
Hitler y Mussolini) con el golpe militar del 18 de julio de 1936. Es más que
deprimente ver incluso a algunos dirigentes de todos los gobiernos españoles
que han habido en España reproduciendo esta visión uninacional, jacobina y
profundamente opresora (por no decir asfixiante) que ha hecho tanto daño a las
clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. Hoy es un
momento histórico, puesto que están surgiendo movimientos a lo largo y ancho
del territorio español que piden democracia, justicia social y un cambio
profundo de la visión de España, recuperando la visión republicana, justa,
solidaria, plurinacional y en libertad. Ni que decir tiene que los herederos de
las derechas que impusieron su orden en este país se opondrán a estas fuerzas.
Pero las fuerzas progresistas, al tener la razón de su lado, vencerán, si no
ahora, sí en el futuro próximo. Este renacer de otra visión es imparable. Y
recuperar la historia de aquellos que lucharon tanto para cambiar España,
incluyendo Catalunya, –como los maestros republicanos hicieron- es parte de
este proceso.
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