¿Y ahora, qué? Todos los pasos para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco

La Justicia tendrá la última palabra en un proceso que se alarga ya casi dos años

ElPlural

17-4-26

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba el pasado martes 14 de abril, aniversario de la II República, el paso definitivo para conseguir la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Tras la firma de la resolución que finaliza el procedimiento administrativo, después de casi dos años, que permite la solicitud formal, ahora será la autoridad judicial la que tenga la última palabra. La Justicia cuenta con informes jurídicos, análisis de contenidos y testimonios de víctimas, que coinciden en señalar que la agrupación franquista “no cumple con el interés general”.

Además, la supuesta fundación despliega prácticas que constituyen un claro “menosprecio y humillación” de las víctimas de la dictadura. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de los ajusticiados por el franquismo y sus familiares son vulnerados diariamente por el grupúsculo de fascistas que se enmascaran como fundación, razón por la que el Gobierno de coalición espera que los jueces coincidan con su análisis. "Confiamos en que la Justicia sí se manifieste finalmente", ha trasladado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace escasas horas.

Concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción

Una cuestión de memoria y dignidad que aún deberá afrontar más pasos procedimentales. El proceso todavía podía alargarse hasta comienzos de 2027, lo que dependerá de la estrategia judicial que acometa la agrupación franquista, que ya presentó alegación en momentos previos, pero estas fueron descartadas por el departamento de Cultura.  Desde el Ejecutivo de coalición esperan que la Justicia certifique su decisión, la cual consideran “sólida” y ampliamente documentada. Esta tesis ha sido la defendida por Urtasun en los últimos días.

"El resultado es un expediente sólido, riguroso, y bien fundamentado jurídicamente. Y ahora la decisión final está en las manos de un juez. Pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad”, ha trasladado el responsable del Ministerio de Cultura. “Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas, porque esa es nuestra responsabilidad", ha enfatizado, dejando claro que no esperan una decisión que no termine, de una vez por todas, con la Fundación Nacional Francisco Franco.

Los Tribunales ya han fallado contra los franquistas

La última ocasión en la que la agrupación de franquistas acudió a los Tribunales recibió un varapalo. Fue hace poco más de un mes, cuando solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) medidas cautelarísimas que frenasen el procedimiento al que ahora ha dado carpetazo Cultura. El auto rechazó la petición al considerar que no concurrían razones de urgencia, permitiendo que el proceso continuase avanzando hasta el punto en el que se sitúa en estos momentos.  

La fundación había recurrido una resolución de la Subsecretaría de Cultura del 16 de febrero de 2026 que inadmitía un recurso de alzada presentado previamente por la entidad. Dentro de ese procedimiento, el Ministerio de Cultura había rechazado la declaración como testigos de siete historiadores e investigadores de parte. En su solicitud, los franquistas pedían que el tribunal adoptara una medida cautelar urgente sin escuchar previamente a la otra parte para suspender los efectos de la resolución administrativa.

Sin embargo, el tribunal consideró que no concurrían circunstancias de especial urgencia que justificasen adoptar una medida de este tipo sin oír antes al Abogado del Estado, que representa al Ministerio de Cultura. Además, los magistrados recordaron que las medidas cautelares de este tipo solo pueden acordarse cuando existe un riesgo inmediato de que la duración del proceso cause perjuicios irreparables.

La Sala entendió que, en este caso, no existía ese riesgo, entre otras razones porque el recurso se dirige contra una resolución de carácter interlocutorio y las cuestiones planteadas pueden resolverse durante la tramitación normal del procedimiento. Por ello, el tribunal ha decidió denegar las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación.

La Fundación, por su parte, insiste en que el procedimiento administrativo en su contra implica la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales. Además, la entidad asegura que su prohibición no es una mera actuación administrativa de control, sino un procedimiento sancionador. No contentos, se atreven a hablar de vulneración de la democracia y a mentar la Constitución.