Camps tensiona a Feijóo y amaga con plantar batalla a Mazón en un nuevo evento multitudinario

Francisco Camps convoca a sus seguidores el día 9 de julio, sin interferir con el congreso nacional del partido, ante un posible anuncio de liderar el PPCV

ElPlural

29-6-25

El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está organizando un nuevo encuentro con las bases populares con el que busca mantener la presión sobre la dirección nacional del PP para que convoque el congreso autonómico del PPCV. El llamamiento ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre si Camps se decidirá, por fin, a anunciar su candidatura para liderar el partido que actualmente encabeza Carlos Mazón. Ya se esperaba un paso en firme en el acto celebrado en mayo, pero entonces no llegó a concretarse, pero, sin embargo, su entorno sigue sin cerrar la puerta a esa posibilidad.

La fecha estipulada para el acto es el 9 de julio, la cual trata de "no interferir" con el desarrollo del congreso nacional de los días 4, 5 y 6 de julio, que dirigirá Alberto Núñez Feijóo para "activar" al partido en el caso de que Sánchez adelantase las generales.

El lugar elegido, será el Palau Alameda, un espacio cargado de simbolismo para el partido al haberse celebrado allí los triunfos electorales del PP durante su época dorada en la Comunitat Valenciana

El formato del encuentro será una "cena cóctel", con un precio de 35 euros por persona. Desde la organización reconocen que la movilización será más compleja que en mayo, dado que se celebra en periodo estival y entre semana, aunque confían en reunir en torno a 500 asistentes.

Al mismo tiempo, Camps busca aprovechar la proximidad del cónclave estatal para seguir impulsando la reivindicación que defiende desde su regreso a la primera línea política. Quiere que Génova convoque cuanto antes el congreso autonómico.

Un PP que trata de no tener confrontaciones

Sin embargo, con el objetivo de no abrir nuevos frentes internos en el partido, existe la posibilidad, que inquieta al entorno de Camps, de que Feijóo aparque el congreso autonómico. Aunque desde Génova no se ofrece ninguna pista sobre sus planes respecto al futuro de la Comunitat Valenciana, Camps observa con desconfianza la ponencia de estatutos que deberá aprobarse en el congreso nacional previsto para principios de julio.

El documento, abierto todavía a enmiendas, podría modificarse antes de su aprobación definitiva. Sin embargo, la propuesta actual de Génova elimina del articulado cualquier referencia a plazos concretos para activar estos procesos orgánicos. Hasta ahora, los estatutos establecían que los congresos de ámbito inferior debían convocarse "dentro de los cuatro meses siguientes" a la celebración del nacional. La nueva redacción plantea que tengan lugar simplemente "después" del congreso nacional, sin fijar un plazo determinado.

 

La expresidenta del PSOE andaluz Amparo Rubiales promociona en las redes sociales una recogida de firma para pedir que el partido expulse a Felipe González como militantes, por criticar la ley de amnistía.

Amparo Rubiales fue senadora, consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía (1982-1984), delegada del Gobierno en Andalucía (entre 1993 y 1996, durante la última legislatura de Felipe González) y vicepresidenta del Congreso de los Diputados (2000-2004).

También ha sido presidenta del PSOE andaluz durante más de una década, si bien tuvo que dimitir de dicho cargo en junio de 2023, tras calificar de "judío nazi" al vicesecretario del PP Elías Bendodo (aludiendo a su ascendencia semita).

 

Valencia desafía a la ola de calor y exige, en la octava manifestación, la dimisión de Mazón

Cuando se cumplen ocho meses de la trágica DANA, la ciudadanía ha vuelto a salir a la calle para exigir la dimisión de Mazón

ElPlural

Lirios Arques

29-6-25

Ocho meses después las respuestas siguen sin llegar. Justo en el día en el que se cumplen ocho meses desde que la peor DANA del siglo XXI marcó un antes y un después en la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón se mantiene en el silencio y en la ausencia de respuestas y medidas que ayuden a paliar el daño y las pérdidas que sufre la provincia de Valencia.

Con este telón de fondo, el pueblo valenciano ha desafiado a las altas temperaturas que este fin de semana han puesto en alerta a la totalidad del país, y ha salido a la calle en la octava manifestación desde la DANA. Como ya viene siendo cita fija en el calendario, un mes más la ciudadanía ha exigido en las principales calles de la capital del Túria la dimisión de su presidente y la depuración de las responsabilidades correspondientes por las 228 víctimas mortales que dejó la DANA. 

La marcha, que ha arrancado a las 19:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y ha recorrido la calle San Vicente, la plaza de la Reina y la calle Micalet, hasta acabar en la plaza de la Virgen, ha contado con la asistencia de más de 200 entidades sociales, asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acord Social Valencià que, al margen de la dimisión del president, han centrado esta vez sus reivindicaciones en la lentitud del Ejecutivo valenciano con las tareas de reconstrucción, así como la falta de planificación. "Volvemos a salir a la calle con un lema 'Mazón, dimisión', pero con muchas razones. Ocho meses después de la barrancada no hay reconstrucción y no se ha asumido ninguna responsabilidad por la nefasta gestión de la catástrofe climática del 29 de octubre", detallan los convocantes en un comunicado. 

Sin respuestas a las víctimas, pero con negocio

Con lemas que ya se han convertido en el protagonista de estas manifestaciones, como "Mazón dimisión" o "El president a Picassent" -haciendo referencia a la prisión del municipio valenciano de Picassent-, los familiares de las víctimas han encabezado la multitudinaria marcha para hacerse eco de lo plasmado en el comunicado. De esta forma, lamentan que, mientras las respuestas siguen sin llegar, el Ejecutivo valenciano prosiga en su línea de negocio. "Lo que sí que hay es negocio: mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción". Por ello, señalan que “no se puede mantener en el cargo un presidente incapaz que, en vez de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocarán a la repetición de la tragedia para beneficio de unos pocos”. 

Asimimso, en línea con la situación que ocho meses después sigue enfrentando la provincia de Valencia y que este domingo han vuelto a denunciar en la manifestación, los convocantes recriminan que, según datos de FAMPA-Valencia, hasta el momento, son todavía ocho los centros educativos pendientes de derruir y quince donde todavía se tiene que reconstruir parte de la infraestructura. Asimismo, hay 88 colegios que han retomado la actividad a pesar de que todavía no se han recuperado de las consecuencias sufridas por la DANA. "Un barracón no es una escuela y no se puede dejar atrás la educación cuando se habla de reconstrucción. Las soluciones provisionales otorgadas tratan de imponer una normalidad que no existe", lamentan. Asimismo, ponen de relieve que los servicios básicos como el transporte escolar o los servicios médicos “tampoco han sido restablecidos completamente, un hecho especialmente grave por los problemas de salud y pobreza provocada por la negligente gestión de la barrancada”.

La crítica expresada se extiende también a la ausencia de productos de primera necesidad que muchas familias siguen sufriendo ya que hasta 3.500 familias todavía siguen siendo atendidas por los once puntos de reparto de productos de primera necesidad no institucionales de la zona cero. Reprochan también que miles de garajes y viviendas continúan en condiciones “deplorables” y que personas con movilidad reducida continúan sin poder salir a las calles porque permanecen sin ascensores. "Y alrededor de 20.000 trabajadoras y trabajadores en ERTE que tienen como único apoyo las redes de solidaridad que surgieron con esta catástrofe y que se mantienen activas ante el desinterés y el abandono institucional", agregan.

 

 Ocho meses después del asesinato de 228 personas

 

Francisco Franco, Generalísimo, Caudillo de España y Criminalísimo por la Gracia de Dios

¿Sabías que dos de los últimos cinco hombres condenados a pena de muerte y fusilados por el régimen franquista eran gallegos? Se llamaban José Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo. Ambos habían nacido en Vigo y fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1975. Un día antes, Baena le escribió una carta a sus padres:

"Papá, mamá:

Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue.

Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente.

Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros que sois viejos y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. No por mí. Pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo, al menos yo así os lo pido.

¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte!

¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo! Pero no os preocupéis, cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mari, o a Manolo haceros a la idea de que yo continúo en ellos.

Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro.

Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido.

Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más. Un abrazo muy fuerte, el último.

Adiós papá, adiós mamá.

Vuestro hijo:

José Humberto"

Mirella Macia

 

Varapalo del Supremo a Abogados Cristianos: inadmitida su denuncia contra Bolaños y Torres

La asociación ultracatólica buscaba imputar a los ministros por un presunto delito de malversación en las obras de Cuelgamuros

ElPlural

24-6-25

El Tribunal Supremo ha dado un varapalo sin paliativos a Abogados Cristianos, cuya última denuncia contra los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres ha sido inadmitida por la Sala de lo Penal. El intento de llevar a los tribunales a dos miembros del Gobierno por un presunto delito de malversación en la adjudicación de contratos públicos a Tragsa en el Valle de Cuelgamuros ha sido calificado por el Supremo como una maniobra carente de rigor, fundamentación y respeto al sistema judicial.

El pronunciamiento judicial no se queda en una mera inadmisión, sino que dibuja un retrato demoledor de la estrategia judicial de Abogados Cristianos. En una ponencia redactada por el magistrado Javier Hernández, el tribunal carga contra el “muy confuso” relato presentado por la organización ultraconservadora, que según señala el Supremo, se basa en “informaciones incompletas”, “simples insinuaciones” y una absoluta falta de hechos concretos. "Se construye, en términos manifiestamente temerarios, superponiendo fragmentos de informaciones incompletas de distinta índole, mezclado con simples y desnudas insinuaciones carentes del más mínimo sustento", escribe la Sala.

Sin un solo hecho concreto contra Bolaños y Torres

El Supremo señala, con dureza poco habitual, que en la denuncia no aparece "ningún hecho concreto" que implique a los ministros denunciados ni que permita ni siquiera “representarse hipotéticamente” una relación entre sus actos y un supuesto delito de malversación. El tribunal critica además la falta de un "puente inferencial", es decir, de un mínimo razonamiento lógico que conecte los hechos con los responsables señalados.

En otras palabras, lo que Abogados Cristianos ha pretendido llevar a juicio no pasa ni el filtro más básico de una denuncia bien formulada. El tribunal lo interpreta como un intento burdo de utilizar el sistema penal como ariete político contra el Gobierno, sin importar las consecuencias institucionales ni el respeto a la Constitución.

“Indolente desprecio” por el derecho a la Justicia

En su resolución, el Supremo va más allá al advertir de las implicaciones democráticas de este tipo de prácticas. Califica el proceder de Abogados Cristianos como una muestra de “indolente desprecio por los límites más elementales en el ejercicio de los derechos de acceso a la Justicia” y alerta del peligro que supone recurrir al proceso penal como arma política.

También remarca la gravedad de querer implicar al Tribunal Supremo en “las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización de nuestro sistema político”, una acusación que, aunque no nombra directamente a la asociación, apunta claramente a su modus operandi: interponer denuncias contra políticos, artistas o activistas que no comparten su visión ultracatólica del país. "Patentiza, además, una absoluta falta de consideración por la grave función que la Constitución le asigna a este Tribunal Supremo", insiste el auto, subrayando que esta institución no está para validar persecuciones ideológicas.

Esta nueva resolución judicial se suma a una larga lista de golpes a Abogados Cristianos, que en los últimos años ha presentado denuncias contra desde ministras como Irene Montero hasta cómicos, obras de teatro o campañas publicitarias. En la mayoría de los casos, sus iniciativas han sido archivadas o rechazadas por su escaso fundamento legal.

VAPULEO HISTÓRICO al COBARDE de Borja Sémper y Aznar⚡ENFADO de Ekaizer⚡Z...

 

 

Andrés Rodríguez Sandoval

Hoy 24 de junio se cumplen 50 años de la detención y encarcelamiento de la dirección de CCOO que se encontraba reunida en el convento de Oblatos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Fue el 24 de junio de 1972, dando comienzo al conocido como proceso 1001, el juicio del franquismo a la clase trabajadora.

No lo olvidemos, cuando a algunos se les llene la boca hablando de libertad y democracia. No fue el rey, ni Adolfo Suárez, fue gente humilde y trabajadora como estos 10 sindicalistas los que con sacrificio, cárcel, exilio e incluso la muerte conquistaron la libertad y la democracia.

 

 

 

TELLADO DE ESTA NO SE ESCAPA

🔍 ¡EKAIZER DESTAPA TODO! FEIJÓO y TELLADO BAJO LA LUPA por el ESCÁNDALO ...

 

 

 

 

Feijóo y Abascal, una amenaza real para la paz y el futuro de España

España no puede permitirse un gobierno que agache la cabeza ante Netanyahu o Trump

ElPlural

Miguel Angel Heredia Díaz

24-6-25

Digámoslo sin rodeos: si hoy gobernaran Feijóo y Abascal, España ya estaría implicada en los conflictos bélicos de Netanyahu y Trump. Los líderes del PP y Vox son mediocres, pero están obsesionados con pasar a la historia, igual que lo estuvo en su día otro mediocre: José María Aznar.

Y ya sabemos cómo acabó aquello: España metida en la guerra de Irak, mintiendo sobre los atentados del 11-M, con nuestras tropas en un conflicto ilegítimo solo para que Aznar pudiera posar junto a Bush y Blair en las Azores. ¿De verdad queremos que se repita esa historia?

Feijóo y Abascal no han aprendido nada. O, lo que es peor aún, han aprendido justo lo contrario de lo que debían. Han aplaudido cada movimiento de Netanyahu, incluso cuando eso ha significado la destrucción sistemática de Gaza. Se niegan a hablar de genocidio, aunque la comunidad internacional empieza a reconocerlo como tal. Defienden sin matices al gobierno israelí, aunque los muertos se cuenten por decenas de miles y los niños sean las principales víctimas, aunque ya no queden hospitales en pie, ni escuelas, ni agua, ni electricidad. Ahora en la ofensiva contra Irán, han vuelto a callar. O a justificar.

Netanyahu y Trump han encendido una mecha que puede arrastrar al mundo entero a otro conflicto global. Pretenden convencernos de que después de atacar a Irán durante días sin descanso, ahora son ellos, y solo ellos, los que deciden cuando la paz ha llegado. No se lo creen ni ellos. Tiempo al tiempo. Cuando se enciende una mecha como esta, no es fácil de apagar y además Israel no va a perder la oportunidad de destrozar a su enemigo íntimo, Irán y de paso tratar de extender su territorio, y saben de la debilidad de EE.UU., quien a la larga terminará apoyándolos.

En todo caso, ¿nos imaginamos a Feijóo y Abascal en el Gobierno en este contexto? No hace falta. Su historial es claro. Celebraron los aranceles de Trump que hacían daño a España y ahora tragarían con cualquier exigencia militar de Washington. Y si les pidieran un 5% del PIB en gasto militar, lo darían. Pero si tienen que poner mucho más, también lo darían. Porque al final lo pagarían los españoles. Y ellos, mientras tanto, posarían.

Frente a esa sumisión, España tiene hoy a Pedro Sánchez. Un presidente que siempre está cuando España lo necesita. Estuvo durante la pandemia, con la “excepción ibérica”, ante los efectos de la guerra en Ucrania, con el volcán de la Palma, o con la Dana de Valencia. Y lo vuelto a hacer logrando un acuerdo histórico con la OTAN que frena a Trump y protege nuestro Estado del Bienestar.

La derecha se ha vuelto a equivocar. No conocen a Pedro Sánchez, cuando ya se frotaban las manos y se las prometían muy felices pensando que el presidente estaba recluido en La Moncloa de brazos caídos, resultó que no. El presidente estaba en lo urgente y en lo importante. Trabajando a destajo por lograr un acuerdo fundamental para el futuro de España. Orgullo de presidente y de gobierno.

España ha conseguido pactar con la OTAN que no estará obligada a gastar el 5% del PIB y que será el 2,1%. Aunque el secretario general del OTAN para agradar a Trump considere que se precisa más, pues va a ser que no. Y ningún otro país se ha plantado y ha conseguido algo así. Pedro Sánchez como presidente ha vuelto a demostrar que defiende nuestros intereses y apuesta por la diplomacia y no por la obediencia. Este acuerdo supone un ahorro de 350.000 millones de euros hasta 2035. Dinero que no irá a tanques, sino a hospitales, escuelas y servicios públicos.

Esto se llama patriotismo. El de verdad. El que protege a la gente. No el de “pulserita” y el “sí, señor” a las potencias extranjeras. Y sin embargo, esta noticia no ha abierto informativos ni ha ocupado portadas de periódicos. Porque a la derecha mediática no le interesa reconocer los logros del Gobierno, y la ultraderecha está demasiado ocupada en propagar bulos.

Feijóo, como siempre, criticó sin entender. Habló de debilidad y cesión. Pedro Sánchez lo desarmó con un solo tuit: “Toma Alberto. Que alguien te lo traduzca. A ver si eso aclara tus dudas”, acompañado del folio del acuerdo. No es que Feijóo no entienda inglés. Es que no entiende lo que significa gobernar con responsabilidad.

¿Alguien duda de que el PP habría aceptado el 5% que pedía Trump sin rechistar? ¿Alguien duda de que Abascal pediría más gasto militar y menos inversión social? Porque ese es su modelo: confrontación, obediencia a los poderosos y miedo como estrategia. Hablan de patriotismo, pero jamás han defendido a España con hechos. Solo con ruido.

Mientras tanto, en Gaza, la tragedia continúa. Según informaba UNICEF hace unos días, los niños muertos en Gaza pueden ser más de 50.000. Es terrible y dantesco. Y Feijóo y Abascal no solo callan, sino se que se niegan a llamar genocidio a lo que claramente lo es. No condenan la masacre.

¿Esto es liderazgo? ¿Esto es estar a la altura del siglo XXI? ¿Esto es europeísmo? No, no lo es. Es pura cobardía. España no puede permitirse un gobierno que agache la cabeza ante Netanyahu o Trump. Nuestro país no puede volver a caer en manos de quienes ya nos metieron en una guerra y volverían a hacerlo.

La izquierda no puede dormirse. No podemos esperar a que sea tarde. Porque si hoy gobernara Feijóo y Abascal, ya estaríamos enviando tropas, recortando servicios públicos y manifestándonos en la calle… tarde. Es ahora cuando hay que estar, hacer y hablar claro.

Pedro Sánchez ha demostrado con hechos que otra forma de gobernar es posible. Que se puede estar en el mundo sin renunciar a la soberanía. Que se puede estar en la OTAN y negociar, en lugar de rendirse. Que se puede defender la paz sin debilitar la defensa. Que se puede proteger a la ciudadanía mientras se respetan los compromisos internacionales.

Frente a los que quieren poner el país al servicio de los intereses ajenos, Pedro Sánchez pone a España en el centro. Frente a los que callan ante las injusticias, el presidente del Gobierno habla claro. Frente a los que siempre dicen “sí, señor”, el Gobierno progresista dice “sí, a la paz”.

Porque si Feijóo y Abascal algún día gobiernan, lo que hoy es diplomacia y estabilidad, mañana será guerra. Y lo que hoy es un futuro en paz para nuestros hijos e hijas, mañana podría ser una tragedia evitable. No lo permitamos.

 

 

 

 

Hemeroteca de los que hablan de amañar elecciones: muertos, carretaje, ‘lawfare’, 'tamayazo' y financiación ilegal

José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo han dejado caer en los últimos días, sin pruebas y pasando por alto su historial, que Pedro Sánchez podría haber amañado los comicios

ElPlural

Rubén Rozas

25-6-25

El PP se ha subido nuevamente a la teoría de la conspiración respecto de las elecciones de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si en las últimas horas era el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien se pronunciaba en estos términos, a él le seguía el líder actual el partido conservador, Alberto Núñez Feijóo.

El primero emitió, en una entrevista concedida al diario El Mundo, que si el jefe del Ejecutivo era “capaz de adulterar unas elecciones en su partido” -en referencia a la supuesta situación que dibujó el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al haber favorecido que se metieran dos papeletas en las urnas de las primarias que aúpan a Sánchez hasta la secretaría general- tiene la capacidad para “alterar unas elecciones generales”. El segundo le siguió relatando que “si uno ha robado una joyería, ¿por qué no podría robar un banco?”.

Sin embargo, como es usual, quienes más hablan son a la vez quienes más tienen que callar, y es que tanto Aznar como Feijóo saben bien lo que son amaños electorales demostrados. En la comunidad de este segundo hubo un tiempo en el que votaban las personas fallecidas, y no es una hipérbole, de cara a unas votaciones en las que salía el representante del país.

Del voto de los fallecidos a 'salir de casa con el sobre'

Ocurrió en las elecciones generales del 2000 cuando votaron gallegos emigrados a países de Latinoamérica como Uruguay o Argentina que habían muerto tiempo antes. Las papeletas continuaron llegando a los hogares de todos los españoles residentes en el extranjero de la mano de su tarjeta censal, estuvieron o no vivos. Para que estas hojas pudieran contabilizar, bastaba con que alguien las depositara en un servicio postal, sin necesidad de identificación ni límite de envíos.

Y no fue el único año que se dio esta situación. Por el contrario, los fallecidos votaron nuevamente al menos en los comicios de 2001 y, otra vez, en las de 2005, embarrando con este hecho la fiesta de la democracia.

En aquel caso, para demostrar que el sistema electoral para la emigración seguía fallando, llegaron a la comunidad sobres con el voto, la tarjeta censal y una fotocopia del certificado de fallecimiento del elector.

Tirando de hemeroteca, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordaba esta parte de la historia al líder de la oposición después de sus últimas acusaciones. “Tanto con Fraga como con Feijóo, votaban vivos y muertos”, pronunció esta semana.

De origen gallego como el presidente del PP y ex presidente de la Xunta, la también ministra de Trabajo expresó que se han conocido comicios en las que votaron “personas incapaces” y que han traído consigo denuncias. “El señor Feijóo habla de algo que conoce muy bien”, deslizó.

En este sentido, acusó también la práctica que se llevó igualmente a cabo en la región gallega conocida como carretaxe -carretaje traducido al castellano- que, básicamente, es permitir votar a gente que no reunía las capacidades para ello, así como monjas o ancianos que, dicho de manera simple: salían con el sobre preparado de casa.

En Madrid, el 'tamayazo'

Por supuesto, en el repaso de comicios y desarrollo polémicos de voluntad popular, no se puede dejar de lado el conocido como tamayazo, el caso de transfuguismo más clamoroso que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y, en realidad, en el conjunto del país y que impidió, en última instancia, un cambio de signo político en la región.

Aquel hecho que ocupó portadas tuvo como protagonista a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; ambos desertaron impidiendo con ello la investidura de su compañero de partido, Rafael Simancas. La situación provocó la repetición electoral meses después que terminó con la presidencia de Esperanza Aguirre.

Castilla y León

Manteniendo el ámbito autonómico, el primer presidente del Ejecutivo de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), dimitía después de conocer su procesamiento por un presunto delito social resultado de una querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al alcanzar el cargo. Cuatro años más tarde, fue absuelto, pero aquello abrió las puertas a un Aznar que entonces era diputado por Ávila y presidente de la ya extinta Alianza Popular.

De Madrid se ha destacado en estas décadas su dignidad, abandonando la presidencia de una comunidad autónoma que los socialistas fueron incapaces de mantener apenas medio años tras su prematura renuncia, a la que se encaramó Aznar, catapultado al poder en las elecciones de mayo de 1987 sin que la constatación posterior de la inocencia del expresidente por el Tribunal Superior de Justicia sirviera para restituir jamás un gobierno de izquierdas.

11-M, campañas corruptas, 'lawfare'...

Por supuesto, si se habla de Aznar no se puede olvidar su papel en las elecciones de 2004, con una mentira que ocupó la portada del periódico más prestigioso de este país después de los atentados del 11-M, los peores de nuestra historia. Lejos de admitir siquiera posibles errores, ya no bulos o falsedades, el director de FAES hablaba hace años que quienes habían ideado los ataques no estaban “ni es desiertos remotos ni en montañas lejanas”. A día de hoy no ha pedido perdón.

Por cerrar con un asunto de estricta actualidad, que también guarda relación con el lawfare judicial, el exsecretario general del PSOE de Galicia (PSdeG), José Ramón Besteiro, ha exigido disculpas a los ‘populares’ después de que se haya conocido la ‘Operación Pulpo’, nombre bajo la que se denominaba la supuesta adjudicación ilícita de una plaza y malversación de fondos públicos en programas de la Diputación de Lugo. Este ejercicio fraudulento nunca se ha comprobado.

Este artículo podría completarse con las innumerables campañas que el PP ha financiado a través de la corrupción en la Comunidad de Madrid o Valenciana. Entramados de obra pública, cajas B, pagos electorales, sistema de facturas falsas, campañas pagadas de forma irregulares, desvió de fondos… han estado constantemente presentes en las victorias electorales de la derecha.

 

 

 

 

 

 

Francisco Torres

 

19 de junio 

Y PARIÓ LA ABUELA (otra vez y van…)

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, acaba de romper una tradición no escrita en las relaciones Iglesia-Gobierno en España, según la cual ni los obispos se metían en la conformación del Ejecutivo, ni el poder civil entraba a valorar los procesos electorales en el seno de la Casa de la Iglesia. En pleno vocerío de las fuerzas de derechas y reaccionarias por el caso “Cerdán”, el arzobispo de Valladolid ha declarado que “la salida a este bloqueo (supuesto) institucional es dar voz a los ciudadanos”. Esta declaración se ha dado en una entrevista concedida este domingo al diario ABC. En ella, Argüello ha respondido con un rotundo “sí” a la pregunta directa de si habrían de convocarse elecciones anticipadas. Para el líder de la Iglesia católica española “la situación” que se vive en España “muestra hasta qué punto es un timbre de alarma fuerte el respetar las reglas del juego”.

Es la primera ocasión en democracia en la que el presidente de los obispos exige al presidente del Gobierno en ejercicio que convoque elecciones. A eso se le une el hecho de que lo hizo la víspera de encontrarse, mano a mano, con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el filósofo de cabecera de la ultraderecha, Miguel Ángel Quintana Paz, en la presentación del último libro de éste, celebrado el lunes en la sede de la Fundación Pablo VI. Allí, el arzobispo hizo suyo uno de los mantras de la ultraderecha católica: la necesidad de una “batalla espiritual” para que los creyentes participen en la “batalla cultural”.

Según informa ElDiario,es, Argüello se ha explayado en las páginas del referido diario argumentando que “el punto de referencia inexcusable pasa por el respeto a la división de poderes y a la independencia de los jueces, a las investigaciones que las policías judiciales, se llamen UCO o de cualquier otra forma, a la Policía y la Guardia Civil que colabora en los procesos de instrucción con los jueces y los tribunales de Justicia”. Es decir, todos los políticos deben observar la división de poderes, pero él, el representante de la Iglesia Española, esa no injerencia en asuntos políticos de los representantes de la Iglesia se la pasa por debajo del perineo. “Es una clara extralimitación y estas son las cosas por las cuales gran parte de la sociedad española aviva su rechazo a una Iglesia politizada”, reflexiona el sociólogo Fernando Vidal, que lamenta la petición de dimisión: “Es cruzar una línea roja”. Según este mismo diario digital, fuentes gubernamentales critican el “doble rasero” de Argüello, que “se siente capacitado para criticar las acciones de un Gobierno legítimamente constituido, o para exigir dimisiones o elecciones anticipadas”, pero “no tolera que le digamos que algunas de sus normas son inconstitucionales”. Desde el Ejecutivo, por el momento, no contemplan tomar medidas ni hacer una crítica oficial a las palabras de Argüello. Pero ahí están los hechos.

Todo hace suponer que vamos de cabeza de nuevo a aquel “Dios, patria y rey”, o algo parecido. La Iglesia española siempre ha sido como una sanguijuela para la ciudadanía de nuestro país. Y otra vez tenemos en danza los mismos actores que propiciaron el golpe de Estado del 36: Una derecha rancia, inmovilista, pertrechada de sables y puñetas afines, y una Iglesia que defiende con uñas y dientes su ascendiente sobre la sociedad española y su influencia a través de la educación. Hasta ahora no había sido neutral pero su influencia había sido discreta, salvo casos como el del ínclito Rouco Varela; ahora, en pleno auge de la ultraderecha en el mundo, el señor Argüello se despelota y aparece emparentado con VOX: el heredero natural del franquismo.

“Mal se le pone el ojo a la burra”, comentará algún paisano, porque, en esta reedición de la unión de fuerzas reaccionarias que se están dando, y que recuerdan la alianza que fraguaron en el 36, además de sumarse la Iglesia, ha aparecido la presidenta de la Comunidad de Madrid con una de sus pulmonías. Cuando llevamos más de cien ataques a sedes del PSOE en ciudades de España y todas las noches los fachas del aguilucho van a dar serenata a la sede de Ferraz, la señora Díaz Ayuso, como buena falangista que no ha dejado de ser, anima a sus cachorros a que no bajen la guardia en verano y sigan haciendo barbaridades, como las que hicieron hasta conseguir el levantamiento de parte del ejército en el 36.

Todo parece indicar que la historia está a punto de repetirse.

Buen día.

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Carla Toscano

Ortega Smith amenaza con "mandar al campanario" a unos profesores que le reprendían sus comentarios contra el colectivo LGTBI+

El ultraderechista defendió los comentarios de su compañera Carla Toscano en los que afirmaba que las políticas LGTBI+ "corrompen sexualmente a los hijos"

El Plural

25-6-25

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso de los Diputados, Javier Ortega Smith, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica al protagonizar un desagradable enfrentamiento con profesores del Instituto de Educación Secundaria San Isidro. El altercado se produjo este miércoles durante la presentación de los Veranos de la Villa, en el mismo centro, cuando varios docentes no ocultaron su indignación por las declaraciones recientes del partido ultraderechista contra las políticas LGTBI, tildadas por sus representantes de “chiringuitos”.

El conflicto se encendió cuando Ortega Smith respondió con desdén a los reproches de los profesores, quienes le afeaban sus ataques contra los derechos del colectivo LGTBI. En un tono desafiante, el dirigente de Vox llegó a dirigirse al director del centro con una frase que ha causado especial alarma: “Porque tengo condición política, porque tengo autoridad y porque tengo respeto. Vamos, que me pilla en mi vida privada y a algunos les iba a mandar a un campanario”. Una afirmación que, más que justificar su comportamiento, sugiere una concepción del poder político basada en la amenaza más que en el diálogo.

Durante el acto, varios docentes del instituto —visiblemente molestos— se dirigieron a Ortega Smith con expresiones como “sinvergüenza”, “cara dura”, “payaso” o “ponte a trabajar”, después de que este defendiera a su compañera de partido Carla Toscano. Toscano había instado un día antes a “erradicar” las políticas públicas en favor del colectivo LGTBI+, calificándolas de “dañinas” y acusando a esta “ideología” de “corromper sexualmente a los hijos”.

Lejos de matizar las declaraciones de su compañera, Ortega Smith decidió redoblar la apuesta. Reiteró su respaldo absoluto a Toscano, aplaudiendo su “libertad de expresión” y defendiendo que denuncie lo que él denominó “las terribles hipocresías de los movimientos LGTBI, feministas y chiringuitos”. Fue tras estas palabras cuando los profesores expresaron su rechazo, algo que el político aprovechó para calificarlos públicamente de “personajes” y “gentuza”, en lo que parece un nuevo intento de criminalizar cualquier crítica que venga desde el ámbito educativo o progresista.

A las puertas del instituto, y ya en presencia del director, Rafael Martín, Ortega Smith se quejó de haber sido “increpado e insultado” por los docentes, denunciando lo ocurrido como una “falta absoluta de respeto institucional”. El director, en una actitud notablemente conciliadora, apeló a la necesidad de respetar la diversidad de opiniones y expresó su esperanza de que el incidente no derivara en consecuencias más graves. Su postura, sin embargo, contrasta con el tono beligerante mostrado por el portavoz de Vox, que parece más cómodo en la confrontación que en el consenso.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha intentado marcar distancias con Vox. Sin referirse directamente a Ortega Smith, calificó el discurso de Carla Toscano como “inaceptable” y desfasado respecto a la realidad madrileña. “Quien considere que debe acudir a los tribunales, que lo haga”, señaló el regidor, dejando la puerta abierta a una posible actuación judicial.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha pedido la dimisión inmediata de Carla Toscano por lo que consideran un claro discurso de odio contra las personas LGTBI+. Su portavoz, Reyes Maroto, advirtió de que no se puede permitir este tipo de manifestaciones “en una corporación municipal que debe abrazar la diversidad y la libertad”. El PSOE estudia además si sus declaraciones pueden encajar dentro de un delito de odio, lo que podría desembocar en una denuncia formal.

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LA IGLESIA PIDE ELECCIONES... ¿Y SI REVISAMOS SUS PRIVILEGIOS?

En 2.000 años no han convocado ni una sola votación. Pero ahora la Iglesia quiere decidir cuándo votamos todas.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha exigido un adelanto electoral. Lo hizo tras las noticias sobre mordidas en el Ministerio de Transportes, como si él representara a un cuerpo moral intachable.

Pero no lo es.

Hablamos de una institución que bendijo el golpe de Estado de 1936, protegió a criminales de guerra, se benefició de la dictadura y nunca ha pedido perdón de verdad.

Una institución que lleva décadas recibiendo fondos públicos, robando inmuebles con inmatriculaciones fraudulentas y opinando como si gobernara sin haber sido elegida.

En España, la Iglesia:

— No paga IBI.

— Recibe más de 300 millones al año en financiación pública.

— Ha registrado más de 30.000 propiedades desde 1998 sin aportar títulos de propiedad.

— Está presente en hospitales, escuelas y cárceles.

— Y ahora quiere decidir el rumbo político del país.

Sumar ha pedido lo mínimo: revisar el Concordato, anular privilegios fiscales, devolver bienes, sacar a la Iglesia del Valle de Cuelgamuros y frenar su intromisión.

Pero esto no puede ser solo una propuesta parlamentaria, sino una exigencia ciudadana. Porque un Estado aconfesional no puede financiar una fe que actúa como partido y amenaza como poder fáctico.

La Iglesia se comporta como un partido político sin pasar por las urnas.

Es hora de tratarla como tal. Con transparencia, con límites y sin cheques en blanco.

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La Iglesia exige elecciones, nosotras exigimos democracia

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