¿Feliz 2.024?
Paz, Amor y Justicia...¡humana y divina!
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domingo, 31 de diciembre de 2023
Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad
Los judíos fueron encerrados en campos de concentración, torturados y asesinados en las cámaras de gas. Un exterminio, un holocausto de seis millones de judíos. Todo el mundo se rasgó las vestiduras, protestó y caombatió lo que se consideró un genocidio y se llamó nazismo en honor de un criminal egocéntrico, narcisita llamado Hitler.
Hoy los judíos estan aplicando sus experiencias, sin los campos de concentración para ir más rápidos, masacrando e intentando por todos los medios que desaparezca el pueblo palestino. ¿Cómo llamamos a esto?
¿Paz en 2.024?
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Amancio Ortega hace historia y se convierta en el primer español en superar los 100.000 millones de dólares de patrimonio
El fundador de Inditex se sitúa en el puesto
doce del ranking de ‘Las personas más ricas
del mundo’ de Forbes
https://forbes.es/forbes-ricos/355459/los-100-espanoles-mas-ricos-2023/
S. G
29-12-23
ElPlural
Amancio Ortega, el fundador de Inditex, ha hecho historia al ser el primer español que supera los 100.000 millones de dólares de fortuna personal, según el ranking de 'Las personas más ricas del mundo' de Forbes. Con este hito, el empresario gallego se coloca en la duodécima posición de la lista.
La riqueza de Ortega se ha disparado en el último año, pasando de los 81.800 millones de euros que le atribuía Forbes España en noviembre a casi 91.000 millones de euros actuales. El motivo principal ha sido el aumento de más del 35% del valor de las acciones de Inditex, la compañía textil de la que es el principal accionista.
Ortega no solo invierte en moda, sino también en el sector inmobiliario a través de su sociedad Pontegadea. Entre sus últimas adquisiciones se encuentran dos hoteles 'boutique' en Palma de Mallorca, que compró a un grupo sueco por 35 millones de euros. Estos se suman a otros establecimientos hoteleros que posee en Cádiz y Nueva York, entre otros lugares.
Además, Pontegadea ha comprado recientemente un almacén logístico en Miami por 113 millones de dólares (unos 103 millones de euros). Con estas operaciones, la inmobiliaria de Ortega sigue creciendo gracias a los dividendos que recibe de Inditex, que este año han ascendido a 2.217 millones de euros, superando los 1.718 millones del año anterior.
La mayor parte de los activos inmobiliarios de Ortega son edificios de oficinas, no residenciales, ubicados en el centro de grandes ciudades de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia. Así, Ortega se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario de España.
Pero Ortega no solo se dedica a comprar propiedades, sino que también las alquila a grandes empresas y organismos públicos. Entre sus inquilinos se encuentran gigantes como Amazon, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Zara, H&M, Primark, Mango, BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia, Repsol, Telefónica, Vodafone, Orange, Correos, la Agencia Tributaria, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid.
La faceta filantrópica de Amancio Ortega
Ortega también tiene una faceta filantrópica, que canaliza a través de su fundación. La Fundación Amancio Ortega tiene como objetivos principales la mejora de la educación, la salud y el bienestar social, especialmente de los colectivos más vulnerables. Entre sus proyectos destacan la donación de 320 millones de euros para la compra de equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer, la entrega de 20.000 becas para que estudiantes españoles estudien en el extranjero y la construcción de escuelas infantiles en Galicia.
A pesar de su enorme fortuna, Ortega mantiene un perfil discreto y una vida sencilla. Reside en una casa en el centro de La Coruña, donde nació hace 86 años. No suele conceder entrevistas ni asistir a actos públicos. Su pasión es la hípica, y posee una de las mejores cuadras de caballos de salto del mundo. Está casado con Flora Pérez, con quien tiene una hija, Marta, que podría ser su sucesora al frente de Inditex. Tiene otros dos hijos, Sandra y Marcos, fruto de su primer matrimonio con Rosalía Mera, fallecida en 2013.
sábado, 30 de diciembre de 2023
Almeida se convierte en 'rey mago' de la Iglesia y le cede la enésima parcela pública
El alcalde de Madrid sigue con sus regalos
eclesiásticos, en la presente ocasión valorado en
3,1 millones de euros
Rubén Rozas
ElPlural
29-12-23
El PP de Madrid sigue regalando suelo público a la Iglesia y razones privada cuya función primera era otra. El último ejemplo es la cesión de una nueva parcela por parte del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que se iba a destinar a proyectos climáticos: uno de los presentados al concurso Reinventing Cities, como expone un informe emitido por la Dirección General de Gestión Urbanística y la Secretaría General Técnica del Área de Desarrollo Urbano en octubre de 2022.
El presente terreno está valorado en más de 3,1 millones de euros y, como sucedió con el anterior que el Consistorio cedió a los poderes eclesiásticos, su ‘traspaso’ durará el tiempo máximo permitido por ley (75 años), según adelanta eldiario.es. Su ubicación se encuentra en El Cañaveral (Vicálvaro) y en ella el Arzobispado de Madrid llevará a cabo su actividad pastoral con el pretexto de “cubrir las necesidades culturales y pastorales de la Archidiócesis en este nuevo barrio y así dar cumplimiento a los fines de la Iglesia Católica, dotando a los vecinos de atención religiosa”.
Las entidades que se presenten al concurso se deberán comprometer, atendiendo a la convocatoria, a “desarrollar servicios de asistencia religiosa a la población, así como otros servicios sociales, culturales y educativos vinculados a la actividad pastoral”. En la teoría, cualquier confesión inscrita en el Registro de Entidades Religiosas podrá acceder, pero la realidad será, presumiblemente, que se apuntará solo la entidad solicitante hace dos años. A menos, esta es la manera en la que se han desarrollado los concursos puestos anteriormente en marcha por Almeida.
Almeida es el Rey Baltasar
Destinada a un proyecto climático
El regidor popular tenía previsto localizar en este emplazamiento uno de los proyectos presentados al concurso Reinventing Cities. Sin embargo, finalmente la parcela terminará, una vez más, en manos de la Iglesia.
La convocatoria, de carácter internacional y a la que el Ayuntamiento ya ha concurrido en dos ocasiones, pretende recuperar espacios infrautilizados a través de proyectos participativos de diseño urbano, que resulten ejemplares en la lucha contra el cambio climático y ayuden a mejorar el bienestar y las oportunidad económicas.
No obstante, en la primavera de este año, todavía 2023, Cibeles desestimó dicha finalidad y se dirigió nuevamente a las peticiones de la Iglesia, y es que el área de Obras señalaba en marzo que “no existe previsión de hacer uso de la parcela”, aunque no se pronunciaba acerca de otros usos. Entretanto, Martín Casariego, de Ciudadanos -quien entonces se encontraba al frente del distrito- explicaba que el suelo se iba a ceder para fines religiosos.
Quinto regalo de Almeida a la Iglesia
Y es que no es la primera vez que Almeida opera en favor de este órgano. A principios de diciembre, trascendía que el Ayuntamiento había regalado al Arzobispado un terreno localizado en Valdebebas que, en un principio, iba a albergar un centro cultural. En este caso, la parcela cedida estaba valorada en 4.691.428,67 euros.
Se convirtió en el regalo más caro y grande del edil, pero ni mucho menos el primero y, desde luego, no iba a convertirse en el último. En la anterior legislatura, el área de Desarrollo Urbano cedió un total de 8.800 metros cuadrados, de nuevo a la Iglesia, en su caso repartidos en tres parcelas. Dos de ellas en Aravaca y el Ensanche de Vallecas (dos templos) y la restante en Usera, en forma de monasterio. El valor monetario del conjunto fue de 757.304 euros, sin contar el último terreno antes del aquí expuesto. Con todo, el presente pasa a ser el quinto concurso destinado a la Iglesia que el Gobierno de Almeida pone en marcha después de los tres que adjudicó en 2022
Una vida legislativa regando de parcelas a entidades privadas
Tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid son un ejemplo de gestión en favor de lo privado, y la cesión de parcelas es solo un ejemplo más de esta política. En noviembre, el alcalde entregó a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, otro terreno ubicado en El Cañaveral, donde el PP había prometido la construcción de un colegio público que finalmente resultó ser concertado. El valor del terreno superaba los 18 millones de euros, pero sin coste para el concesionario.
En consonancia con ello, a finales de 2022, Ayuso entregaba dos parcelas públicas más por cero euros a Gredos San Diego Sociedad Corporativa Madrileña (GSD) para la edificación de más centros concertados en emplazamientos que sumaban un valor conjunto de cerca de 12 millones de euros. El primero de ellos se localiza en el barrio de Valdefuentes, en Hortaleza (Valdebebas), y el otro en el Ensanche de Vallecas. El valor de ambos era de 10.377.547,08 euros y 1.540.103,14 euros respectivamente, su extensión de 18.000 y 13.000 metros cuadrados, y su primera función, la de albergar centros de titulación pública. Sin embargo, las obras todavía no han terminado.
jueves, 28 de diciembre de 2023
miércoles, 27 de diciembre de 2023
martes, 26 de diciembre de 2023
Casado y ahora Ayuso: los problemas de los dirigentes del PP con sus currículums
R.B.
25-12-23
ElPlural
Como si de una patología se tratase, el número de dirigentes del Partido Popular que comete irregularidades en la redacción de sus expedientes académicos empieza a ser multitud. Extraños reconocimientos de créditos, opacidad en la gestión de los estudios, dudas sobre la obligatoriedad de asistir o no a clase, difusos temarios, imprecisos contenidos, nomenclaturas falsas, o cursos de corta duración que se hacen pasar por Estudios Superiores han sido sólo algunas de las artimañas de los políticos mencionados para engrosar sus expedientes.
El primero de estos casos fue el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En concreto, la exdirigente autonómica obtuvo su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de forma irregular. En 2012, las asignaturas 'La financiación de las comunidades autónomas' y 'Trabajo Fin de Máster (TFM)' figuraban en el expediente de Cifuentes como "no presentadas", y dos años después, en 2014, fueron modificadas de manera irregular por una funcionaria, fuera de actas, a un notable. A raíz de estas informaciones, se abrió un largo proceso judicial en el que se acusaba a la expresidenta de delitos de cohecho y falsificación documental, y en el que el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde afirmó haber ordenado la reconstrucción de un acta de la defensa del Trabajo de Fin de Máster de Cifuentes, presuntamente a petición del rector de la universidad, Javier Ramos.
Cristina Cifuentes fue absuelta por falta de pruebas de que fuese ella quien ordenase falsificar su acta académica Quienes sí fueron condenadas fueron Cecilia Rosado, la profesora que confesó haber falsificado las firmas y elaborado el acta falsa, y María Teresa Feito, asesora de Cifuentes y encargada de contactar con Rosado para la creación del documento ficticio. Sin embargo, el juez describió en la sentencia las "graves irregularidades" que tuvieron lugar en el desarrollo del máster y en su entorno burocrático.
El caso de Pablo Casado
Pablo Casado también estuvo en el punto de mira por razones similares a las de Cifuentes. En 2018, fue acusado de irregularidades en la obtención de sus títulos de licenciatura en Derecho y de Máster en Derecho Autonómico y Local, cursados respectivamente en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Rey Juan Carlos. El Tribunal Supremo apreció tratos de favor en la obtención de su máster, alegando que "el responsable del máster permitió que un grupo de alumnos se sacaran el título sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno".
A su vez, otro escándalo protagonizado por este político se destapó cuando su presunto máster en Harvard no era otra cosa que un curso de cuatro días en Aravaca. "Yo por entonces ya tenía cuatro posgrados en mi materia: uno en Harvard y otro en Georgetown, ambos en Estados Unidos, y otros dos en España", aseguraba en el marco de la investigación por su máster regalado en la URJC. Cierto es que en su currículum figura un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard", pero si se analiza a fondo en qué consistía, se alcanza la verdad.
Este título de Harvard fue impartido en Madrid, en el barrio de Aravaca, en el campus del IESE, una prestigiosa escuela de negocios perteneciente a la Universidad de Navarra. En concreto, se trataba de un cursillo de solo cuatro días, entre el 16 y el 19 de junio de 2008. Los requisitos de matriculación eran únicamente el pago de la matrícula y el paso por un comité de admisiones, y tampoco había que presentar trabajos ni hacer exámenes: el único requisito para obtener el título era asistir a clase. De un Máster en Harvard a un cursillo de cuatro días de la Universidad de Navarra en Aravaca.
Ayuso: Máster fantasma y 'falsa' becaria
El caso más reciente y probablemente el más flagrante es el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El fondo de esta cuestión se remonta a enero de 2023, cuando la Universidad Complutense de Madrid (UCM) nombraba “Alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información a la dirigente autonómica.
Una decisión tomada de manera unilateral por el Rector del centro, Joaquín Goyache, que despertó multitud de quejas. Tanto fue así que profesores y alumnos recogieron firmas en contra y protestaron tanto en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información como en los aledaños del metro de Ciudad Universitaria. Pero hubo una persona que intentó ir más allá: la periodista de Newtral Marta Gutiérrez.
La informadora intentó conocer los detalles de algunas de las titulaciones que aparecen en el currículum académico de la presidenta, concretamente el grado en Periodismo y el máster que cursó en el Instituto Séneca en 2003 y 2004. En otras palabras, pidió acceder a los nombres de las asignaturas y las calificaciones obtenidas en las mismas por parte de la líder regional. Pero, no pudo porque la Comunidad de Madrid bloqueó el acceso a dicho expediente a pesar de que, en su momento, el Consejo de Transparencia le había dado la razón al considerar que los datos solicitados obedecían a una información pública.
Por contra, desde Sol defendían que se trata de una cuestión privada y que en ningún caso afectaba a la preparación de la presidencia y los méritos que la catapultaron a lo más alto de la política autonómica y, de algún modo, nacional. De hecho, en declaraciones para este medio de comunicación, justificaban que no darían más información de la que ya tiene acceso todo el mundo "por dignidad" y porque no les parece de rigor que se "quiera investigar lo que los políticos hacían a los 20 años". Es "insultante", aseguraban; y el expediente de la presidenta, sencillamente “perfecto”.
Las mentiras del Máster y el Doctorado
Sin embargo, ElPlural.com tuvo acceso al expediente académico de Isabel Díaz Ayuso, con número 54174, el cual muestra que la líder regional se había matriculado por última vez en el Doctorado de Periodismo (Plan 0D81 "PERIODISMO - RD1393) en el año 2011 y a “tiempo completo”. La letra pequeña de esto es que la presidenta mintió, precisamente durante su nombramiento como “alumna ilustre”, cuando aseguró que no pudo acabar la tesis por su situación precaria. “Me independicé con sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas, y aunque pagué las tasas varias veces no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación. El precio de la independencia (...) Nunca pretendí que me regalaran título alguno”, fueron las declaraciones exactas que utilizó.
Nada más lejos de la realidad. La responsable del PP en la Comunidad no atravesaba tal situación en aquel momento, ya que había estado trabajando durante tres años (entre 2008 y 2011) en Madrid Network, un chiringuito que su antecesora Esperanza Aguirre había montado para colocar a sus pupilos y amigotes varios y del que Ayuso cobraba la friolera de 4.200 euros netos mensuales. Pero es que, además, en 2011 ya cobraba un sueldo como diputada en la Asamblea de Madrid.
A su vez, antes de 'doctorarse', tampoco queda sin controversia su paso por el Instituto Séneca, donde cursó un máster entre los años 2003 y 2004. Y decimos un máster porque es cierto que lo hizo, ahora bien, no queda muy claro de qué, al menos si se accede a la información que facilita la política en diferentes portales. De esta manera, la página web del PP es la única que coincide con lo que cuentan desde el centro educativo a este medio: que la presidenta realizó allí un máster en “Comunicación Corporativa”. La ‘confusión’ viene dada porque en la web de la Asamblea y en su LinkedIn aparece que el máster es de "Comunicación Política y Protocolo".
Este medio se dirigió al centro, donde le explicaron, como había podido comprobar previamente el periódico accediendo a una base de datos de aquellos años, que lo que existía era un "curso" de "Protocolo" y el ya citado máster en "Comunicación Corporativa", que sí posee. Desde la Comunidad de Madrid desmentían la información e incluso advirtieron, previa publicación, de que podrían iniciar acciones legales.
lunes, 25 de diciembre de 2023
domingo, 24 de diciembre de 2023
El estudio cifra en 1.383 el número de denuncias y en al menos 2.056 las víctimas de abusos en la Iglesia: "No se trata de casos aislados, de unas 'pocas manzanas podridas"
El despacho propone crear una comisión independiente para reparar a las víctimas, cuyas indemnizaciones deben correr a cuenta de la Iglesia y no debe nutrirse ni con aportaciones de fieles ni con las donaciones vía IRPF
21 de diciembre de 2023
Veintidós meses después del inicio de los trabajos, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho pública este jueves la auditoría que encargó a Cremades & Calvo Sotelo sobre los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. El estudio contabiliza un total de 1.383 denuncias. Y sitúa la cifra de víctimas en "un mínimo" de 2.056 en las últimas siete décadas. Pero no solo eso. También habla de destrucción de expedientes, de falta de control, de encubrimiento. Cerca de un millar de páginas en las que se propone la creación de una comisión independiente para establecer las reparaciones a las víctimas y la puesta en marcha de un fondo por parte de la Iglesia para hacer frente a las mismas. Un mecanismo que, dice, no debería nutrirse ni con aportaciones de fieles ni a través de las donaciones que la institución recibe por el IRPF.
El órgano de gobierno de los obispos encargó este trabajo a comienzos de 2022. El plan inicial era que estuviera listo en un año. Sin embargo, se fue alargando. Desde Cremades & Calvo Sotelo se achacaron los últimos retrasos a la falta de respuesta del Vaticano en relación a unos tres centenares de casos denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una demora que no gustó nada en la Conferencia Episcopal Española, que llegó a dar un ultimátum al bufete. Al final, el despacho envió el pasado viernes el documento definitivo a los obispos. Y este martes se hizo la entrega pública. A la izquierda de la foto, Javier Cremades, socio fundador del bufete de abogados. A la derecha, el cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE. Y en el centro, el tan ansiado archivo.
El resultado de la auditoría [se puede consultar aquí] es contundente. "Hay una conclusión clara del análisis de las denuncias: la dimensión del fenómeno. No se trata de casos aislados, de unas 'pocas manzanas podridas'. Si un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata de unos pocos miles o de muchos miles. Pero, sin duda, son varios miles", recoge el informe. Cremades & Calvo Sotelo rechaza hablar de "violaciones sistémicas": "La abrumadora mayoría de los miembros de la Iglesia mantienen una actitud de cumplimiento de sus fines". Ahora bien, destaca que "la pasividad ante las víctimas" pone en evidencia "graves defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica".
El informe reconoce como "positiva" la "actitud y cooperación" de los obispos y responsables de instituciones de vida consagrada, quienes mostraron todos aquellos archivos de los que disponían. Ahora bien, el bufete destaca que en los mismos "no hay mucha información". "Un número indeterminado de expedientes han sido destruidos, de conformidad con la normativa canónica, tras el fallecimiento del acusado", continúa el documento. El despacho de abogados destaca que en la institución no se tenía constancia de muchos casos conocidos por fuentes externas a la Iglesia, ni siquiera aquellos en los que los denunciantes lo pusieron en conocimiento de los responsables de las diócesis o la orden religiosa.
"De esta realidad es fácil deducir que muy posiblemente se actuó, cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ningún tipo de expediente. Si a ello se le añade la competencia discrecional del Obispo para decidir si tiene o no verosimilitud una denuncia, puede también deducirse que, en muchas ocasiones, las denuncias, bien fueron consideradas no verosímiles o bien, simplemente, se decidió encubrir u ocultar la situación. No decimos que así fuera necesariamente, pero el hecho de que no conste ningún registro facilita esa interpretación y ha sido, sin duda, un grave error por parte de la autoridad eclesiástica no dejar constancia escrita de la denuncia y de la decisión adoptada", completa Cremades & Calvo Sotelo.
Dos millares de víctimas, como poco
Sobre los archivos habló también el Defensor del Pueblo en su amplia investigación sobre los abusos en el seno de la Iglesia. "La constancia de información en los archivos diocesanos, incluso en los expedientes personales de los clérigos, sobre abusos o sospecha de abusos sexuales ha resultado ser excepcional y casi inexistente, incluso en casos de agresores señalados por varias víctimas. De las respuestas de las diócesis debe deducirse que no ha sido práctica habitual guardar esta información. El archivo de la información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la gravedad percibida del caso", apuntaba el organismo presidido por Ángel Gabilondo en su extenso informe.
La auditoría no ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala que "es objetivamente evidente que el número es superior"
Esta es "una de las muchas causas" por las que, señala Cremades & Calvo Sotelo, no es posible conocer un número exacto de casos. Tras meses de investigación, el despacho de abogados ha puesto una cifra sobre la mesa: 1.383 denuncias de abusos sexuales. De ellas, 619 se corresponden con congregaciones y órdenes religiosas, 322 proceden de las diócesis y una veintena en el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. El resto se han extraído del Defensor del Pueblo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del canal de denuncia abierto por el despacho de abogados tras recibir el encargo de la Conferencia Episcopal Española.
La auditoría tampoco ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala que "es objetivamente evidente que el número es superior". De hecho, el documento resalta que a todas esas habría que sumar "aquellas pertenecientes a grupos que no han podido denunciar". También "indeterminada" es la cifra de victimarios. En este sentido, además, el estudio señala que aunque como tal deben considerarse a los abusadores, no debe perderse de vista la "eventual responsabilidad" de quienes los "han ocultado" o "encubierto", incluso, "forzando a la víctima a silenciar su denuncia". "Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia", apunta el informe.
La Iglesia contraprograma con su propio informe
Estas cifras contrastan con las que la propia Iglesia ha aportado este mismo jueves en la última versión de su informe Para dar luz, que ha difundido a bombo y platillo a través de los canales oficiales mientras la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo quedaba en un segundo plano. En este estudio, la Conferencia Episcopal Española sitúa la cifra global de casos de abusos registrados en 806, de los cuales asegura que solo 205, un cuarto, están "probados", bien por haber sido así declarado en virtud de resolución dictada en el seno de una investigación canónica o en "sentencia judicial recaída" en un proceso penal. Una distinción que, sin embargo, la Iglesia no había llevado a cabo en la última edición publicada de este mismo estudio.
Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas y subraya la necesidad de que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido"
Desde ámbitos eclesiásticos se ha puesto en cuestión en los últimos meses la calidad del trabajo llevado a cabo por el despacho de abogados. Algo que también ha hecho la Conferencia Episcopal Española en este último informe. "[La auditoría] realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores", señalan los obispos en su propio estudio, en el que realizan un breve resumen de las principales conclusiones extraídas de la investigación llevada a cabo por Cremades & Calvo Sotelo.
La "deficiente" e "inexistente" respuesta de la Iglesia a los abusos
Pero la auditoría del bufete va mucho más allá de la decena de páginas que le dedica el informe Para dar luz de la Conferencia Episcopal Española. A lo largo de un millar de folios, el despacho de abogados ahonda en cuestiones como la experiencia comparada –aborda cómo se han enfrentado a este tipo de abusos en más de una veintena de países–, el impacto que estas agresiones han tenido en las víctimas –la mayor parte de ellas hombres– o los factores que han propiciado estas agresiones, que se han producido en la mayor parte de casos en "colegios e internados" y por parte de sacerdotes u otros religiosos. Abusos que se han cometido en todo el territorio nacional, aunque siendo "especialmente llamativos" los casos atribuidos a Madrid, Barcelona y Navarra.
El
documento, además, dedica un espacio importante a la
"responsabilidad moral" de la Iglesia. Para el bufete, la
respuesta de la institución ante los abusos ha sido, durante
décadas, "deficiente,
inexistente o incluso de activa negación",
lo que ha "incrementado" el daño ocasionado a las víctimas
y ha generado "una percepción de impunidad de los agresores"
que "abona el terreno para favorecer que se sigan perpetrando
las agresiones". "En muchas ocasiones, duele
comprobar que se priorizó la protección de la institución y el
posible escándalo sobre la protección del niño, niña o
adolescente víctima de abusos",
recoge el documento, que también afea que en muchas ocasiones la
Iglesia haya trasladado a abusadores, poniendo en riesgo a más
pequeños.
El informe rechaza que se aplique a las víctimas "un baremo de cuantificación del daño" para fijar unas cantidades compensatorias, ya que eso, considera, "significaría tanto como deshumanizar el proceso de reparación integral de las víctimas"
Con estos mimbres, Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas. En primer lugar, el despacho señala que es de "especial relevancia" que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido". "Dicha acción dejaría clara la condena explícita de los hechos, la superación de la cultura del silencio e indicaría su voluntad de abordar esta realidad de los abusos", apunta el documento. Además, el informe recomienda a la Conferencia Episcopal Española que en aquellos casos en los que el victimario esté vivo solicite a la Congregación de la Doctrina de la Fe el alzamiento de la "prescripción del delito" para que éste "pueda ser juzgado canónicamente". Y pide que se establezca "un registro de víctimas".
Una comisión independiente y un fondo que no puede nutrirse vía IRPF
Otro de los elementos clave en los que entra de lleno el estudio es en la reparación económica de las víctimas. En este sentido, el bufete de abogados propone que sea una comisión independiente y externa a la Iglesia la que fije, en función de las circunstancias del caso y a instancia de la víctima o sus familiares, "las vías posibles de reparación" y concrete la indemnización que corresponde a cada caso, una fórmula ya utilizada en algunos países de nuestro entorno. En este sentido, la auditoría plantea que las indemnizaciones oscilen, en función del tipo de abuso y del impacto producido, desde los 6.000 hasta los 100.000 euros, pudiendo superarse esta cifra en los “casos de especial gravedad”. Entre las reparaciones posibles, además, la comisión podrá plantear una posible Renta Mínima Vital para víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, “les resulte impedido incorporarse a la vida laboral”.
En definitiva, lo que plantea Cremades & Calvo Sotelo es que la reparación patrimonial "sea reservada para las víctimas directas" y que la indemnización, que "no puede ser simbólica", sea cuantificada caso por caso. Además, las mismas deben ser sufragadas "con cargo a un patrimonio separado adscrito a este fin que creará la Iglesia Católica y que debe constituirse y nutrirse "con sus propios recursos". "Las aportaciones económicas a dicho patrimonio no debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF, por ser atribuciones con carácter finalista que van destinadas a los servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus trabajadores y a su amplia labor social", completa el documento, que establece que el fondo financiado por la CEE y la CONFER debe estar dotado inicialmente con un patrimonio de 50 millones de euros.
El despacho de abogados, además, considera que las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución religiosa "no deben" ser "indemnizadas" con cargo al Fondo del Estado que propone el Defensor del Pueblo. Más que nada, dice, porque la "responsabilidad" de tales agresiones "les es imputable directamente a la Iglesia Católica". En caso de que existan situaciones de "corresponsabilidad", continúa, se deberá "establecer un mecanismo de coordinación" de modo que ambas, en el porcentaje que se estime oportuno, reparen integralmente a la víctima. Y en aquellas situaciones en que sea el Estado "el responsable objetivamente" de reparar "en exclusiva", será éste solamente quien asuma dicha responsabilidad.
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