ESPAÑA EN LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE EEUU
Aznar presionó a Bush para que apoyara la campaña del "Todo es ETA" que acabó con Otegi en prisión
Documentos desclasificados del Departamento de Estado describen las continuas peticiones del Gobierno del PP para que la administración estadounidense respaldase la persecución contra la izquierda abertzale. El entonces jefe de La Moncloa vinculaba su apoyo a las guerras en Irak y Afganistán con la lucha antiterrorista en España.
Público
BILBAO, 27/05/2021
DANILO ALBIN
El apoyo incondicional del Gobierno de José María Aznar a las guerras de Afganistán e Irak tenía, en realidad, algunas contraprestaciones. El entonces mandatario del PP tendió su mano al presidente George W. Bush a cambio de obtener el respaldo de EEUU a su particular campaña del "Todo es ETA", que supuso la ilegalización de Batasuna y acabó con el encarcelamiento de sus principales referentes, entre los que se encontraba Arnaldo Otegi.
La concepción aznarista de "lucha global contra el terror" aparece fielmente recogida en distintos documentos desclasificados del Departamento de Estado a los que ha accedido Público. El objetivo de La Moncloa era claro: la ayuda desinteresada de España a la intervención militar americana en Irak yen IAfganistán debía ser retribuida con el apoyo de Bush a la lucha contra ETA y, al mismo tiempo, contra lo que entonces denominó su "red".
"Las declaraciones públicas del Gobierno español sobre la guerra contra el terrorismo han sido contundentes y de apoyo uniforme. Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Aznar se comprometió a estar al lado de los EEUU en la lucha", valoraba el Departamento de Estado en un informe elaborado en diciembre de 2001, dos meses después de los atentados contra las Torres Gemelas. Fue precisamente a partir de ese ataque cuando Bush lanzó la denominadac una iniciativa que contó con el apoyo de Aznar desde el minuto cero.
El documento subrayaba que España había proporcionado a Estados Unidos "una cooperación sin precedentes en materia de policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra el terrorismo". Ponía como ejemplo al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, quien "hizo constar que ofrecía a los EEUU un acceso incondicional a las bases españolas de Rota y Morón". De acuerdo a otros documentos recopilados por Público, ese "acceso incondicional" permitió que el Ejército americano emplease ambas bases en operaciones directamente vinculadasa a las guerras de Afganistán e Irak.
En esa línea, el Gobierno de Aznar buscaba también que su "compromiso" con el Gobierno de Bush tras los atentados de las Torres Gemelas "se traduzca en mejoras significativas en la cooperación policial y judicial a nivel internacional contra el terrorismo, incluso contra ETA". "España ha hecho peticiones específicas para que le ayudemos a proporcionar información sobre ETA y su red", detallaba un funcionario del Departamento de Estado en aquel informe.
En junio de 2001, tres meses antes de aquellos atentados, Bush había aprovechado una gira europea para lanzar unas declaraciones insólitas: el presidente estadounidense llegó a vincular el escudo antimisiles que EEUU quería levantar en Europa del Este con la lucha contra ETA en España. Paradójicamente, en otros documentos desclasificados la Casa Blanca situaba a ETA en términos de "terrorismo doméstico".
El 3 mayo de 2002, EEUU dio el primero de varios pasos: el Departamento de Estado incluyó a Askatasuna, una organización que defendía los derechos de los presos condenados por delitos relacionados con ETA, en el listado de "personas y entidades" designadas como "terroristas". La Unión Europea había tomado esa misma decisión un día antes, amparándose en la declaración de ilicitud que el juez Baltasar Garzón había dictado contra Askatasuna en febrero de ese mismo año.
El Gobierno de Bush siguió con atención la aprobación de la Ley de Partidos, creada específicamente para ilegalizar a Batasuna. La norma, que entró en vigor en junio de 2002, estuvo acompañada por distintas actuaciones realizadas desde la Audiencia Nacional contra distintas siglas de la izquierda abertzale, a las que Garzón encuadraba en todos los casos bajo la tutela de ETA. "El 21 de noviembre (de 2002), el juez Garzón dictó un auto en el que acusaba a 22 miembros de Batasuna de pertenecer a ETA", destacaba el Departamento de Estado en un informe.
Allí señalaba que de los 22 dirigentes de Batasuna señalados por la Audiencia, "seis son diputados del parlamento autonómico vasco".
Mientras el magistrado ordenaba esos operativos, el Gobierno de Aznar consolidaba sus contactos con distintos funcionarios de la administración Bush. Entre otros encuentros, Washington citaba una reunión que había mantenido en Copenhague el entonces fiscal general de EEUU, John David Ashcroft –conocido por sus posiciones ultraconservadoras–, con los responsables de las carteras de Interior y Justicia en el Ejecutivo del PP, Ángel Acebes y José María Michavila respectivamente. En ese encuentro, Aschcroft "reiteró el compromiso de EEUU de apoyar en España su lucha contra el terrorismo de ETA".
El 7 de mayo de 2003, ese "compromiso" que había avanzado el fiscal general estadounidense se tradujo en la inclusión de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna en el listado de organizaciones terroristas confeccionado por el Gobierno de Bush. En una nota pública, el Departamento de Estado alegó entonces que esa decisión se basaba en "información sustancial y creíble procedente de diversas fuentes", según las cuales Batasuna, dirigida entonces por Arnaldo Otegi, y las formaciones abertzales que le precedieron "han apoyado los actos de terrorismo de ETA".
"Como dijo el presidente Bush en Madrid en junio de 2001, Estados Unidos está con España en su lucha contra el terrorismo", subrayaba entonces la Casa Blanca, al tiempo que remarcaba que el Gobierno de Aznar "ha seguido siendo un fuerte aliado en la guerra global contra el terrorismo".
En Madrid y Washington admitían que nada de esto era fruto de la casualidad. En una "evaluación" de Inteligencia elaborada por el Departamento de Estado en mayo de 2003, uno de sus funcionarios destacaba que los medios españoles "señalaban cáusticamente que el presidente Aznar estaba recogiendo los 'beneficios políticos' de servir como 'instrumento' del presidente Bush".
Una petición esperada
Estados Unidos conocía ya los pasos de Aznar para instaurar la gteoría del “Todo es ETA”, y snstaurar la entre otros objetivos, dejar fuera de la legalidad a Batasuna. "A lo largo de 2002, la Unión Europea (UE) incluyó los nombres de 28 miembros de ETA presentados por España en sus listas de personas/organizaciones contra las que deben adoptarse medidas para combatir la financiación del terrorismo", detallaba el Gobierno de Bush a finales de ese año.
En tal sentido, el funcionario a cargo de este informe relataba que "los representantes españoles han manifestado que probablemente solicitarán la inclusión del partido político Batasuna y sus dirigentes (brazo político de ETA) en dicha lista si los tribunales declaran ilegal a Batasuna". "En este caso (que podría producirse en 2003) es probable que España también se dirija a EEUU para solicitar una inclusión similar en la lista", advertía.
"Alto cargo de Batasuna"
La presión política y judicial sobre la izquierda abertzale iba, efectivamente, en aumento. Dicha persecución era seguida con suma atención desde Washington, donde eran plenamente conscientes de la relevancia que Aznar y su gobierno daban a este asunto. "Las autoridades españolas acusaron a 41 miembros del grupo político ilegal Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, alto cargo de Batasuna, de pertenecer a una organización terrorista y prestar apoyo financiero a ETA", reflejaba un informe elaborado por la administración Bush en enero de 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de La Moncloa.
La estrategia del "Todo es ETA" que había alimentado el Gobierno de Aznar con la complicidad de Washington llevaría a Otegi a prisión en pleno proceso de fortalecimiento de la apuesta de la izquierda abertzale por las vías democráticas. Tras mantener varias querellas abiertas contra el dirigente abertzale, la Audiencia Nacional ordenó su encarcelamiento en 2009 bajo la acusación de pretender reorganizar la ilegalizada Batasuna.
En ese momento, Otegi y otros dirigentes independentistas también encarcelados –entre los que se encontraba el secretario general del sindicato LAB, Rafa Diez Usabiaga– trabajaban a favor del cambio de rumboo de la izquierda independentista. Tras la salida de Aznar de La Moncloa, en los informes del Departamento de Estado de EEUU prácticamente desaparecieron las referencias a esa "lucha contra ETA" que el entonces líder del PP había arrancado a Bush.
