¿La
Mezquita se puede vender, hipotecar, embargar? No. Porque es un bien
de dominio público”
Olivia
Carballar (lamarea.com)
Llevan
años investigando este asunto y llevan años dando el mismo
argumento. “La que ha cambiado su versión varias veces ha sido la
Iglesia”, dice Antonio Manuel Rodríguez, escritor, poeta,
compositor, andaluz y tantas otras cosas bellas que compagina con su
trabajo como profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba.
Junto
con el periodista Aristóteles Moreno, acaban de publicar El expolio
de las inmatriculaciones de la Iglesia. La Mezquita de Córdoba y
otros casos de libro (Akal), un ensayo en el que explican de manera
pedagógica, sin eufemismos, por qué estamos ante un escándalo y
por qué debería importarnos.
“La
Iglesia dijo primero que la Mezquita era suya porque en el año 1236
se consagró. Nosotros le respondimos: ‘Perdona, pero es que la
consagración no es una forma de adquirir el dominio’. No vaya a
ser que mañana venga un cura a tu casa, la bendiga y la inscriba a
su nombre”, explica con sorna Antonio Manuel.
“Entonces
dijeron que la adquirieron por usucapión, por poseerla en el tiempo
–prosigue el profesor–. Pero claro, uno adquiere por posesión en
el tiempo lo que no es suyo. ¿De quién era antes? Así que vuelven
a cambiar de versión. Fue una donación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde
está el documento? Recurren a la donación porque de esa manera
convierten el bien en privado, una trampa jurídica”.
El
argumento de los autores y de los grupos que vienen peleando por la
recuperación de esos bienes como patrimonio público no ha cambiado
y, como explica Aristóteles Moreno, se apuntala todavía más con
nuevos datos sobre el monumento cordobés incluidos en este libro:
los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del Estado, nunca
bienes privados.
O,
dicho de otra manera: la Mezquita siempre ha sido un bien de dominio
público. Se puede decir de esta forma también: es una incongruencia
jurídica, una inconstitucionalidad que, siendo un bien de dominio
público, esté registrada a nombre de la Iglesia.
Comienzan
el libro con una cita de Shakespeare: “Los hombres poderosos tienen
manos que alcanzan lejos”. Porque, aunque hablamos de la Iglesia,
aquí no hay dioses. ¿Estamos hablando de hombres que quieren
dinero, que quieren poder? ¿Por qué hace esto la Iglesia? ¿De qué
estamos hablando?
Antonio
Manuel Rodríguez: Yo creo que en esa cita se condensan los dos
pilares de este libro, que son hombres y que quieren poder. No tanto
dinero. Pero sí poder.
Estamos
convencidos de que el acaparamiento de bienes inmuebles de
incalculable valor se da para ser poderoso, para poder interactuar
con otros poderosos de tú a tú, especialmente con el Estado.
La
jerarquía católica, compuesta de hombres, se ha apropiado de más
del 80% del patrimonio histórico del Estado español. Eso significa
que, cuando se sienta a negociar con el Estado, lo hace de tú a tú.
Y eso se ha conseguido porque el Estado no ha hecho lo que tenía que
haber hecho. Es decir, no declaró la inconstitucionalidad de una
norma franquista en 1978. Desde entonces, hasta hoy.
No
hay eufemismos en este ensayo: el mayor expolio patrimonial de la
historia de España, por un lado. Y, por otro, el Estado franquista y
la Iglesia eran la misma cosa, que a veces se olvida.
Aristóteles
Moreno: Realmente el libro pone de manifiesto un hecho histórico en
este país: la Iglesia de tiempo inmemorial, del siglo XIII
aproximadamente, ha sido un poder incrustado en el Estado y esa
herencia se viene arrastrando hasta hoy.
Yo
creo que la Iglesia católica se apropia de todos esos bienes porque
realmente sigue pensando y operando como si fuera un poder del
Antiguo Régimen. Lo hace, además, usando un privilegio que,
lamentablemente, ha quedado fosilizado en la legislación española,
un privilegio que le ha atribuido la capacidad de autoridad pública.
Y,
a partir de ahí, ha logrado, con la pasividad sorprendente de la
Administración moderna, inscribir a su nombre cientos de miles de
bienes que, como digo, la Iglesia cree que son suyos.
Porque
es muy difícil que, de la noche a la mañana, una institución como
la Iglesia católica, que ha sido un poder omnímodo durante tantos
siglos, renuncie a esa posición dominante y hegemónica en nuestros
días. De hecho, creo que toda la estructura jurídica,
administrativa y política se lo ha permitido. ¿Qué ha ocurrido
también?
Que
la modernidad en España, entendida como la secularización de la
vida política, administrativa y social, ha llegado sin haber
resuelto un problema de esta naturaleza, y lo sorprendente es que los
gobiernos democráticos no reaccionen.
¿Cuál
ha sido el fondo de ese problema?
Antonio
Manuel: El problema de fondo es que históricamente los bienes
siempre han sido bienes del Estado.
En
el Antiguo Régimen, Iglesia y Estado eran la misma cosa. ¿Eso qué
significa? Que los bienes de la Iglesia siempre fueron bienes del
Estado. Cuando la Iglesia y el Estado se separan, como ocurrió con
José Bonaparte, ¿qué hace la Iglesia? Se abraza al
constitucionalismo de Cádiz solo para no perder sus bienes, porque
en el momento en que regresa Fernando VII vuelve a ser absolutista.
Cuando
llega la Primera República, se separa la Iglesia del Estado y se
resuelve el problema patrimonial de manera que los bienes que siempre
habían sido del Estado sigan siendo del Estado. Lo mismo ocurre en
la Segunda República. Así que hasta 1978, aunque nos sorprenda, los
bienes de la Iglesia siempre han sido públicos, también en el
franquismo”.
Ha
sido a partir del 78 cuando, separados Iglesia y Estado, la cuestión
no se resuelve. Se queda en un limbo. Y claro, ese limbo es el que ha
aprovechado la Iglesia, utilizando esa legislación franquista que le
permitía registrar fincas como si fuera una administración pública
y posteriormente la ampliación que da José María Aznar en 1998.
Entonces,
no estamos hablando de un problema del siglo XIII, no estamos
hablando de un problema del siglo XIX. Es que estamos hablando de un
problema del siglo XX que va a tener su enorme repercusión y su gran
trascendencia histórica en el siglo XXI, porque, desde ya, ese 80%
del patrimonio histórico del Estado no es que esté en posesión de
la Iglesia, es que le pertenece con el mismo régimen que un piso o
que un garaje. Y claro, es algo que nos estalla en la cabeza.
“No
estamos hablando de un problema del siglo XIII. Estamos hablando de
un problema del siglo XX que va a tener su enorme repercusión y su
gran trascendencia histórica en el siglo XXI, porque, desde ya, ese
80% del patrimonio histórico del Estado no es que esté en posesión
de la Iglesia, es que le pertenece con el mismo régimen que un piso
o que un garaje”.
En
conclusión, y por intentar ser lo más pedagógico posible, cuando
nos preguntamos de quién es la Mezquita, nos equivocamos en la
pregunta. Eso es una pregunta capciosa. La pregunta es ¿qué es la
Mezquita? ¿La Mezquita se puede vender, la Mezquita se puede
hipotecar, la Mezquita se puede embargar? No. ¿Por qué? Porque es
un bien de dominio público. Si no, tendríamos que admitir que la
Mezquita de Córdoba se puede vender.
De
dominio público pero a la vez está inscrita en el registro de la
propiedad. Una incongruencia.
Antonio
Manuel: Claro, y eso es lo que no puede ser. Y lo mismo que le ocurre
a la Mezquita de Córdoba, le ocurre a bienes de un extraordinario
valor histórico y cultural al que además la Iglesia ha añadido
cementerios, plazas, fincas, garajes…
Por
eso decimos sin reparo que esto es un escándalo patrimonial, un
escándalo económico y un escándalo social. Es un escándalo
jurídico. Y que eso ocurra bajo el paraguas de una Constitución que
dice que estamos en un Estado de derecho, pues es realmente
insostenible. Lo que estamos diciendo nosotros en absoluto es ni
laicista ni anticlerical, nuestro discurso es de defensa de la
legalidad democrática y de defensa del patrimonio público.
En
la práctica, ¿qué puede hacer el Gobierno o el Estado para
revertir esta situación?
Antonio
Manuel: Más de una vez, aquí está Aristóteles, he dicho, «Cuando
se haga una pregunta parlamentaria, que digan directamente, ‘oiga
usted, ¿la Mezquita se puede vender? ¿La Mezquita se puede
hipotecar? Dígamelo. ¿Se puede vender la Catedral de Santiago?
¿Puede usted vender la Catedral de Burgos? Cuando una norma es
inconstitucional y la norma es anterior a la Constitución, no hace
falta nada más que se declare que es inconstitucional. Simplemente
la declaración.
Te
voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Imagínate que
hay una norma franquista que prohíbe que las mujeres puedan ser
periodistas. ¿Es necesario ir al Constitucional? ¿Es necesario que
el Congreso de los Diputados se pronuncie diciendo que eso es
inconstitucional? No, es que esa norma, aunque no esté derogada
formalmente, está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida.
Pues
bien, a partir del 78, ¿la Iglesia es una administración pública?
No. ¿Los obispos son funcionarios públicos? No, luego esa norma es
nula y todas las inmatriculaciones son nulas. Lo que tendría que
hacer el Estado es redactar una norma en la que establezca en qué
caso y con qué criterio un bien de extraordinario valor histórico y
cultural debe pertenecer al dominio público y proceder a su
inscripción. Y que la Iglesia entonces inscriba lo que crea que
puede pertenecerle, pero demostrándolo igual que cualquier mortal.
Es decir, aportando un título de dominio. Así se resolvería la
cuestión.
“Lo
que tendría que hacer el Estado es redactar una norma en la que
establezca en qué caso y con qué criterio un bien de extraordinario
valor histórico y cultural debe pertenecer al dominio público y
proceder a su inscripción. Y que la Iglesia entonces inscriba lo que
crea que puede pertenecerle, pero demostrándolo igual que cualquier
mortal”.
¿Y
por qué ningún gobierno, ni siquiera los de izquierdas, lo ha
hecho? ¿Tiene el Estado miedo a la Iglesia?
Antonio
Manuel: Sí, se teme al poderoso. Y cuando se hace tanto acopio de
poder, más miedo se tiene. Además, se da una paradoja: nunca como
ahora las iglesias han estado tan vacías y, sin embargo, nunca como
ahora sus arcas han estado tan llenas. Es decir, quizá nunca como
ahora la Iglesia ha tenido tan bajo impacto social y, sin embargo,
como garantía de supervivencia es tan poderosa.
Aristóteles:
Yo creo que también se produce otra cosa. Históricamente en España,
la derecha española es una derecha católica. Tiene incrustado el
catolicismo en su propio ser y en su propia concepción de la vida y
entiende a la Iglesia católica como un aliado político, social e
histórico y nunca va a hacer nada para penalizarla porque, además,
piensa que si está en manos de la Iglesia está en manos de la
derecha.
En
el caso de la izquierda, que no tiene ese origen o ese arranque o por
lo menos ha tenido una posición histórica mucho más crítica con
la Iglesia católica, yo quiero recordar que el Partido Socialista
Obrero Español sacó dos proposiciones no de ley donde construía un
argumento idéntico al nuestro sobre la naturaleza del dominio
público de todos sus bienes.
Y
que Pedro Sánchez, cuando accede al poder en 2018, en su discurso de
investidura, se compromete públicamente desde el estrado de las
Cortes a poner en marcha modificaciones legislativas para acabar con
ese privilegio y, sobre todo, para recuperar todos esos bienes.
“Yo
creo que al PSOE le pierde su enorme sentido del cálculo. No quiere
abrir un nuevo frente de erosión o de discusión o de conflicto con
una organización tan poderosa como la Iglesia católica”.
¿Qué
es lo que ocurre? Bueno, yo creo que al PSOE le pierde su enorme
sentido del cálculo. No quiere abrir un nuevo frente de erosión o
de discusión o de conflicto con una organización tan poderosa como
la Iglesia católica. Y prefiere decantarse por otros debates antes
de abrir un nuevo frente.
La
última cita del libro es de Cervantes, en alusión a quitarnos el
miedo y adquirir una conciencia ciudadana para recuperar lo nuestro,
lo común, lo público. Pero estamos en un momento en que la sanidad,
la educación públicas, también están siendo expoliadas.
Aristóteles:
La Iglesia católica estaba tan incrustada en el Estado que durante
muchos siglos fue una institución que tenía la capacidad de
recaudar impuestos, que es una función pública. Y además, y este
es un dato muy importante, recaudaba lo que se llamaban tercias de
fábrica. Las tercias de fábrica eran la tercera parte del diezmo y
se destinaban exclusivamente a sostener, mantener y construir
templos.
Es
decir, la Iglesia católica tenía como un brazo administrativo
dentro del Estado. El dinero venía de todos los españoles y
españolas, que tenían la obligación de contribuir al sostenimiento
del culto. Esto funcionó hasta 1837, cuando el gobierno liberal se
dio cuenta de que eso no podía hacerlo la Iglesia si se quería
construir un Estado moderno.
Y
lo abolió, pero como todavía seguía siendo un Estado católico, lo
que hizo fue asumir esas competencias. Y se crea el Ministerio de
Justicia y Culto. Es decir, que el Gobierno, el Estado, asumió esa
competencia, un servicio público igual que la educación y la
sanidad. Es decir, toda esa red que se crea está financiada con
dinero público siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la República. Fue en
la Segunda República cuando ya sí asume el marco de pensamiento
liberal y se dice ‘oiga, esto es no es una función del Estado’.
Y deja de financiarlo.
“En
España ha habido una enorme confusión de funcionalidades y de
competencias de las que se ha aprovechado la Iglesia católica. Por
eso mucha gente piensa que si los bienes son católicos, tendrán que
ser de la Iglesia. Oiga, no. Muchos bienes históricos son del acervo
cultural que ha sido sostenido, pagado por todos los contribuyentes
durante siglos, como la Mezquita de Córdoba”.
Eso
se lo carga Franco y vuelve a recuperar nuevamente la función
estatal de proveer del culto católico a todos los españoles hasta
la Constitución del 78. Francia lo resuelve muy bien en 1905 y dice
‘oiga, vamos a separar la Iglesia del Estado, pero todos estos
bienes que han sido construidos con el esfuerzo comunitario durante
siglos no se lo van a llevar los obispos. Va a quedar bajo el amparo
de la administración pública’.
Pero
en España ha habido una enorme confusión de funcionalidades y de
competencias de las que se ha aprovechado la Iglesia católica. Por
eso mucha gente piensa que si los bienes son católicos, tendrán que
ser de la iglesia. Oiga, no. Muchos bienes históricos no son de la
Iglesia católica “sociedad anónima”, sino del acervo cultural
que ha sido sostenido, pagado por todos los contribuyentes durante
siglos, como la Mezquita de Córdoba.
¿Pero
cómo puede encajar la gente este escándalo de las
inmatriculaciones, cómo lo puede entender y, sobre todo, enfrentar
en un contexto de desesperanza como en el que vivimos?
Antonio
Manuel: Yo suelo repetir muchas veces que la palabra ciudadano y
político es la misma palabra en griego y en latín. Que ciudadano es
el que pertenece a las civitas y el político es el que pertenece a
la polis. Lo que creo es que ha habido una separación entre ambos
conceptos y que el ciudadano ha delegado por completo su soberanía
en el político. Y que si al contexto de individualismo feroz, de
egoísmo insaciable le sumas la pérdida de lo conciencia de lo
común, y le añades que tu enemigo, entre comillas, que no lo es, es
una entidad con un enorme poder y con ese arraigo histórico, pues la
ciudadanía prefiere mirar para otro lado y no entenderlo.
Pero
también creo que en la época, por ejemplo, de las
desamortizaciones, hubo una conciencia generalizada entre las clases
populares y las incipientes clases liberales de que las manos
muertas, es decir, de que los bienes en posesión de la Iglesia que
no tributaban, que tenían que ser restaurados con dinero público y
que no producían, provocaban un daño al Estado y al propio
ciudadano. Y creo que llegará un momento en el que quizás se
produzca eso. Es decir, llegará un momento en el que la ciudadanía
diga «¿cómo es posible que yo lo esté pasando tan mal y, sin
embargo, haya una institución que haya acaparado tantísimo poder?
Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eso pase, quizás sea demasiado tarde
porque en las desamortizaciones, esa confianza ciudadana operó en un
momento donde se tenía muy claro que esos bienes eran públicos.
De
hecho, si te fijas, cuando se producen las desamortizaciones de
Mendizábal, la Iglesia no cobra un justiprecio cuando los bienes se
venden. ¿Por qué? Porque no eran suyos. Eran bienes para el Estado.
Así de sencillo. No se le estaba privando de nada porque no eran
suyos. Con Madoz se le da un título de deuda, pero tampoco se le da
un justiprecio. Es como decir ‘te voy a compensar por la posesión,
pero no por la propiedad’. Y a partir de ahí todo se ha enmarañado
y se genera muchísima confusión, muchísima oscuridad para que no
se comprenda y al final caigamos en el simplismo, como decía
Aristóteles, de que ‘hombre, pues si esto es una iglesia, pues
será de la iglesia, ¿no?’.
“Llegará
un momento en el que la ciudadanía diga «¿cómo es posible que yo
lo esté pasando tan mal y, sin embargo, haya una institución que
haya acaparado tantísimo poder? Pero, ¿qué ocurre? Que cuando eso
pase, quizás sea demasiado tarde”.
El
ser humano se queda quieto para sobrevivir al miedo, dice al final
del libro.
Antonio
Manuel: Quizás cuando llegue un momento en el que tomemos conciencia
de la enorme descapitalización que hemos sufrido y de que eso nos
daña, en el momento en que nos duela, pues quizás tomemos
conciencia. En el caso de la Mezquita, yo creo que a Córdoba le
dolió mucho que le quitaran el nombre y le pusieran Catedral. Eso
movilizó a muchísima gente.Yo creo que ahora la sensación es que
no nos duele. Cuando yo perdí mi dedo, sufrí tanto dolor que no me
dolía. Hasta que te das cuenta.
Aristóteles:
Yo creo que todo el gran trabajo que estamos haciendo, no Antonio
Manuel y yo ni muchísimo menos, sino muchísimos cientos de personas
en toda España, es un trabajo que va a funcionar en el futuro.
Posiblemente ahora, por el contexto parlamentario o sociopolítico en
el que vivimos, no tenemos un gobierno lo suficientemente valiente
para tomar decisiones serias y y sacar adelante estrategias jurídicas
y legislativas que permitan acabar con todo este expolio. Pero yo
creo que en el futuro sí lo habrá. Los sondeos indican que vivimos
en un país que se está secularizando de una manera muy rápida y en
algunas décadas seguramente la Iglesia no tendrá un apoyo social
como el que tiene hoy. Por eso el debate que nosotros hemos puesto
encima de la mesa será mucho más factible de resolver política y
jurídicamente.
Ahora
se ha investigado mucho, pero nos enteramos de este escándalo por
una casualidad. La primera vez, con la iglesia de Tafalla (Navarra)
en 2007. ¿Es posible que hoy siguiéramos sin saberlo?
Antonio
Manuel: Una persona me preguntó en unas jornadas que de quién era
la Mezquita. Y, te doy mi palabra de honor, que de broma le digo:
”Bueno, pues ve al registro y y pide una nota simple”. Bueno,
pues la pidió y se dio, además, la paradoja de que en la carpeta
del expediente ponía Mezquita. Muy gracioso. O sea, el registrador
llama al expediente Mezquita, pero la inmatricula como Catedral.
¿Es
posible que hoy siguiéramos sin saberlo? La pregunta revela cómo se
procedió: de manera opaca, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas
de las instituciones. Por eso no nos enteramos. Por eso nos enteramos
por una casualidad. Si esos bienes son tuyos, ¿por qué lo ocultas?
¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no se hace públicamente? ¿Por
qué no lo haces de mano de la ciudadanía, de tus feligreses, del
pueblo de Dios?
“La
Iglesia actuó de manera opaca, a espaldas de la ciudadanía y a
espaldas de las instituciones. Por eso nos enteramos por una
casualidad. Si esos bienes son tuyos, ¿por qué lo ocultas? ¿Por
qué no lo haces de mano de la ciudadanía, de tus feligreses, del
pueblo de Dios?”.
Y
esa opacidad continúa. Durante mucho tiempo, estando el PSOE en la
oposición y luego en el Gobierno, recuerdo cómo hablaba de que esto
era algo ocasional en Navarra, en la Mezquita, en pocos lugares más.
Y cuando por presión de la ciudadanía se consiguió el listado –es
fragmentario, desde 1998 a 2015–, se señalaba a Aznar como el
culpable. Pero es que en otras comunidades autónomas, donde por lo
menos se han movilizado para conocer el listado, por ejemplo,
Cataluña, Navarra, Baleares, Euskadi, hay constancia de que hay más
bienes inscritos antes del 98 que después del 98. Y hay comunidades
autónomas como Andalucía donde cada vez que se intentó pedir, el
propio PSOE boicoteó que conociéramos la lista. Porque estando
gobernando el PSOE, se abstuvo y no se pudo conseguir el listado.
Claro,
conocemos cosas sueltas. Como cuando de repente Barbate va a ampliar
el cementerio y se encuentra con que se han quedado con el
cementerio; o cuando unos ciudadanos que van a jugar todos los días
a una casa parroquial que habían construido con su dinero, en su
suelo, se encuentran con que un día no los dejan entrar. O cuando un
hombre que construyó una ermita con sus propias manos, que la repara
él y que la ofrece al pueblo, descubre que se la han quitado.
Aristóteles:
Hay que tener en cuenta, además, que la primera legislación
patrimonial otorga al Estado un poder de tutela y vigilancia, más
allá de la propiedad. Es decir, que sea propiedad privada es un bien
que está condicionado legalmente en su uso. Y entonces el Estado
tiene una obligación de vigilancia y de tutela por por ley, que en
este caso no ha ejercido. Al cambiar la ley, José María Aznar, en
vez de quitar un privilegio a la Iglesia católica, le añade otro. Y
en ningún momento José María Aznar tiene la conciencia de que
todos esos bienes, ya no es que fueran titulares o propiedad de
dominio público, sino que el Estado tenía una tutela sobre ellos.
Antonio
Manuel: Y ya no solamente se está incumpliendo el deber de tutela,
como dice Aristóteles, es que el Estado está incumpliendo el deber
de intentar recuperar lo que pudiera ser suyo, porque eso también es
es una obligación que está establecida en la ley de patrimonio
andaluz y la ley de patrimonio histórico del Estado.
¿Y
podemos estar seguros de que la Iglesia no sigue apropiándose de
otros bienes públicos?
Antonio
Manuel: Sí, sí, lo está haciendo. Pero el procedimiento es
distinto. Lo está haciendo a partir de expedientes de dominio, es
decir, ahora hay una apariencia ya de legalidad. El expediente de
dominio dice que, como los posee, son suyos, o sea, hace una trampa.
Pero se hace públicamente. Y esto es más difícil de revertir.
Porque hasta el año 2015, cuando se deroga el artículo de la Ley
Hipotecaria pero no se declaran nulas, todas estas inmatriculaciones
sí que pueden ser atacadas por inconstitucionalidad sobrevenida y
bastaría, como te digo, una declaración formal. Por eso hace falta
la norma base que diga que cuando un bien es de extraordinario valor
histórico y cultural es de dominio público. Como eso no existe, se
da por supuesto que es privado.
Sin
embargo, en Derecho hay una ley no escrita, pero que es muy fácil de
comprender y es que aquello que no es de nadie es porque es de todos.
Aquí es al contrario: si no se dice nada es privado. Hombre, pues
será al revés, ¿no?
¿Creemos
entonces en la movilización ciudadana?
Antonio
Manuel: Hay que creer, porque, en el caso de la Mezquita, gracias a
la movilización ciudadana tuvieron que cambiar el nombre. Gracias a
la movilización ciudadana la han mantenido en un estado funcional
como nunca hasta la fecha. Gracias a la movilización ciudadana
estamos denunciando esa invasión católica del monumento. Es decir,
a pesar del pesimismo, tenemos que pensar que con la movilización
ciudadana se pueden conseguir muchas cosas. A nosotros como
movimiento ciudadano ya nos merece la pena haber vivido por haber
simplemente recuperado el nombre de la Mezquita. Porque las cosas
existen cuando se nombran y cambiar el nombre era su demolición
simbólica. El pueblo de Córdoba se opuso a la demolición física y
se opuso a su demolición simbólica y lo hemos ganado. Es una
victoria del pueblo. Y bueno, vamos a seguir creyendo en la utopía.
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