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miércoles, 27 de noviembre de 2019

Iglesia Católica S.A.


El Gobierno se resiste a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia

Acude a los tribunales para oponerse al dictamen del Consejo de Transparencia, que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de los bienes consignados como propios por la Iglesia católica 
De acuerdo con un informe oficial hecho público a instancias de Transparencia, estos bienes pueden sumar caso 35.000 en toda España


27/11/2019

eldiario.es


Una de cal y otra de arena. El Gobierno socialista, que lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se resiste ahora a hacer público el listado de las inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, en virtud de la 'Ley Aznar' y que suma al menos cerca de 35.000 inmuebles, entre catedrales, parroquias, garajes, prados o pisos.

Según adelanta El País, el Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia elaborado por el Colegio de Registradores. El recurso contencioso administrativo ha sido admitido a trámite. 

En dichas alegaciones, Justicia se ampara en una disposición de la ley según la cual no es obligatorio publicar información en curso de elaboración, y añade que cuando la tenga lista se la entregará al Congreso, que fue quien encargó que se elaborara.

Esta decisión ha sido duramente criticada por la coordinadora Recuperando, que aglutina a una veintena de instituciones que luchan por la devolución de los bienes, que consideran patrimonio público, al pueblo. "Es una muestra más de la poca voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducción democrática", recalcó Juanjo Picó, quien no obstante confía en que un futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aborde definitivamente la cuestión. "Ambos llevan las inmatriculaciones en sus programas", adujo.

Más de cien mil propiedades


En todo caso, el informe elaborado por los registradores de la propiedad –y que, según confirmó Justicia a este diario– está listo (a falta de retoques) desde hace más de un año, apenas refleja una mínima parte de los bienes que la Iglesia católica pudo poner a su nombre con solo la firma del obispo, que actúa como un notario (su palabra es ley), y sin pagar más que los 30 euros que cuesta el ejercicio del registro. "Es el chocolate del loro", lamenta el responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al Gobierno que la Iglesia "lleva inmatriculando bienes a su nombre desde 1946". 

Según los expertos, si solo contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por tres o por cuatro, cifrándose en más de 100.000 los inmuebles inmatriculados desde la instauración de la democracia.

A mediados de noviembre la plataforma Recuperando reclamó al Gobierno la publicación del listado completo y la protección de los bienes de dominio público. En su opinión, las inscripciones son "nulas de pleno derecho" por "inconstitucionalidad sobrevenida", por lo que ha solicitado una normativa que identifique "con claridad" los bienes de dominio público que deben ser protegidos jurídicamente.

Batalla legal imprevisible


La resistencia del Ministerio de Justicia a publicar el listado de bienes puede encontrar al menos dos explicaciones. La primera, meramente instrumental: el Ejecutivo en funciones no quiere 'quemar' una carta de presión a la Iglesia antes de que se pueda formar Gobierno para la próxima legislatura. La segunda, más práctica: una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.

A partir de ese momento comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.

Y es que, junto a los datos del Registro, Justicia ultima un informe jurídico anexo que señalará las dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de "clima de desamortización encubierta", está preparada para una hipotética batalla legal.

Distintos expertos han apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo, que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente. "Nosotros no podemos hacerlo", apunta Jorge García, de Recuperando, que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de intentar hacerlo. "Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad anterior" lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la Iglesia perjudicó a terceros.

El futuro de catedrales y santuarios


Lo que sí podría plantear el futuro Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000 edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno considera "bienes de dominio público" y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que "3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia".

Entre ellos, 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como sucede en Portugal o Francia.

¿Qué bienes podrían verse afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo, habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación. Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o Torreciudad).


El Valle de los Caídos nos cuesta a los españoles una pasta gansa


Patrimonio exige por escrito a los monjes del Valle de los Caídos que aclaren sus ingresos y gastos, opacos desde su fundación

La transferencia anual de 340.000 euros que hace el Estado a los benedictinos está congelada a la espera de que presenten un presupuesto y justifiquen gastos
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó el 19 de noviembre urgir a los religiosos a aclarar en qué gastan el dinero público, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es
También les exigen que aclaren una subvención de 114.000 euros de la Comunidad de Madrid para la escolanía, una ayuda de la que la propia Comunidad aseguró a eldiario.es no saber nada


27/11/2019

eldiario.es

Los monjes que custodian el Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018.

El Consejo de Patrimonio Nacional, patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los benedictinos y que corre con todos los gastos de reparación y mantenimiento, congeló en 2018 la transferencia anual de 340.000 euros a la orden benedictina. Ese dinero se ha utilizado durante estos años indistintamente para el propio mantenimiento de la vida de los monjes (ropa, comida, teléfono, gasolina) y para los fines fundacionales que les otorgó el dictador en el decreto franquista que los llevó hasta Cuelgamuros: mantener una escolanía de niños cantores, rezar, leer, estar al día del pensamiento, seguir los escritos de los pontífices, celebrar misa y mantener la biblioteca.

En su última sesión del Consejo de Patrimonio, el pasado 19 de noviembre, se aprobó hacer un requerimiento por escrito a los monjes al que ha tenido acceso eldiario.es para que les entreguen la documentación que falta y un presupuesto básico, tal y como están pidiendo desde el año pasado. Por ahora no lo han hecho y la transferencia de dinero continúa congelada.

Concretamente, Patrimonio solicita al prior y sus monjes que documenten los ingresos y gastos de 2018 y que diferencien en sus documentos los gastos que ha hecho en sus fines fundacionales (rezar, leer, pensar, enseñar a los niños cantores) y los no fundacionales, es decir, gastos de otra naturaleza que podrían ser gastos personales de los propios monjes. A este requerimiento, el padre ecónomo respondió en septiembre de este mismo año por mail que "todo fin no mencionado en la normativa fundacional es un fin no fundacional", sin más explicación. 

Patrimonio también exige que los monjes les envíen facturas y conceptos concretos que "sirven de justificación a la subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid a la escolanía por importe de 114.656,59 euros". Cuando el prior informó en 2018 de esta subvención, que aparece en su presupuesto de un folio y que es el único documento que ha presentado al Estado parecido a un balance, eldiario.es preguntó a Presidencia y Cultura de la Comunidad de Madrid por esta ayuda a la escolanía y fuentes oficiales confirmaron que no se le ha dado ninguna ayuda a esa escolanía después de hacer una búsqueda en el sistema.

Otra exigencia del Estado a los religiosos es que, en caso de que estén en déficit, presenten una justificación "o provisión para cubrir dicho déficit". De hecho, el primer y único presupuesto que ha presentado el prior, y al que tuvo acceso eldiario.es, tenía un agujero de 600.000 euros que correría a cargo del Estado, dando por hecho que se cubriría con dinero público. Para acabar, el organismo público les advierte de que seguirá sin hacer la transferencia de 340.000 euros si no presentan las cuentas, ya que "se advierte de la imposibilidad de realizar las actuaciones pendientes de comprobación contable y control financiero".

El Tribunal de Cuentas ya alertó en un duro informe en 2016 de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables en el Valle. En 2017 y con Rajoy todavía en la Moncloa, Patrimonio Nacional asumió parte de esas recomendaciones y acordó que en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años recibiendo dinero público, los religiosos aún no han hecho.

El prior Santiago Cantera no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este requerimiento.

El lenguaraz Rafa Hernando vuelve a meter la pata


Tremendo corte de Pablo Iglesias a Rafa Hernando a costa del Partido Comunista Chino

Por




noviembre 26, 2019

Spanish Revolution


El ex portavoz del Partido Popular quiso relacionar a Unidas Podemos con la represión en China.

Rafael Hernando llevaba un tiempo callado y ha querido llamar hoy la atención. El que era portavoz del Partido Popular y ahora senador por el Almería ha publicado un tuit en el que expone de forma un tanto extraña su disconformidad con el pacto de Gobierno entre el PSOE y Podemos. No se lo pensó demasiado, porque el corte que se ha llevado ha sido de aúpa.

«La represión en China es consustancial al Régimen comunista: el control y la eliminación del disidente o discrepante. Antes fue la URSS y ahora Venezuela, Cuba o Nicaragua Todos ellos admirados profundamente por los @Pablo_Iglesias_ y @agarzon de turno Los socios de ZPEDRO», criticó Hernando.

A esta acusación ha respondido, no sin sorna, el secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha referido a la publicación de Hernando refiriendo una noticia del medio Infolibre titulada «El PP encuentra un aliado: el Partido Comunista Chino».

«Querido @Rafa_Hernando el único partido que en España tiene firmado un memorándum de “entendimiento, intercambio y colaboración” con el Partido Comunista Chino es el PP», ha indicado Iglesias a Hernando.


El artículo en cuestión se refiere a que el PP firmó un «memorándum de entendimiento, intercambio y cooperación entre el PP de España y el Partido Comunista de China con Wang Jiarui, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y ministro del Departamento Internacional del PCCh». Hernando debería informarse mejor antes de levantar el dedo acusador.


El sacerdote y Santa Pedofilia, la violada niña de 14 años y su puta madre.


El sacerdote que será juzgado por abusar de una niña siguió como profesor de Ética y Moral en Toledo tras las denuncias

José Luis Galán está acusado de tocar, abusar y penetrar a una chica que tenía 14 años y de la que era director espiritual. Además, el religioso tenía una relación amorosa con la madre de la víctima
El arzobispado lo mantiene como cura aunque le ha quitado misas oficiales, lo mantuvo varios meses como profesor después de la denuncia penal y canónica y lo trasladó como capellán de una veintena de monjas de clausura, donde continúa
Un juzgado de Talavera ha decretado que se le procese, tras ver los indicios que apuntan a que abusó de la chica durante tres años en el despacho parroquial, donde citaba cada quince días a la menor, que padece anorexia y ha intentado suicidarse


26/11/2019

eldiario.es

 El auto de procesamiento del sacerdote José Luis Galán relata que estuvo presuntamente abusando de una chica de 14 años en Toledo, entre enero de 2011 y junio de 2013, cada quince días, "en su despacho parroquial" en la iglesia de San Ildefonso, según recoge como indicios el juzgado de Talavera de la Reina que ordena que se le juzgue y adelantó El País. La llegó a penetrar en 2014, tras organizarle un exorcismo, según los hechos descritos durante la fase de investigación judicial. Aprovechando que era el director espiritual del colegio de la chica, le instó a dar clases a solas para que no "perdiera horas lectivas", a puerta cerrada con llave, donde se produjeron supuestamente tocamientos, penetración y agresiones físicas. El sacerdote ha tenido siempre el apoyo de la madre de ella, con la que tenía una relación sentimental, según el propio cura admitió ante la justicia durante su declaración.

El pasado 6 de noviembre, el juzgado de instrucción número 4 de la localidad manchega ordenó que se abra juicio oral y se juzgue a Galán como presunto autor de un "delito de abusos sexuales", tras describir cómo empezó todo, en enero de 2011, cuando estaban en el despacho y él le pidió un beso, ella se negó y el sacerdote "le gritó besándola y pidiéndole que se quitara el sujetador, le tocó el pecho y luego le dio una bofetada y la llamó puta", para más tarde "pedirle perdón y darle un abrazo para calmarla".

Fue el primero de otros abusos descritos en el escrito judicial: "le tocó el cuerpo", "el clítoris", "la vagina", la llamaba "hija de puta", a veces le pegaba, la "penetró" y la obligó a "chuparle el pene" en los dos encuentros mensuales a los que ella asistió, animada por su madre para que reforzara su espiritualidad. La chica, con varios intentos de suicidio y anorexia diagnosticada -una enfermedad que el informe del Instituto Forense ve compatible con un capítulo de abusos- denunció tres años después. Fue tras una visita a su médico psiquiatra, donde ella fue consciente y contó por primera vez que había sido víctima de abusos sexuales.

Cartas al Vaticano


Además de la denuncia penal, que se interpuso después del verano de 2017, la víctima escribió sendas cartas al Papa Francisco y al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, el español Luis Ladaria. En ellas, relataba lo sucedido, por lo que la Santa Sede ordenó al Arzobispado de Toledo abrir una investigación y remitírsela. Esas cartas al Papa se escribieron en octubre de 2017, y apenas un mes antes el sacerdote José Luis Galán había sido nombrado profesor adjunto a Cátedra por tres años en el Instituto Teológico San Ildefonso, en el que ya era profesor desde 2009, cuando se incorporó para impartir Teología Moral. Pese a que se había presentado tanto la denuncia penal como la canónica a través del Vaticano, el sacerdote ahora procesado continuó dando clases hasta enero de 2018 en el centro, que imparte bachillerato en Teología y un máster. Concretamente, Galán fue ese curso escolar profesor de Moral y Teología, Ética y Moral y Doctrina Social de la Iglesia, según consta en las horas lectivas recogidas en las memorias del centro de ese curso. En ese centro católico hay alumnado masculino y femenino que ha acabado la selectividad y que inicia los estudios teológicos. A día de hoy, Galán sigue figurando como profesor en el centro, aunque no tiene asignadas horas docentes desde enero de 2018, según señalan fuentes del arzobispado de Toledo. El director del instituto teológico, Francisco María Fernández, confirma este punto y recalca a eldiario.es que Galán está en "suspensión forzosa hasta que no se aclare su situación judicial. Hasta ese momento no podrá asistir a clase ni participar en ninguna actividad del instituto".

Otra de las medidas que tomó el arzobispado de Toledo fue quitarle el oficio de misas, aunque puede seguir haciéndolo en ceremonias íntimas si quiere, puesto que sigue siendo cura porque no se le ha revertido la condición de sacerdote a la espera de una sentencia. También decidieron quitarle de capellán de un centro sanitario. Sin embargo, se le envió en enero de 2018 como capellán a un convento de clausura, el Santiago Apóstol de Toledo, donde continúa a día de hoy, según consta en un informe de la iglesia de este mismo año. Allí viven una veintena de monjas con voto de obediencia y silencio a las que ahora les han puesto como sacerdote principal a este religioso que será procesado por abuso sexual.

La jerarquía eclesiástica toledana acabó su informe interno, para lo que llamó a declarar a la chica en verano de 2018, al párroco y algún testigo más que no ha sido precisado, y envió de vuelta el caso al Vaticano, que de momento no se ha pronunciado sobre el caso ni ha impuesto pena alguna.

Desde el arzobispado de Toledo señalan a eldiario.es que no van a hacer pública la investigación interna y que "hasta que no haya resolución canónica o civil, por respeto a todas las partes, tanto a la denunciante como al acusado", no van a hacer declaraciones ni sobre el presente ni el futuro del sacerdote que, según el auto de procesamiento, también organizó un exorcismo para la chica, con permiso de la madre y que llevó a cabo otro sacerdote, ya que pensaban que "tenía un demonio dentro".

Al día siguiente del exorcismo, Galán la citó de nuevo en su despacho, "le metió los dedos en la vagina, la penetró" y le "pegó con el cinturón". Tras esa agresión, que fue la última que relata el auto, ella "no volvió más al despacho parroquial". Era verano de 2014 y la chica, enferma de anorexia (había ingresado en un hospital por este motivo por primera vez el año anterior) y con un historial de más de una decena de intentos de suicidio desde entonces, se empezó a tratar de sus problemas médicos, donde afloraron los presuntos abusos sexuales que ahora se van a juzgar.  

El protocolo antiabusos de la iglesia española sigue congelado a la espera de que el Vaticano se pronuncie sobre las líneas guía y después de que falleciera el obispo de Astorga, que iba a estar al cargo de la comisión contra la pederastia. Lo que ya se sabe es que el borrador aprobado por la Conferencia Episcopal  no contempla obligar a las diócesis a pagar indemnizaciones a los supervivientes o a abrir sus archivos a investigaciones independientes.


martes, 26 de noviembre de 2019

Homosexuales perseguidos y condenados en el franquismo


españa

Homosexuales en el franquismo perseguidos y condenados por peligrosos

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla Contreras, acaba de publicar el libro 'Derecho Penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso'. 

3/11/2019

Olivia Alonso

Heraldo


El catolicismo extremo del franquismo salvó de la castración y la esterilización a los homosexuales, cuyo "estado peligroso", sin embargo, fue perseguido y penado con privación de libertad y destierro, de acuerdo a las Leyes de Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social aplicadas en base a informes forenses.

Así lo ha relatado el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla Contreras, quien acaba de publicar el libro 'Derecho Penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso' (Ministerio de Justicia). Un trabajo de más de 500 páginas en el que Portilla explica cómo funcionaba la persecución penal de los homosexuales, estudia la labor de los jueces, el contenido de los expedientes y hasta el concepto mismo de "homosexualismo" que manejaban los tribunales.

¿Por qué ahora este libro sobre la represión de la homosexualidad en el franquismo?

Me interesa mucho el Derecho Penal de autor, el que sancionaba a las personas por lo que eran y no por lo que hicieran, como es el caso de la condición sexual. Además, trabajo en el Derecho Penal y la Memoria Histórica desde 2005 y me dio la impresión de que no se había estudiado la represión de la homosexualidad. Aparte de la parte penal, me interesaba la represión en base a medidas de seguridad.

¿Qué leyes ampararon esta represión?

Primero se utilizó la Ley de Vagos y Maleantes republicana, que en 1954 incorporó el estado peligroso de la homosexualidad. Así, el Derecho Penal actuaba de dos formas: a través del delito que hubieran cometido los homosexuales y a través de la peligrosidad social del homosexual por serlo. Los sancionaban con medidas de seguridad de 1 a 3 años de privación de libertad y cuando los habían cumplido eran desterrados de la ciudad en la que vivían. A su regreso se les aplicaba la libertad vigilada y los delegados de Gobierno, en principio encargados de conseguirles trabajo, se encargaban de comunicar a posibles empleadores que aquella gente eran pederastas, que era terminología que se utilizaba en ese momento. En 1970 esa ley es sustituida por la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que se prolonga hasta 1995.

¿Por qué se sabe tan poco de esta represión penal?

Nuestra Ley de Patrimonio Histórico no permite sacar los documentos hasta que han transcurrido 50 años desde la firma de los mismos, por lo que hasta hace muy poco no los hemos podido sacar a la luz. Hoy en día, aun no se pueden publicar los expedientes de Peligrosidad.

En el Archivo Histórico de Aragón


¿Cuántos homosexuales sufrieron esta represión franquista?

Es imposible dar una cifra porque no hemos podido trabajar en todos los archivos. Por ejemplo, en Zaragoza, el Archivo Histórico de Aragón todavía no contiene estos expedientes y en Valencia se han destruido una gran parte de los documentos de la Guerra Civil y no se encuentran los referentes a los homosexuales.

¿Qué más problemas ha afrontado para la redacción y publicación de este libro?

El libro ha estado cinco meses en un cajón porque Protección de Datos se negaba a que se publicaran los nombres de jueces y forenses. Por mi parte, he sido muy meticuloso y he borrado los nombres de los homosexuales o los calificativos que les aplicaban policías y guardias civiles, tipo 'Luisa la guapa', para que nadie les pueda reconocer. Por eso, también he quitado las referencias a los lugares en que fueron detenidos.
                                                                                                                                                                                 ¿Cuál fue el papel de los forenses?

En la represión penal se sustituyó el pecado -que perseguía la actividad sexual sin reproducción, la masturbación y el bestialismo-, por la enfermedad. La psiquiatría comenzó a perseguir a los homosexuales para curarlos. En ese momento aparecen los forenses, que emitían unos informes, casi todos morfológicos, basados en un análisis superficial del ano. En función de los pliegues definían si era pederasta activo o pasivo. Curiosamente al activo no solían condenarlo porque hacía el papel del hombre en la relación sexual, mientras que al pasivo, que cumplía el de la mujer, sí. Los forenses le ponían muy fácil la condena a los jueces, que, en la mayoría de los casos, repetían los argumentos de los primeros.

¿Qué terapias proponían para "curar" la homosexualidad?

La castración quirúrgica, la química, la lobotomía, el electroshock, o descargas eléctricas. No he podido demostrar que ninguna de esas terapias se llevaran a cabo en los campos de concentración de Miranda de Ebro (Burgos) y Nanclares de Oca (Álava), en las colonias agrícolas en las que eran recluidos (como la de Fuerteventura) o en las cárceles. Pero sí he podido confirmar que en los psiquiátricos, fundamentalmente en el Frenopático de Barcelona, sí se aplicaron. Principalmente pagadas por los padres y con el consentimiento del homosexual para acabar con esa "enfermedad".

Comenta que hay que agradecer al catolicismo extremo del franquismo el que no se aplicaran en España ni castraciones ni esterilizaciones a los homosexuales.

 Juan Antonio Vallejo Nájera, que era el psiquiatra de Franco, defendía la eugenesia, pero no la física sino la moral, para crear una súper casta española, una nueva raza de los mejores. Pero estaba en contra de la castración y de la esterilización.

Sin embargo, Antonio Sabater Tomás -juez de Vagos y Maleantes de Cataluña y posteriormente también de Peligrosidad Social en esa comunidad- sí defendía la castración química y física, pero no llegó nunca a aplicarse (salvo en las excepciones comentadas, por decisión familiar y consentimiento del afectado).

¿Quién denunciaba a los homosexuales?

El proceso se iniciaba con la denuncia de un tercero (policía o guardia civil entre otros). Durante 5 días el acusado podía proponer pruebas en su descargo y designar procurador y letrado. Posteriormente (el día siguiente por lo general), el juez emitía un auto en el que se daba por recibida la denuncia y en un máximo de tres días se decretaba la prisión preventiva. Tras los informes pertinentes, el fiscal valoraba el "estado peligroso de homosexualidad" y solicitaba las medidas de seguridad que se tenían que aplicar hasta que, finalmente, llegaba la sentencia.

¿Han sido recompensados los homosexuales por esta represión?

Es la gran deuda pendiente. Eran presos comunes y no fueron beneficiados ni por indultos ni por las leyes de amnistía, como sucedió con los políticos.

En una medida adicional a una Ley de Presupuestos se les reconoció una indemnización, que solo reclamaron 116 personas. Supongo que muchos no se enteraron o no la pidieron porque se consideraban indignos y sus familias nunca supieron que habían cumplido esas penas, por lo que habría que iniciar de nuevo una campaña para que se les reconozcan sus derechos.

Respecto al lesbianismo, solo aparece una condena. ¿Por qué?

He encontrado solo una sentencia de 1968 de una chica que detienen vestida de hombre en Barcelona. En España no se aceptaba que la mujer pudiera tener relaciones con otras porque se salía de nuestro pensamiento. Pero yo creo que no se la persiguió por el delito de homosexualidad sino que se las condenó por el estado peligroso de prostitución o por el mismo concepto de vagancia o de comisión de delitos. Como los archivos no están catalogados, es muy difícil saber que número de personas fueron condenadas por cada uno de esos delitos peligrosos. 




lunes, 25 de noviembre de 2019

Su Eminencia saca los pies del tiesto


El cardenal Cañizares afirma que si no hay libertad de elección de centro educativo "volvemos a la dictadura"

Antonio Cañizares Llovera es un cardenal español de la Iglesia católica, académico de la Real Academia de la Historia que ocupó el cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de 2008 a 2014. Desde agosto de ese año 2014 es arzobispo de Valencia.
Con todos mis respetos monseñor pero tiene usted un morro que se lo pisa. Con esa gigantesca agitanada bata de cola es lo menos que le puede ocurrir. ¡Y de color rojo! Increíble. Pero además se necesita ser muy hipócrita, cínico y algunos calificativos más para que un chupóptero como su eminencia sea capaz de hacer estas declaraciones.