sábado, 30 de noviembre de 2019
miércoles, 27 de noviembre de 2019
Iglesia Católica S.A.
El
Gobierno se resiste a publicar el listado de bienes inmatriculados por la
Iglesia
Acude a los
tribunales para oponerse al dictamen del Consejo de Transparencia, que instaba
al Ejecutivo a publicar el listado de los bienes consignados como propios por
la Iglesia católica
De acuerdo
con un informe oficial hecho público a instancias de Transparencia, estos
bienes pueden sumar caso 35.000 en toda España
27/11/2019
eldiario.es
Una de cal y otra de arena. El Gobierno socialista, que lleva en su programa electoral la recuperación de los bienes registrados como propios indebidamente por la Iglesia, se resiste ahora a hacer público el listado de las inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, en virtud de la 'Ley Aznar' y que suma al menos cerca de 35.000 inmuebles, entre catedrales, parroquias, garajes, prados o pisos.
Según adelanta El País, el Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales
el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el
listado de bienes inmatriculados por la Iglesia elaborado por el Colegio de
Registradores. El recurso contencioso administrativo ha sido admitido a
trámite.
En dichas alegaciones,
Justicia se ampara en una disposición de la ley según la cual no es obligatorio
publicar información en curso de elaboración, y añade que cuando la tenga lista
se la entregará al Congreso, que fue quien encargó que se
elaborara.
Esta decisión ha sido
duramente criticada por la coordinadora Recuperando, que aglutina a una
veintena de instituciones que luchan por la devolución de los bienes, que
consideran patrimonio público, al pueblo. "Es una muestra más de la poca
voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducción
democrática", recalcó Juanjo Picó, quien no obstante confía en que un
futuro Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aborde definitivamente la cuestión.
"Ambos llevan las inmatriculaciones en sus programas", adujo.
Más de cien mil propiedades
En todo caso, el informe
elaborado por los registradores de la propiedad –y que, según confirmó Justicia
a este diario– está listo (a falta de retoques) desde hace más de un año, apenas refleja una mínima parte de los bienes que la Iglesia
católica pudo poner a su nombre con solo la firma del obispo, que actúa como un
notario (su palabra es ley), y sin pagar más que los 30 euros que cuesta el
ejercicio del registro. "Es el chocolate del loro", lamenta el
responsable de la plataforma Recuperando, Jorge García, que recuerda al
Gobierno que la Iglesia "lleva inmatriculando bienes a su nombre desde
1946".
Según los expertos, si solo
contáramos los bienes apropiados por la Iglesia católica desde 1978 (año
de la proclamación de la Constitución española), la cifra se incrementaría por
tres o por cuatro, cifrándose en más de 100.000 los inmuebles
inmatriculados desde la instauración de la democracia.
A mediados de noviembre la plataforma Recuperando reclamó al Gobierno la publicación
del listado completo y la protección de los bienes de dominio público. En su
opinión, las inscripciones son "nulas de pleno derecho" por
"inconstitucionalidad sobrevenida", por lo que ha solicitado una
normativa que identifique "con claridad" los bienes de dominio
público que deben ser protegidos jurídicamente.
Batalla legal imprevisible
La resistencia del Ministerio
de Justicia a publicar el listado de bienes puede encontrar al
menos dos explicaciones. La primera, meramente instrumental: el Ejecutivo en
funciones no quiere 'quemar' una carta de presión a la Iglesia antes de que se
pueda formar Gobierno para la próxima legislatura. La segunda, más
práctica: una vez se conozca el listado de bienes puestos a nombre de la
Iglesia, serán los posibles afectados, fundamentalmente ayuntamientos, pero
también particulares, los que tendrían un registro oficial ante el que poder
recurrir la titularidad del inmueble, cementerio o parque.
A partir de ese momento
comenzaría una batalla legal de difícil solución puesto que, en la mayoría de
los casos, los bienes jamás estuvieron registrados oficialmente, de modo que el
único papel oficial es el que pueda presentar el obispo de cada diócesis.
Y es que, junto a los datos
del Registro, Justicia ultima un informe jurídico anexo que señalará las
dificultades para la reclamación de propiedades, al tiempo que advierte de una
posible parálisis del sistema jurídico español, sin olvidar los más que seguros
recursos a la justicia europea. La Iglesia, que hace unos meses hablaba de
"clima de desamortización encubierta", está preparada para una
hipotética batalla legal.
Distintos expertos han
apuntado que, una vez publicados los registros (si logra salvarse otro escollo,
que es el de la Ley de Protección de Datos, a la que los Obispados podrían
acogerse), tendría que verse qué instituciones o particulares podrían, llegado
el caso, denunciar la titularidad de cada inmueble individualmente.
"Nosotros no podemos hacerlo", apunta Jorge García, de Recuperando,
que apunta a que debería ser cada Ayuntamiento, o particular, quien habría de
intentar hacerlo. "Siempre y cuando tuviera algún título de propiedad
anterior" lo cual, en el caso de los templos, se antoja sumamente
complicado. Además, según la normativa, pasados dos años desde que el bien es
registrado resulta casi imposible demostrar que la inscripción a favor de la
Iglesia perjudicó a terceros.
El futuro de catedrales y santuarios
Lo que sí podría plantear el
futuro Ejecutivo a la Iglesia sería negociar la titularidad de los más de 3.000
edificios reconocidos como 'Bienes de Interés Cultural', preservando el uso
litúrgico y religioso de los inmuebles. Unos inmuebles que el Gobierno
considera "bienes de dominio público" y, por lo tanto, falsas
inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la
propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba
que "3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la
Iglesia".
Entre ellos, 22 de los 44
bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre los que
se encuentran varias catedrales. Hasta 31 de ellas, como ya
adelantó eldiario.es, fueron nacionalizadas por el Gobierno de Niceto
Alcalá Zamora en 1931, y ahora podrían volver a manos del Estado, tal y como
sucede en Portugal o Francia.
¿Qué bienes podrían verse
afectados? Hasta 31 catedrales (entre ellas, la mezquita de Córdoba, o los
templos mayores de San Sebastián, Valladolid, Granada o Málaga), u otros
templos, como la Seo de Zaragoza o la Giralda de Sevilla. Del mismo modo,
habría que valorar cuáles de esos 3.168 bienes calificados como 'de interés
cultural' fueron puestos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, para
posteriormente proceder, en su caso, a la rectificación de la inmatriculación.
Junto a ellos, muchos de los 616 santuarios existentes en España (desde
Covadonga a Guadalupe, pasando por Caravaca de la Cruz, Loyola, El Rocío o
Torreciudad).
El Valle de los Caídos nos cuesta a los españoles una pasta gansa
Patrimonio
exige por escrito a los monjes del Valle de los Caídos que aclaren sus ingresos
y gastos, opacos desde su fundación
La
transferencia anual de 340.000 euros que hace el Estado a los benedictinos está
congelada a la espera de que presenten un presupuesto y justifiquen gastos
El Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional acordó el 19 de noviembre urgir a los
religiosos a aclarar en qué gastan el dinero público, según la documentación a
la que ha tenido acceso eldiario.es
También les
exigen que aclaren una subvención de 114.000 euros de la Comunidad de Madrid
para la escolanía, una ayuda de la que la propia Comunidad aseguró a
eldiario.es no saber nada
27/11/2019
eldiario.es
Los monjes que custodian el
Valle de los Caídos llegaron en 1957 por un decreto franquista, están financiados
íntegramente con dinero público pero todavía no han presentado un
presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, además de que tampoco
han despejado las dudas y peros que les ha presentado el Estado desde 2018.
El Consejo de Patrimonio
Nacional, patrono de la Fundación del Valle de la que son beneficiarios los
benedictinos y que corre con todos los gastos de reparación y mantenimiento, congeló
en 2018 la transferencia anual de 340.000 euros a la orden benedictina. Ese
dinero se ha utilizado durante estos años indistintamente para el propio
mantenimiento de la vida de los monjes (ropa, comida, teléfono,
gasolina) y para los fines fundacionales que les otorgó el dictador
en el decreto franquista que los llevó hasta Cuelgamuros: mantener una
escolanía de niños cantores, rezar, leer, estar al día del pensamiento, seguir
los escritos de los pontífices, celebrar misa y mantener la biblioteca.
En su última sesión del Consejo
de Patrimonio, el pasado 19 de noviembre, se aprobó hacer un requerimiento por
escrito a los monjes al que ha tenido acceso eldiario.es para que les entreguen
la documentación que falta y un presupuesto básico, tal y como están pidiendo
desde el año pasado. Por ahora no lo han hecho y la transferencia de dinero
continúa congelada.
Concretamente, Patrimonio
solicita al prior y sus monjes que documenten los ingresos y gastos de 2018 y
que diferencien en sus documentos los gastos que ha hecho en sus fines
fundacionales (rezar, leer, pensar, enseñar a los niños cantores) y los no
fundacionales, es decir, gastos de otra naturaleza que podrían ser gastos
personales de los propios monjes. A este requerimiento, el padre ecónomo
respondió en septiembre de este mismo año por mail que "todo fin no
mencionado en la normativa fundacional es un fin no fundacional", sin más
explicación.
Patrimonio también exige que
los monjes les envíen facturas y conceptos concretos que "sirven de justificación
a la subvención de la Comunidad Autónoma de Madrid a la escolanía por importe
de 114.656,59 euros". Cuando el prior informó en 2018 de esta subvención,
que aparece en su presupuesto de un folio y que es el único documento que ha
presentado al Estado parecido a un balance, eldiario.es preguntó a Presidencia
y Cultura de la Comunidad de Madrid por esta ayuda a la escolanía y fuentes
oficiales confirmaron que no se le ha dado ninguna ayuda
a esa escolanía después de hacer una búsqueda en el sistema.
Otra exigencia del Estado a
los religiosos es que, en caso de que estén en déficit, presenten una
justificación "o provisión para cubrir dicho déficit". De hecho, el
primer y único presupuesto que ha presentado el prior, y al que tuvo acceso
eldiario.es, tenía un agujero de 600.000 euros que
correría a cargo del Estado, dando por hecho que se cubriría con
dinero público. Para acabar, el organismo público les advierte de que seguirá
sin hacer la transferencia de 340.000 euros si no presentan las cuentas, ya que
"se advierte de la imposibilidad de realizar las actuaciones pendientes de
comprobación contable y control financiero".
El Tribunal de Cuentas ya
alertó en un duro informe en 2016 de
que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de
deficiencias contables en el Valle. En 2017 y con Rajoy todavía en la
Moncloa, Patrimonio Nacional asumió parte de esas recomendaciones y acordó que
en 2018 se presentara un presupuesto completo, algo que, después de 60 años
recibiendo dinero público, los religiosos aún no han hecho.
El prior Santiago Cantera no
ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este requerimiento.
El lenguaraz Rafa Hernando vuelve a meter la pata
Tremendo corte de Pablo Iglesias a
Rafa Hernando a costa del Partido Comunista Chino
Por
noviembre 26, 2019
Spanish Revolution
El ex portavoz del Partido Popular quiso relacionar a Unidas Podemos con la represión en China.
Rafael Hernando llevaba un tiempo callado y ha querido llamar hoy la atención. El que era portavoz del Partido Popular y ahora senador por el Almería ha publicado un tuit en el que expone de forma un tanto extraña su disconformidad con el pacto de Gobierno entre el PSOE y Podemos. No se lo pensó demasiado, porque el corte que se ha llevado ha sido de aúpa.
«La represión en China es consustancial al Régimen comunista: el control y la eliminación del disidente o discrepante. Antes fue la URSS y ahora Venezuela, Cuba o Nicaragua Todos ellos admirados profundamente por los @Pablo_Iglesias_ y @agarzon de turno Los socios de ZPEDRO», criticó Hernando.
A esta acusación ha respondido, no sin sorna, el secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha referido a la publicación de Hernando refiriendo una noticia del medio Infolibre titulada «El PP encuentra un aliado: el Partido Comunista Chino».
«Querido @Rafa_Hernando el único
partido que en España tiene firmado un memorándum de “entendimiento,
intercambio y colaboración” con el Partido Comunista Chino es el PP», ha
indicado Iglesias a Hernando.
El artículo en cuestión se refiere a
que el PP firmó un «memorándum de entendimiento, intercambio y
cooperación entre el PP de España y el Partido Comunista de China con Wang
Jiarui, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino y ministro del Departamento Internacional del PCCh». Hernando debería
informarse mejor antes de levantar el dedo acusador.
El sacerdote y Santa Pedofilia, la violada niña de 14 años y su puta madre.
El
sacerdote que será juzgado por abusar de una niña siguió como profesor de Ética
y Moral en Toledo tras las denuncias
José Luis
Galán está acusado de tocar, abusar y penetrar a una chica que tenía 14 años y
de la que era director espiritual. Además, el religioso tenía una relación
amorosa con la madre de la víctima
El
arzobispado lo mantiene como cura aunque le ha quitado misas oficiales, lo
mantuvo varios meses como profesor después de la denuncia penal y
canónica y lo trasladó como capellán de una veintena de monjas de
clausura, donde continúa
Un juzgado
de Talavera ha decretado que se le procese, tras ver los indicios que apuntan a
que abusó de la chica durante tres años en el despacho parroquial, donde citaba
cada quince días a la menor, que padece anorexia y ha intentado suicidarse
26/11/2019
eldiario.es
El auto de procesamiento del
sacerdote José Luis Galán relata que estuvo presuntamente abusando de una chica
de 14 años en Toledo, entre enero de 2011 y junio de 2013, cada quince días,
"en su despacho parroquial" en la iglesia de San Ildefonso, según
recoge como indicios el juzgado de Talavera de la Reina que ordena que se le
juzgue y adelantó El País. La llegó a penetrar en 2014, tras
organizarle un exorcismo, según los hechos descritos durante la fase de
investigación judicial. Aprovechando que era el director espiritual del colegio
de la chica, le instó a dar clases a solas para que no "perdiera horas
lectivas", a puerta cerrada con llave, donde se produjeron supuestamente
tocamientos, penetración y agresiones físicas. El sacerdote ha tenido siempre
el apoyo de la madre de ella, con la que tenía una relación sentimental, según
el propio cura admitió ante la justicia durante su declaración.
El pasado 6 de noviembre, el
juzgado de instrucción número 4 de la localidad manchega ordenó que se abra
juicio oral y se juzgue a Galán como presunto autor de un "delito de abusos sexuales", tras describir cómo empezó
todo, en enero de 2011, cuando estaban en el despacho y él le pidió un beso,
ella se negó y el sacerdote "le
gritó besándola y pidiéndole que se quitara el sujetador, le tocó el pecho y
luego le dio una bofetada y la llamó puta", para más tarde "pedirle
perdón y darle un abrazo para calmarla".
Fue el primero de otros
abusos descritos en el escrito judicial: "le
tocó el cuerpo", "el clítoris", "la vagina", la
llamaba "hija de puta", a veces le pegaba, la "penetró" y
la obligó a "chuparle el pene" en los dos encuentros mensuales a los
que ella asistió, animada por su madre para que reforzara su
espiritualidad. La chica, con varios intentos de suicidio y anorexia
diagnosticada -una enfermedad que el informe del Instituto Forense ve
compatible con un capítulo de abusos- denunció tres años después. Fue tras una
visita a su médico psiquiatra, donde ella fue consciente y contó por primera
vez que había sido víctima de abusos sexuales.
Cartas al Vaticano
Además de la denuncia penal,
que se interpuso después del verano de 2017, la víctima escribió sendas cartas
al Papa Francisco y al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe del
Vaticano, el español Luis Ladaria. En ellas, relataba lo sucedido, por lo que
la Santa Sede ordenó al Arzobispado de Toledo abrir una investigación y
remitírsela. Esas cartas al Papa se escribieron en octubre de 2017, y apenas un
mes antes el sacerdote José Luis Galán había sido nombrado profesor
adjunto a Cátedra por tres años en el Instituto Teológico San Ildefonso, en el
que ya era profesor desde 2009, cuando se incorporó para impartir Teología
Moral. Pese a que se había presentado tanto la denuncia penal como la
canónica a través del Vaticano, el sacerdote ahora procesado continuó
dando clases hasta enero de 2018 en el centro, que imparte bachillerato en
Teología y un máster. Concretamente, Galán fue ese curso escolar profesor de
Moral y Teología, Ética y Moral y Doctrina Social de la Iglesia, según consta en las horas
lectivas recogidas en las memorias del centro de ese curso. En ese centro católico hay alumnado masculino y femenino que ha
acabado la selectividad y que inicia los estudios teológicos. A día
de hoy, Galán sigue figurando como profesor en el centro, aunque no tiene
asignadas horas docentes desde enero de 2018, según señalan fuentes del
arzobispado de Toledo. El director del instituto teológico, Francisco María
Fernández, confirma este punto y recalca a eldiario.es que Galán está en
"suspensión forzosa hasta que no se aclare su situación judicial. Hasta
ese momento no podrá asistir a clase ni participar en ninguna actividad del
instituto".
Otra de las medidas que
tomó el arzobispado de Toledo fue quitarle el oficio de misas, aunque
puede seguir haciéndolo en ceremonias íntimas si quiere, puesto que sigue
siendo cura porque no se le ha revertido la condición de sacerdote a la espera
de una sentencia. También decidieron quitarle de capellán de un centro
sanitario. Sin embargo, se le envió en enero de 2018 como capellán a un
convento de clausura, el Santiago Apóstol de Toledo, donde continúa a día de
hoy, según consta en un informe de
la iglesia de este mismo año. Allí viven una veintena de monjas con
voto de obediencia y silencio a las que ahora les han puesto como sacerdote
principal a este religioso que será procesado por abuso sexual.
La jerarquía eclesiástica
toledana acabó su informe interno, para lo que llamó a declarar a la chica en
verano de 2018, al párroco y algún testigo más que no ha sido precisado, y
envió de vuelta el caso al Vaticano, que de momento no se ha pronunciado sobre
el caso ni ha impuesto pena alguna.
Desde el arzobispado de Toledo
señalan a eldiario.es que no van a hacer pública la investigación interna y que
"hasta que no haya resolución canónica o civil, por respeto a todas las
partes, tanto a la denunciante como al acusado", no van a hacer declaraciones
ni sobre el presente ni el futuro del sacerdote que, según el auto de
procesamiento, también organizó un exorcismo para la chica, con permiso de la
madre y que llevó a cabo otro sacerdote, ya que pensaban que "tenía un
demonio dentro".
Al día siguiente del exorcismo,
Galán la citó de nuevo en su despacho, "le metió los dedos en la vagina,
la penetró" y le "pegó con el cinturón". Tras esa agresión, que
fue la última que relata el auto, ella "no volvió más al despacho
parroquial". Era verano de 2014 y la chica, enferma de anorexia (había
ingresado en un hospital por este motivo por primera vez el año anterior) y con
un historial de más de una decena de intentos de suicidio desde entonces, se
empezó a tratar de sus problemas médicos, donde afloraron los presuntos abusos
sexuales que ahora se van a juzgar.
El protocolo antiabusos de la
iglesia española sigue congelado a la espera de que el Vaticano se pronuncie
sobre las líneas guía y después de que falleciera el obispo de Astorga, que iba
a estar al cargo de la comisión contra la pederastia. Lo que ya se sabe es que el borrador aprobado por la
Conferencia Episcopal no contempla obligar a las diócesis a
pagar indemnizaciones a los supervivientes o a abrir sus archivos a
investigaciones independientes.
martes, 26 de noviembre de 2019
Homosexuales perseguidos y condenados en el franquismo
españa
Homosexuales en el franquismo perseguidos y condenados por peligrosos
El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo
Portilla Contreras, acaba de publicar el libro 'Derecho Penal franquista y
represión de la homosexualidad como estado peligroso'.
3/11/2019
Olivia Alonso
Heraldo
El catolicismo extremo del franquismo
salvó de la castración y la esterilización a los homosexuales, cuyo
"estado peligroso", sin embargo, fue perseguido y penado con
privación de libertad y destierro, de acuerdo a las Leyes de Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social
aplicadas en base a informes forenses.
Así lo ha relatado el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén,
Guillermo Portilla Contreras, quien acaba de publicar el libro 'Derecho Penal franquista y
represión de la homosexualidad como estado peligroso' (Ministerio
de Justicia). Un trabajo de más de 500 páginas en el que Portilla explica cómo funcionaba la persecución
penal de los homosexuales, estudia la labor de los jueces, el
contenido de los expedientes y hasta el concepto mismo de
"homosexualismo" que manejaban los tribunales.
¿Por qué ahora este libro sobre
la represión de la homosexualidad en el franquismo?
Me interesa mucho el Derecho
Penal de autor, el que sancionaba a las personas por lo que eran y no por lo
que hicieran, como es el caso de la condición sexual. Además, trabajo en el
Derecho Penal y la Memoria Histórica desde 2005 y me dio la impresión de que no
se había estudiado la represión de la homosexualidad. Aparte de la parte penal,
me interesaba la represión en base a medidas de seguridad.
¿Qué leyes ampararon esta represión?
Primero se utilizó la Ley de
Vagos y Maleantes republicana, que en 1954 incorporó el estado peligroso de la
homosexualidad. Así, el Derecho Penal actuaba de dos formas: a través del
delito que hubieran cometido los homosexuales y a través de la peligrosidad
social del homosexual por serlo. Los sancionaban con medidas de seguridad
de 1 a 3 años de privación de libertad y cuando los habían cumplido eran
desterrados de la ciudad en la que vivían. A su regreso se les aplicaba la
libertad vigilada y los delegados de Gobierno, en principio encargados de
conseguirles trabajo, se encargaban de comunicar a posibles empleadores que
aquella gente eran pederastas, que era terminología que se utilizaba en ese
momento. En 1970 esa ley es sustituida por la de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, que se prolonga hasta 1995.
¿Por qué se sabe tan poco de esta represión penal?
Nuestra Ley de Patrimonio
Histórico no permite sacar los documentos hasta que han transcurrido 50 años
desde la firma de los mismos, por lo que hasta hace muy poco no los hemos
podido sacar a la luz. Hoy en día, aun no se pueden publicar los expedientes de
Peligrosidad.
En el Archivo Histórico de Aragón
¿Cuántos homosexuales sufrieron esta represión franquista?
Es imposible
dar una cifra porque no hemos podido trabajar en todos los archivos. Por
ejemplo, en Zaragoza, el Archivo Histórico de Aragón todavía no contiene estos
expedientes y en Valencia se han destruido una gran parte de los documentos de
la Guerra Civil y no se encuentran los referentes a los homosexuales.
¿Qué más problemas ha afrontado para la redacción y publicación de
este libro?
El libro ha
estado cinco meses en un cajón porque Protección de Datos se negaba a que se
publicaran los nombres de jueces y forenses. Por mi parte, he sido muy
meticuloso y he borrado los nombres de los homosexuales o los calificativos que
les aplicaban policías y guardias civiles, tipo 'Luisa la guapa', para que
nadie les pueda reconocer. Por eso, también he quitado las referencias a los
lugares en que fueron detenidos.
¿Cuál fue el papel de los forenses?
En la
represión penal se sustituyó el pecado -que perseguía la actividad sexual sin
reproducción, la masturbación y el bestialismo-, por la enfermedad. La
psiquiatría comenzó a perseguir a los homosexuales para curarlos. En ese
momento aparecen los forenses, que emitían unos informes, casi todos morfológicos,
basados en un análisis superficial del ano. En función de los pliegues definían
si era pederasta activo o pasivo. Curiosamente al activo no solían condenarlo
porque hacía el papel del hombre en la relación sexual, mientras que al pasivo,
que cumplía el de la mujer, sí. Los forenses le ponían muy fácil la
condena a los jueces, que, en la mayoría de los casos, repetían los argumentos
de los primeros.
¿Qué terapias proponían para
"curar" la homosexualidad?
La castración quirúrgica, la
química, la lobotomía, el electroshock, o descargas eléctricas. No he podido
demostrar que ninguna de esas terapias se llevaran a cabo en los campos de
concentración de Miranda de Ebro (Burgos) y Nanclares de Oca (Álava), en las
colonias agrícolas en las que eran recluidos (como la de Fuerteventura) o en
las cárceles. Pero sí he podido confirmar que en los psiquiátricos,
fundamentalmente en el Frenopático de Barcelona, sí se aplicaron.
Principalmente pagadas por los padres y con el consentimiento del homosexual
para acabar con esa "enfermedad".
Comenta que hay que agradecer al catolicismo extremo del
franquismo el que no se aplicaran en España ni castraciones ni esterilizaciones
a los homosexuales.
Juan Antonio Vallejo
Nájera, que era el psiquiatra de Franco, defendía la eugenesia, pero no la
física sino la moral, para crear una súper casta española, una nueva raza de
los mejores. Pero estaba en contra de la castración y de la esterilización.
Sin embargo, Antonio Sabater
Tomás -juez de Vagos y Maleantes de Cataluña y posteriormente también de
Peligrosidad Social en esa comunidad- sí defendía la castración química y
física, pero no llegó nunca a aplicarse (salvo en las excepciones comentadas,
por decisión familiar y consentimiento del afectado).
¿Quién denunciaba a los homosexuales?
El proceso se iniciaba con la
denuncia de un tercero (policía o guardia civil entre otros). Durante 5 días el
acusado podía proponer pruebas en su descargo y designar procurador y letrado.
Posteriormente (el día siguiente por lo general), el juez emitía un auto en el
que se daba por recibida la denuncia y en un máximo de tres días se decretaba
la prisión preventiva. Tras los informes pertinentes, el fiscal valoraba el
"estado peligroso de homosexualidad" y solicitaba las medidas de
seguridad que se tenían que aplicar hasta que, finalmente, llegaba la
sentencia.
¿Han sido recompensados los homosexuales por esta represión?
Es la gran deuda pendiente. Eran
presos comunes y no fueron beneficiados ni por indultos ni por las leyes de
amnistía, como sucedió con los políticos.
En una medida adicional a una
Ley de Presupuestos se les reconoció una indemnización, que solo reclamaron 116
personas. Supongo que muchos no se enteraron o no la pidieron porque se
consideraban indignos y sus familias nunca supieron que habían cumplido esas
penas, por lo que habría que iniciar de nuevo una campaña para que se les
reconozcan sus derechos.
Respecto al lesbianismo, solo aparece una condena. ¿Por qué?
He encontrado solo una sentencia
de 1968 de una chica que detienen vestida de hombre en Barcelona. En España no
se aceptaba que la mujer pudiera tener relaciones con otras porque se salía de
nuestro pensamiento. Pero yo creo que no se la persiguió por el delito de
homosexualidad sino que se las condenó por el estado peligroso de prostitución
o por el mismo concepto de vagancia o de comisión de delitos. Como los archivos
no están catalogados, es muy difícil saber que número de personas fueron
condenadas por cada uno de esos delitos peligrosos.
lunes, 25 de noviembre de 2019
Su Eminencia saca los pies del tiesto
El cardenal Cañizares
afirma que si no hay libertad de elección de centro educativo "volvemos a
la dictadura"
Javier Ortega Smith: Una mala persona
Javier
Ortega Smith
Una
mala persona, un indecente, un miserable…
Nadia
Otmani, la superviviente de violencia machista que se ha enfrentado a Ortega
Smith: "Están declarando la guerra a las mujeres"
Su cuñado le
disparó cuando intentaba defender a su hermana de una agresión en 1998, y ahora
dirige la asociación de mujeres Al Amal
Otmani,
natural de Marruecos, ha interpelado entre lágrimas y gritos al portavoz de
Vox, Javier Ortega Smith, tras un discurso que negaba la violencia de género en
un acto institucional
"Están
declarando la guerra a las mujeres y no es el momento de la guerra",
asegura en una entrevista con eldiario.es
25/11/2019
eldiario.es
Nadia Otmani es de Marruecos,
pero lleva varias décadas viviendo en España. El primer acontecimiento que la
ligó a este país fueron los tiros que le dio la expareja de su hermana cuando
intentó defenderla de una agresión en una visita a Madrid. Veinte años después
de aquel episodio, que la dejó en silla de ruedas, Otmani se ha enfrentado al
portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, en un acto institucional del Ayuntamiento
de Madrid contra la violencia de género que el partido de extrema derecha ha
intentado reventar.
Su rostro, enfadado y al borde
de las lágrimas por la rabia, se ha visto en todas las televisiones. "Con
la violencia de género no se hace política", le ha espetado una vez que
Ortega Smith ha bajado del escenario y ha tomado asiento en el patio de
butacas.
Otmani es presidenta de la
asociación de mujeres Al Amal, una entidad que presta apoyo a las mujeres
marroquíes que aterrizan en España. "No me he podido aguantar. No pueden
venir aquí a reventar este acto de conmemoración, no hay derecho. Es una
provocación en toda regla", dice en una entrevista con eldiario.es unos
minutos después del episodio. Para Otmani, Vox "está declarando la guerra
a las mujeres". "Y no es el momento de la guerra", añade.
Esta marroquí afincada en
España asegura que se siente agredida por Vox por varios costados: por su
condición de mujer y también por la de migrante. "Siempre están atacando a
la inmigración, estamos aquí. Nuestros hijos son el futuro de España. Las
mujeres migrantes que están trabajando en el barrio de Salamanca, las que le
atienden a él, están sin papeles", critica Otmani, que condena que
"consigan votos con la inmigración".
Otmani defiende que han
atendido a muchas mujeres, "también a mujeres de Vox", acota, en la
asociación que preside. "Estamos ayudando a muchas víctimas con nuestro
granito de arena en puntos de violencia de toda a la Comunidad de Madrid. Hemos
perdido a muchas... Si cuento cuántas y cuántos se han quedado huérfanos...
Asistimos a muchos de ellos en la asociación", afirma sin poder reprimir
las lágrimas.
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