Los jueces acusan a
Catalá, Villalobos, Inda y Marhuenda de acoso contra la jueza ‘de los
ordenadores de Bárcenas’
Las asociaciones de magistrados también se quejan del “clamoroso silencio
del CGPJ” ante las presiones que están ejerciendo sobre la magistrada
Aurora Moya
Mar, 2 Ago
2016
Desde las “intolerables”
manifestaciones del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre
si existe concurrencia o no de infracción criminal, las “más graves
manifestaciones” realizadas en prensa por la diputada por el Partido Popular Celia
Villalobos a los exabruptos de los periodistas Francisco Marhuenda y Eduardo
Inda, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha hecho
público su enfado por el acoso a la jueza Rosa María Freire.
La magistrada ha osado proponer procesar al PP por el asunto del borrado de los
ordenadores de Bárcenas lo que también ha provocado el desacuerdo del fiscal.
Tanto la AJFV como Jueces para la Democracia reclaman que el Consejo General
del Poder Judicial rechace las presiones.
¿Será
posible que el PP no tenga un momento de tranquilidad? Si no fuera poco con la
que le está cayendo políticamente hablando y con el juicio de la primera pieza
Gürtel que empezará el 4 de octubre con el desfile de militantes y altos cargos
por la Audiencia Nacional, la propuesta de la jueza Rosa María Freire de
que los populares sean procesados como persona jurídica por
el borrado de los ordenadores de Bárcenas ha venido a trastornar más
las cosas para los de Rajoy. Ante tal desaguisado la
maquinaria se ha puesto en marcha. Mención aparte de la Fiscalía que ha
recurrido este lunes contra el auto de la jueza quien señala a tres empleados
(entre ellos la tesorera) para ocupar el banquillo, las críticas a su labor
judicial han arreciado…desde los entornos próximos al partido.
Políticos, tertulianos… todos contra
Freire
Así lo
señala con indignación en un comunicado la Asociación Judicial Francisco de
Vitoria que dice: “Nuevamente asistimos, como ya viene siendo costumbre, a manifestaciones
efectuadas por personas con importantes responsabilidades políticas y por
periodistas y tertulianos en medios de comunicación que, haciendo
directa referencia a la labor de jueces de instrucción a los que corresponde,
por aleatorio reparto de asuntos, conocer de causas penales con implicaciones
políticas”.
Los jueces
de AJFV señalan que esas personas “se inmiscuyen en aspectos de
su vida personal, ofreciendo datos poco contrastados cuando no simplemente
falsos para así lograr poner en tela de juicio la imparcialidad de
dichos profesionales, atacando de forma directa a su independencia”.
“En esta
ocasión tal proceder ha afectado a nuestra compañera Dª. Rosa María Freire
Pérez, titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, a quien le ha
correspondido por turno de reparto instruir una causa en la que se halla
encartado el Partido Popular y cuyas últimas resoluciones han tenido
repercusión en los medios de comunicación”, continúan.
Intolerable lo de Catalá
La
Asociación califica de “intolerable y poco ajustado a las exigencias de un
Estado de derecho del ámbito europeo” que el ministro de Justicia del Gobierno,
actualmente en funciones, realice manifestaciones públicas opinando "sobre
la concurrencia o no de infracción criminal en unos hechos que se están
instruyendo en sede judicial”.
“Tales
manifestaciones - expresan- contravienen las más elementales
normas de prudencia y respeto al principio de separación de poderes y a la
independencia judicial que cabe exigir a tan alto responsable político,
constituyendo una conducta que en cualquier país de nuestro entorno habría dado
lugar a una seria reprobación política y social”.
Y lo de Villalobos aún más grave
Todavía más
graves son, son para esta Asociación “las manifestaciones realizadas en un
medio de comunicación por la Diputada por el Partido Popular Dª. Celia
Villalobos, que, criticando de manera abierta las decisiones adoptadas por la
Jueza de Instrucción nº 32 de Madrid en la instrucción de la causa antedicha,
atribuye su sentido a la existencia de una relación de parentesco entre la
misma y una persona perteneciente a un partido político de diferente signo”.
“Desde luego mueve
a risa echarle la culpa al primo del juez pero no por ello dejan de
ser afirmaciones que, expresadas en un medio público por una Diputada nacional,
pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad de Dª. Rosa María Freire
Pérez, afectando a su dignidad personal y profesional”, reprochan.
Completando Inda y Marhuenda
Para
completar el panorama de exabruptos, se refieren a dos de los habituales
tertulianos aparentes puntales del partido de Mariano Rajoy: “se complementan
con las intervenciones en el programa de televisión La Sexta Noche de
los periodistas D. Francisco Marhuenda y D. Eduardo Inda, atribuyendo a Dª.
Rosa María Freire Pérez una inexistente relación de amistad íntima con un vocal
del Consejo General del Poder Judicial al que se le imputa una procedencia
política de diferente signo al Partido Popular”.
“Este Comité
Nacional quiere expresar su más contundente rechazo a la cada vez más extendida
práctica de atacar en el terreno personal a los jueces que realizan de forma
profesional y discreta su trabajo con plena sujeción al ordenamiento jurídico
vigente por el simple hecho de conocer de causas con relevancia mediática y que
guardan relación con la actividad política o con los actores de la misma”, aseveran.
Muestran su
apoyo a la jueza Freire, de la que dicen que “durante una dilatada
carrera ha mostrado la más elevada capacidad y disposición para el
desempeño de su trabajo en todos los puestos de responsabilidad que por su
cargo ha ocupado”. Y añaden: “consideramos inaceptables los ataques a su
independencia y a su imparcialidad y absolutamente reprobables las referencias,
muchas inexactas, a cuestiones estrictamente personales que corresponden a una
esfera de su privacidad que debe ser respetada”.
¿Y el Consejo General del Poder
Judicial?
La
asociación Judicial Francisco de Vitoria señala también “la cada vez más
generalizada situación de acoso a los jueces en el desempeño de su labor
profesional”. Y exigen “al Consejo General del Poder Judicial que,
en defensa de los más elementales principios de respeto a la independencia del
poder judicial, y en garantía del necesario sosiego de que deben disfrutar
quienes han de adoptar cotidianamente decisiones de gran relevancia y
responsabilidad, otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y
magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.
Añaden que
también el CGPJ debe procurar que “el respeto a nuestro quehacer profesional
sea equivalente al de los países europeos con democracias de calidad”.
La crítica
al órgano máximo de gobierno de los jueces es también la de la asociación
progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Ignacio
González de Vega manifestaba a ELPLURAL.COM que “es clamoroso
el silencio del Consejo sobre un tema que atañe a la independencia
judicial y a las presiones sobre los jueces”. “Es que incluso las declaraciones
desacertadas de algunos dirigentes políticos, incluso con sesgo machista,
diciendo que familiares de la jueza son los entendidos en informática… son una
forma de presión”, explicó. Para JpD “se está poniendo en cuestión la confianza
de los ciudadanos en las instituciones judiciales”.
