Alberto Kenya Fujimori
Fujimori, el “Chino”
El polémico indulto a Fujimori: por qué cumplía 25 años de prisión
Fue condenado por dos matanzas y dos
secuestros, crímenes de lesa humanidad por los que no ha pagado ni la mitad de
su pena.
27/12/2017
ElHuffPost
En un vídeo difundido este lunes en su cuenta de
Facebook, el expresidente peruano Alberto Fujimori dio las gracias al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski
por haberle otorgado el indulto que le evitará cumplir su condena de 25 años de
cárcel por delitos de lesa humanidad. Desde su habitación en un hospital de la
capital, el exmandatario dijo literalmente: "Soy consciente que los
resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero
reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos
les pido perdón de todo corazón".
La decisión de
Kuczynski ha sido un mazazo para el país. El presidente ha defendido en un
mensaje televisado a la nación el indulto a Fujimori como forma de "pasar
página". El mensaje iba dirigido a los ciudadanos que, desde hace dos
días, se manifiestan en las calles, recordando que la pena de Fujimori fue
ratificada en 2010, por "homicidio calificado, secuestro agravado y
lesiones graves". Demasiado contundente para salir libre, denuncian.
Fue n tribunal
compuesto por tres jueces quien lo envió a prisión por ordenar a un escuadrón
de la muerte, conocido como el Grupo Colina, llevar
a cabo dos masacres. Una en 1991, en la zona de Barrios Altos, en Lima, y la
otra en la Universidad de la Cantuta, también en la capital, un año más tarde.
Ambas acabaron con 25 personas asesinadas. La justicia encontró culpable al
expresidente, además, de participar en los secuestros del periodista Gustavo
Gorriti y del empresario Samuel Dyer, que tuvieron lugar igualmente en el año
negro de 1992.
La sentencia que lo
mandó a prisión se dictó el 7 de abril de 2009 y era la primera que un
mandatario de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio estado por
crímenes de lesa humanidad, que fue como los catalogaron los jueces. Fujimori
ha llegado a cumplir la mitad de su pena, antes de que le lloviera del cielo
este polémico indulto. Su perdón no calma la calle.
Los crímenes de los
que se le acusaron sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú, en el
que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso. En
eso se apoyó el gabinete para defender su actuación, que desde luego ni la ONU
le disculpa.
¿QUÉ
PASÓ EN BARRIOS ALTOS?
El 13 de noviembre de
1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un apartamento del
distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio
Presidencial. Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a
conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de
uno de los integrantes difundido por la BBC, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero
Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de
que el propósito real era matarlos. Los enmascarados dispararon contra los
asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de ocho años— e hiriendo
gravemente a cuatro.
Sin embargo, esta
matanza fue "un error". Hubo mala información de inteligencia que
hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo
insurgente y matara a civiles inocentes, sin relación alguna. El mismo testigo
describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron
en la playa horas después de la matanza.
¿Y EN LA CANTUTA?
La segunda matanza se
produjo en la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando miembros del Servicio
de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo
(DINCOTE) -la mayoría miembros del Grupo Colina-, forzaron su entrada en las
residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique
Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en
respuesta a la explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días
antes por Sendero Luminoso, uno de los ataques más mortales de una campaña de
atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de
200 heridos.
En La Cantuta, las
tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron
bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la
fuerza.
Entretanto, un grupo
de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el
registro de la propiedad, también se lo llevaron. Según la Fiscalía que
investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos
forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había
quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En
1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
LOS
SECUESTRADOS
Gustavo Gorriti es un
periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el
gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha
organización. También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una
serie de artículos en la revista Caretas
donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en
particular a Vladimiro Montesinos, el "hombre fuerte" de
Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y
2000.
En reacción a los
artículos, el 6 de abril, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa
y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió
durante el llamado fujimorazo o autogolpe, una crisis constitucional en
la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti
alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La
presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de
detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EEUU y luego en
Panamá.
El 27 de julio de
1992, por su parte, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de
Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos. Sin orden judicial, fue impedido de
abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración
donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado
violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE),
donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta
colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue
sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas,
hasta que no tuvieron forma de encontrar "vínculos terroristas".
La SIE lo sacó
subrepticiamente de su sede y lo dejó en una calle y lo "hizo huir".
Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México, en Lima, y poco después
salió a EEUU con su familia.
Varios militares
recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo
Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
