El Estado permite desde 1983 que

 los monjes sigan en el Valle de los

 Caídos en contra de lo que fija la

 normativa legal

Los religiosos pueden estar en el complejo monumental siempre y cuando cumplan una serie de obligaciones, entre ellas dirigir el Centro de Estudios Sociales, que debe tener incluso "becarios pensionados"

Patrimonio Nacional reconoce que dicho Centro lleva casi cuatro décadas sin tener una "actividad continuada" y tampoco dispone de información alguna sobre su Junta Rectora, ni sobre los planes de estudio anuales

infoLibre ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener información sobre el Valle de los Caídos que le negó Patrimonio. Esta es la primera entrega de una serie de cinco reportajes sobre el tema

Álvaro Sánchez Castrillo

24/10/2021

InfoLibre

Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello

InfoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. InfoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.

LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS MONJES

Más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, el mausoleo continúa funcionando apoyado sobre una armadura jurídica forjada durante el franquismo, una estructura normativa que la nueva Ley de Memoria Democrática tiene previsto reformar tras su aprobación definitiva. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, suscrito por Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno– y que fija los derechos y obligaciones de los monjes mientras custodien el complejo. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.Entre sus obligaciones, la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados", así como "seguir al día el pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones", recopilar "la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia", llevar a cabo "la redacción y, en su caso, la divulgación de aquellos trabajos que sobre materias sociales realice el centro" o preparar los documentos e informes que le sean encargados "en orden a los problemas sociales". Para ello, el decreto-ley de 1957 recogía la creación de una Junta integrada por diferentes ministros –Presidencia, Educación Nacional, Justicia y Trabajo– y autoridades religiosas –entre ellas, el Obispo de Madrid-Alcalá– que, anualmente, debía elaborar un plan de estudios y trabajos del centro. Documento de obligado cumplimiento para la Abadía benedictina.

Pero el CES lleva casi cuatro décadas muerto. Y el Estado lo sabe. "Dicho Centro de Estudios Sociales dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señala Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a infoLibre. Y añade que "en cumplimiento de los fines fundacionales", el CES "prosigue su actividad en el terreno del estudio y la investigación". ¿Cuáles han sido en los últimos años, entonces, los planes de estudios y trabajos que, según el decreto de 1957, tiene que elaborar anualmente la Junta en relación con el centro y que guían su actividad? InfoLibre ha solicitado copia de los mismos y ha pedido conocer la composición actual de dicho órgano, cuyo presidente, según fija la ley, es designado por la Fundación de la Santa Cruz, el ente que el consejo de administración de Patrimonio Nacional administra provisionalmente. Sin embargo, el organismo público no tiene esos datos. "No dispone de información sobre los planes de estudio, sino tan solo de algunas actividades realizadas por el mismo", señalan en un informe aportado en el proceso judicial que planteó este periódico.

¿Cómo se cumplen entonces los fines fundacionales? "Facilitando consultas a investigadores en la biblioteca y archivo del CES y participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones", señala el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.

Pero eso no es lo que dice la normativa legal. No hay ni rastro de la Junta Rectora, ni de los planes anuales de estudio y trabajo, ni de los becarios pensionados, ni de las publicaciones regulares. Todo ello de existencia obligatoria de acuerdo con la estructura jurídica aprobada a finales de los años cincuenta del siglo pasado.

LA REALIDAD DEL CENTRO

Es más, ni siquiera los religiosos esconden la realidad del Centro de Estudios Sociales, aunque culpan de ello a la Administración. "Cuando el Gobierno decidió cerrarlo en 1982 no tuvimos el menor problema en dejarlo, aunque sí dolor y tristeza por lo que había significado. Porque esos estudios también contribuyeron al sentido de la reconciliación que tenía este lugar, y que no son palabras que están escritas o ideas que se aportan ahora, sino que pertenecen a la misma esencia de su fundación. El trabajo de casi 25 años y su compilación en 60 volúmenes está ahí. Pero de todo esto nadie quiere acordarse tampoco, como si nunca hubiera pasado", explicaba en 2007 el entonces abad, Anselmo Álvarez, al diario Abc.

El historiador Julián Casanova estuvo allí. Y contó su experiencia en noviembre de 2007 en un artículo en El País. "Un conserje me indicó que no había allí ninguna biblioteca y, como insistí y le recordé que estábamos en un recinto custodiado por el Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que ir a hablar con los monjes benedictinos. Pregunté en la abadía por el bibliotecario, quien, tras una breve conversación sobre los fondos disponibles, me acompañó a la Hospedería y le pidió la llave de la biblioteca al conserje. La biblioteca, que contiene miles de libros de historia y sociología, huele a cerrado y abandono", relataba.

Es cierto que desde la Abadía se han impulsado algunos cónclaves centrados en el estudio social. Por ejemplo, en septiembre de 2019, el prior administrador, Santiago Cantera, impartió en el complejo monumental el "Curso de Historia de la Doctrina y de la Acción Social de la Iglesia". El problema es que la normativa que regula la permanencia de los monjes es bastante clara en relación a las actividades del centro, que en ningún momento quedan reducidas a la participación en unas jornadas o a facilitar consultas. Se debe "seguir al día" la "evolución del pensamiento social en el mundo" y mantener actualizada "una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social", llevando a cabo la "redacción" y "divulgación" de aquellos trabajos sobre materias sociales que se realicen en el CES.

SUSTITUCIÓN POR OTRA ORDEN RELIGIOSA

Buena parte de esos estudios forman parte del fondo bibliográfico de Patrimonio Nacional. Así, el organismo conserva en la actualidad, según su propia base de datos, títulos como Situación y revisión contemporánea del marxismo (1966), La familia española (1967), Juventud y formación religiosa (1974) o La concentración urbana en España: problemas demográficos, sociales y culturales. El más reciente disponible, Acción Social de la Orden Benedictina, está fechado precisamente en 1982.

A pesar de que el Estado ha sido siempre consciente de que el Centro de Estudios Sociales lleva sin tener actividad continuada desde 1983, los diferentes Gobiernos liderados por PSOE y PP nunca han actuado para que se cumpliese la normativa vigente, o para cambiarla en caso de que considerasen que la actividad del CES ya no debería figurar como una de las obligaciones exigidas a los monjes para permanecer en el Valle de los Caídos. Y es algo que, con la ley en la mano, debería haber hecho. Así, el decreto de 1957 establece que la Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". "Caso de incumplimiento, el Patronato dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra orden o instituto de la Iglesia", sentencia la ley.

Sin embargo, el Centro de Estudios Sociales no ha sido la única cuestión en la que el Estado ha preferido mirar hacia otro lado. De hecho, como ha podido averiguar este diario, Patrimonio Nacional no ejerció en democracia el necesario control sobre otras tantas obligaciones que tenían los monjes de Cuelgamuros, a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto expulsar del complejo monumental en cuanto salga adelante la nueva Ley de Memoria Democrática que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Es decir, no supervisó correctamente que se estuviera cumpliendo lo que marca la ley que regula el funcionamiento del complejo monumental. La explicación de todo ello será el eje de una próxima entrega de la serie que hoy inicia infoLibre.

 

 

Efemérides

Benito Mussolini y Juan Carlos I

El 30 de octubre fue un día relevante para ambas personalidades, ya que en 1922 Víctor Manuel III nombró primer ministro a Benito Mussolini y en el mismo día, pero de 1975, Juan Carlos asumió de modo interino la jefatura del Estado español por enfermedad de Francisco Franco.

 Santa Pederastia

 Transparencia

 Justicia

 Crisis

 

Las 454 páginas de la vergüenza

Lo que significa la condena a Bárcenas y al PP por la

 reforma de la sede de Génova

Antonio Ruiz Valdivia

28-10-21

ElHuffPost

454 páginas de sentencia… y un fallo demoledor de la Audiencia Nacional: la reforma de la sede del PP en la calle Génova se pagó en b, por lo que se condena a dos años de cárcel a Luis Bárcenas y al PP por responsabilidad subsidiaria. El Partido Popular, que siempre se ha vendido como el del orden, financió en negro las obras dentro de su propia casa.

Esto significa que la corrupción estaba dentro de la misma sede, con Luis Bárcenas pagando en negro y con una caja B. Sí, una caja B. Es la segunda sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce la existencia de la misma. A escasas plantas de los líderes, bajo el mismo techo. La Audiencia ya dio por probada su existencia en el fallo sobre la primera época de Gürtel (que fue el detonante de la posterior moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa), y lo vuelve a hacer ahora en la pieza dedicada a los papeles del extesorero y las obras en Génova 13.

La sede del PP es ahora mismo el mayor símbolo de la corrupción política. El propio PP lo sabe y, por eso, decidió mudarse tras la debacle de las elecciones catalanas de febrero. Está todavía en ese proceso, no se ha terminado la operación y aún se desconoce cuál será su nueva morada. Pero en esa sede, hoy denostada, hace apenas cinco meses Pablo Casado se asomaba al balcón junto a Isabel Díaz Ayuso.

Este jueves la nueva dirección del PP guarda silencio, como ya avisó que haría, y no piensa dar explicaciones. Dicen que son cosas del pasado, pero allí mismo está sentado Casado ahora mismo y no corresponde a épocas muy lejanas, sino a unas obras entre 2005 y 2010, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Aunque el actual líder no estuviera entonces en la dirección nacional (entró en 2015) sí formaba parte del núcleo duro del PP de Madrid (fue líder de NNGG, en la primera planta estaba el despacho de Esperanza Aguirre) y además estaba Rajoy, que fue el que le dio esa gran oportunidad unos años después.

Además, supone todo un varapalo para el PP la sentencia, porque ya acumula dos fallos judiciales en el que se le condena. En la sentencia de la Audiencia de 2018 fue condenado (con la posterior ratificación del Tribunal Supremo en 2020) a título lucrativo. En esta, la Audiencia Nacional lo condena como responsable civil subsidiario de 123.669 euros de Luis Bárcenas por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007 (la empresa que hizo la reforma). 

Es decir, se hace esta condena por un tema fiscal cometido ya con Mariano Rajoy como líder del PP (había perdido ya las elecciones de 2004 como candidato y faltaba un año para las siguientes generales). Eso sí, el fallo se queda en Luis Bárcenas (el tesorero entonces), pero constata una cosa: la cúpula del PP no hizo un control adecuado sobre la gestión del gerente y deja en evidencia que las medidas de transparencia y contra la corrupción impulsadas por el PP fueron posteriores a los hechos cometidos.

En la sentencia se hace también una radiografía de cómo funcionaba el sistema corrupto dentro de Génova 13. La Audiencia relata que Bárcenas ejerció de gerente desde 1990 hasta 2008 -cuando pasó a ser el tesorero, nombrado por Mariano Rajoy-. El fallo explica que gestionaba los fondos en metálico que llegaban al PP como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. 

Esos ingresos y los consiguientes gastos eran apuntados por Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en formato Excel. Según la Audiencia, había errores de saldos y no se registraban sistemáticamente las cantidades, pero quedan acreditadas varias cosas: los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el Partido Popular o los pagos por las obras de reforma de la sede central.

¿Cómo eran esos pagos? El dinero se movía siempre en efectivo, sin control del departamento de contabilidad y del cajero del partido y se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas en Génova.

El tribunal da por probada esa caja B, que siempre han negado los dirigentes del PP. Los propios Mariano Rajoy y José María Aznar rechazaron la existencia de esa contabilidad en b durante sus comparecencias como testigos -por videoconferencia- ante la Audiencia. Pues los tribunales dicen lo contrario y constatan que el sistema sí estaba implantado en Génova. De ahí ese reproche de la Audiencia de que no se controló a Bárcenas -que estuvo en la sombra y promocionado por los dos expresidentes-.

El grado de corrupción llegaba a muchos estamentos del PP, como se demuestra con otras piezas como Púnica o Lezo. Pero, es que además sigue abierto el caso Kitchen en la Audiencia, cuya instrucción acaba de finalizar Manuel García-Castellón, y que es una derivación de Gürtel. Es decir, y ha quedado comprobado por el juez, que desde el Ministerio del Interior se ordenó una misión a policías para captar al chófer de los Bárcenas y robar posibles pruebas para obstruir la labor de la Justicia que investigaba la corrupción de los populares.

La Audiencia Nacional también se introduce sobre la veracidad de los papeles de Bárcenas, que siempre han sido negados por el Partido Popular. Con la siguiente conclusión: algunos son veraces. Para el tribunal: “Si bien como documento contable carece de valor en su integridad, sí ha de entenderse que recoge algunos acontecimientos que son reales o verosímiles en tanto han sido corroborados con otras pruebas”. No tienen por qué ser todo verdad o todo mentira: “Cabe otra opción, y es que sea verdad alguna anotación”. “Esto es lo que ha ocurrido aquí, que determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales”, ratifica el tribunal.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional viene a sumarse a la anterior sobre Gürtel y constituye un terremoto con una corroboración oficial: la corrupción estaba dentro de la propia Génova 13, cuya reforma de despachos fue pagada en b, desde una caja fuerte.

 ¿Democracia? ¿Quién los ha elegido?

 

 Hemeroteca

Albert Solé: "Muchos pederastas lavan su conciencia cada domingo con Dios"

El director estrena en Netflix 'Examen de conciencia',

una serie documental que muestra la verdadera

dimensión de los abusos sexuales a menores por parte

de la Iglesia en España.

Paula M. Gonzálvez

ElHuffPost

22-1-19

Una de las imágenes de 'Examen de conciencia'

Hay enfermos que van al médico y otros que recurren a Jesucristo. Esa es una de las frases que Joaquim Benítez, el exprofesor que confesó haber abusado sexualmente de varios alumnos cuando trabajaba en los Maristas de Sants-Les Corts (Barcelona), utiliza para justificarse. El pederasta habla de sí mismo como una víctima, al relatar que él pasó por algo similar durante su infancia, y a la vez como un hombre con "una debilidad" en Examen de conciencia, la serie documental sobre los abusos sexuales de la Iglesia en España que Netflix estrena este viernes 25 de enero.

A lo largo de tres capítulos, Examen de conciencia relaciona los casos, los reúne y demuestra cómo en todos se aplica el mismo manual de instrucciones por parte de los abusadores, cómo se utilizan las mismas técnicas de encubrimiento y cómo las víctimas viven el proceso traumático de una forma parecida. Eso es lo que no se ha hecho hasta ahora y que aporta este documental, según el director Albert Solé. De hecho, mientras que en otros países se ha apuntado mucho más alto, como hizo el equipo de investigación de Spotlight, en The Boston Globe (Estados Unidos), en España hemos dado la callada por respuesta. Aquí ni siquiera hemos empezado "a sacar la punta del iceberg", explica el director en una entrevista con El HuffPost.

El iceberg, apunta Solé, es de "dimensiones muy considerables, y aún no se ha hecho nada. Algún caso puntual aquí y allá. En algunos se ha conseguido tirar de la manta, como el caso de Maristas en Barcelona". Sin embargo, el director tiene el convencimiento de que hay ejemplos así en cada ciudad española y de que en España se debería hacer lo mismo que hizo Spotlight, "mirarlo como un sistema y no como el problema de una escuela, de una ciudad o de una parroquia".

Aquí no podemos hablar de cifras, pero sí podemos hacer una comparativa. Tal y como revela el documental de Netflix, en países no católicos como Estados Unidos, Australia o Alemania en los que se han destapado casos de abuso sexual a menores por parte de la Iglesia, la cifra de casos de curas con prácticas pederastas asciende al 7%. "Nada indica que en España tenga que ser menor, al contrario. En países católicos la Iglesia tiene un poder muy superior y están protegidos por el concordato, como en España. Es más que presumible que estemos hablando de ese 7% como mínimo", analiza el periodista.

Si se sometiera a la justicia civil cualquiera de estos presuntos criminales estaría pagando más de 100 años de cárcel".

Vestir sotana hace "que se vayan de rositas", apunta Solé: "En España seguimos escondiendo todo debajo de la alfombra. Si se sometiera a la justicia civil cualquiera de estos presuntos criminales estaría pagando más de 100 años de cárcel". Prueba de que se sigue mirando hacia otro lado es que el 90% de los padres de las víctimas que aparecen en la serie decidieron taparlo cuando sus hijos se lo contaron.

Que la Iglesia no castigue a estos presuntos pederastas contrasta con el discurso del Papa, que ha declarado en varias ocasiones que hay que tener tolerancia cero con ellos. A pesar de ello, Solé pone de relieve en Examen de conciencia que, al menos, las víctimas que escriben ahora al Vaticano reciben contestación, algo que no ocurría antes. Esa respuesta "impersonal" del Papa Francisco que recibieron dos de las víctimas que aparecen en el documental hizo que por lo menos sintieran que había alguien al otro lado y que pensaran que por fin alguien les escucha, apunta.

"¿Qué pasa? Que el Vaticano manda un mensaje lleno de cariño y comprensión, envía la comisión rogatoria compuesta por miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe [el órgano de la Santa Sede que custodia la correcta doctrina católica en la Iglesia] y siempre llegan a la misma conclusión: llegan allí, investigan y vuelven a Madrid con un informe que dice 'no da lugar', 'el demandante no está en su sano juicio' o 'las pruebas no son concluyentes' y le dan carpetazo. Los mensajes llegan, pero lo que se devuelve es impunidad", explica el director. Por tanto, llega a la conclusión de que algo ha cambiado, pero es insuficiente.

Lo único que puede hacer el Papa es empezar a citar el nombre de la bestia, pero no tiene fuerzas para deshacerla".

El tamaño del problema es tan grande que lo único que puede hacer el Papa, de momento y como mínimo, según Solé, "es empezar a citar el nombre de la bestia, pero no tiene fuerzas para deshacerla". Por ello menciona también el fracaso del Comisión Antipederastia, al que se ha acusado de ser un paripé. "Cuatro personas de confianza del Papa han tenido que dimitir por estar involucradas en casos de pederastia", apunta. El problema es tan profundo que solo puede enfrentarlo una sociedad democrática en la que no haya concordarto entre Iglesia y Estado, "como la americana o la australiana, en la que el poder civil puede enviarles a la cárcel. Aquí no pasa".

Examen de conciencia muestra las dos caras de la moneda: el sufrimiento de la víctima y el discurso del abusador, al que pone voz Joaquim Benítez. El título de la serie hace pensar inevitablemente en el arrepentimiento. Solé tiene claro cómo lo afrontamos: "En España hemos tenido siempre la posibilidad de redimir nuestros pecados pasando los domingos por misa. Muchos de estos criminales lavan su conciencia cada domingo con Dios. Una de las personas de la serie dice que era abusador porque se ponía semanalmente crecepelo. El nivel de cinismo es inimaginable. Por eso, Benítez es como mínimo un personaje que articula un discurso coherente, obviamente bastante dudoso, pero no deja de ser alguien justificándose con un discurso racional". Solé le ofreció la cámara para pedir perdón en público, como mínimo.

El director Albert Solé.

Y por si fuera poco, el problema en España va más allá. Las víctimas sienten que no se logra entender la magnitud de que "profanen tu niñez", como dice uno de ellos en una imagen de archivo que esta serie rescata. El documental ha incomodado a muchos antes de su estreno. El Twitter de Solé se llenó de insultos de gente preguntándose por qué no ha hecho "lo mismo con los musulmanes" cuando Netflix publicó el tráiler. "La sociedad española y todas las que tienen este problema se tienen que mirar al espejo y cuestionarse qué están haciendo mal para que haya ese nivel de monstruosidad", relata el periodista.

El peso de la Iglesia sigue siendo muy grande. La institución tiene en sus manos el 33% de la educación y la protección del concordato con el Estado, que regula la relación entre ambos y permite, por ejemplo, que no pague impuestos o que tenga un sistema de justicia propio, por lo que ellos juzgan sus propios casos y si lo consideran necesario trasladan el caso a la justicia civil. Pero "cuando lo hacen siempre ha prescrito", asegura el director.

Después de haber rodado estos tres capítulos de Examen de conciencia, Albert Solé ha llegado a sus propias conclusiones sobre qué hay que hacer con la Iglesia en España: "Lo mismo que con todos los problemas que nos afectan como sociedad. Mirarnos al espejo y decir 'esto existe, enfrentémonos a ello porque debajo hay mucho dolor'. Hay miles de víctimas, nosotros hemos sacado algunas, pero si cruzamos estas cifras y lo comparamos con otros países estamos hablando de muchas decenas de miles de víctimas, gente que está sufriendo en silencio. Hay que ayudarlas y luego preguntarnos qué hemos hecho mal y qué podemos hacer para que no vuelva a suceder". Por eso espera que esta serie tenga valor en España y en otros muchos países que también se enfrentan a "este monstruo".