Álvaro
Sánchez Castrillo
21
de diciembre de 2023
Veintidós
meses después del inicio de los trabajos, la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha hecho pública este jueves la auditoría que
encargó a Cremades & Calvo Sotelo sobre los abusos sexuales
contra menores en el seno de la Iglesia. El
estudio contabiliza un total de 1.383 denuncias. Y sitúa la cifra de
víctimas en "un mínimo" de 2.056 en las últimas siete
décadas.
Pero no solo eso. También habla de destrucción de expedientes, de
falta de control, de encubrimiento. Cerca de un millar de páginas en
las que se propone la creación de una comisión independiente para
establecer las reparaciones a las víctimas y la puesta en marcha de
un fondo por parte de la Iglesia para hacer frente a las mismas. Un
mecanismo que, dice, no debería nutrirse ni con aportaciones de
fieles ni a través de las donaciones que la institución recibe
por el IRPF.
El
órgano de gobierno de los obispos encargó este trabajo a comienzos
de 2022. El plan inicial era que estuviera listo en un año. Sin
embargo, se fue alargando. Desde Cremades & Calvo Sotelo se
achacaron los últimos retrasos a la falta de respuesta del
Vaticano en
relación a unos tres centenares de casos denunciados ante el
Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Una demora que no gustó nada
en la Conferencia Episcopal Española, que llegó a dar un ultimátum
al bufete. Al final, el despacho envió el pasado viernes el
documento definitivo a los obispos. Y este martes se hizo la entrega
pública. A la izquierda de la foto, Javier Cremades, socio fundador
del bufete de abogados. A la derecha, el cardenal Juan José Omella,
presidente de la CEE. Y en el centro, el tan ansiado archivo.
El
resultado de la auditoría [se puede consultar aquí]
es contundente. "Hay una conclusión clara del análisis de las
denuncias: la
dimensión del fenómeno.
No se trata de casos aislados, de unas 'pocas manzanas podridas'. Si
un solo abuso ya era demasiado, el análisis nos habla de miles de
abusos. No sabemos, ni creemos que pueda nunca saberse, si se trata
de unos pocos miles o de muchos miles. Pero, sin duda, son varios
miles", recoge el informe. Cremades & Calvo Sotelo rechaza
hablar de "violaciones sistémicas": "La abrumadora
mayoría de los miembros de la Iglesia mantienen una actitud de
cumplimiento de sus fines". Ahora bien, destaca que "la
pasividad ante las víctimas" pone en evidencia "graves
defectos estructurales que atrofian la propuesta evangélica".
El
informe reconoce como "positiva" la "actitud y
cooperación" de los obispos y responsables de instituciones de
vida consagrada, quienes mostraron todos aquellos archivos de los que
disponían. Ahora bien, el bufete destaca que en los mismos "no
hay mucha información". "Un
número indeterminado de expedientes han sido destruidos, de
conformidad con la normativa canónica, tras el fallecimiento del
acusado",
continúa el documento. El despacho de abogados destaca que en la
institución no se tenía constancia de muchos casos conocidos por
fuentes externas a la Iglesia, ni siquiera aquellos en los que los
denunciantes lo pusieron en conocimiento de los responsables de las
diócesis o la orden religiosa.
"De
esta realidad es fácil deducir que muy posiblemente se actuó,
cuando se hizo, de forma verbal, sin abrir ningún tipo de
expediente. Si a ello se le añade la competencia discrecional del
Obispo para decidir si tiene o no verosimilitud una denuncia, puede
también deducirse que, en muchas ocasiones, las denuncias, bien
fueron consideradas no verosímiles o bien, simplemente, se decidió
encubrir u ocultar la situación. No decimos que así fuera
necesariamente, pero el hecho de que no conste ningún registro
facilita esa interpretación y ha
sido, sin duda, un grave error por parte de la autoridad eclesiástica
no dejar constancia escrita de la denuncia y de la decisión
adoptada",
completa Cremades & Calvo Sotelo.
Dos
millares de víctimas, como poco
Sobre
los archivos habló también el Defensor del Pueblo en su amplia
investigación sobre
los abusos en el seno de la Iglesia. "La constancia de
información en los archivos diocesanos, incluso en los expedientes
personales de los clérigos, sobre abusos o sospecha de abusos
sexuales ha resultado ser excepcional y casi inexistente, incluso en
casos de agresores señalados por varias víctimas. De
las respuestas de las diócesis debe deducirse que no ha sido
práctica habitual guardar esta información. El archivo de la
información sobre abusos ha sido algo dependiente de las decisiones
de cada obispo, de su interés en que se guardaran datos y de la
gravedad percibida del caso",
apuntaba el organismo presidido por Ángel Gabilondo en su extenso
informe.
La
auditoría no ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante las
últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque señala
que "es objetivamente evidente que el número es superior"
Esta
es "una de las muchas causas" por las que, señala Cremades
& Calvo Sotelo, no es posible conocer un número exacto de casos.
Tras meses de investigación, el despacho de abogados ha puesto una
cifra sobre la mesa: 1.383
denuncias de abusos sexuales.
De ellas, 619 se corresponden con congregaciones y órdenes
religiosas, 322 proceden de las diócesis y una veintena en el Opus
Dei y los Legionarios de Cristo. El resto se han extraído del
Defensor del Pueblo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del
canal de denuncia abierto por el despacho de abogados tras recibir el
encargo de la Conferencia Episcopal Española.
La
auditoría tampoco ofrece una cantidad cerrada de víctimas durante
las últimas siete décadas. Habla, como mínimo, de 2.056, aunque
señala que "es objetivamente evidente que el número es
superior". De hecho, el documento resalta que a todas esas
habría que sumar "aquellas pertenecientes a grupos que no han
podido denunciar". También "indeterminada" es la
cifra de victimarios. En este sentido, además, el estudio señala
que aunque como tal deben considerarse a los abusadores, no debe
perderse de vista la "eventual
responsabilidad" de quienes los "han ocultado" o
"encubierto", incluso, "forzando a la víctima a
silenciar su denuncia".
"Ni la Iglesia ni ninguna institución puede argumentar hoy en
día que desconoce la magnitud de la tragedia", apunta el
informe.
La
Iglesia contraprograma con su propio informe
Estas
cifras contrastan con las que la propia Iglesia ha aportado este
mismo jueves en la última versión de su informe Para
dar luz,
que ha difundido a bombo y platillo a través de los canales
oficiales mientras la auditoría de Cremades & Calvo Sotelo
quedaba en un segundo plano. En este estudio, la Conferencia
Episcopal Española sitúa
la cifra global de casos de abusos registrados en 806, de los cuales
asegura que solo 205, un cuarto, están "probados",
bien por haber sido así declarado en virtud de resolución dictada
en el seno de una investigación canónica o en "sentencia
judicial recaída" en un proceso penal. Una distinción que, sin
embargo, la Iglesia no había llevado a cabo en la última
edición publicada de
este mismo estudio.
Cremades
& Calvo Sotelo sostiene que "es necesario contemplar una
reparación integral" a las víctimas y subraya la necesidad de
que la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido"
Desde
ámbitos eclesiásticos se
ha puesto en cuestión en
los últimos meses la calidad del trabajo llevado a cabo por el
despacho de abogados. Algo que también ha hecho la Conferencia
Episcopal Española en este último informe. "[La auditoría]
realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en
estudios previos, sin
realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de
concepto como
el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las
diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las
anteriores", señalan los obispos en su propio estudio, en el
que realizan un breve resumen de las principales conclusiones
extraídas de la investigación llevada a cabo por Cremades &
Calvo Sotelo.
La
"deficiente" e "inexistente" respuesta de la
Iglesia a los abusos
Pero
la auditoría del bufete va mucho más allá de la decena de páginas
que le dedica el informe Para
dar luz de
la Conferencia Episcopal Española. A lo largo de un millar de
folios, el despacho de abogados ahonda en cuestiones como la
experiencia comparada –aborda cómo se han enfrentado a este tipo
de abusos en más de una veintena de países–, el impacto que estas
agresiones han tenido en las víctimas –la mayor parte de ellas
hombres– o los factores que han propiciado estas agresiones, que
se han producido en la mayor parte de casos en "colegios e
internados" y
por parte de sacerdotes u otros religiosos. Abusos que se han
cometido en todo el territorio nacional, aunque siendo "especialmente
llamativos" los casos atribuidos a Madrid, Barcelona y Navarra.
El
documento, además, dedica un espacio importante a la
"responsabilidad moral" de la Iglesia. Para el bufete, la
respuesta de la institución ante los abusos ha sido, durante
décadas, "deficiente,
inexistente o incluso de activa negación",
lo que ha "incrementado" el daño ocasionado a las víctimas
y ha generado "una percepción de impunidad de los agresores"
que "abona el terreno para favorecer que se sigan perpetrando
las agresiones". "En muchas ocasiones, duele
comprobar que se priorizó la protección de la institución y el
posible escándalo sobre la protección del niño, niña o
adolescente víctima de abusos",
recoge el documento, que también afea que en muchas ocasiones la
Iglesia haya trasladado a abusadores, poniendo en riesgo a más
pequeños.
El
informe rechaza que se aplique a las víctimas "un baremo de
cuantificación del daño" para fijar unas cantidades
compensatorias, ya que eso, considera, "significaría tanto como
deshumanizar el proceso de reparación integral de las víctimas"
Con
estos mimbres, Cremades & Calvo Sotelo sostiene que "es
necesario contemplar una reparación integral" a las víctimas.
En primer lugar, el despacho señala que es de "especial
relevancia" que
la Iglesia "reconozca la verdad de lo sucedido".
"Dicha acción dejaría clara la condena explícita de los
hechos, la superación de la cultura del silencio e indicaría su
voluntad de abordar esta realidad de los abusos", apunta el
documento. Además, el informe recomienda a la Conferencia Episcopal
Española que en aquellos casos en los que el victimario esté vivo
solicite a la Congregación de la Doctrina de la Fe el alzamiento de
la "prescripción del delito" para que éste "pueda
ser juzgado canónicamente". Y pide que se establezca "un
registro de víctimas".
Una
comisión independiente y un fondo que no puede nutrirse vía IRPF
Otro
de los elementos clave en los que entra de lleno el estudio es en la
reparación económica de las víctimas. En este sentido, el bufete
de abogados propone
que sea una comisión independiente y externa a la Iglesia la
que fije, en función de las circunstancias del caso y a instancia de
la víctima o sus familiares, "las vías posibles de reparación"
y concrete la indemnización que corresponde a cada caso, una
fórmula ya
utilizada en algunos países de nuestro entorno.
En este sentido, la auditoría plantea que las indemnizaciones
oscilen, en función del tipo de abuso y del impacto producido, desde
los 6.000 hasta los 100.000 euros, pudiendo superarse esta cifra en
los “casos de especial gravedad”. Entre las reparaciones
posibles, además, la comisión podrá plantear una posible Renta
Mínima Vital para
víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, “les resulte
impedido incorporarse a la vida laboral”.
En
definitiva, lo que plantea Cremades & Calvo Sotelo es que la
reparación patrimonial "sea reservada para las víctimas
directas" y que la indemnización, que "no puede ser
simbólica", sea cuantificada caso por caso. Además, las mismas
deben ser sufragadas "con cargo a un patrimonio separado
adscrito a este fin que creará la Iglesia Católica y que debe
constituirse y nutrirse "con sus propios recursos". "Las
aportaciones económicas a dicho patrimonio no
debieran provenir de aportaciones realizadas por los feligreses, ni
de las donaciones recibidas vía impuesto del IRPF,
por ser atribuciones con carácter finalista que van destinadas a los
servicios pastorales de la Iglesia, el sostenimiento de sus
trabajadores y a su amplia labor social", completa el documento,
que establece que el fondo financiado por la CEE y la CONFER debe
estar dotado inicialmente con un patrimonio de 50 millones de euros.
El
despacho de abogados, además, considera que las víctimas de abusos
sexuales cometidos en el seno de la institución religiosa "no
deben" ser "indemnizadas" con cargo al Fondo del
Estado que propone el
Defensor del Pueblo. Más que nada, dice, porque la "responsabilidad"
de tales agresiones "les es imputable directamente a la Iglesia
Católica". En caso de que existan situaciones de
"corresponsabilidad", continúa, se deberá "establecer
un mecanismo de coordinación" de modo que ambas, en el
porcentaje que se estime oportuno, reparen integralmente a la
víctima. Y en aquellas situaciones en que sea el Estado "el
responsable objetivamente" de reparar "en exclusiva",
será éste solamente quien asuma dicha responsabilidad.