Historia de un desahucio: resistencia vecinal, cabezas abiertas y “un montaje policial”
Vecinos de Alcorcón (Madrid) se enfrentan a
tres años y medio de cárcel por frenar el
desalojo de una madre y su hijo
ElPlural
Roberto Ugena
18-1-24
El viernes 20 de septiembre de 2019, Yurki, mujer soltera con un hijo de cuatro años, afrontaba la que podría ser su última mañana bajo un techo. En su portal del municipio madrileño de Alcorcón, decenas de activistas se congregaban para frenar la furia policial y darle a la familia una noche más al resguardo del que llevaba siendo su hogar varios años. La antigua normalidad, alejada de las mascarillas y los confinamientos, pero con los mismos desahucios diarios que han sobrevivido al virus y perduran en la actualidad.
Aquel día, la lucha vecinal triunfó y una madre y su hijo durmieron abrazados en su hogar. Cabezas abiertas, contusiones, luxaciones, cortes y múltiples heridas llenaron los partes médicos. Ningún golpe de goma antirreglamentario pudo con la fuerza de los allí presentes. Sin embargo, la frustración activó la maquinaria y los furgones volvieron a la comisaría con dos inquilinos más. Ahora, más de cuatro años después, tres personas se enfrentan a tres años y medio de cárcel por no dejar sola a su vecina.
La Policía Nacional ha decidido denunciar a tres activistas por tres delitos, según el auto al que ha tenido acceso ElPlural.com: atentado (petición de 18 meses de prisión), alteración del Orden Público (dos años de prisión) y lesiones Leves (multa de 600 euros). ElPlural.com ha accedido a la denuncia y ha podido entrevistarse con una de las personas encausadas, detenida y agredida aquel día. En la fecha en la que se desarrollaron los hechos tenía 22 años y no duda en señalar lo que para ella es claro, flagrante y se repite constantemente a modo de reprimenda contra los colectivos sociales organizados:
"Montaje policial".
Las cargas policiales que han motivado el proceso judicial que empieza este jueves llegaron con el desahucio ya suspendido, tal y como confirma uno de los acusados entrevistado por este periódico. Los ánimos entre los allí presentes eran de “celebración” y “ninguna amenaza, hostigamiento o peligro” inundaba el ambiente. Sin embargo, estos son los argumentos que esgrime la acusación para justificar una intervención que fue denunciada ante los tribunales (y desestimada en dos instancias) por “abuso de poder”.
La actuación de los agentes concluyó con la rotura de la luna de una autoescuela, dos detenidos, cuatro manifestantes heridos (siete grapas en la cabeza, cierre de un corte en la pierna y diversas contusiones) por la carga que se ve en el vídeo que la defensa adjunta como prueba y varios policías con lesiones (desconocidas) que los manifestantes niegan y atribuyen a un intento de castigo contra la resistencia vecinal.
Desokupa, invitados especiales a una tragedia en varios actos
Es necesario remontarse 851 días atrás para volver a aquel 20 de septiembre. La mañana transcurría con la cruda normalidad con la que cada día los activistas por la vivienda arriesgan su integridad física con su cuerpo como única arma (pacífica). El desahucio estaba fijado a las 10:30 y a su llegada a las inmediaciones del portal, varias horas antes como marca el protocolo, la policía no había llegado. En esta ocasión, el operativo policial no se había desplegado en plena madrugada para incapacitar la acción vecinal (una buena noticia).
Sin embargo, por los aledaños deambulaban unas figuras que resultaban familiares en el barrio y que rápidamente fueron reconocidas por los allí presentes. Rapados, con aires chulescos y con la tranquilidad de los que se saben impunes, varios miembros de una empresa desokupa serían los invitados especiales, a la postre testigos en el juicio en favor de los agentes de policía. Las semanas anteriores al desahucio ya habían hecho aparición justo en el portal de enfrente, también propiedad de Bankia, donde acosaron y coaccionaron a una mujer con cáncer, a su hija de cuatro años y a su marido.
Su furgoneta funcionaba como centro de operaciones, mal aparcada encima de la acera de una de las calles céntricas de Alcorcón. A las 10:00 de la mañana, los primeros furgones policiales comenzaron a llegar y el operativo se desplegó rápidamente. Sobra decir que ningún agente tuvo a bien encargarse de la infracción de estacionamiento de los desokupadores. La comitiva judicial no estaba citada hasta las 10:30, pero “la policía intentó acceder al portal antes de que llegaran”, confirma
“Su actitud era chulesca y amenazante”, asegura. Media hora transcurrió hasta que los enviados del juzgado aparecieron y se dispusieron a negociar con el abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), proceder habitual en estos casos. Minutos de conversación después, se alcanzó un acuerdo que aplazaba el desalojo de la mujer y el menor durante tres semanas, estableciendo el lanzamiento el 8 de noviembre de 2019. “Alegría, satisfacción, jolgorio”, múltiples son los adjetivos pronunciados por nuestro entrevistado que, en aquellos momentos de fulgor, jamás habría imaginado que acabaría la mañana engrilletado.
La historia no concluiría ahí. Dos miembros de la empresa desokupa decidieron lucir el señorío que les caracteriza y se marcharon del lugar riéndose de los activistas, insultándoles y gesticulando de forma amenazante desde la acera de enfrente. “No íbamos a permitir que esos nazis se chuleasen en nuestro barrio”. La respuesta llegó desde el otro lado en los mismos términos, pero la presencia policial evitó que siquiera pudiesen acercarse las partes. Con los rapados en la furgoneta rumbo a otra parte, comenzó la carga policial.
Varios vídeos se grabaron de aquella intervención (uno el que encabeza esta noticia) y ninguno de los visualizados por este medio está libre de golpes que van en contra del protocolo de actuación de las fuerzas del orden. Uno de los encausados recibió un porrazo a dos manos directo a la boca que le saltó las gafas, múltiples personas se llevaron golpes policiales en la cabeza y los caídos se agolpaban en el suelto, salvo aquellos que habían sido arrojados contra la luna de un comercio local que se fracturó y ahora se reclama su coste a los denunciados.
Los golpes no pudieron opacar la victoria social de aquel día. No con Yurki y su hijo en casa por unos días más. Las plazas de Alcorcón se llenaron esa tarde de honor y rabia, con las manifestantes de la Avenida Portugal y los de colectivos de toda la Comunidad de Madrid que se desplazaron para apoyar la denuncia contra la “represión policial”. Las heridas se han cerrado, pero, en tiempos en los que el lawfare llena bocas, el juzgado es el más doloroso de los castigos para los que resisten. Ser valiente sigue saliendo igual de caro y a los cobardes, rapados o trajeados, les sigue valiendo la pena, aunque sea económica.
Piden tres años y medio de cárcel para los vecinos que impidieron el desahucio de una madre y su hijo de cuatro años
El juicio comienza este jueves en Alcorcón y los
colectivos sociales denuncian un “montaje
policial”
Tres vecinos del municipio madrileño de Alcorcón se enfrentan a tres años y medio de cárcel por impedir el desahucio de una madre soltera y su hijo de cuatro años. Este jueves, comienza el juicio que atañe a los sucesos acaecidos el 20 de septiembre de 2019 y por los que la acusación, compuesta por varios efectivos de la Policía Nacional que participaron en el lanzamiento, pide un total de 42 meses de prisión para cada acusado y reclama multas e indemnizaciones por valor de miles de euros.
El auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, recoge la imputación de tres delitos que supuestamente se cometieron hace más de cuatro años frente al portal número 22 de la Avenida Portugal, ubicado en el centro del municipio madrileño. Allí se encontraban a primera hora de la mañana decenas de vecinos para evitar el desalojo de la madre soltera y varios miembros de una empresa de desokupación que pretendía participar del desalojo. El operativo policial no llegaría hasta las 10:00 horas, media hora antes que la comitiva judicial.
Los encausados defienden que en ningún momento hubo violencia ni hacia la policía ni hacia los miembros de la empresa de desokupación, que se personan en el juicio como testigos favorables a la acusación bajo el pseudónimo de “cerrajeros”, pese que en el momento de la carga los acusados aseguran que ya no se encontraban en el lugar. La defensa asegura que fueron increpados e insultados por los miembros de la empresa y que se limitaron a responder verbalmente desde la otra acera.
La policía estableció un cordón de separación entre ambas partes en el momento del intercambio de los improperios, según relatan testigos a este periódico, y posteriormente los miembros de la empresa desokupa se subieron a su furgoneta aparcada en la acera y se marcharon. Fue posteriormente cuando la policía decidió cargar contra los allí congregados. La actuación policial se saldó con dos detenidos y cuatro manifestantes que tuvieron que acudir al hospital para ser atendidos.
La defensa presenta como prueba un vídeo y varias fotografías, a parte de los correspondientes partes médicos, para denunciar que la única extralimitación que tuvo lugar ese día fue la atribuible a la policía. Además, en su momento interpusieron también una denuncia contra el operativo por abuso de poder, pero fue desestimada en primera instancia y, tras previo recurso, por la Audiencia Provincial, al entender ambos tribunales que la carga estaba justificada.
Delitos imputados
El primero de los delitos expuesto es el de Atentado, tipificado en el artículo 550 del Código Penal, y por el que les piden una pena de “18 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena”. El citado artículo establece la comisión del delito para aquellas personas que “agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad”.
La defensa niega la mayor, asegurando que fueron los policías los que se extralimitaron en sus funciones y aseguran ser víctimas de un “montaje policial”. Para probar sus afirmaciones, los acusados presentan un vídeo en el que se ve la actuación policial. “Un policía con la defensa (porra) sujeta con las dos manos fue directo a la cara y le golpeó”, recoge la declaración de uno de los acusados.
Uno de los jóvenes encausados, que se ha entrevistado con este periódico, detalla que, en el momento que se produjo la carga policial, los ánimos de los allí presentes, entre los que primaban las personas mayores, niños y miembros de colectivos vecinales, eran de celebración tras la paralización del desahucio. “En ningún momento hubo una actitud amenazante ni agredimos a los policías”, confiesa, “estábamos super contentos y alegres y, de repente, llegó toda la acción policial sin que hubiese un ambiente hostil”.
El segundo delito que imputan a los tres acusados es el de Alteración del Orden Público, previsto en el artículo 557.1 del CP. En este se recoge que serán culpables de la alteración aquellos que “actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares”.
Por este cargo le piden a los tres acusados “dos años de prisión”, que sumados al otro cargo suman un total de tres años y medio (42 años y medio), e inhabilitación para el sufragio pasivo. Más allá de las penas de prisión, dos de las personas enjuiciadas se enfrentan también a un delito Leve de Lesiones, contemplado en el artículo 147.2 del CP, por el que les piden “dos meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y la responsabilidad personal subsidiaria”. El coste de la multa asciende a los 600 euros por persona (dos meses de multa al orden de diez euros diarios).
A los cargos penales se añaden también indemnizaciones correspondientes por la responsabilidad civil: una indemnización de 400 euros a uno de los agentes por “la sanidad de sus lesiones”, que corresponde a una de las encausadas, y otras dos de 500 euros y 100 euros para dos agentes, correspondiente a otra acusada. Además, se pide que los tres denunciados deberán “indemnizar de forma solidaria” por valor de 222,64 euros al dueño de la autoescuela a la que se le rompió una de las lunas del establecimiento durante la carga.
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