martes, 3 de diciembre de 2024
lunes, 2 de diciembre de 2024
Willy Toledo reflexiona sobre la crispación política actual: "¿Cómo no va a haberla?"
El actor ha concedido una entrevista a El Español y ha hablado sin tapujos sobre el contexto político del país
ElPlural
1-12-24
El actor Willy Toledo siempre ha destacado por sus posicionamientos políticos cercanos a la izquierda y a las clases sociales vulnerables y por la intensidad con la que defiende sus ideas. En esta ocasión ha hecho lo propio al tejer, en una entrevista con El Español, un análisis sobre la polarización, confrontación y crispación en el panorama político actual.
"Se habla de la polarización y la crispación como si fuera algo intrínsecamente negativo: obviamente hay polarización porque hay unos explotadores y unos explotados, unos represores y unos reprimidos", ha iniciado el intérprete, dejando caer que el principal problema de fondo es la desigualdad social y económica.
Para el actor también existe división y polarización entre "la clase obrera, que está sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales cada vez más salvajes, y en frente hay empresarios que están implementando esas políticas porque así lo quiere el Estado español, formado un 80% por gente de derecha o extrema derecha".
Sobre la crispación, ha argumentado que la hay por varios motivos. "Cómo no va a haber crispación cuando no aparece la Policía durante varios días en Paiporta y en otras zonas inundadas", ha opinado, antes de poner otro contraejemplo de la acción de este cuerpo de seguridad del Estado: "Cada vez que hay un desahucio de una familia trabajadora o una pareja de ancianos, se presenta la Policía a los dos minutos con tres furgones y 200 antidisturbios".
"¿Cómo no va a haber polarización y crispación? Nos están atacando desde todos los flancos posibles", ha zanjado. Siguiendo el mismo sentido, ha opinado que a las personas ya no se les "persigue" por sus ideas políticas, sino por la condición económica. "Este sistema criminal persigue la pobreza, al inmigrante y a las clases bajas: es una condición común de los fascismos, atacar al más débil para que el resto de los débiles ataquen a los más débiles que ellos", ha añadido.
"En vez de mirar hacia arriba y ver quién de verdad nos explota, o quién nos impide tener una vivienda o una educación gratuita o sanidad pública, de la que se encargan de privatizar cada día. Demasiada poca crispación para la que debería haber", ha sentenciado el actor, centrando su reflexión en un discurso con un profundo componente de clase.
Broncano, sobre la politización y la polarización
Precisamente al hilo de esta reflexión de Willy Toledo sobre la crispación política, el presentador David Broncano lanzaba este fin de semana una reflexión similar. En medio de su guerra mediática con Pablo Motos, el conductor de La Revuelta estuvo en el canal de Detective Murciano, un youtuber asiduo en el plató del programa, haciendo la primera entrevista de su carrera. Allí, Broncano señaló que estaba siendo acusado constantemente de "politizar el asunto, de polarizarlo", a pesar de que ese mismo comportamiento no estaba viniendo de su parte. "Son ellos los que hablan de política. El otro día Pablo acabó diciendo que esto era una cortina de humo de Pedro Sánchez. Joder, no os podéis quejar de politizar una cosa que estáis politizando vosotros, yo he politizado cero", ha afeado, recalcando que él solamente hizo referencia a las presiones para no emitir la entrevista a Jorge Martín, sin incurrir en significante político alguno.
"Hay un grupo grande de gente que está muy convencida y piensa que soy un vasallo de Pedro Sánchez, pues a esa gente le refuerza esto, de que efectivamente están intentando tapar algún tipo de escándalo conmigo. Yo hago mi programa todos los días independientemente de lo que pase en la política", ha sentenciado. Es precisamente a raíz de los aparatos de opinión pública, como los medios de comunicación, donde se construye este clima del que habla Willy Toledo.
domingo, 1 de diciembre de 2024
Víctimas del franquismo, ante la última de Ayuso sobre Memoria Democrática: “El conocimiento nos salva de la gentuza de Vox”
La Comunidad de Madrid intenta impedir que Moncloa recuerde que la Real Casa de Correos (la Puerta del Sol) fue sede de torturas durante la dictadura
ElPlural
Rubén Rozas
1-12-24
El PP de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, plantea un nuevo golpe a la Memoria Democrática y en detrimento del Gobierno de España.
En esa pugna particular que la presidenta mantiene con su homólogo en Moncloa y del lado del paso del tiempo, el Ejecutivo de Sol está dispuesto a emplear “todos los resortes legales” de los que pueda disponer para evitar que el Estado culmine con el proyecto de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, ahora sede de Presidencia pero, no hace tanto, punto de torturas bajo el nombre de Dirección General de Seguridad (DGS).
En concreto, la autonomía ha presentado alegaciones sobre la decisión del Gobierno estatal hacia un lugar que fue clave en el franquismo y sin el cual no se entendería del todo lo que supuso la dictadura. El paso, uno de ellos, a seguir por parte del Ejecutivo era simple, aunque demasiado para el PP: colocar una placa que recordase que allí se torturó a gente que pensaba diferente. Asimismo, el partido de Ayuso ha presentado enmiendas a una ley que ya se tramitaba en la Asamblea y no tiene nada que ver con este asunto.
Lo que pretenden los conservadores es que la instalación del distintivo requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Dicho de manera más fácil: se intenta aprobar una normativa para que la formación que dispone de mayoría absoluta en la Asamblea pueda vetar su instalación.
"Las nuevas generaciones se merecen saber"
Víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas han demostrado su malestar por este hecho, uno más que va en contra de la reparación y la Justicia de quienes sufrieron el régimen totalitario. ElPlural.com ha hablado con Julio Pacheco, la primera persona que declaró ante una jueza por las torturas después de una denuncia contra el excomisario Villarejo y otros tres policías de la Brigada Político Social.
Pacheco, quien fuera víctimas de estas prácticas cuando tenía son solo 19 años emite que, antes de todo, parece que las pretensiones del Gobierno de Madrid van contra la ley de memoria democrática. Pero a más a más, alude a los sentimientos que deberían primar para cuestiones de este tipo: la ética y la moral.
En este sentido, insiste en que lo que se hacía en la Real Casa de Correos es algo que “se necesita saber”, especialmente “las nuevas generaciones”. “Tienen que conocer su historia; y esto además es historia reciente”, dicta apuntando que el edificio fue uno de los ejemplos “más palpables de lo que fue la dictadura” en este caso en Madrid. “Si queremos combatir a los Vox y esa gentuza de extrema derecha las herramientas son el conocimiento, la historia real, saber (…)”, apostilla.
En una línea similar, la asociación CEAQUA muestra su descontento con esta decisión. “Está totalmente constatado que en ese sitio se cometieron graves violaciones de los derechos humanos (…) Nos opondremos con los medios que tengamos al alcance a cualquier actitud negativa de la Comunidad”.
El Partido Popular justifica que “intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad”. Estas declaraciones era las que pronunciaba el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, desde Corea del Sur, donde ha estado buena parte de esta semana junto a Ayuso, en un nuevo viaje sin apenas atención mediática. Así las cosas, Martín confirmaba que iban a presentar alegaciones porque se trata de un sitio de “más de 250 años de historia y distintos usos”. “Es un espacio de concordia, de encuentro, de todos los madrileños”, aseveraba. En consecuencia, defendía “utilizar todos los resortes legales a nuestro alcance para tratar de parar lo que a todas luces atenta contra la capacidad de autoGobierno y las competencias exclusivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.
El PP, con todo contra la Memoria
El Ejecutivo ‘popular’ dice en sus alegaciones que “el acuerdo vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. El partido conservador ha llegado a indicar que Moncloa “ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, porque no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de Memoria hasta que la publicó en el BOE. E indica que también ha sido sede de otras cosas (como la Capitanía General, el Gobierno Militar u oficina central de Correos).
El PP va con todo, y es que los de Ayuso tienen un plan B aprovechándose de su mayoría absoluta, como ha hecho para controlar activos importantes del buen funcionamiento de las instituciones en la autonomía. En este sentido, en el supuesto de que las alegaciones no cumplan su objetivo, la derecha se servirá de los números para registrar una enmienda en la Proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública que se tramita en Parlamento regional.
Por último, este medio también se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Sin embargo, esta entidad se ha limitado a señalar que no "emiten opinión", remitiéndose a la siguiente información:
"Las declaraciones de lugares de memoria pueden plantearse por dos vías: a petición de asociaciones o instituciones; y por oficio, por decisión propia de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En este caso ha sido fruto de los dos supuestos, de oficio por decisión propia de la SE de memoria democrática y además por múltiples peticiones de asociaciones y de una Proposición No de Ley del Congreso de Diputados. En estos casos, una vez incoado el expediente y hecho público a través del BOE, lo preceptivo es informar a las entidades que tienen que ver con la propiedad del lugar de memoria para que emitan informe al respecto si lo tienen a bien o presenten alegaciones como ha realizado la Comunidad de Madrid".
La contradicción de órdenes a los bomberos el día de la DANA retrata más a Mazón y Catalá por sus mentiras
Mientras la Generalitat los movilizó al barranco de Poyo durante la mañana, el Ayuntamiento los obvió por la noche
ElPlural
Rubén Rozas
1-12-24
La gestión del Gobierno de Carlos Mazón respecto de la DANA ha dejado mucho que desear. Hay varios puntos en los que ese caos que se denuncia tanto a nivel político como social a la hora de actuar contra la tragedia ha quedado patente; noticias que se contradicen entre sí y administraciones que, directamente, chocaron frontalmente a la hora de dar órdenes.
Una de esas contracciones es clara en cuanto a los cuerpos de bomberos y las consiguientes explicaciones que ha esgrimido el dirigente del PP en la región para, en última instancia, echar balones fuera. En este sentido, si bien los ‘populares’ enviaron varias unidades el mismo día de la tragedia, el Ayuntamiento no requirió de los servicios de estos profesionales esa noche.
Un mes después del temporal que ha marcado un antes y un después en la comunidad mediterránea y, en realidad, en todo el Estado, aún quedan muchas dudas por responder. De hecho, lejos de despejarse las incógnitas, cada resultado deja más preguntas, aunque todas ellas conducen a una misma conclusión: la incompetencia fue absoluta.
El principal argumento del Ejecutivo de Carlos Mazón para defenderse de las acusaciones pasa por hablar de una falta de información que, en la práctica, no fue tal. Para hablar de esa ausencia de datos pone el foco en el barranco de Poyo; un enclave sobre el que, a juicio del equipo de gobierno, no fueron suficiente los correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ni la decena de llamadas telefónicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a Protección Civil de Emergencias el mismo día 29 alertando de lo que se venía.
Sobre el papel parece que en un primer momento el Ejecutivo autonómico no supo ver lo que se venía, a pesar de que ya se estaba teniendo lugar y aunque el propio coordinador del operativo de Emergencias enviara cuatro unidades de bomberos forestales a controlar las escalas: los caudales del barranco del Poyo y del río Magro en Chiva, Alzira Requena y Utiel. De hecho, la primera orden se emitió a las 12:56 horas.
Mientras tanto, Valencia suspendió servicios la misma noche
El Consistorio de Valencia, por su parte, suspendió servicios de dotaciones de bomberos el día de la DANA, impidiendo su intervención a pesar de que ésta es habitual en muchas otras tragedias, incluso internacionales.
Estas líneas hacen alusión a los alrededor de 150 bomberos de las diferentes categorías que componen el cuerpo; o lo que es lo mismo, más de la mitad del personal operativo de Bomberos Valencia que interviene en primera línea en todos los servicios que se prestan en la ciudad.
En la misma semana, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), lamentaron la forma de actuar por parte de las autoridades municipales el día 29 y los días siguientes. Los trabajadores recuerdan que las competencias para su movilización corresponden al Ayuntamiento y que, en su defecto y ante la inoperancia de éste, al Servicio de Emergencias de la Generalitat.
Lo que lamentan los profesionales es que no se llamara al personal fuera de guardia para reforzar en aquel momento, cuando la dimensión de la tragedia superaba todas las expectativas y dejaba innumerables daños a todos los niveles. Lo mismo pasa con el Grupo Especialista de Buceo o la Unidad Canina; a pesar de que éstos sí que han intervenido en lugares como Siria o Turquía.
Pese a las trabas, ellos volvieron a responder, y muchos de ellos se desplazaron de forma voluntaria y por iniciativa propia utilizando una lancha neumática y llevando a cao un gran número de rescates.
En números concretos, desde la comandancia se requirieron únicamente a efectivos de la tercera sección ese día pasadas las 23:00 horas, pero poco después de la medianoche la petición quedó sin efecto. En la misma línea, la Unidad Canina y el Grupo de Buceo no se activaron de manera oficial en la ciudad hasta 96 horas después del comienzo de la emergencia, según las voces que critican ese escenario.
A más a más, los bomberos de la ciudad de María José Catalá que estaban de guardia permanecieron en los parques en vez de ser enviados a las zonas afectadas a excepción de efectivos del parque central, Campanar y la zona norte. Estos dos últimos en menor medida. Un cúmulo de errores que, dicen los daminificados que se reunían esta semana, pusieron en (más) peligro a la ciudadanía, pero también han minado la confianza en la jefatura de los propios trabajadores.
Después de la denuncia, el equipo de gobierno de PP y Vox aseguraban que se habían movilizado un centenar de efectivos cada día desde que empezó la DANA, un dato que desmienten los sindicatos asegurando que muchas de estas personas acudieron a ayudar de forma voluntaria.