6-9-16
Luis Gonzalo Segura
Público
La historia
no tiene desperdicio: Teniente coronel condenado a año y medio por compra de vinos, comidas,
cestas navideñas, trajes, cuadros, … En principio, cualquiera
que lea esta noticia pensará que los órganos de control han descubierto al
corrupto y la justicia se ha encargado de hacer su trabajo. Incluso que los
mandos y compañeros del mismo le han denunciado y que el sistema funciona.
Nada más lejos de la realidad.
Primera pirueta jurídica: Nadie
sabía nada
Entre los años 2003 y 2009,
el teniente coronel estuvo gastando el dinero público en comidas,
cenas, trajes, cuadros, perfumes, cestas navideñas… y nadie se dio
cuenta. Hay facturas que oscilan entre los 1.200 a los
1.620 euros en función del restaurante elegido (las cenas de navidad suman
7.925 euros), pero otras sobrepasan los cinco mil euros, como una cena de
la Patrona del Ejército del Aire en la que se invitaron a 101 personas y
acudieron 17 comensales de más que tampoco pagaron (el gasto total fueron
6.490 euros, 55 euros por cada invitado). En otras ocasiones, se compraban
lotes navideños en El Corte Inglés (5.972 euros).
Sin embargo, según la propia
resolución del Tribunal Central Militar todo aconteció sin que ninguno de
los coroneles jefes que mandaron sobre el condenado ni el resto de
militares tuviera conocimiento alguno. Resulta poco verosímil que esas
cantidades (y muchas otras) fueran descontadas de la contabilidad con conceptos
como reuniones, conferencias, cursos o trabajos a otras
empresas sin que el coronel al mando de la unidad tuviera constancia.
Sobre todo, porque ello habría supuesto inventar reuniones, conferencias,
cursos o trabajos a empresas, dado que estas no se pueden producir sin que
exista un mensaje oficial (firmado por el coronel jefe), una información al
jefe de la unidad o similar. No solo eso, sino que no existen tantas reuniones,
cursos, conferencias o similares como para que un jefe de unidad no pudiera
percatarse de la invención de uno de estos eventos o el aumento de los gastos.
Mucho menos que dichos eventos se hubieran estado inventando durante años
y que en ni una sola ocasión ningún mando se diera cuenta.
Lo cierto es que bastaría una
somera inspección de la contabilidad para que dicho jefe viera un curso,
una conferencia o una reunión que no se ha impartido y preguntara por ello. De
haber sucedido como cuentan algún mando habría preguntado, entre otras cosas,
porque los altos mandos militares son extremadamente celosos de participar
en esos eventos. Por ejemplo, inaugurando o clausurando cursos, siendo la
autoridad máxima de una conferencia o teniendo una entrevista de cortesía con
una empresa privada o pública con la que se contrata. Por desgracia, al final,
cuando casos de esta naturaleza salen a la luz pública o terminan en los
juzgados, todos los involucrados parecen revestidos de un manto de imbecilidad
muy cuestionable.
El Tribunal Central Militar, con su
desfachatez habitual a la hora de proteger a los altos mandos, pretende que
creamos que este delincuente estuvo cometiendo sus fechorías de forma
individual sin que nadie, absolutamente nadie, se percatase de ello ni le
apoyase ni se aprovechase. Todo fue producto de una ineptitud masiva y
sincronizada de los altos mandos, compañeros y subordinados del
delincuente y de todos aquellos que participaban en órganos de control o
se encontraban destinados en esa unidad. Y, por si fuera poco, todo ello se
sostuvo durante seis años…
Segunda pirueta jurídica: Condena
inferior a los tres años
La resolución es infame, como
corresponde al Tribunal Central Militar, no solo por su ejercicio de
malabarismo para intentar que el único inculpado sea el teniente coronel de la
SAE (Sección de Asuntos Económicos), sino por la pena impuesta. Aunque el tipo
delictivo prevé penas de entre seis y diez años para el delincuente, por una de
esas casualidades, la sentencia final es de solo un año y medio de
cárcel. La casualidad esta vez no puede ser más ridícula: el procedimiento
militar se alargó en exceso.
La realidad es muy distinta, pues es
una constante que los tribunales militares eviten condenar a los altos mandos
militares a más de tres años de prisión, dado que esto les haría perder la
condición militar. La consecuencia de esta conducta jurídica significa un gran
perjuicio para la sociedad y un enorme beneficio para los delincuentes, ya
que el teniente coronel cumplirá unos meses en la cárcel y se
reincorporará de nuevo, lo que le permitirá seguir con sus trapacerías.
¡Bendito divorcio!
Seis años de felonías y ningún
órgano se enteró de absolutamente nada. Es más, el mejor testigo
encontrado en el caso no fue uno de los muchos militares que fueron testigos de
lo que sucedía (lógico porque al parecer ninguno se percató de nada), sino la
exmujer del oficial. Muy probablemente habrá que agradecer al divorcio entre
ambos el poder tener conocimiento de lo sucedido, aunque resulta poco halagüeño
pensar que el funcionamiento de la justicia militar y sus órganos de
control dependen de vicisitudes de estas características.
Feo asunto
Queda claro que el asunto huele
muy mal. Por un lado, el inculpado exculpa a todos y, por otro, la sentencia se
demora lo suficiente como para que ello suponga la reducción de la sanción. Si
alguien lo viera desde fuera parecería que se tratase de un acuerdo: Has
tenido la mala suerte de que tu exmujer haya destapado el cubo de la basura,
asúmelo, no involucres a nadie más y en unos meses te reincorporas. Como
el famoso sé fuerte, hacemos lo que podemos.
De nuevo un alto mando condenado
es ascendido
Si en la cabecera de la noticia se
habla de coronel y en el texto de teniente coronel no se debe a un error,
sino a que el ahora delincuente fue ascendido a coronel durante el proceso.
Como en el caso de los acosadores sexuales, fascistoides y malversadores,
nada ni nadie parece capaz de impedir que un alto mando ascienda.
¿Hasta cuándo la justicia militar?
Estas bochornosas sentencias de los
tribunales territoriales militares, el Tribunal Central o la Sala V del
Tribunal Supremo deberían hacer recapacitar a la sociedad y a los
políticos sobre la necesidad de poner fin al anacronismo de
la justicia militar.
Luis Gonzalo
Segura, exteniente del Ejército de Tierra.
