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Asumo que la edad condiciona la percepción de cualquier acontecimiento. Cuando este miércoles por la tarde leí la Carta a la Ciudadanía firmada por Pedro Sánchez, se me vino a la cabeza la imagen de Adolfo Suárez anunciando su dimisión aquel 29 de enero de 1981. La siguiente pantalla en mi memoria la ocupa Tejero en el Congreso tres semanas después. Esa cadencia de sucesos es hoy completamente imposible. Tranquilidad, pero hasta cierto punto. Mi tesis, sin el menor aroma conspiranoico, consiste en que asistimos (en España y en otras democracias) a procesos golpistas de carácter civil, sin armas ni tricornios ni bigotes machirulos. Por otras vías que tienen que ver con un funcionamiento anómalo de la justicia, con un ecosistema mediático adulterado y con poderes económicos y empresariales que se resisten a aceptar las reglas básicas de la democracia.

Intentaremos argumentar esta tesis en el plano de la Opinión, pero sobre todo vamos a aportar desde infoLibre, en estos días de incertidumbre y sobredosis de elucubraciones, datos informativos contrastados que nos ayuden a participar en el debate abierto tras el paso inédito y arriesgado del presidente del Gobierno: ¿queremos una democracia cuyo debate público está permanentemente distorsionado por calumnias, bulos, insinuaciones, insultos y, sobre todo, inducido por una estrategia de oposición que niega la legitimidad del Gobierno y de las principales instituciones democráticas? No se trata sólo de si Pedro Sánchez sigue o no sigue en La Moncloa. Lo trascendente es si como sociedad estamos dispuestos a ejecutar a un presidente de gobierno a costa de lo que sea, incluida la apertura de un proceso judicial disparatado contra su pareja. Esta es la gota que ha colmado el vaso de Sánchez, pero el vaso estaba previamente repleto, y no ya contra Sánchez, sino contra la democracia.

Empezaré por el final, con nombres y apellidos: la decisión de Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, de abrir una investigación secreta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sobre la base de una denuncia de siete folios presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, lo que merece es una inspección del Poder Judicial (caducado pero en funciones). ¿Tiene alguna justificación legal iniciar un proceso penal basado en recortes de supuestas informaciones digitales ya desmentidas, sometidas a rectificaciones legales y sin una sola prueba o indicio de veracidad? Peinado da crédito a Manos Limpias como en su día (y durante meses y años) García Castellón dio crédito a la fábrica de falsedades montada por el comisario Villarejo contra Podemos. El juez tomará declaración a dos periodistas por si muestran (bajo secreto) en el juzgado las pruebas que en sus medios no han aparecido para respaldar acusaciones tan gruesas como la de tráfico de influencias o corrupción. 

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre