Paca "La Culona"

Adiós a 'cerillita': los cinco años de Sánchez borrando las huellas de Franco

Acabar con la Fundación Francisco Franco

 es la última acción llevada a cabo por el

 Gobierno para reparar la dignidad de las

 víctimas del franquismo desde la

 

exhumación de los restos del dictador en

 2019.

HuffPost

Javier Escartín

23-6-24

Franco ha muerto... otra vez. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este pasado jueves que su cartera ha iniciado los trámites necesarios para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. Un asunto que, en último caso, quedará en manos de los jueces.

Urtasun se ampara para dar este paso en la ley de memoria democrática aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura, que en su disposición adicional quinta "considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales".

Ahora, Cultura solicitará un informe a la Secretaría de Memoria Democrática y a la Abogacía del Estado para, posteriormente, "instar a la Justicia a la extinción de dicha fundación", indicó Urtasun.

La fundación Francisco Franco, constituida en 1976, señala en su página web que entre sus objetivos está "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos". 

Pero, según sus miembros, el intento del Gobierno de extinguir la fundación persigue "callar a los disidentes" con Sánchez y califican de "esperpéntico" que coincida con la entrada en vigor de la ley de amnistía. Además, dicen que su fundación actúa "siempre dentro de la legalidad". Por otro lado, las asociaciones de víctimas del franquismo han celebrado con cautela la noticia al conocer que la última palabra la tendrán los jueces.

Esta decisión se suma a las muchas otras que Pedro Sánchez ha tomado desde su llegada al Gobierno en 2018 para reparar el honor a las víctimas del franquismo y resignificar lo que supuso esta dura etapa en la historia de España. Algo que siempre se ha encontrado con la oposición de la derecha. 

"Si abres este melón, pues habrá quienes quieran que este melón tenga otras partes también. Entonces, ojo con estas cosas, ojo con cercenar la libertad de los españoles porque puede ser muy delicado", señalaba este jueves el portavoz del PP, Borja Sémper, al ser preguntado por la posible extinción de la fundación Francisco Franco. Desde Vox han acusado en muchas ocasiones a Sánchez de sacar el "comodín de Franco" cuando busca tapar algún escándalo político. 

Los restos del dictador fueron exhumados del Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 para ser posteriormente depositados en el cementerio de Mingorrubio. Ese día marcó el inicio de una 'batalla' contra la historia escrita por los vencedores de la Guerra Civil. Los familiares de víctimas del franquismo consideran, sin embargo, que todavía quedan muchos pasos por dar para devolverles su "dignidad".

 La ley de memoria democrática fue aprobada en 2022 bajo las acusaciones de "sectarismo" de PP y Vox. La norma pretendía "fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de la historia de España y de las figuras y movimientos que fueron construyendo los nexos de cultura democrática, así como preservar la memoria de las víctimas de la Guerra de España y la Dictadura franquista".

A pesar de sus buenas intenciones, los familiares de víctimas del franquismo consideran que se trata de una ley cosmética porque no se cumple en su totalidad. "A día de hoy, siguen existiendo monumentos y calles dedicados al franquismo. ¿Por qué se redactan leyes para luego incumplirlas? ¿Por qué Franco está enterrado todavía en un lugar que yo pago con mis impuestos? Cuando el ministro Albares habla de los derechos de las víctimas, ¿tienen ellas obligación de sufragar la tumba de Franco? ¿Qué diríamos si familiares víctimas de ETA tuvieran que pagar las tumbas de sus asesinos?", se preguntaba hace unas semanas en El HuffPost Emilio Silva, sociólogo y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Por si fuera poco, gobiernos autonómicos de PP y Vox han derogado sus leyes de memoria democrática regionales para sustituirlas, en su mayoría, por "leyes de concordia", que no recogen una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Transición o que equiparan a todas las víctimas de este periodo histórico. Esta semana, precisamente, el Constitucional suspendió cautelarmente la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón tras un recurso del gobierno central.

Pero la 'guerra autonómica' prosigue después de que esta semana en el Parlament balear - mientras el PP apoyaba la iniciativa de Vox para derogar la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de la CC.AA. - el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), destrozara a la vista de todos un retrato de Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y fusilada por el golpismo. "Tuve un momento en que me enfadé e hice algo que no debía hacer, pero ya está, no hay que sacar las cosas de quicio, nunca he querido faltar a la memoria de ninguna víctima, respeto a todas", se excusó el dirigente de Vox tras comprobar el amplio rechazo que había generado su acción. El Gobierno ha pedido, por su parte, a la fiscalía investigar si pudo cometer algún delito.

 

Pese a todo, el Gobierno va por delante en el borrado de las huellas del franquismo. El año pasado, consiguió - a un mes de las elecciones autonómicas y municipales - exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera, amparándose en que la ley de memoria democrática autoriza a reubicar "cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente" en el rebautizado Valle de los Caídos (ahora Valle de Cuelgamuros). 

En paralelo, Sánchez visitó el pasado mes de abril por sorpresa el conjunto monumental para conocer los trabajos de exhumación de 160 víctimas de la Guerra Civil. Los familiares, sin embargo, protestaron por esta imagen ya que a ellos no se les había permitido el acceso previamente al considerarse "peligroso". Sus quejas por este "tétrico espectáculo" - en las fotos difundidas por Moncloa se podía ver al presidente del Gobierno junto a numerosos huesos - obligaron después al Ejecutivo a autorizar dichas visitas.

Además, entre 2019 y 2022 el Gobierno gastó siete millones de euros en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y el pasado mes de abril se aprobó la creación de dos comisiones de trabajo para estudiar posibles "vulneraciones de derechos humanos" tras la dictadura, al inicio de la democracia, entre 1978 y 1983; y otra para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Otras medidas de la ley que el Gobierno prevé aprobar próximamente son un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros con la intención de convertirlo en un centro de interpretación, así como otro Real Decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la guerra civil y la dictadura.

Y además de la Fundación Francisco Franco, el Gobierno también tiene prevista la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la que depende este recinto, integrada por monjes benedictinos.