Pintadas de "prevaricador" contra el juez de Begoña Gómez por su "chalet ilegal" en un pueblo de Ávila

La licencia de primera ocupación, el

 saneamiento y la piscina, asuntos a

 debate en La Adrada (Castilla y León)

ElPlural

José María Garrido/ Rubén Rozas

12-6-24

Vecinos del pueblo de La Adrada (Ávila) llevan años movilizándose en contra de la vivienda familiar del juez Juan Carlos Peinado en un terreno que urbanísticamente siempre ha sido muy polémico en este municipio de Castilla y León. Tanto que en el pasado han sido recurrentes las pintadas contra el magistrado (bajo el lema de “prevaricador”), en la valla de la finca a los que coloquialmente muchos de los vecinos denominan como “chaletazo ilegal”.

La legalización o no de la vivienda; la existencia o no, de licencia de primera ocupación; la posible ausencia de saneamiento o la ilegalidad de la piscina; son asuntos de debate en la localidad castellanoleonesa desde antes 2007. De hecho, todavía a día de hoy, este asunto marca la agenda política y sirve de conversación cotidiana a los ciudadanos a raíz de la vivienda familiar del mediático juez cuya construcción, tal y como ha sabido en exclusiva ElPlural.com, se paralizó en el pasado no pocos meses.

Situada a poco más de una hora de Madrid, la casa familiar de la que disfruta el magistrado se encuentra en un enclave privilegiado, rodeado de vegetación y sin apenas vecinos ni ruidos alrededor. En un ambiente plenamente rural, muchas voces sostienen que los terrenos sobre los que se localiza nunca deberían haber sido plenamente urbanizables y habitables. Algo que en la práctica se produjo en el pleno municipal celebrado el 23 de junio de 2016, como ha podido constatar este periódico.

Al margen de la mencionada aprobación de las nuevas normas urbanísticas por parte del Ayuntamiento de La Adrada, la vivienda familiar del juez Peinado ha requerido del esfuerzo del consistorio local en lo referente a investigar supuestas ilegalidades (falta de saneamiento o piscina), que impiden en cualquier municipio de España la emisión de la licencia de primera ocupación del inmueble.

Licencia de primera ocupación

La alcaldesa del municipio, Pilar Martínez (PP), ha defendido en declaraciones a este medio que lleva poco tiempo en el cargo -desde el mes de junio del año pasado- y que nadie le ha solicitado la mencionada y necesaria licencia de primera ocupación para el chalet al que no pocos vecinos en conversaciones informales definen desde hace muchos años como “chaletazo ilegal”. Tampoco habrían procedido a ello responsables anteriores del Ejecutivo municipal, según han explicado fuentes municipales a este medio. 

Lo cierto es que se trata de un tema del que no se deja de hablar en la localidad, aunque hay quienes prefieren guardar silencio cuando se les pregunta bajo la identificación de un medio de comunicación; tal y como ha tenido constancia de primera mano este periódico. Por contra, muchos otros vecinos no dudan "en dar la cara" contra lo que consideran un gran "escándalo" y un "chalet ilegal" en una zona rural muy querida en el municipio. Estarían dispuestos a hablar en púbico, aseguran. 

En la propia finca, nadie ha atendido a este medio de comunicación. 

Trayectoria de Juan Carlos Peinado

En otro orden de cosas, lo cierto es que es en esta zona el juez Peinado inició su carrera judicial. En cuanto al polémico inmueble, se sitúa a escasos cinco minutos del municipio familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y está ubicado en la provincia de dirigentes que han tenido enorme peso en la política nacional, como Pablo Casado, Ángel Acebes o Sebastián González Vázquez. 

Juan Carlos Peinado nació el 27 de septiembre de 1954 -actualmente tiene 69 años-, entre 1979 y 1980 -con 25 años- se presentó a todo tipo de oposiciones, pero sin éxito, y es que suspendió un total de nueve veces. Con ello, no es hasta un año después cuando consigue plaza. Lo hace en el Ayuntamiento de Lominchar (Toledo), localidad de menos de 5.000 habitantes. Después logra formar parte de los 69 secretarios de 2ª, donde obtiene el puesto 50.

Su trayectoria a partir de ahí se desarrolla en municipios pequeños- de entre 5.000 y 20.000 habitantes-, entre ellos Torres de Alameda (Madrid), Villatobas (Toledo) -le aprobarían una permuta para volver del segundo al primero-, Higuera de las Dueñas o Fresnedillas, ambos de Ávila -quedan claros sus nexos profesionales con esta provincia- y este segundo de 17 habitantes.

En 1994 -desde 1989 y hasta entonces desconocemos a qué se dedica- cuando accede a la judicatura por cuarto turno, siendo uno de los 15 afortunados que consiguieron plaza en el Centro de Estudios Judiciales. En su caso, fue destinado al Juzgado de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro, nuevamente en Ávila.  Desde aquí, se mueve entre las comisiones de servicios y los concursos de traslado, siendo alguno de sus destinos Talavera de la Reina (Toledo) -entre 1997 y 2004-, donde se produce uno de los polémicos episodios relatados por este periódico, o Getafe -entre 2005 y 2012-.

Varios nombramientos por el PP le avalan, aunque no fueran directamente a él. Por ejemplo, en 2010 la Comisión Permanente del CGPJ le concedió una comisión de servicio con relevación de funciones para la Secretaria General de Modernización y Relaciones del Ministerio de Justicia. Estaba presidida por el actual diputado al Congreso del PP, Fernando de Rosa Torner. Siguiendo esta senda, entre 2012 y 2015 pasa al juzgado de lo Penal 7 de Madrid al ser su antecesora Cristina Díaz Márquez nombrada Directora General de Política Interior por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Actualmente, y desde una segunda sustitución a Díaz Márquez, Peinado permanece en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Al margen de lo contado hasta estas líneas, son llamativas son las mencionadas sustituciones en comisiones de servicio al tratarse la jueza a la que toma al relevo de una antigua portavoz de la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en la Comunidad de Madrid, ex alto cargo de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes y muy polémica por algunas de las decisiones adoptadas, como el archivo de una denuncia contra un borrado masivo de los ordenadores del complejo de la Moncloa coincidiendo con la salida de la presidencia del Gobierno de José María Aznar, o las ruedas de prensa ofrecidas como portavoz de Interior durante la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Más allá de lo que compete a su carrera profesional -cuya última publicación data del 30 de abril de 2024 y que acabará el septiembre de 2026- existen más hechos concretos que no pasan desapercibidos. Rebuscando en la hemeroteca, encontramos que en 2013 su nombre estuvo incluido entre los candidatos de la APM para la renovación del CGPJ que, cierto es, no se tradujo en su elección. Cabe destacar que la actual presidenta de la APM es desde 2018 la decana de Plaza de Castilla, decanato que recibió la denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Begoña Gómez que el propio organismo reconoció podía estar lleno de noticias falsas.  Peinado, no está de más incidir, ha colaborado en varias jornadas organizadas por la asociación conservadora.

El juez que abrió diligencias contra la mujer de Sánchez también pidió una plaza de refuerzo del JCI Nº6 de la Audiencia Nacional cuyo titular es el polémico Manuel García Castellón. Sin embargo, finalmente fue seleccionado por la Comisión Permanente del CGPJ Alejandro Abascal, miembro cualificado de la APM.