lunes, 16 de septiembre de 2024
domingo, 15 de septiembre de 2024
Terrorismo machista e impunidad en la cultura de la violación: ¿Hasta dónde llega el silencio patriarcal?
ElPlural
Marta Alberca
15-9-24
‘Not all men’ es el mantra que se ha repetido, difundido y compartido en las dos últimas semanas. Una frase que ha sido escudada en la última década por la sociedad patriarcal para defender que no todos los hombres violan, asesinan o agreden a mujeres. Cierto es en parte. Pero las mujeres no mueren, son asesinadas.
Estos dos argumentos han cobrado fuerza ante una serie de acontecimientos que revuelven el estómago y ponen los pelos de punta: Gisèle Pelicot fue violada hasta en 92 ocasiones por otros hombres bajo la supervisión de su marido; Rebecca Cheptegei, atleta olímpica, fue quemada viva por su pareja; y, en el caso de España, ya son 35 las víctimas mortales que registra la lacra machista en lo que va de 2024.
Pese al escándalo primario, la impunidad y el silencio ejercido por el sistema patriarcal hacen que estos casos queden en un segundo plano a nivel mediático. Pese a ello, el movimiento feminista y las voces de las mujeres hacen todo lo posible para que no caiga en el olvido. En el caso de la mujer francesa que fue violada continuamente con el consentimiento de su marido -hasta en 92 ocasiones entre 2011 y 2020 por 72 desconocidos con la permisión de su cónyuge-, el revuelo mediático ha tenido pocos precedentes y ha puesto de relieve la tolerancia asentada en la sociedad en la cultura de la violación. Prueba de ello, nada más salir a la luz, la primera persona en aparecer en las portadas mediáticas fue ella, la víctima, no las decenas de hombres que fueron partícipes de tal atrocidad, tampoco sus identidades hasta días más tarde.
A este atroz caso, que ya está en manos de la justicia, se suman otros feminicidios que han acaparado la atención mediática. Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que compitió en los Juegos Olímpicos de París, fue quemada viva por su pareja y delante de sus hijos y, unos días más tarde, falleció en el hospital. Otro ejemplo de barbarie que, por un lado, volvió a poner de relieve la violencia machista sin ningún tipo de tapujos y, a su vez, dio visibilidad a una realidad, desgraciadamente, diaria.
Las mujeres seguimos estando desprotegidas ante las leyes, en las calles y en nuestras casas
Impunidad y cultura de la violación
Sobre estos dos últimos sucesos habla la Federación de Mujeres Jóvenes (FMJ) en conversaciones con ElPlural. Así, en referencia a Gisèle Pellicot, su presidenta afirma que es un caso que “ha generado un debate intenso sobre la impunidad y la cultura de la violación, evidenciando la necesidad urgente de reformas en la justicia y de protección a las víctimas”.
No hay más que remitirse a las propias declaraciones judiciales de la víctima. Gisèle no vio los vídeos de los abusos hasta el pasado mayo, cuando fue consciente visualmente de las "escenas de violación insoportables", ante las que ella simplemente estuvo "anestesiada". "Fui sacrificada en el altar del vicio", lamentó.
Así, y en alusión al caso que ha paralizado Francia, desde FMJ califican de “sorprendente cómo la gente que entraba en esa habitación se esconde en el relato de que no son violadores, que pensaban que eran un juego de la pareja”, un argumento en el que se percibe “falta de educación del consentimiento”: “Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, las mujeres seguimos estando desprotegidas ante las leyes, ya no solo en las calles, sino en nuestras propias casas”, alegan.
En los mismos términos se pone de manifiesto como tragedia internacional el caso de la atleta olímpica: “El hecho de que una mujer que ha logrado destacarse en el ámbito deportivo y representar a su país en los Juegos Olímpicos sea víctima de tal violencia subraya la urgencia de abordar este problema desde todas las perspectivas”, añaden desde FMJ, advirtiendo que éste, tanto en el campo deportivo como en otros espectros, “no es un caso aislado”.
35 mujeres asesinadas en España en 2024
Nuestro país no deja una imagen más favorable. Los crímenes machistas, como bien marca la tendencia de los últimos años, reflejan un repunte en los meses de verano, que se ha traducido al cómputo global de este año a 35 mujeres asesinadas.
El Ministerio de Igualdad, así como la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, confirmaron este jueves el caso de una mujer de 31 años asesinada presuntamente por su pareja en Bilbao. Con ella, a su vez, ya son 1.279 mujeres víctimas mortales de esta lacra desde 2003 en España, cuando se empezó a tener registros.
Ante este balance trágico en España, desde FMJ también han valorado, en conversaciones con este periódico, que las sensaciones que se perciben en el movimiento feminista son “desoladoras”: “Nos siguen matando, violando y castigando sin ninguna impunidad. Nos da tristeza tener que estar todo un verano reivindicando y entristecidas por lo mismo”.
Pese al aire desalentador, los esfuerzos no son en vano y la lucha persiste, ya que advierten a su vez que el objetivo está en revisar las medidas y leyes posibles “para que los violadores, agresores, maltratadores y asesinos no estén libres; para que las mujeres sigamos más vivas que nunca”.
sábado, 14 de septiembre de 2024
La 'otra' amnistía, una conversación pendiente con las víctimas del franquismo: "El problema es el paso del tiempo"
ElPlural
Rubén Rozas
13-9-24
Cuando alguien toma una decisión lo hace porque considera que es lo correcto en el momento. España ha tomado varias en su historia reciente, de características bien diferentes y que apuntan en direcciones muy distintas, pero, sin duda, las más importantes se dieron con la Transición. El debate de muchas de ellas ha saltado de padres a hijos y, seguramente, pasará a generaciones futuras.
El cambio de un sistema dictatorial a uno democrático fue el todo o nada. De ahí que algunas de las cosas que se hicieron en aquel momento sean criticables hoy, aunque pocos pensaran entonces que se hacían de forma malintencionada. De aquellos barros el lodo del eterno debate actual sobre tantas cuestiones como la monarquía o, el caso que concierne a estas líneas, la Ley de Amnistía de 1977.
La palabra referida a la medida de gracia aterrizó en nuestro país mucho antes de que el gobierno de Pedro Sánchez la pusiera sobre la mesa. Con figuras fuertes del régimen en el Congreso, la sombra de ETA y una sociedad civil dividida entre una mayoría que clamaba por la libertad y un sector cómodo en el franquismo, la Cámara Baja decidió indultar a personas que ni siquiera habían sido condenadas. Un punto final. Un carpetazo. Una conversación que se cerró de manera abrupta pero que de un tiempo a acá necesita un “Tenemos que hablar”.
Aquella normativa es una de las trabas burocráticas que ha encontrado Julio Pacheco, primera víctima de torturas durante la estancia de Franco en El Pardo que declara -junto a su mujer, Rosa María García Alcón- ante una jueza. Un paso histórico en lo simbólico, pero que ha resultado suficiente en lo penal, ya que la magistrada que lo ha llevado a cabo ha archivado la causa.
Soluciones para reparar completamente a las víctimas de la dictadura
El resultado de la causa de Pacheco -recurrido a la Audiencia Provincial- ha provocado el malestar entre las asociaciones memorialistas, que celebran los pasos que se han dado en materia de memoria histórica pero, sobre todo, centran el foco en los que quedan por dar. Y en las “oportunidades perdidas”.
“La ley de 2007 de Zapatero o la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, en la que se absuelve al juez Garzón de prevaricación por haber investigado crímenes del franquismo, marcaban pasos a seguir por la normativa de memoria democrática de 2022, pero no se continúan”, lamenta Daniel Canales, investigador sobre memoria democrática de Amnistía Internacional en declaraciones a ElPlural.com.
Las cuestiones que reconsiderar tendrían que haber pasado por incorporar el principio de legalidad en el Código Penal y, precisamente, dejar sin efecto el texto de 1977. “Todas las discusiones jurídicas que podamos tener responden a una falta de voluntad política”, resuelve, apuntando el híbrido entre poderes. “La ley de memoria democrática pudo haber servido para avanzar a eliminar los obstáculos en la investigación y el enjuiciamiento penal”, añade; aunque orienta también la mirada a los órganos jurídicos, que mantienen en ocasiones un enfoque “excesivamente formalista” y menos “cercano” al Derecho Internacional.
Sin embargo, asegura que todo esto es algo que viene “de atrás”. “Son muchos años desde la Transición en los que el Estado español ni siquiera se ha planteado la rendición de cuentas (…) Pasan muchos años hasta que, por impulso de la sociedad civil se empiezan a dar algunos pasos, y ahora nos encontramos en un momento en el que muchísimos años después se está intentando dar una respuesta institucional, pero que se ve limitada sobre todo en lo que respecta a la justicia penal, que ha permitido que los obstáculos se mantengan vigentes durante muchísimo tiempo”.
El problema “fundamental”, evidencia, es el “paso del tiempo”: “Ha pasado demasiado tiempo sin respuesta, y todo el que siga pasando es muy difícil de recuperar porque hay víctimas que fallecen, familiares que mueren… y el Estado se ha demorado mucho”.
Delitos de lesa humanidad
En términos más preciosos con la jerga, Canales aplaude cuestiones que contiene la ley propuesta por las fuerzas de izquierda y sacada adelante en los últimos años, pero emite cuáles son, a su juicio, los vacíos que deja. “Ampliar el elenco de víctimas, por ejemplo, es un aspecto muy positivo (…) Y si me preguntan hace años si veía siquiera viable que una jueza escuchara el relato de una víctima, habría dicho que no”, dicta respecto a lo primero. “Pero contiene una obviedad, y es que subraya que se debe interpretar conforme al derecho internacional por el cual delitos como los de lesa humanidad no pueden prescribir”, emite respecto a lo segundo. Explicado de una forma llana, las torturas o desapariciones que se llevaron a cabo durante el franquismo deberían enmarcarse como delitos de de lesa humanidad; y no es así.
“No es así porque no se tipifican como un proceso sistemático de tortura, sino común”, complementa también para este medio Charo Arroyo, responsable de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), Charo Arroyo. En la misma línea que su homólogo en Amnistía Internacional, considera que bastaría -o al menos, sería con gran apoyo para que se juzguen estos crímenes- con “modificar al Código Penal”. “A fin de cuentas la ley de amnistía no era del todo tal, porque se perdonaba a quienes no estaban juzgados”, remacha.
Aquel texto no se ha tocado desde que se aprobó, aunque estuvo sobre la mesa en 2021. Por ello y otras cuestiones -algunas de las cuales se están abordando en estas líneas, como la prescripción- “se han archivado cerca de cien denuncias”. “A pesar del relato, los hechos probados -para demostrar que lo que se cuenta es verídico el militante antifranquista tuvo que enfrentarse a un peritaje con psicólogos y otros equipos ateniéndose la conocido como Tratado de Estambul- consideran que, acorde a la ley española vigente entonces no se podía imputar por ese delito” a los policías denunciados: el ex comisario Villarejo, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero. A dos de ellos ya no se les puede juzgar al haber fallecido.
Antes de 2001 las exhumaciones se hacían por cuenta propia
De un pasado aunque a veces no lo creamos, cercano, a uno todavía más próximo a nuestros días y el presente más inmediato, Canales hace un breve recorrido por la España memorialista: “Hay que tener en cuenta que pasan más de 25 años hasta que asociaciones de memoria democrática llevan a cabo exhumaciones (en 2001). Antes se habían realizado, pero porque familiares por cuenta propia habían decidido acudir a desenterrar a sus seres queridos. Este año, la propia ONU advierte de que el España incumplía con la reparación a las víctimas (…)”. Después, 2007 y Zapatero, 2012 y Garzón y 2022 y Sánchez, con fechas no menos importantes entre medias, como 2008, cuando Naciones Unidas emplaza a nuestro país a investigar penalmente los crímenes del franquismo.
Con las cartas de las que el Gobierno dispone actualmente -de nuevo con el reloj en contra-, parece “poco viable” que la cuestión se desenrosque y, desde luego, como llegue la derecha -y no digamos la extrema derecha-, dejan claro nuestras voces, olvídate.
Haciendo también para esto de la incertidumbre la punta de lanza de España, los expertos se quedan con la pelea llevada a cabo hasta ahora y los objetivos cumplidos: “Si algo consiguen trasladarnos nuestros antepasados y, ahora, las asociaciones memorialistas es la lucha constante, el no bajar los brazos (…) Se han conseguido muchas cosas”.
La actual presidenta de Madrid ha continuado el camino de su antecesora abriendo o manteniendo organismos inservibles pero que han supuesto un superfluo -y millonario- gasto a las arcas públicas
ElPlural
Rubén Rozas
13-9-24
Toni Cantó, Joaquín Leguina, Ortega Cano… Son varias las personas a las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un trato preferente a partir de negocios de dudosa utilidad. Nada nuevo bajo la Puerta del Sol, pues a fin de cuentas obedece a una práctica habitual que han llevado a cabo dirigentes anteriores de la región, aunque seguramente el nombre más reconocible en este modus operandi sea el de Esperanza Aguirre, de quien Ayuso es alumna aventajada.
La propia baronesa se benefició de Madrid Network, uno de los organismos público-privados que Aguirre puso a funcionar pero que en la práctica resultó ser un fiasco más y un agujero para las arcas públicas. La actual dirigente de la autonomía estuvo casi tres años en nómina y percibió más de 4.000 euros al mes entre 2008 y 2011. El pufo de aquel proyecto fue de al menos 20 millones de euros para el contribuyente, según concretó El País.
Lejos de escarmentar de la experiencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha procedido a golpe de enchufismo -dicho de un modo más coloquial- para colocar a amigos en escenarios que en realidad no han servido de nada. Posiblemente el ejemplo más claro de esta manera de actuar sea la Oficina del Español que dirigió el ex de Ciudadanos Toni Cantó. El también antiguo miembro de UPyD había hecho campaña por Ayuso en las elecciones de 2021; de hecho, llegó a ocupar un quinto puesto en las listas que quedó en anécdota después de que el PSOE recurriera ante la Justicia su candidatura por no empadronarse antes de la convocatoria de los comicios.
Lo que podía parecer un premio de consolación para Cantó terminó siendo tremendamente favorable para el también actor, ya que se embolsó 75.000 euros al año. Entre un maremágnum de críticas, Ayuso defendió que el organismo serviría para dar a conocer el castellano y convertir Madrid en la “capital europea del español en el mundo”.
Cantó abandonó el cargo en septiembre de 2022 -el anuncio de la creación data de julio de 2021- para embarcarse en un “nuevo proyecto profesional”. “Ha sido una experiencia inolvidable que recordaré con orgullo (…) Quiero agradecer a la presidenta y a todo su equipo haberme permitido formar parte de su gobierno”, escribía para despedirse.
Suma y sigue, con la tauromaquia como una de las banderas a enarbolar, Ayuso también puso a otro conocido, en este caso del mundo del toreo, en un chiringuito. Se trata de Ortega Cano, al que la Comunidad de Madrid nombró en 2022 vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la región. El nombre del diestro trascendió como si se tratara de un fichaje -otro más- estrella y se sumaba al de Raquel Sanz -viuda del torero fallecido Víctor Barrio-, que también pasaba a ejercer como vocal. El presidente de la entidad es Miguel Abellán, viudo de Rocío Jurado, la única persona que cobra -más de 75.000 euros anuales- dentro del organigrama. Sin embargo, el mero hecho de tener peso en la entidad, favorece que Cano tenga aseguradas invitaciones “en palcos superiores” o un “pase de aparcamiento” para asistir a las fiestas de Las Ventas.
A los nombres propios con los que la lideresa regional ha cerrado este tipo de acuerdos hay que añadir ya más recientemente el de Joaquín Leguina. El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, expulsado en 2022 de la formación que a nivel nacional lidera Pedro Sánchez, nunca ocultó su cercanía con la responsable regional; un trato que se rubricó el pasado mes de marzo, cuando Ayuso le colocó en el Tribunal de Cuentas.
Leguina asumió como un “honor” una responsabilidad que lleva aparejado un sueldo de 100.556,52 euros, según el documento de retribuciones de altos cargos actualizado a fecha 1 de enero de este mismo año. La decisión de la lideresa va más allá de una mera amistad, y es que el anuncio llegó después de que la política conservadora mostrara su intención de controlar este organismo u otros como la cadena Telemadrid, de carácter público.
Y luego, hay negocios que Ayuso sencillamente no ha dejado caer, a pesar de que no aporten gran cosa a la ciudadanía y de que las pérdidas sean evidentes. Sobre alguno de estos ha informado ElPlural.com, por ejemplo, el Centro de Investigación Gastronómica que Madrid tiene desde 2018 y que actualmente no resulta nada productivo. Tanto es así que es más caro el alquiler del local que lo que invierte en proyectos y personal.
Heredera de Aguirre
Esperanza Aguirre sabe muy bien lo que son los chiringuitos. La lista es larga, aunque en ella destacan algunos como la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, que cerró a finales de 2013 y donde la maestra de la actual presidenta colocó a Santiago Abascal. Precisamente el mismo día en el que el político de extrema derecha cesó de este puesto fundó Vox.
El líder de la formación ultraderechista percibía unos honorarios de 82.000 euros al año de un organismo en el que trabajaban únicamente él y una asesora técnica. Entretanto, la fundación recibió 183.600 euros en concepto de subvenciones en 2013, además de beneficiarse de un local cedido por la administración regional.
Pese al montante, el negocio recayó en pérdidas y solo cumplió un objetivo, según reflejaba la última memoria de actividad económica: un patrocinio directo con Servimedia para una beca de periodismo en la agencia de noticias. Aunque, a decir verdad, no está mal si se tiene en cuenta que el organismo pocas actividades más en el calendario: organizar una gala de premios a la Responsabilidad Social Empresarial -que nunca se llegó a celebrar por “falta de medios”- y un acuerdo con Bancos y Cajas para conseguir promocionar con “piezas de papelería” el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Esto tampoco se llevó a cabo por “falta de disposición de las entidades”.
Aguirre mantuvo esta senda con más proyectos de cuestionable finalidad. Uno de los más faraónicos fue el Plan de Infraestructuras Aeroportuarias 2007-2025 que la expresidenta quiso poner a funcionar a través de la empresa Aeropuerto de Madrid.
La intención pasaba por construir aeródromos en Campo Real, Navalcarnero y El Álamo. Para cumplirla, el equipo de Sol creó la compañía Aeropuertos de Madrid SA; entidad que se creó en 2007 y se disolvió en 2011 sin dejar rastro alguno de ningún trabajo.
Y antes , Aguirre y María Dolores de Cospedal, durante su etapa como consejera de Transportes, dieron continuidad a Geomadrid, puesto sobre la mesa por la administración Gallardón. El proyecto nunca se llevó a cabo, pero el agujero, de 45 millones de euros, ahí quedó.
jueves, 12 de septiembre de 2024
Julio Pacheco, torturado por el franquismo: “Estuve tres días atado a un radiador. Nos ponían pistolas en la cabeza”
ElPlural habla con la primera persona que declaró ante una jueza por esta práctica franquista tras una denuncia contra el ex comisario Villarejo y otros tres policías de la Brigada Político Social
ElPlural
12-9-24
Rubén Rozas
1975. El franquismo dando sus últimos coletazos. Franco, dispuesto a morir de pie. Un país que, sin saber si estaba preparado para cambiar las cosas, intentaba autogestionarse a golpe de calle y clandestinidad. Julio Pacheco representa esa imagen de los y las estudiantes que corrían delante de los 'grises' Ciudad Universitaria abajo. A los que tantas veces cantó Ismael Serrano.
Detenido cuando solo tenía 19 años, fue uno de los infinitos detractores del régimen que las autoridades franquistas torturaron en la Dirección General de Seguridad (DGS), ahora sede de la Comunidad de Madrid; el único que lo ha contado ante una jueza de manera presencial dentro de nuestras fronteras. Antes de él, las víctimas únicamente habían hablado por videollamada o desde países como Argentina.
“Nos amenazaban continuamente de muerte, nos ponían pistolas en la cabeza, nos daban golpes en las plantas de los pies, te pasaban como si fueras una peonza entre cinco o seis personas (…) Te hacían sentir que no valías nada”, relata en declaraciones a ElPlural.com
Aquellas atrocidades, por las que denunció al excomisario Villarejo, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero -solo dos de ellos están vivos- llegaron a juicio, aunque la magistrada ha archivado la causa (pero no está todo acabado, pues está recurrida a la Audiencia Provincial). A pesar de este jarro de agua fría, Pacheco pide no desviar la atención de lo (otro) importante y emplaza a sacar valentía, la que mostraron él y otros tantos con la libertad por bandera: “Los que vivimos aquella época tenemos una responsabilidad especial. Somos la última generación que la vivió y tenemos el deber de contarlo, para crear conciencia y que no se repita. Es duro, pero hace falta (…) Fuimos miles”.
PREGUNTA (P): ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser la primera persona en declarar ante una jueza por torturas durante el franquismo?
RESPUESTA (R): Fue una explosión de alegría. Algo esperanzador y muy bonito. Íbamos con la idea de que rompíamos el muro.
P: No sé si eres del todo consciente de que, independientemente del resultado momentáneo, has asentado un precedente.
R: Los medios lo calificaron de histórico, pero yo creo que no fue para tanto (…) Es verdad que supuso un avance, y claro que tuve esa sensación de cierto éxito.
P: Y ahora, el jarro de agua fría de la prescripción…
R: El sentimiento es bien distinto. De pena y rabia. No sé decirte cuál de las dos gana. Es verdad que después de una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional (TC) ya con la Ley de Memoria Democrática en vigor, nos lo imaginábamos. De hecho, el auto viene a decir que la instrucción no puede seguir porque el TC corta cualquier continuidad.
P: ¿Cómo fueron aquellos años? Hasta donde quieras contar porque entiendo que nunca son fáciles de recordar.
R: No te preocupes, estos días he vuelto a recordar un montón… Fue una época que nos tocó vivir -a mí y a mucha gente- y no podíamos hacer mucho más. Yo tenía 19 años (1975), estaba en Segundo de Biológicas en la Complutense y era lo que había… Existía tal falta de libertad… No se podía leer, ir al teatro… Si tenías cualquier inquietud no te quedaba más remedio que movilizarte contra Franco. Fueron años de muchas detenciones y mucha agitación en la calle.
Si tenías cualquier inquietud no te quedaba más remedio que movilizarte
P: ¿A ti por qué te detienen? ¿Qué alegan?
R: Yo militaba en la Federación Universitaria Democrática de España (FUDE), la organización universitaria del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Caímos, creo recordar, 36 miembros.
P: ¿Qué os hacían cuando os llevaban a la Puerta del Sol?
R: A mí me tuvieron siete días retenido. Durante una semana fueron torturas continuas, paraban de vez en cuando, te interrogaban… En este caso estaban buscando a quienes habían hecho el atentado al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Los que caímos fuimos sometidos a torturas brutales porque querían encontrar un culpable como fuera.
P: Cuando hablamos de torturas nos referimos a palizas…
R: Amenazas de muerte continuas, nos ponían pistolas en la cabeza, golpes en las plantas de los pies -esto es súper doloroso porque el dolor aumenta con cada golpe-, te pasaban entre cinco o seis personas como si fueras una peonza y ahí te tiraban, te golpeaban (…) A todo eso súmale el factor psicológico; te hacían sentir que no eras nada, un muñeco. Yo estuve tres días atado en el radiador de un despacho y cualquiera que pasaba por ahí me podía pegar o insultar. Es una sensación de que no vales nada.
Ante eso lo teníamos el orgullo de decir que éramos antifascistas, que ese era el motivo por el que estábamos allí. Nos mostrábamos más fuertes que ellos en el sentido de que no hablábamos, no colaborábamos… todo con el objetivo de que no cayera más gente por nosotros. Y es eso lo que te mantiene un poco fuerte. Paradójicamente, sentíamos como una victoria mantener con el silencio nuestra personalidad, lo que nos querían quitar a golpes.
Ante sus golpes, el orgullo de ser antifascistas (...) El silencio era nuestra victoria
P: A la hora de denunciar tienes que demostrar que todo esto que cuentas es cierto. ¿Cómo es ese proceso, muy duro y que mucha gente desconoce?
R: Cuando te decides a presentar la querella, antes incluso, al hablar con el abogado, empieza a ser complicado. Se ajustan al protocolo de Estambul (…) En mi caso el peritaje psicológico me lo hizo el grupo Sira y la verdad es que son grandes profesionales… La manera en la que llevaron a cabo el interrogatorio… No sé, se me hizo menos duro. El resultado fue que mi relato contenía una alta verisimilitud.
Y en la querella colabora mucha gente de forma altruista, lo cual se agradece mucho. Presentamos también un informe de contexto histórico con el que veníamos a demostrar que se trata de delitos de lesa humanidad, porque estaban dirigidos a una población concreta, fue sistemático durante la dictadura, etc.
Demostramos asimismo que los cuatro policías que yo denunciaba formaban parte de la Brigada Político Social y que habían recibido 25.000 pesetas por detenernos. La jueza refleja todo esto muy bien en el auto.
Villarejo -y el resto de policías- recibieron 25.000 pesetas por detenernos
P: Es imprescindible no olvidar. Es fundamental educar.
R: Es vital para que la democracia española sea una democracia real. Hay que mirar al pasado, reciente además. Que muchas de estas cosas no estén en los libros de texto de las nuevas generaciones, que se corra un tupido velo… provoca que la democracia cojee.
Estamos experimentando un aumento reaccionario, de reivindicación del franquismo, que niega lo que fue realmente aquello. ¡Es que fue una dictadura! No existía ningún tipo de libertad, todo era censurable… y los hay que quieren volver. Si realmente la juventud conociera todo esto, seguramente a esa ideología le costaría mucho más posicionarse de lo que lo está haciendo.
P: ¿Por dónde pasarían los cambios desde un punto de vista legal? Porque todavía tenemos una ley de amnistía que data de 1977, caduca a ojos de mucho; una reciente de Memoria Democrática en la buena dirección, pero insuficiente para algunos…
R: Lo primero es derogar la ley de amnistía, y luego que el principio de legalidad internacional se aplique según el derecho internacional. Que las torturas del franquismo se tipifiquen como delitos de lesa humanidad.
Si la juventud conociera todo, a los reaccionarios les costaría más posicionarse
P: Me gustaría terminar esta entrevista dedicando la última pregunta a tu mujer. Ella te ayuda mucho en el proceso, presenta también una denuncia, pero es verdad que en un principio la cuesta. Es normal, por otra parte. ¿Qué mensaje lanzas a aquellas personas que no se atreven a denunciar, bien por miedo, por no recordar o, sencillamente, porque piensan que no va a servir de nada?
R: Que los que vivimos aquella época tenemos una responsabilidad especial. Somos la última generación que lo vivió. Y tenemos el deber de contarlo, también para crear conciencia y que no se repita. En definitiva, es duro, pero hace falta. Fuimos miles.
miércoles, 11 de septiembre de 2024
martes, 10 de septiembre de 2024
lunes, 9 de septiembre de 2024
domingo, 8 de septiembre de 2024
sábado, 7 de septiembre de 2024
miércoles, 4 de septiembre de 2024
Inmigrantes, solo cuando quiero: sustentan las pensiones y aportan diez veces más de lo que reciben
Los 2,8 millones de trabajadores extranjeros aportan un 10% de toda la recaudación de la Seguridad Social, pero reciben un 1%
ElPlural
Roberto Ugena
4-9-24
El aumento del flujo migratorio de la ruta canaria y la incapacidad de las instituciones insulares y de las ONGs de acoger en condiciones óptimas a los menores migrantes que llegan a las playas buscando una vida mejor han recuperado un eterno debate. La solidaridad del resto de comunidades autónomas podría haber puesto fin a la crisis, pero los gobernantes del Partido Popular (PP) no están por la labor de auxiliar al Gobierno canario y la formación a nivel nacional, acompañada de Vox y Junts, ha decidido tumbar la tramitación de la reforma de la ley que pretendía obligar al reparto solidario.
Este escenario es el campo perfecto para esparcir racismo y xenofobia y plantar bulos que, pese a tener una escasa credibilidad, calan en la sociedad. Despersonalizando a niños que llegan a tierra, los que sobreviven, después de días naufragando por el mar, el mito del inmigrante que viene a quitarte el trabajo y, a la vez, a vivir de paguitas empieza a poblar bocas ultraderechistas. Y si no, pues vienen a robar y delinquir. Lo cierto es que ninguna estadística o cifra oficial sustenta esta basura racista que algunos cuelan por discurso.
Ninguna persona debe se tratada como un número y el abordaje de “los inmigrantes son necesarios para trabajar en España y pagar las pensiones” solo replica un discurso neoliberal. El inmigrante es bueno porque viene a trabajar e impulsa la economía, defiende parte de la socialdemocracia, como si personas fuesen herramienta de trabajo. No obstante, más allá de que el migrante debe ser considerado bueno por el mero hecho de ser persona, independientemente de su procedencia, lo cierto es que la afirmación coincide con los datos.
Aportan mucho más de lo que reciben
La Unión Europea (UE) está vieja y el libre mercado se ha encargado de que sus generaciones jóvenes sean incapaces de formar una familia sin tener que renunciar a comer o pagar el alquiler. Aquellos que llevan trabajando décadas llegan a su merecida jubilación y cada vez más disfrutan de esta cuantía gracias al trabajo de los migrantes que desprecian. En España, el número de trabajadores extranjeros no para de crecer, seis veces por encima de la media nacional, y, para desgracia de los racistas, no son los rubios de ojos azules que tanto les gustan.
Los trabajadores extranjeros representan ya el 13,5% del total de afiliados a la Seguridad Social, con sus cuotas e impuestos que financian las pensiones de la población nacional. Casi tres millones (2.870.742) entre asalariados y autónomos que se desempeñan en España, siendo la mayoría de fuera de la UE (1.948.832). El principal país de procedencia es Rumanía (334.187), parte de los Veintisiete, seguido de Marruecos (319.166), Colombia (217.946), Italia (199.127), Venezuela (164.478) y China (119.078), con fecha del 31 de julio de 2024.
La necesidad de trabajadores migrantes para mantener la ratio cotizante/pensionista ya la ha anticipado el propio Banco de España, que habla de 24 millones de trabajadores extranjero más. Y ya se está dando. En 2023, las personas extranjeras ocuparon el 40% de los nuevos empleos y en lo que va de año han sumado otros 200.000 afiliados más a sus filas de la Seguridad Social (de 2,66 a 2,87 millones), de los poco más de 400.000 totales que ha incrementado el conjunto del país (de 20,77 a 21,19 millones).
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estima que España requerirá de entre 200.000 y 250.000 migrantes anuales para sostener las empresas privadas y los servicios públicos porque, además de trabajar, cuestan poco a las arcas del Estado. Los datos del propio Ministerio evidencian que aportan anualmente el 10% de todo lo recaudado por la Seguridad Social y tan solo son beneficiarios de un 1% del gasto. Una diferencia positiva para las cuentas públicas que asciende a millones de euros.
Los empresarios también ven filón en la realidad migratoria, sabedores que no conseguirían ocupar muchos de los puestos que ofertan, con condiciones miserables, si no pudiesen aprovecharse de la necesidad de las personas migrantes. Los trabajos más duros, peor pagados y que presentan mayor vulneración de la normativa laboral, según la propia Inspección de Trabajo, son aquellos que emplean a más migrantes. Medio millón en la hostelería, otro medio entre la Construcción y la Industria manufacturera. Ni que decir de los trabajos de cuidados de ancianos o la recogida temporal de los múltiples frutos que crecen en España.
Así todo, la extrema derecha actual reniega de los migrantes, apoyándose en datos y acusaciones no fundamentadas. Por su parte, las opciones liberales y socialdemócratas, que no dudan en tornarse más radicales si lo requieren los votos, defienden ahora una migración ordenada, circular y laboral, vendiendo como un favor lo que realmente es una necesidad de occidente. Mientras, miles de personas mueren diariamente en el mar escapando de guerras, persecuciones y miseria y son tratadas como meras cifras incluso antes de saber si sobrevivirán a su viaje.
domingo, 1 de septiembre de 2024
La derecha no cree en Dios
El cristianismo de la derecha va por barrios: en materia de aborto o eutanasia son más cristianos que nadie, pero en materia de pobres o inmigrantes son ferocísimos ateos
ElPlural
Antonio Avendaño
1-9-24
Malos tiempos para la fe, y no porque haya demasiados descreídos sino porque los creyentes que quedan no se toman en serio su propia fe religiosa, pero sí y mucho su propia fe política. La derecha de hoy no se toma en serio a Dios, no se respeta a sí misma como creyente, únicamente lo hace como derecha: la fe política es infinitamente más poderosa y determinante en sus vidas que la fe religiosa, de modo que cuando ambas chocan la victoria es siempre para la primera.
Dios, Cristo, San Pablo, san Francisco, los Evangelios… vale, sí, están bien, pero siempre que la doctrina que imparten no coincida con lo que cree o sostiene la izquierda, pues la verdadera encarnación de Satanás en este mundo es, carísimos hermanos, precisamente la izquierda y no el olvidado Belcebú, que solo es capaz de infundirnos miedo cuando sale en ‘El exorcista’: ¡para eso ha quedado, el pobre! En el Occidente próspero y descreído, el temible Ángel de las Tinieblas de antaño es hoy un pobre diablo al que nadie echa cuentas.
Basta echar una mirada a los Estados Unidos para constatar hasta qué punto el cristianismo ha sucumbido ante el conservadurismo. La fe verdadera es el derechismo y Trump es no ya su profeta sino su Mesías. Aunque hay pocos pecados que el delincuente y candidato semifascista a la Casa Blanca no haya cometido -adúltero, putero, jactancioso, golpista, defraudador, mentiroso…-, prácticamente toda la derecha cristiana norteamericana está con él: sus delitos, sus faltas, sus pecados son para ella irrelevantes, lo que cuenta de Trump es que es la encarnación misma de la Verdadera Fe, un ‘pack’ donde uno encuentra un poco de todo: integrismo, machismo, autoritarismo, antifeminismo, negacionismo… Comparadas con los discursos de Trump, las cartas de San Pablo son una mariconada.
El papa de Roma y el ‘papa de Génova’
A este lado del Atlántico las cosas no son muy distintas. Y no solo ahora a propósito de los inmigrantes, en cuya defensa ha salido el papa Francisco y cuya deportación masiva sugiere el Partido Popular. Cuando en 2003 Aznar se sumó a la guerra contra Irak promovida con mentiras por George W. Bush y rechazada ejemplarmente por Juan Pablo II, la derecha española se alineó ciegamente con ‘el papa de Génova’, no con el papa de Roma. La fe política fue entonces mucho más poderosa que la fe religiosa: esta última está bien para las bodas, bautizos, comuniones y misa de doce, pero no para las elecciones.
La inmigración es hoy el asunto en que se aprecia de forma más nítida y contrastada esa pugna entre la fe religiosa y la fe política donde la primera sucumbe sin remedio a manos de la segunda. Esta semana, el papa Francisco ha vuelto a recalcar la posición del Vaticano: “Repeler por todos los medios” a las personas migrantes, ha dicho, es “un pecado grave”, pues “el Señor está con nuestros migrantes en el ‘mare nostrum’, no con los que rechazan a quienes huyen de la guerra, de la violencia, de la persecución y de tantas calamidades”; la solución, añadía el pontífice, no está en “militarizar las fronteras, sino en ampliar rutas de acceso seguras”.
La posición del PP es justo la contraria. Su portavoz parlamentario Miguel Tellado decía esto: “Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar la salida de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas y acude a los países de origen a alentar las salidas, que es lo contrario de lo que habría que hacer en estos momentos”. Era la respuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo a la gira del presidente Pedro Sánchez por varios países del África occidental, guiado precisamente por la idea de “ampliar rutas de acceso seguras”. Y es que el cristianismo de la derecha va por barrios: cuando se habla del aborto o la eutanasia son más cristianos y fraternales que nadie, pero cuando se habla de pobres o de inmigrantes son unos ferocísimos ateos.
Una paradoja de nuestro tiempo
El presidente ha viajado a Gambia, Mauritania y Senegal y el PP se ha apresurado a acusarlo de estar promoviendo un efecto llamada. Naturalmente, si Sánchez hubiera anunciado que no viajaría a esos países, el PP le habría afeado no hacerlo, con el argumento de que solo cerrando acuerdos con esos gobiernos podría frenarse la inmigración irregular y promover la legal. La fe antisanchista del PP tal vez no mueva montañas, pero sí patrañas.
La paradoja, no ya política sino incluso teológica, de nuestro tiempo es que hoy los verdaderos cristianos son los ateos, pues no en vano los valores que defienden las descreídas hordas de la izquierda están mucho más cerca del mensaje fraternal del Galileo y de Pablo que los defendidos por quienes secularmente han representado y se han identificado con la Iglesia inspirada por el primero y fundada por el segundo. La izquierda toma mucho más en serio al papa que la derecha; esta, en cambio, solo lo hace cuando las palabras del pontífice no contradicen su fe conservadora: ocurrió con Juan Pablo II y la guerra de Irak y vuelve a ocurrir con Francisco y la inmigración. Incluso alguien tan cordial y civilizadamente conservador como Luis Alberto de Cuenca (¿para cuándo, por cierto, el Premio Cervantes par él, maldita sea?), al serle requerida en RTVE por el periodista Jenaro Castro su opinión sobre el papa Francisco, respondía displicente el gran poeta: “Un peronista simpático”. Seguro que su respuesta habría sido más piadosa de haber sido preguntado por el conservador Juan Pablo II.