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martes, 19 de julio de 2022

 


Los monjes del Valle de los Caídos ofrecen otra misa de recuerdo del golpe franquista a la espera de su desalojo

    • Los benedictinos celebran este lunes un oficio

    •  durante el que se alude al alzamiento de 1936

    •  días después de que el Congreso aprobara la Ley

    •  de Memoria Democrática que resignificará el

    •  recinto, expulsará a los frailes y modificará el

    •  marco de presencia eclesial en la abadía


elDiario.es


Jesús Bastante


Actualizado el 19/07/2022


Lunes 18 de julio de 2022, once de la mañana, suenan las campanas. Como cada año, la veintena de monjes benedictinos que resisten en Cuelgamuros entra a la basílica para oficiar una misa. Esta vez, sin blasones, ni flores ante una tumba desierta, pero con el recuerdo de lo sucedido hace ahora 86 años. Una misa que puede ser la última.


El 18 de julio de 1936, un golpe de Estado liderado, entre otros, por el general Francisco Franco, metió a España en una cruenta Guerra Civil de tres años, a los que siguieron cuatro décadas de dictadura. La pasada semana, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Memoria Democrática que, a la espera de que pase en septiembre el trámite parlamentario del Senado, declarará la ilegalidad de las sentencias franquistas, reparará a las víctimas y permitirá las exhumaciones de las fosas comunes del franquismo. Algunas de ellas, en un lugar tan significativo como el Valle de los Caídos, que según la norma pasará a denominarse 'Valle de Cuelgamuros'.

[[ACTUALIZACIÓN – El obispo auxiliar de Madrid preside una misa en el Valle de los Caídos convocada por la ultraderecha]]

El prior del Valle, Santiago Cantera, acaba de regresar de Solesmes donde ha asistido a la elección del nuevo abad del monasterio francés del que depende su abadía y se muestra tranquilo. De momento, no hay ley que avale su salida a la que, según ha podido confirmar elDiario.es, se resistirán con uñas y dientes. Y con el total apoyo de la ultraderecha política y católica, que esta misma semana ya ha afilado sus cuchillos. El líder de Vox, Santiago Abascal, criticaba la Ley de Memoria Democrática, y anunciaba: “Reconstruiremos todo lo que destruyan y levantaremos todo lo que derriben: Desde la economía hasta las cruces”.

Por su parte, la plataforma ultra HazteOir ha lanzado una de sus cuestionadas campañas a través de las redes exigiendo a los obispos españoles “que defiendan el Valle de los Caídos”, asegurando que “el Gobierno y la izquierda que le apoya se proponen acabar con la Cruz, desacralizar la basílica, fulminar el culto católico y expulsar a los monjes benedictinos”.

Por más que la ultraderecha quiera decir lo contrario, la cruz no se retirará, ni la abadía será desacralizada, ni se profanarán cadáveres, ni se perseguirá a la Iglesia. Lo que sí sucederá, al menos con el texto de la ley en la mano, es que se procederá a la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuya gestión corre a cargo de los benedictinos, por “resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. El enclave, que será resignificado como lugar de Memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, no volverá a estar a cargo de esta congregación.

Sin embargo, desde HazteOir se asegura, en una clara presión hacia los líderes de la Conferencia Episcopal, que “lo que está en juego en la ofensiva contra la dimensión religiosa del Valle de los Caídos son la libertad religiosa y los derechos de la Iglesia Católica y de los fieles reconocidos en los tratados internacionales y en la Constitución Española”.

Me permito solicitarles que defiendan el culto católico, protejan los recintos sagrados y amparen a los benedictinos frente a la amenaza, cada vez más próxima, de la desaparición del Valle de los Caídos y su profundo significado religioso. Les ruego que actúen para impedir la destrucción del Valle de los Caídos”, se afirma en la petición, dirigida a la cúpula episcopal española.

¿Cuál será el futuro? Todavía no está claro, pues la norma lo único que apunta es que se aprobará, con efecto inmediato (pero también consensuado con la Iglesia), “el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”. Dado que la abadía no será desacralizada, el paso siguiente es negociar con las autoridades religiosas (con la Abadía de Solesmes, pero fundamentalmente con el Arzobispado de Madrid, de quien depende territorialmente el enclave) qué institución podría hacerse cargo del culto en Cuelgamuros.

Hasta hace pocas fechas, todos daban por hecho que sería la Comunidad de Sant'Egidio, pero todo dependerá del grado de polémica que se quiera alcanzar en un otoño que se prevé 'caliente' en las relaciones Iglesia-Gobierno, y en mitad del 'interregno' del todavía secretario general y portavoz, Luis Argüello (toma posesión del arzobispado de Valladolid el 30 de julio, y desde entonces prácticamente desaparecerá de la política nacional) en la Casa de la Iglesia.

¿Qué pasará con la comunidad benedictina en el Valle de los Caídos?, preguntaba El País al secretario de Estado de memoria Democrática, Fernando Martínez. La respuesta es muy clara: “La ley plantea la extinción de la llamada Fundación del Valle de los Caídos y la creación de un nuevo estatus jurídico a través de un real decreto que se tiene que hacer una vez que la norma se apruebe definitivamente. Ahí se contemplarán todos los supuestos del nuevo funcionamiento”.

¿Y qué pasará con los benedictinos? Su presencia “tiene poco sentido”, pues “su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales”. Los monjes, impertérritos, siguen celebrando, cada 18 de julio, una misa por los caídos por Dios y por España. La de este lunes, quizá, haya sido la última.

lunes, 18 de julio de 2022

 






86 años después del Golpe de estado de Paca la Culona y otros generales traidores.


Los honores que Franco mantiene en España y la necesidad de la Memoria Democrática




El 18 de julio de 1936 el dictador daba el Golpe de

 Estado que iniciaba la Guerra Civil. 86 años después

 nuestro país sigue teniendo más de 5.000 vestigios

 relacionados con el régimen


RUBÉN ROZAS Lunes, 18 de julio de 2022

ElPlural


18 de julio de 1936, Francisco Franco y otras militares como Emilio Mola o Gonzalo Queipo de Llano impulsan el alzamiento nacional contra el Gobierno de la República salido democráticamente de las urnas. El acontecimiento es de sobra conocido, así como los 36 años que tras la victoria del bando sublevado (en 1939) dejaron a España inmersa en una dictadura. Sin embargo, 86 años después de aquel verano del 36 y 47 después de la muerte de Franco, nuestro país mantiene cientos de monumentos y calles franquistas repartidas a lo largo y ancho del territorio, siendo algunos de ellos El Arco de la Victoria de Madrid, el monumento a Franco en Tenerife o a Mola en Alcocero de Mola (Burgos). Varias del total de construcciones de estas características que todavía hay en nuestro país fueron edificadas tras el fallecimiento del dictador.

El pasado jueves se aprobaba la Ley de Memoria Democrática, en la que buena parte de la sociedad ve una oportunidad para enterrar por siempre los vestigios que quedan en España de la época predemocrática; un proceso que muchos sitúan, empezó con la exhumación del propio Franco del Valle de los Caídos, en 2019.


Una ley más contundente que la de 2007

El que fuera portavoz del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), Matías Alonso, defiende que la aprobación de la normativa es un “paso importante” para avanzar como sociedad. De hecho, estuvo en la tribuna del Congreso el día del debate. Así las cosas, confía en que el texto funcione de una forma más rigurosa en cuanto a la aplicación de la ley se refiere que el de 2007, tal y como está pensado. “Fue un día importante para mí”, reconoce.

La ley actual puede ser más favorable porque tiene un cuerpo sancionador (de entre 200 y 150.000 euros, en función a la gravedad de la infracción) y se dan unos plazos concretos para que a partir de una denuncia esos vestigios pueden desaparecer. Eso ya es así en muchos lugares como por ejemplo en Valencia”, cuenta en declaraciones a ElPlural.com. “Hay elementos suficientes para que bien de oficio o bien por denuncias concretos podamos entrar en una etapa nueva por la aplicación concreta de la ley”, añade.

No menos importante, se refiere a la necesidad de que haya puntos similares y que nos equiparen en esta materia a otras partes de Europa en las que el fascismo estuvo presente y que la ley contempla. De hecho, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dejado claro en varias ocasiones que la ley es homologable a otros lugares de nuestro entorno.

En cualquier sitio de Europa este tipo de vestigios serían inimaginables, pero hay parte de la sociedad española que sigue asumiendo el franquismo como su seña de identidad, lo diga o no. Aquí se ofende mucha gente porque las derechas nunca se han "desnazificado" entre comillas y ahora estamos pagando las consecuencias porque están entrando las ideas en las mentes de quienes no tienen ese conocimiento”, reflexiona Alonso.

Eliminar o resignificar

El abogado Eduardo Ranz explica a ElPlural.com lo que hace falta a partir de ahora para borrar un vestigio franquista. En este sentido, quien tenga la titularidad está obligado a elaborar un catálogo y después eliminar o resignificar el lugar (solución planteada para el Valle de los Caídos). De no ser así, la normativa advierte sanciones, a diferencia que la de 2007, que no contemplaba el carácter sancionador.

El portavoz del PSOE en materia democrática del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Espinar, ejemplifica esto muy bien a través de un caso preguntado por este medio que, si bien puede sonar hipotético, refleja de manera exacta lo que plantea el documento. ¿Qué pasaría si se solicita la retirada del Arco de la Victoria ubicado en Moncloa?

Habrá que ver, los lugares hay que desmontarlos o resignificarlos. Algo hay que hacer, esto está claro”, expone. “Lo primero es resolver su titularidad porque ahora es del Consorcio de Transporte, lo cual es bastante absurdo, pero en su día por el tema de la rotonda y demás se adjudicó. Es un caso concreto muy complejo, pero nos compete ver la catalogación que tiene y solucionar el problema, con todos los resquicios y por la dignidad de las víctimas”.

Más de 5.000 vestigios

Pero hay otros restos franquistas en España además de los monumentos. “La nueva ley elimina también 33 títulos nobiliarios, propone hacer lo propio con también placas de la vivienda protegida franquista (más de 4.000), o las figuras de Queipo de Llano y José Antonio Primo de Rivera”, recuerda Sanz. Lo mismo sucede con las cruces de Los Caídos que se encuentran frente a algunas iglesias,as inscripciones afines al régimen o los escudos del mismo.

Los propietarios tienen la obligación de resolverlo, incluso hay subvenciones para que pueda ser asumido por el Estado, sea un Ayuntamiento, un particular… Y de no ser así habrá que recurrir a las sanciones”, apostilla Espinar.

¿Qué pasa con las calles?

El número de calles dedicadas directamente a Franco se ha reducido sensiblemente en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y recuperados de epdata, las calles con el nombre del dictador descendieron de 679 en 2001 a 88 en 2019. Ahora bien, si se atiende a nombres relacionados con el régimen, a fecha de 2020 son en torno a unas 500 las calles distribuidas a lo largo y ancho del país, llegando prácticamente a todos los rincones del mismo salvo País Vasco y Baleares.




domingo, 17 de julio de 2022

Estampas callejeras


 

 Víctimas del Criminalísimo por la Gracia de Dios



Ejecutados a garrote vil y calcinados en la propia fosa para hacer sitio para más represaliados

La fosa del cementerio de Hinojosa del Duque muestra


 la crueldad del régimen y la ignominia de la España de


 la posguerra

SER

María Eugenia Vílchez

Radio Córdoba

10/07/2022

En la semana en la que el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, todavía nos queda mucho por conocer de la inhumanidad y el horror que vivieron las víctimas que fueron represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra.

Una prueba de ello la hemos encontrado en una de las más de 708 fosas comunes que hay en Andalucía: la de Hinojosa del Duque, donde el equipo que está interviniendo en este momento no solo ha hallado los cuerpos de los represaliados, sino pruebas de cómo en los pueblos de la sierra de Córdoba se empleó una mayor virulencia con las víctimas.

Hinojosa pagó con creces ser uno de los pueblos de sierra de Córdoba donde la presencia de soldados republicanos se mantuvo hasta el final de la Guerra Civil y una de las zonas en de maquis y guerrilleros.

En esta fosa común del cementerio de Hinojosa del Duque, los registros hablan de 150 personas represaliadas, de momento han encontrado restos de 27 personas, y el trabajo continúa. El espacio temporal de esa fosa corresponde con ejecuciones que se produjeron desde abril de 1939 hasta julio de 1941.

Aquí no hay cal viva como en otras fosas comunes, pero sí hay cadáveres quemados con fuego y acelerantes para hacer sitio ante la falta de espacio en la fosa por el alto número de víctimas, o represaliados ejecutados a garrote vil en la plaza del pueblo como acción ejemplarizante y luego arrojados a esta fosa en la que trabajan Carmen Jiménez y Luis Tovar la arqueóloga y el antropólogo de la Sociedad Aranzadi que dirigen esta intervención.

"Tenemos represaliados de todo tipo, en los archivos y los consejos de guerra no solo tenemos a jornaleros, trabajadores del campo, tenemos también a mineros de Belmez, a médicos...", explica Carmen.

Los investigadores achacan esta gran violencia e ignominia sobre las víctimas al hecho de que estamos en uno de los municipios de la sierra de Córdoba, donde los milicianos resistieron hasta última hora o pasaron años escondidos en la propia sierra. "Hay una zona de la fosa en la que los cuerpos están quemados, y algunos de ellos con mucha más gasolina que el resto, una señal inequívoca de que no solo quieren hacer sitio en la fosa sino ocultar pruebas e identidades", resume el antropólogo Luis Tovar.

En la fosa había documentada la presencia de dos mujeres, pero han aparecido los cadáveres de cuatro. Quizá alguna de ellos corresponda a Carmen Aranda, una vecina de Hinojosa, madre de 6 hijos. "La fusilaron estando embarazada de seis meses, porque no consiguieron detener a su marido y a sus hijos que habían huido a la sierra. Finalmente a ellos también los detuvieron y los mataron". Su historia ha quedado la memoria del pueblo durante años, explica la arqueóloga.

La mayor parte de los cuerpos está muy deteriorado, pero el equipo cree que será posible conseguir pruebas de ADN para cotejar con sus posibles familiares. Una vez que el 21 de julio concluya el trabajo de campo, empezarán a recomponer también ese puzle.

Los trabajos se están llevando a cabo con fondos de la Federación Española de Municipios y Provincias, del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y de la Diputación de Córdoba.



sábado, 16 de julio de 2022

 


La Ley de Memoria Democrática, un conjuro tardío pero honesto contra la injusticia

El Congreso ha aprobado el texto, sin los apoyos de la derecha, con una base sólida para que haya verdad, justicia y reparación del franquismo y la Transición.

Por 

Carmen Rengel

15/07/2022


ElHuffPost





Mirar hacia el pasado es lo normal en una sociedad sana. Cuando la democracia está asentada y las libertades garantizadas, toca revisar los tiempos en los que nada de eso existía o se había robado o mutilado. Hay que hacerlo porque -ya se sabe- quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores, pero también por una cuestión de verdad y reparación con quienes sufrieron los tiempos crudísimos.

España ha tardado demasiados años en mirar a la Guerra Civil y la dictadura franquista, incluso a la Transición posterior, tan humana que también tuvo sus sombras, pero que devolvió, sin violencia, lo que nunca debió haberse perdido. En 2007 se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, y este jueves el Congreso ha dado el visto bueno a su sucesora y complementaria, la Ley de Memoria Democrática.


La vieja norma abrió la puerta al debate público y a la conciencia social y cívica, en un momento de apogeo de la lucha memorialista que se supo escuchar, tras años de eco en el desierto, pero la nueva afronta la deuda pendiente de la justicia y la dignidad y de los deshonrosos flecos pendientes. Era obligada.

Al final, el proyecto de ley ha salido adelante con 173 votos a favor (los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además del PNV, EH Bildu, PDeCat y Más País), 159 en contra (PP y Vox) y 14 abstenciones (ERC y BNG). El consenso parcial ha sido suficiente, pero ha estado alejado del todos a una que se pretendía inicialmente, en una materia tan sensible. El debate en el Congreso ha sido como poco tempestuoso.

El PP promete derogar el articulado porque le produce “profunda repugnancia” que salga adelante con el apoyo de los “herederos del terrorismo etarra”, pero tampoco ha hecho una gran batalla contra el contenido. En Vox directamente no argumentan, desde su caos histórico habitual. Los nacionalistas catalanes y gallegos, en cambio, pedían más; por ejemplo, que se derogase la Ley de Amnistía.

No es perfecta, pero avanza (mucho)

La nueva norma es uno de los proyectos legislativos estrella de la coalición PSOE-UE, impulsada inicialmente por la exvicepresidenta Carmen Calvo y negociada y defendida luego por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El texto tuvo la luz verde del Consejo de Ministros en julio del año pasado pasado y en septiembre ya se presentaron alegaciones en la Cámara Baja, hasta que al fin ha habido suma para llevarlo a pleno. Tras el aval logrado ayer, en septiembre irá al Senado y entrará de seguido en vigor, en cuanto se publique en el BOE.

Finalmente, se revisan los déficits de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero. No es perfecta, pero sí honesta con las necesidades presentes. Consigue avances de calado. Contempla los grandes pilares dados a conocer ya desde el primer borrador, como son la condena y repudia el golpe de Estado del 36 y la dictadura -86 años después del alzamiento, 47 años después de la muerte de Francisco Franco-, la declaración como injustas de las las violaciones de los derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y los 40 años posteriores sin democracia y la consideración de ilegítimos de los tribunales de excepción que dictaron sentencias, que ahora se declaran nulas. Se profundiza en los reconocimientos a las víctimas, poniéndolas “en el centro” de la acción pública, como defiende el Ejecutivo.

También se reconoce expresamente el papel activo de las mujeres en estos años y se denuncian las represiones por razón de orientación sexual y por el uso de lenguas y la cultura propia de cada territorio, especialmente en importantes en el País Vasco, Cataluña o Galicia. Todo ello, a través de una definición de víctima ampliada, que va desde las personas LGTBI represaliadas a los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores.

El Estado tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas con un plan cuatrienal, alrededor de 114.000 españoles, aunque es cierto que eso no implica que tenga la obligación de abrir fosas. Se elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y se creará un Banco Nacional de ADN, cuando hasta ahora era imposible tener ordenadas las muestras y cruzar datos.

También se facilita el derecho de acceso a archivos y fondos de consulta y se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, para que también desde la justicia se aborde lo pasado. La Justicia garantizará la investigación de las violaciones de derechos humanos y la interpretación de todo el marco legislativo de conformidad a los tratados internacionales, los que llevaban años recomendando a España que volviera sus ojos a su pasado reciente.

Se hará, además, una auditoría y un inventario de la incautación de bienes de represaliados por parte del régimen franquista. Una comisión técnica estudiará las medidas de reparación de carácter económico derivadas de las incautaciones realizadas por el franquismo.

Hay varias medidas destinadas a la desmemoria, a instalar en la sociedad el conocimiento de una época vedado en otro tiempo, por aquellos que defendían que es mejor pasar página, que para qué remover: se establece el 31 de octubre como Día de las Víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura, y el 8 de mayo como Día de las personas exiliadas, y además se añade la memoria democrática en el contenido curricular en la educación en bachillerato, la ESO y la formación profesional, para mostrar la “represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”. Hoy es un auténtico tabú, por más que algo se haya ganado con la Ley Celaá. En la misma línea, se creará un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca. La documentación de estas etapas de la historia de España queda, al fin, protegida.

El muy simbólico el paso de resignificar el Valle de los Caídos, que pasa a llamarse Valle de Cuelgamuros: ya no podrá haber cuerpos de ninguno de los protagonistas en ningún lugar preponderante. Tras la exhumación de Franco en octubre de 2019, ahora mismo quedan dentro los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, con cuya familia hará contactos para sacarlo de allí. Se extingue también .la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos El Valle-Cuelgamuros entrará a formar parte del nuevo inventario estatal de lugares de memoria democrática y se dará a conocer las circunstancias de su construcción y su significado, “con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Saber, comprender, prevenir.

Se van a presionar más para la retirada de los símbolos franquistas -algo pionero de la ley de Zapatero-, y se quitarán distinciones y títulos nobiliarios otorgados por las autoridades fascistas -33 títulos concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos el de duque de Primo de Rivera, duque de Calvo Sotelo y duque de Mola- y se extinguirán aquellas fundaciones que hagan apología del franquismo o inciten al odio. Por supuesto, eso incluye a la Fundación Francisco Franco. No podrá ser de utilidad pública ninguna asociación que haga apología del franquismo, una situación insólita que aún se daba en este país. Se crean dos nuevos supuestos de nacionalidad, se establecerán un Consejo Interterritorial y un Consejo de la Memoria y se fijan sanciones desde 200 euros hasta los 150.000 euros por comportamientos contra la ley (una grave es por ejemplo destrozar fosas).

Los plazos que abarca la norma van del 18 de julio de 1936, fecha del golpe de estado, hasta 1978, cuando se probó la actual Constitución española.

Derecho internacional y comisión

En el trámite parlamentario la Ley de Memoria Democrática se ha robustecido notablemente. En parte, por las negociaciones de los socios de La Moncloa y en parte por las aportaciones aceptadas a otras formaciones, parte de esa mayoría de investidura necesaria para sacar la norma adelante.

PSOE y Unidas Podemos pactaron registrar conjuntamente 30 enmiendas y entre ellas destaca “la piedra angular de la reforma”, como la llama el diputado Enrique Santiago (secretario general del PCE): la aplicación del derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977. “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”, defienden los dos partidos de izquierdas.

Es un paso de gran importancia y mucha sensibilidad para las víctimas pero que está por ver, en la práctica, en qué cuaja. UP sostenía que así se podría hacer pasar por el banquillo a los torturadores franquistas, pero el PSOE expresa sus dudas. Esta fórmula no toca, ni anula, ni deroga la polémica ley del 77, como reclamaba ERC, pero sí establece un posible resquicio para sortearla. Dependerá de que los tribunales la interpreten de una manera diferente a la que han consolidado hasta ahora. En especial, el Constitucional, si tiene una mayoría progresista.

Los efectos prácticos de esta modificación serán muy limitados, también, porque la inmensa mayoría de los autores de los crímenes franquistas ya han muerto, pero al menos se busca un resarcimiento moral, simbólico.

Otra gran novedad, polémica, es que se va a crear una comisión técnica que estudie los supuestos de vulneración de derechos humanos de quienes trabajaron por la consolidación de la democracia entre la aprobación de la Constitución en 1978 y diciembre de 1983. De inicio, PSOE-UP proponía que se realizara un estudio -que no una investigación- hasta 1982, pero se ha cedido y al final se añade el primer año del Gobierno socialista de Felipe González, o lo que es lo mismo, el principio de la trama GAL, la guerra sucia contra la banda terrorista ETA. Fue en el otoño de 1983 cuando se sitúa, por ejemplo, el caso de Joxean Lasa y Joxi Zabala, torturados, asesinados y enterrados en cal viva. Por eso dice el exmandatario que “no le suena bien” la nueva norma.

Ha sido Bildu quien más interés tenía en esta extensión -también Más País la pretendía- y es una de las razones que sirve al PP para denunciar la supuesta “cesión” del Ejecutivo ante el que siguen considerando “brazo político de ETA”. Tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario socialista restan importancia al pacto suscrito con EH Bildu, al señalar que la ley nace de un Ejecutivo “progresista” y “no la escribe nadie desde otro grupo”. El objeto de la comisión es revisar aspectos para recuperar situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que no se deberían haber producido nunca”, señaló en rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso Héctor Gómez.

Realmente, queda mucho por afinar sobre esta comisión. Se cree que servirá para identificar a las víctimas, no a los verdugos, y que estará formada por historiadores y especialistas, pero no se sabe ni los plazos de actuación, más allá de que sus componentes se designarán en un año. Hay investigaciones de las que partir, como las de Mariano Sánchez Soler (La transición sangrienta) u Olivia Carballar (Yo también soy víctima: estampa de la impunidad en la Transición) que aportan ya una base escalofriante sobre la que empezar.

Entre los otros añadidos importantes que tiene el texto que ahora se aprueba destaca que “se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar”, iniciada con el golpe de Estado que, “como consecuencia de las luchas de los movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos, fue sustituido con la proclamación de un Estado Social y Democrático de Derecho a la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978, tras la Transición democrática”. Se sabe, es obvio, que un golpe no es la manera de proceder a una sucesión en el poder, pero ha costado décadas ponerlo negro sobre blanco.

Y más palabras que importan: la remozada ley recalca de manera explícita la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del 18 de julio de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Y “se reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.

Lo que queda en el tintero

Los mayores críticos de esta norma son ERC y las asociaciones memorialistas, las que han llevado todo el peso de la memoria histórica en España hasta que se ha empezado a legislar y aún entonces. Los catalanes querían derogar la Ley de Amnistía y también ampliar el marco de actuación de la norma, que acaba en 1978 y se queda corto.

Organizaciones como la Asociación por la Recuperación de la Memoria Hstórica (ARMH) piensan igual pero añaden más faltas, que les lleva a calificar de tibia la norma. Primero, falta un marco: “carece todavía en su contenido de las exigencias del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y eso significa que es insuficiente en las garantías que debe dar, para el ejercicio de sus derechos, a las víctimas de la dictadura franquista”.

Luego, va al detalle: aparte de los plazos y la Amnistía, reclama que, con la nulidad de las sentencias, “el Estado actúe de oficio para que las familias recuperen los bienes incautados, se les devuelva el importe actualizado de las sanciones y se rehabilite públicamente desde todas las instituciones el buen nombre de las personas que fueron injustamente condenadas”. También que haya actos de reparación en “todos los municipios del Estado” dando los nombres de “personas perseguidas, depuradas, difamadas, reprimidas por su opción de género, por su militancia o atacadas de cualquier modo por las autoridades golpistas”.

La ARMH reclama también un “censo de verdugos y de personas que se beneficiaron sin escrúpulos de la violencia ejercida por los fascistas y de la enorme corrupción política y económica de la dictadura”, que se concreten las indemnizaciones, que se le pidan cuentas a la Iglesia católica por su papel de pilar de la dictadura y su represión y que haya un compromiso de subvención para abrir las fosas que restan.

Esta mañana, ante el Congreso, varias asociaciones memorialistas más han protestado porque la ley “no garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura” ni la reparación, por lo que piden que “vaya más lejos”. “Estamos reclamando que esta ley no sea otra vez una ley fallida para las víctimas del franquismo. Han pasado 45 años desde las primeras elecciones democráticas y las víctimas del franquismo seguimos estando ninguneadas”, ha declarado a los medios durante la protesta la presidenta de la comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista, Rosa García, informa EFE.

A estas críticas se han sumado las de políticos de la Transición, incluso del PSOE, historiadores y pensadores que, desde la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición han firmado un manifiesto en el que se denuncia que se “tergiversa” el “gran pacto constitucional” de aquellos años. Ponen su nombre al pie personalidades como el expresidente del Senado, Juan José Laborda, y el exministro de Sanidad y Defensa, Julián García Vargas.

Nuestro vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles. Y, por ello, no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983”, señalan los firmantes. Reclaman por ello que se frene su aprobación y así no se instaure una “verdad oficial”, por más que defiendan la necesidad de dar dignidad a las víctimas.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha respondido a estas quejas asegurando que la norma “reconoce que la Transición fue ejemplar y quienes la hicieron también hicieron un trabajo ejemplar”. Lo que conviene, enfatiza, es “darle una lectura” al articulado “antes de apresurarse a hacer valoraciones”, ya que “condena el franquismo y homenajea a las víctimas de la guerra y de la dictadura de todos los bandos”. Lo que no vale, dicen las asociaciones, es la ceguera de que aquel diálogo y aquel consenso, tan difíciles, tuvo su cara negra.

La aprobación de la norma, con este mar de fondo, se produjo tras un tenso debate, con reproches cruzados de grueso calibre entre grupos de derecha e izquierda, en los que las víctimas de la dictadura franquista se mezclaron incomprensiblemente con las de la banda terrorista ETA. A tal nivel subió la fiebre que hasta los diputados de Unidas Podemos, EH Bildu y ERC abandonaron el salón de plenos cuando intervino Vox.

Pese a todo, la Ley de Memoria Democrática ya es una realidad y supone es una grieta en el relato monolítico de esos años y en el bloqueo a la justicia, el conocimiento y la reparación. Y por ahí es por donde entra la luz.