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viernes, 24 de febrero de 2017

La "Cosa Nostra" murciana.

Los incunables: Especial 'La Cosa Nostra' murciana
Los documentos que explican los nervios de Pedro Antonio Sánchez y Rajoy
ElPlural
Jue, 23 Feb 2017
La actualidad manda. Así que sin más rodeos esta nueva entrega la dedicamos integra y sin fisuras a reunir con ánimo divulgativo todos los incunables que hemos sido capaces de reunir sobre la crisis política y ética que atraviesa Murcia provocada por el cuarteto genovés formado por Mariano Rajoy - Pedro Antonio SánchezRafael Catalá - José Manuel Maza.
Para los más despistados aquí os va un resumen resumido de la situación:

Pedro Antonio Sánchez, alumno aventajado de su padrino y capo regional Ramón Luis Valcárcel, tras las elecciones autonómicas de Mayo 2015, logra hacerse con la Presidencia de la Región de Murcia gracias al apoyo de Ciudadanos. Antes de su elección arrastraba dos casos de corrupción que estaban siendo investigados en un juzgado de Lorca y en la Audiencia Nacional.

El primero conocido como “Caso Auditorio de Puerto Lumbreras” tiene su origen en una querella de la Fiscalía por falsedad, prevaricación, malversación de caudales y fraude contra 20 personas, entre otros, el ex alcalde de este municipio: Pedro Antonio Sánchez. El motivo son las obras de construcción del Teatro Auditorio, adjudicadas en 2008 y que fueron recepcionadas en 2011 sin que, supuestamente, hubieran sido terminadas. La obra se licita por un máximo de 5.998.514’01 euros, se adjudica por 5.659.597’97 euros, se amplía en 338.916’04, la suma da un total de 5.998.514’01, es decir, el máximo exactamente y sin terminarla, les faltan por ejecutar más de 2 millones y es exactamente lo que les devuelven de los avales prestados. El TSJMU le ha citado para que declare como investigado por los delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El segundo forma parte de la investigación que sobre la denominada “Operación Púnica” se investiga en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El juez Velasco ha formado una Pieza Separada con las ramificaciones de este caso en Murcia. Según la UCO, PAS habría alcanzado un acuerdo con el denominado conseguidor de esta trama, Alex de Pedro para que durante su etapa como Consejero de Educación del Gobierno de Murcia mejorara su imagen, ciertamente deteriorada por sus implicaciones en el Caso Auditorio. Para ello mantuvieron diversas reuniones recibiendo De Pedro información reservada. La financiación de su promoción, como no podía ser de otro modo, no corría a cargo del bolsillo del interesado. El acuerdo alcanzado lo financiaba el contribuyente. Por todo ello, el juez Velasco ha dado los pasos para que PAS pueda ser investigado por cohecho, revelación de información reservada y fraude.

Con estos antecedentes, la cúpula nacional del PP, con Rajoy a la cabeza, y con el apoyo del Ministro de Justicia Rafael Catalá y de un predispuesto José Manuel Maza, Fiscal General del Estado, han lanzado una operación para “salvar al Presidente Sánchez” sin precedentes en las relaciones del Ministerio Fiscal con el gobierno de turno. Han atravesado sin retorno todas las líneas rojas. Han descalificado a la 2 fiscales del Caso Púnica que sí eran partidarias de que Sánchez fuera investigado y simultáneamente han cesado al Fiscal Jefe de Murcia que bajo sus órdenes se llevaba la investigación del Caso Auditorio.
Y dicho esto es a partir de este resumen resumido donde nuestros lectores podrán encontrar una selecta selección de los documentos que explican esta utilización de recursos públicos para sacar de los procesos judiciales que están en curso que afectan a PAS. Vamos a ello:


miércoles, 22 de febrero de 2017

El espeluznante sagrado negocio de los bebés robados.

Diario Público
Amnistía Internacional Querella en México por un bebé robado en el franquismo que salpica a la Iglesia católica
Amnistía Internacional presenta ante la Procuraduría General Mexicana una querella por un presunto caso de bebé robado en España en 1968. Se trata de Ligia Ceballos, una mujer que hace unos años descubrió que había sido adoptada. 
MADRID
ALEJANDRO TORRÚS

Amnistía Internacional ha presentado este jueves una querella ante la Justicia de México por un presunto caso de bebé robado en España en el año 1968. Es el caso de Ligia Ceballos Franco (Lily), una mujer de 48 años que hace 15 conoció que no era hija natural de sus padres y que ahora, tras años de investigación, cree que su verdadero nombre es María Diana Ortiz Ramírez y que en realidad no nació en México sino en Madrid en 1968. 

La historia es la siguiente. Los padres de Ligia Ceballos Franco confesaron hace ahora 15 años a Ligia Ceballos que se trataba de un hija adoptada y que en mayo de 1968 habían viajado a Madrid para "conseguirla". Los padres adoptivos describieron que habían llegado a España tras solicitar ayuda al Arzobispo de Yucatán que, a su vez, se puso en contacto con el Arzobispo de Madrid, que finalmente recomendó a los padres viajar a España para poder adoptar a una niña. 
Los padres llegaron a Madrid y recibieron una fantástica noticia de sus interlocutores: "Os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha nacido". Apenas unos días después, el 29 de mayo de 1968, nacería una niña que les sería dada en prohijamiento por orden de la Diputación Provincial de Madrid. Un mes después, los padres y la niña viajarían a México y siguiendo los consejos de sus interlocutores en España quemaron el pasaporte y los papeles de la niña al llegar a México. Nunca terminaron el proceso de adopción iniciado en España. 

Una vez en el país azteca Nazario Ceballos y Ligia Graciela, que así se llaman los padres adoptivos, inscribieron a la niña en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) con el nombre de Ligia Graciela Ceballos Franco como hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que había nacido el 29 de mayo de 1968, a las 9 horas, en Mérida (México). 
Desde que tuvo conocimiento de que era adoptada, Ligia no paró de buscar su verdadera identidad y en 2010 consiguió que las autoridades españoles le entregaran su partida de nacimiento española. En dicha partida figuraba el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. 

"Lo curioso es que yo tengo dos partidas de nacimiento. Un juez del Registro Civil en España compara, coteja y dice: 'Esta persona aunque no presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez coincide que es la misma persona que fue entregada a estos señores y que luego nombraron como Ligia Ceballos Franco", señala Ligia, que precisa que sus padres adoptivos nunca finalizaron el proceso de adopción pleno "puesto que la Iglesia les dijo: ustedes tomen a la niña, se la llevan a América, queman todo y la asientan como biológica". 
La persistente búsqueda de Lily por su verdadera identidad le permitió conocer que el día 3 de junio una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la 'inclusa'. En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos". Y una sola descripción: "Camisa, jubón, pico, faja, toalla de felpa, jersey de lana blanca y mantita de color rosa".

30.000 casos
El caso de Ligia Ceballos o María Diana Ortiz tendrá que ser examinado ahora por la Justicia de México. Amnistia Internacional señala que se ha decidido presentar esta querella en este país por "la nacionalidad mexicana de Ligia, porque la legislación mexicana cuenta con importantes reformas en materia de derechos humanos que podrían abordar este caso, y porque en España la mayor parte de las investigaciones sobre bebés robados no están llegando a fase de juicio". 
El exjuez Garzón destacó en un auto de 2008 que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos en España
"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Según datos que ha podido confirmar la propia Amnistía Internacional, ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado en relación con el robo de bebés ha llegado a fase de juicio en España. "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, denuncia Esteban Beltrán.
Cabe destacar que en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha”.
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Bebés robados: de la cuneta a la cuna
Febrero 17, 2017
Público
Una querella de Amnistía Internacional en México va a poner una vez más al descubierto las vergüenzas de la justicia española casi cuatro décadas después de que se hiciera público el increíble caso de los bebés robados. Desde los sesenta, se habían cursado docenas de denuncias aunque el putrefacto organigrama del franquismo y los tentáculos de la todopoderosa iglesia católica lograron tapar lo que ya era un secreto a voces. Con la sacrosanta democracia, las cosas no mejoraron mucho. Ahora sabemos que, casi hasta la década de los noventa, miles y miles de bebés fueron robados a sus familias y vendidos impunemente a otras familias gracias a un complejo entramado mafioso que implicaba a monjas, sacerdotes, médicos, comadronas, enfermeras, abogados, agencias de adopción estatales y altos funcionarios del gobierno.

Desde la infame clínica San Ramón de Madrid, que trabajaba a destajo como una factoría de compra-venta de carne humana, hasta docenas de otros centros hospitalarios repartidos por todo el estado, la iglesia católica comerció y se lucró con el dolor, la mentira, el vacío y el luto. Según un auto instruido por el juez Garzón en 2008, esta infamia se remonta a 1937, con el robo sistemático de menores hijos de madres republicanas en la España franquista, y se calcula que pudo afectar hasta 30.000 niños desaparecidos hasta 1950. Aunque parezca mentira, a esa cantidad habría que sumar otros 30.000 desaparecidos entre 1950 y 1990.

Es difícil calcular el monto del horror porque, como tantas historias en España, la historia de los niños robados estaba envuelta en tinieblas. El mecanismo del secuestro era casi siempre el mismo: madres anestesiadas en la sala de partos a las que les quitaban el bebé para dárselo a otra mujer que estaba en otra habitación y que había fingido previamente un embarazo. La familia adoptiva pagaba una fortuna y, generalmente, creía que estaba realizando una adopción legal. Si la madre auténtica pedía ver a su hijo, los médicos le enseñaban un bebé muerto de los muchos que guardaban en una cámara frigorífica.

Numerosas denuncias fueron acalladas durante la dictadura franquista y otras muchas más desoídas durante la democracia. Sin embargo, el escándalo salió a la luz en 1982, cuando un reportaje fotográfico de Interviú sacó en primicia las espeluznantes fotos de los bebés congelados en la nevera de San Ramón y descubrió el espantoso pastel que se ocultaba tras los trapicheos monetarios de curas, monjas y médicos. Había montones de clínicas similares funcionando a toda máquina por toda la geografía española. Sin embargo, casi cuatro décadas después todavía no ha llegado una sola condena. Es más: varias demandas particulares han intentado que las organizaciones religiosas revelaran el nombre de las verdaderas madres, para que los adoptados pudiesen conocer sus orígenes, pero los procesos fueron desestimados o frenados en seco. Cuando le pregunté a uno de los abogados implicados en la demanda, él mismo un niño adoptado en Valencia, cómo era posible, sólo me respondió dos palabras: “Opus Dei”.

Este expolio generalizado de bebés no fue, como cree mucha gente, exclusivo del franquismo: se han documentado casos similares en Irlanda, en Australia y en Estados Unidos. Detrás de este horripilante e ininterrumpido crimen está la larga y tenebrosa mano de la iglesia católica, esa gente que ama tanto la vida. Sobre todo, la suya. La monja Sor María Gómez Valbuena, uno de los principales cabecillas de esta red de compra-venta, murió en 2013 antes de que pudiera ser juzgada. Este mismo año se sentará en el banquillo otro de los responsables de este macabro tráfico de seres humanos, el ginecólogo Eduardo Vela. En España la justicia calla de la cuneta a la cuna.


La hora de la coyunda

Un concejal sueco propone una hora pagada de sexo al día para mejorar la felicidad de los trabajadores
El Huffington Post  
22/02/2017
Los suecos deben tener la posibilidad de tener una hora pagada de descanso en el trabajo para ir a casa y tener relaciones sexuales con sus parejas. Esta es la propuesta de Per-Erik Muskos, un concejal de la ciudad sueca de Overtornea, quien ha presentado esta propuesta con el objetivo de mejorar las relaciones personales entre las personas.
Muskos ha argumentado que las parejas no pasan juntas el tiempo suficiente, por lo que es menester darles tiempo libre para que pasen más tiempo junto a sus amantes.

Según el concejal, "hay estudios que demuestran que el sexo es saludable", si bien ha reconocido que es difícil verificar que los trabajadores dedican esa hora para ir a sus casa y practicar sexo. "No puede garantizar que un trabajador no se vaya a pasear en lugar de hacerlo", ha argumentado Muskos, quien no obstante no ve ninguna razón para que no salga adelante su propuesta.
Tras los finlandeses y los franceses, los trabajadores suecos son los que menos horas trabajan de Europa con 1.685 de promedio en 2015, según un estudio del instituto de investigación económica Coe-Rexecode. Los británicos trabajaron un promedio de 1.900 horas y los alemanes 1.847 horas en 2015.


La cabo Esmeralda, con las bragas en la mano: ¡A sus órdenes mi capitán!

Abusos en el Ejército Un capitán a una cabo que denunció acoso: “Tenías que haber dicho que sí”
La Justicia Militar ha exonerado a un capitán que presuntamente acosó a una cabo desde que la mujer se negó a aceptar sus proposiciones. La Fiscalía pidió siete meses de prisión para el capitán, pero el tribunal militar desoyó las pruebas grabadas e incluso el testimonio de un coronel médico para proteger al oficial.
Público
madrid
luis gonzalo segura
La Justicia Militar exoneró a un capitán que presuntamente acosó a una cabo, a pesar de las pruebas y testimonios que sustentaban su acusación.

La Fiscalía pidió siete meses de prisión para el capitán Jacinto por el presunto acoso al que sometió a la cabo Esmeralda (petición sustentada en las grabaciones y la testifical del coronel médico). El presunto acoso comenzó tras la negación de la joven, en noviembre de 2013, a aceptar las proposiciones de su capitán (“Me pareces muy morbosa y me gustaría quedar contigo”).
No solo fueron proposiciones, sino que en una ocasión le llegó a “agarrar del brazo y de la cintura”. Llegados a este punto, la cabo le pidió al oficial que “cesara o, de lo contrario, daría parte de lo ocurrido”.
Desde el incidente, según ella misma relata, las condiciones laborales comenzaron a verse endurecidas, las calificaciones bajaron y los trabajos más ingratos pasaron a corresponderle.
Los permisos que anteriormente al suceso se aprobaban sin la mayor objeción también se vieron obstaculizados. Debido a ello, cuando operaron a su padre no le quisieron dar los días de permiso correspondientes hasta que medió un suboficial.
Amenaza de arresto por ser "muy desobediente"
Por suerte para ella, “habló mi brigada con el comandante” y este le concedió el correspondiente permiso. Que el capitán no pudiera sancionarla y que el comandante le concediera el permiso que le correspondía no mejoró la situación, sino que provocó, según la cabo Esmeralda, que el capitán le llamase esa misma tarde desde su número privado “con amenazas” y le advirtiera de la inminencia de un arresto por ser “muy desobediente”.
Al volver al cuartel, el capitán Jacinto (nombre también figurado) ya tenía preparado el expediente de arresto y aunque el mismo no se consumó, la cabo Esmeralda terminó con un ataque de ansiedad que derivó en una baja médica.
Tras darse de alta voluntaria a los pocos meses, se incorporó al trabajo un lunes, acudió al botiquín de la unidad a ratificar el alta médica y se encontró, de nuevo, con la apertura de otro expediente disciplinario por “faltar a lista”.

La cabo Esmeralda se sintió perseguida y entendió que si no era ese primer día, antes o después terminaría sufriendo otro arresto, por lo que decidió dirigirse a las oficinas para solicitar el cambio de compañía.
Según su versión, durante el trayecto se encontró con el capitán y este le espetó: “Tenías que haber dicho que sí en las maniobras, tú qué te has creído, cabo”. Fue en ese momento cuando la cabo comprendió que un cambio de destino no sería suficiente y solicitó la baja médica para huir “de su acosador” (palabras que reflejó en el parte médico).
Por estas palabras en el parte médico fue citada a declarar desde la Comandancia de la que dependía su unidad, ya que se consideraron “aseveraciones falsas”. Poco después, el coronel jefe de su unidad decidió nombrar al capitán Jacinto, el mismo al que ella acusaba, como instructor de sus bajas por contingencia médica.
Debido a estas medidas, la cabo decidió denunciar todo lo ocurrido en los juzgados militares y aportó para ello las grabaciones que había podido realizar. La denuncia de la cabo no fue la última en toda esta historia, ya que poco después un comandante de la unidad también interpuso otra denuncia contra ella, en este caso por no haber recogido supuestamente varios burofaxes.
La cabo terminó en libertad condicional, obligada a cada mes a los juzgados militares “como una delincuente”
Aunque pudiera parecer una nimiedad, dicha denuncia podría haber supuesto (hasta) cuatro meses de prisión para la cabo Esmeralda. Mientras la denuncia se resolvía, la cabo terminó en libertad condicional obligada a ir a firmar cada mes a los juzgados militares “como una delincuente”.

Finalmente, aunque la Fiscalía pedía siete meses de prisión para el capitán Jacinto por el presunto acoso al que sometió a la cabo Esmeralda (petición sustentada en las grabaciones y el testimonio del coronel médico), la Justicia Militar decidió exonerar al capitán.
En este caso, tanto la decisión de eximir al capitán como los argumentos empleados por el tribunal han terminado por indignar a la cabo, a su pareja, a su abogado y a los presidentes de las asociaciones militares consultadas (AMTM, UMT, OATM y ATME).
No comprenden que se menospreciaran las grabaciones sin un informe pericial o se desestimara el informe del coronel psiquiátrico (que corrobora la historia de la cabo).

Conviene recordar que en los últimos tiempos se han producido resoluciones judiciales controvertidas que han afectado a mujeres que denunciaban acoso.
Por ejemplo, a principios de febrero el Juzgado Togado Territorial nº 11 exoneró a un teniente que llamó “puta” y “zorra” a una sargento, mientras que hace menos de dos años el Tribunal Supremo absolvió a un capitán que vejó y humilló públicamente a otra suboficial (“¡Deja de hacerte pajas! No, mejor, como eres mujer, deja de hacerte dedillos, y piensa”).
Las asociaciones han mostrado su oposición a la resolución y a la propia Justicia Militar.

"Los juzgados militares sólo sirven para defender a los mandos", asegura el presidente de AMTM 
El presidente de AMTM, Antonio Martínez, consideró con respecto a esta resolución que “los juzgados militares deberían desaparecer porque solo sirven para proteger a los mandos, lo que se puede comprobar por el doble rasero de los juzgados militares”.
En la misma línea se expresó Marcos Pérez, presidente de OATM y miembro de UMT, al afirmar que “es una absoluta vergüenza la situación de la Justicia Militar”, ya que “tendrían que ser civiles los que juzgaran lo que sucede en el mundo militar”.
Por su parte, Juan Carlos Tameme, presidente de ATME, calificó como “delirante que se considere contaminada una grabación o se menosprecien las pruebas sin que ello quede confirmado por un perito”. En todos los casos se manifestaron a favor de la desaparición de la Justicia Militar.


Gila



lunes, 20 de febrero de 2017

Mea Maxima Culpa


Título original
Mea Maxima Culpa: Silence in the House of Godaka
Año
Duración
106 min.
País
Estados Unidos Estados Unidos
Director
Guion
Alex Gibney
Música
Ivor Guest
Fotografía
Lisa Rinzler
Reparto
Productora
HBO / Jigsaw Productions / Wider Film Projects / Below The Radar Films
Género
Documental | Abusos sexuales. Religión
Web oficial
http://www.hbo.com/documentaries/mea-maxima-culpa
Sinopsis
Alex Gibney explora el problema de la pedofilia en la Iglesia católica, siguiendo el rastro desde la primera protesta conocida contra los abusos sexuales del clero en Estados Unidos hasta el mismísimo Vaticano. Específicamente el documental se centra en el caso del Padre Lawrence Murphy, un carismático sacerdote de Milwaukee que abusó de más de 200 niños sordos en una escuela que dirigía. (FILMAFFINITY)
Premios
2012: Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a Mejor guión en documental
Críticas

El Bosque de Karadima


ClicClic
http://aquipelis.net/el-bosque-de-karadima-online-2015-espanol-latino-descargar/

Título original
El bosque de Karadima
Año
Duración
98 min.
País
Chile Chile
Director
Guion
Alvaro Díaz, Elisa Eliash, Alicia Scherson
Fotografía
Miguel Ioann, Littin Menz
Reparto
, , , , , , , , , , , ,
Productora
Productora Ocio
Género
Drama | Basado en hechos reales
Sinopsis
Protagonizada por Luis Gnecco y Benjamín Vicuña, se basa en hechos reales: las denuncias de abusos en contra del sacerdote chileno Fernando Karadima. El proceso de investigación para reconstruir la historia duró 3 años. (FILMAFFINITY)

Críticas