Diario Público
Amnistía Internacional Querella en México por un
bebé robado en el franquismo que salpica a la Iglesia católica
Amnistía Internacional presenta ante la Procuraduría General Mexicana
una querella por un presunto caso de bebé robado en España en 1968. Se
trata de Ligia Ceballos, una mujer que hace unos años descubrió que había sido
adoptada.
MADRID
ALEJANDRO TORRÚS
Amnistía Internacional ha presentado este jueves una querella ante la
Justicia de México por un presunto caso de bebé robado en España en el año
1968. Es el caso de Ligia Ceballos Franco (Lily), una mujer de 48 años
que hace 15 conoció que no era hija natural de sus padres y que ahora, tras
años de investigación, cree que su verdadero nombre es María Diana Ortiz
Ramírez y que en realidad no nació en México sino en Madrid en 1968.
La historia es la siguiente. Los padres de Ligia Ceballos Franco confesaron
hace ahora 15 años a Ligia Ceballos que se trataba de un hija adoptada y que en
mayo de 1968 habían viajado a Madrid para "conseguirla". Los
padres adoptivos describieron que habían llegado a España tras solicitar ayuda
al Arzobispo de Yucatán que, a su vez, se puso en contacto con el Arzobispo
de Madrid, que finalmente recomendó a los padres viajar a España para poder
adoptar a una niña.
Los padres llegaron a Madrid y recibieron una fantástica noticia de sus
interlocutores: "Os tenemos preparado algo especial. Pero aún no ha
nacido". Apenas unos días después, el 29 de mayo de 1968, nacería una
niña que les sería dada en prohijamiento por orden de la Diputación Provincial
de Madrid. Un mes después, los padres y la niña viajarían a México y siguiendo
los consejos de sus interlocutores en España quemaron el pasaporte y los
papeles de la niña al llegar a México. Nunca terminaron el proceso de adopción
iniciado en España.
Una vez en el país azteca Nazario Ceballos y Ligia Graciela, que así se
llaman los padres adoptivos, inscribieron a la niña en el Registro Civil de la
ciudad de Mérida (México) con el nombre de Ligia Graciela Ceballos Franco como hija
biológica. En el acta de nacimiento se indicó que había nacido el 29 de
mayo de 1968, a las 9 horas, en Mérida (México).
Desde que tuvo conocimiento de que era adoptada, Ligia no paró de buscar su
verdadera identidad y en 2010 consiguió que las autoridades españoles le
entregaran su partida de nacimiento española. En dicha partida figuraba el
nombre de María Diana Ortiz Ramírez.
"Lo curioso es que yo tengo dos partidas de nacimiento. Un juez del
Registro Civil en España compara, coteja y dice: 'Esta persona aunque no
presente un DNI con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez coincide que es la
misma persona que fue entregada a estos señores y que luego nombraron como
Ligia Ceballos Franco", señala Ligia, que precisa que sus padres adoptivos
nunca finalizaron el proceso de adopción pleno "puesto que la Iglesia
les dijo: ustedes tomen a la niña, se la llevan a América, queman todo
y la asientan como biológica".
La persistente búsqueda de Lily por su verdadera identidad le permitió
conocer que el día 3 de junio una niña ingresó en el Instituto Provincial de
Puericultura de Madrid, también conocido como la 'inclusa'. En los datos de
ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael
y Marta, ambos mencionados como "supuestos". Y una sola
descripción: "Camisa, jubón, pico, faja, toalla de felpa, jersey de lana
blanca y mantita de color rosa".
30.000 casos
El caso de Ligia Ceballos o María Diana Ortiz tendrá que ser examinado
ahora por la Justicia de México. Amnistia Internacional señala que se ha
decidido presentar esta querella en este país por "la nacionalidad
mexicana de Ligia, porque la legislación mexicana cuenta con importantes
reformas en materia de derechos humanos que podrían abordar este caso, y
porque en España la mayor parte de las investigaciones sobre bebés robados no están
llegando a fase de juicio".
El exjuez Garzón destacó en un auto de 2008 que entre 1937 y 1950 se
podrían haber dado más de 30.000 casos en España
"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de
una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además,
en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha
identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores, como
son, por ejemplo, el registro de la niña con información falsa o la
falsificación de documentos como su partida de nacimiento”, señaló Esteban
Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Según datos que ha podido confirmar la propia Amnistía Internacional,
ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por la Fiscalía General del
Estado en relación con el robo de bebés ha llegado a fase de juicio en España.
"España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada,
sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia
investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes
de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la
impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos”, denuncia Esteban
Beltrán.
Cabe destacar que en el auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia
Nacional, Baltasar Garzón, se destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían
haber dado más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores
hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. En
el auto se señalaba que el objetivo era separar a estos menores de sus familias
a las que no consideraban idóneas. “De esta forma se propició una desaparición
legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número
indeterminado dura hasta la fecha”.
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Bebés robados: de la cuneta a la cuna
Febrero 17, 2017
Público
Una querella de Amnistía Internacional en México va a poner una vez más al
descubierto las vergüenzas de la justicia española casi cuatro décadas después
de que se hiciera público el increíble caso de los bebés robados. Desde los
sesenta, se habían cursado docenas de denuncias aunque el putrefacto
organigrama del franquismo y los tentáculos de la todopoderosa iglesia católica
lograron tapar lo que ya era un secreto a voces. Con la sacrosanta democracia,
las cosas no mejoraron mucho. Ahora sabemos que, casi hasta la década de los
noventa, miles y miles de bebés fueron robados a sus familias y vendidos impunemente
a otras familias gracias a un complejo entramado mafioso que implicaba a
monjas, sacerdotes, médicos, comadronas, enfermeras, abogados, agencias de
adopción estatales y altos funcionarios del gobierno.
Desde la infame clínica San Ramón de Madrid, que trabajaba a destajo como
una factoría de compra-venta de carne humana, hasta docenas de otros centros
hospitalarios repartidos por todo el estado, la iglesia católica comerció y se
lucró con el dolor, la mentira, el vacío y el luto. Según un auto instruido por
el juez Garzón en 2008, esta infamia se remonta a 1937, con el robo sistemático
de menores hijos de madres republicanas en la España franquista, y se calcula
que pudo afectar hasta 30.000 niños desaparecidos hasta 1950. Aunque parezca
mentira, a esa cantidad habría que sumar otros 30.000 desaparecidos entre 1950
y 1990.
Es difícil calcular el monto del horror porque, como tantas historias en
España, la historia de los niños robados estaba envuelta en tinieblas. El
mecanismo del secuestro era casi siempre el mismo: madres anestesiadas en la
sala de partos a las que les quitaban el bebé para dárselo a otra mujer que
estaba en otra habitación y que había fingido previamente un embarazo. La
familia adoptiva pagaba una fortuna y, generalmente, creía que estaba
realizando una adopción legal. Si la madre auténtica pedía ver a su hijo, los
médicos le enseñaban un bebé muerto de los muchos que guardaban en una cámara
frigorífica.
Numerosas denuncias fueron acalladas durante la dictadura franquista y
otras muchas más desoídas durante la democracia. Sin embargo, el escándalo
salió a la luz en 1982, cuando un reportaje fotográfico de Interviú sacó en
primicia las espeluznantes fotos de los bebés congelados en la nevera de San
Ramón y descubrió el espantoso pastel que se ocultaba tras los trapicheos
monetarios de curas, monjas y médicos. Había montones de clínicas similares
funcionando a toda máquina por toda la geografía española. Sin embargo, casi
cuatro décadas después todavía no ha llegado una sola condena. Es más: varias
demandas particulares han intentado que las organizaciones religiosas revelaran
el nombre de las verdaderas madres, para que los adoptados pudiesen conocer sus
orígenes, pero los procesos fueron desestimados o frenados en seco. Cuando le
pregunté a uno de los abogados implicados en la demanda, él mismo un niño
adoptado en Valencia, cómo era posible, sólo me respondió dos palabras: “Opus
Dei”.
Este expolio generalizado de bebés no fue, como cree mucha gente, exclusivo
del franquismo: se han documentado casos similares en Irlanda, en Australia y
en Estados Unidos. Detrás de este horripilante e ininterrumpido crimen está la
larga y tenebrosa mano de la iglesia católica, esa gente que ama tanto la vida.
Sobre todo, la suya. La monja Sor María Gómez Valbuena, uno de los principales
cabecillas de esta red de compra-venta, murió en 2013 antes de que pudiera ser
juzgada. Este mismo año se sentará en el banquillo otro de los responsables de
este macabro tráfico de seres humanos, el ginecólogo Eduardo Vela. En España la
justicia calla de la cuneta a la cuna.
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