Los ladrones
NO son gente
honrada
La Gran Banca y las
Energéticas ganaron 72
millones diarios en los últimos tres años.
Al cierre de 2.022 los seis grandes bancos y las siete energéticas del Ibex35 declaran haber obtenido unos beneficios netos acumulados durante los tres años de pandemia y crisis inflacionista de más de 64.000 millones de euros. Es decir, 72 millones de euros de beneficios diarios durante las tres últimos años, 3 millones de euros por hora, casi 50.000 euros por minuto.
Miércoles, 18 de enero de 2023
Isabel Díaz Ayuso continúa su guerra interna en el PP buscando, día sí y otro también, sustituir a Feijóo por las buenas o por las malas. Está crecida porque su corte mediática, financiada por dinero público que les paga la Comunidad de Madrid, la jalea y la hace creer que será la futura Presidenta del Gobierno de España.
La versión cutre y chulesca de Sarah Louise Heath Pali, ex Gobernadora de Alaska por el Partido Republicano y ex lideresa del movimiento “Tea Party” que dicho sea de paso hace años que no ha vuelto a ganar unas elecciones, es una verdadera maestra a la hora de utilizar el bulo, la falsedad, las fake news y la difamación.
Sobre su reconocida capacidad para mentir nada mejor que poner un ejemplo reciente al que recurrió y manipuló el pasado 14 de enero en un mitin del PP en Zaragoza con presencia del propio Feijóo.
En concreto, entre otras muchas tergiversaciones, afirmó que "para que veáis la doble vara de medir en la izquierda hablando sobre el presidente Griñán y el trato humanitario que tiene que recibir, aún recuerdo lo que sucedió con Zaplana cuando, sin juicio, fue tratado peor que a una bestia".
Recurría, como antes lo hicieron otros dirigentes genoveses, incluido su ex compañero y amigo Pablo Casado, al bulo según el cual Eduardo Zaplana, durante los 8 meses que estuvo en prisión provisional o preventiva por el Caso Erial, recibió un trato indigno tanto por la jueza que firmó el auto de prisión como por los responsables de la cárcel de Picassent (Valencia).
El hecho cierto es que han pasado 4 años desde que fuera puesto en libertad provisional y afortunadamente, no solo no ha fallecido como vaticinaban sus seguidores, sino que mantiene una actividad social compatible con el tratamiento que recibe su leucemia.
Dicho esto, y para que no haya la más mínima duda de lo que realmente sucedió durante esos 8 meses en prisión aquí os va una reconstrucción documentada de lo que realmente sucedió:
24.05.18. La jueza Isabel Rodríguez Guerola, titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, en el marco de la operación Erial, a instancia de la fiscalía, firmó la entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Eduardo Zaplana en la cárcel de Picassent (Valencia). Se le investigaba como presunto autor de los delitos de cohecho continuado, delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a grupo criminal.
07.02 2019. La misma jueza acuerda la libertad provisional de Zaplana y de otro investigado al haberse localizado la cantidad de 6.330.000 millones de euros aproximadamente en dos cuentas de Suiza y al haberse minimizado con ello el riesgo de fuga de los investigados. Se le retiro el pasaporte, con la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal ante el juzgado de guardia de su domicilio.
Entre la primera y segunda fecha pasaron 259 días, es decir, 8 meses y 6 días. La práctica totalidad del tiempo lo pasó en la enfermería del centro penitenciario y los últimos 51 días estuvo ingresado en el Hospital La Fe de Valencia.
Para hacerse una idea de lo que supusieron estos 8 meses en comparación a otros investigados por delitos similares valgan estos 4 ejemplos:
Luis Bárcenas. Estuvo en prisión provisional desde el 27 de junio 2013 hasta el 22 de enero 2015. Total 574 días.
Francisco Correa. Estuvo en prisión provisional desde el 12 de febrero 2009 hasta el 11 de junio 2012. Total 1215 días
Francisco Granados. Estuvo en prisión provisional desde el 31 de octubre 2014 hasta el 14 de junio 2017. Total 957 días
Ignacio González. Estuvo en prisión provisional entre el 21 de abril y el 8 de noviembre de 2017. Total 201 días.
Recursos de su defensa ante la Audiencia Provincial
Hasta en 5 ocasiones el juzgado le denegó la libertad provisional. Todas ellas fueron recurridas por su defensa ante la Audiencia Provincial de Valencia que fueron rechazadas confirmando la decisión de la jueza. La fiscalía anticorrupción mantuvo en todo momento su oposición a que saliera de prisión.
Campaña de apoyo a Zaplana
En el 2018, a raíz de su ingreso en Picassent y ante “el peligro de muerte inmediata” la Fundación “España Constitucional” puso en marcha una campaña de apoyo “por principios humanitarios” a favor de que saliera de la cárcel y pudiera ser tratado en el Hospital La Fe de la leucemia que desde hacía 5 años venía padeciendo.
El PP, a través del entonces Secretario General Teodoro García Egea, utilizó la salida de prisión por enfermedad grave de un preso condenado por pertenecer a ETA como un claro ejemplo de agravio comparativo hacia “una persona como Zaplana, que no ha sido ni juzgada, todavía sigue en prisión con una enfermedad grave”. Según Egea “por humanidad, Zaplana debería poder ser cuidado y tratado en casa”.
Por su parte, José Luis Bayo, ex Presidente de NNGG del PPCV, presentó el 11 de enero 2019 ante el CGPJ un escrito-manifiesto por la libertad de Zaplana con el apoyo de 10 mil firmas. La petición subrayaba que el ex ministro y ex Presidente de la Generalitad Valenciana es "una persona que está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y, además, padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte, según el último parte médico del jefe del Servicio de Hematología del Hospital La Fe, Guillermo Sanz Santillana".
Campaña contra la jueza instructora
Simultáneamente desde varios medios de comunicación se publicaron informaciones y opiniones que cuestionaban la profesionalidad e imparcialidad de la instructora. En respuesta a este “acoso” sus 20 compañeros destinados en los juzgados de instrucción de Valencia trasladaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia para que proceda ante "nuestra profunda preocupación por el inadmisible acoso a que está siendo sometida la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia” (…) ante medidas cautelares personales legalmente adoptadas en el ejercicio de sus funciones en una causa penal a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción y avaladas por la Audiencia Provincial de València”.
En esta misma línea se manifestó la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
La verdad se impone
En definitiva, la situación judicial de Zaplana, durante el tiempo que estuvo en prisión provisional, se ajustó a la normativa penitenciaria sin provocar agravio comparativo con el resto de los reclusos. De hecho, “el peligro de muerte inmediata” que se utilizó como argumento con el paso del tiempo se ha demostrado infundado.
Desde su salida de prisión hace 4 años (febrero del 2019), Zaplana vive en Valencia con una agenda pública que incluye su presencia en actos sociales variopintos.
El 7 de octubre del 2022 se firmó el auto de apertura de juicio oral.
El éxito de Mercadona: explotación, piratería empresarial y negocios en dictaduras
25/01/2023
SARA SERRANO
Público
Con una fortuna que asciende a los 3.400 millones de euros, Juan Roig es la cuarta persona más rica de España. Por delante, sólo se encuentran Amancio y Sandra Ortega, de Inditex y Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Buena parte de la fortuna de Roig proviene de su actividad empresarial al frente de Mercadona, que, con un 25% de cuota de mercado, es la principal cadena de supermercados de nuestro país. En concreto, 10,65 millones de euros provienen de sus funciones al frente de la cadena de supermercados, a lo que hay que sumar los 80 millones que obtuvo en dividendos.
Otro de los negocios millonarios de Roig es la sociedad de inversión Angels, a través de la cuál ha invertido en un total de 38 empresas la cantidad nada despreciable de 32 millones de euros. Además, Juan Roig es el principal accionista del Valencia Basket, un equipo que luce en sus camisetas el eslogan que el empresario valenciano ha popularizado en sus tiendas: "la cultura del esfuerzo".
Bueno, en realidad para entender el "éxito" de Roig hay que bucear un poco en su árbol genealógico. Sus bisabuelos, Vicente Roig y Desamparados Guillén se dedicaron a los negocios de compraventa de grano y de ganadería, su abuelo, Francisco Roig Guillén, se especializó en la ganadería, y su padre Francisco Roig Bataller pondría en marcha la empresa Cárnicas Roig en los oscuros años de la autarquía. La cárnica, ubicada en la Pobla de Farnals, abarcaba todo el proceso productivo y creció al amparo de la nueva regulación de mataderos.
Con la crisis del petróleo de finales de los 70, descendió la demanda, y los Roig apostaron por sortear la crisis abriendo mostradores de venta directa en el propio matadero. De ahí pasaron a la apertura de tiendas, en las que ampliaron la oferta a otros productos alimenticios, uniendo el perfil de carnicerías y ultramarinos. Había nacido Mercadona, una red de tiendas que tomaba el nombre de "Mercat" y "Dona", mercado y mujer en valenciano.
El patriarca de la familia, Francisco Roig Bataller, tenía fama de duro. Tal y como cuenta su primogénito, Paco Roig, cuando la familia empezó con Mercadona su padre solía decirle: "Maricón, maricón, tú tienes que ser porquero", en referencia al negocio cárnico de la familia. En 1981, y con ayuda de sus hermanos, Juan Roig compra la empresa a sus padres, que en ese momento contaba con ocho tiendas de ultramarinos en Valencia.
Hay un episodio poco conocido en el origen de la cadena de supermercados de Juan Roig y en la fortuna del clan familiar: son los negocios que hizo su hermano Paco, en la dictadura de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. Tal y como cuenta el periodista Xavier Montanya en La trama española de la corrupción en Guinea, en 1979 Paco Roig llegó a Malabo a hacer negocios de la mano de otro valenciano, el embajador español José Luis Graullera, amigo personal de Adolfo Suárez. Gracias a este contacto Paco Roig se hizo con el monopolio de la importación de alimentos.
Con una fortuna que asciende a los 3.400 millones de euros, Juan Roig es la cuarta persona más rica de España. Por delante, sólo se encuentran Amancio y Sandra Ortega, de Inditex y Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. Buena parte de la fortuna de Roig proviene de su actividad empresarial al frente de Mercadona, que, con un 25% de cuota de mercado, es la principal cadena de supermercados de nuestro país. En concreto, 10,65 millones de euros provienen de sus funciones al frente de la cadena de supermercados, a lo que hay que sumar los 80 millones que obtuvo en dividendos.
Otro de los negocios millonarios de Roig es la sociedad de inversión Angels, a través de la cuál ha invertido en un total de 38 empresas la cantidad nada despreciable de 32 millones de euros. Además, Juan Roig es el principal accionista del Valencia Basket, un equipo que luce en sus camisetas el eslogan que el empresario valenciano ha popularizado en sus tiendas: "la cultura del esfuerzo.”
Bueno, en realidad para entender el "éxito" de Roig hay que bucear un poco en su árbol genealógico. Sus bisabuelos, Vicente Roig y Desamparados Guillén se dedicaron a los negocios de compraventa de grano y de ganadería, su abuelo, Francisco Roig Guillén, se especializó en la ganadería, y su padre Francisco Roig Bataller pondría en marcha la empresa Cárnicas Roig en los oscuros años de la autarquía. La cárnica, ubicada en la Pobla de Farnals, abarcaba todo el proceso productivo y creció al amparo de la nueva regulación de mataderos.
Con la crisis del petróleo de finales de los 70, descendió la demanda, y los Roig apostaron por sortear la crisis abriendo mostradores de venta directa en el propio matadero. De ahí pasaron a la apertura de tiendas, en las que ampliaron la oferta a otros productos alimenticios, uniendo el perfil de carnicerías y ultramarinos. Había nacido Mercadona, una red de tiendas que tomaba el nombre de "Mercat" y "Dona", mercado y mujer en valenciano.
El patriarca de la familia, Francisco Roig Bataller, tenía fama de duro. Tal y como cuenta su primogénito, Paco Roig, cuando la familia empezó con Mercadona su padre solía decirle: "Maricón, maricón, tú tienes que ser porquero", en referencia al negocio cárnico de la familia. En 1981, y con ayuda de sus hermanos, Juan Roig compra la empresa a sus padres, que en ese momento contaba con ocho tiendas de ultramarinos en Valencia.
Hay un episodio poco conocido en el origen de la cadena de supermercados de Juan Roig y en la fortuna del clan familiar: son los negocios que hizo su hermano Paco, en la dictadura de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. Tal y como cuenta el periodista Xavier Montanya en La trama española de la corrupción en Guinea, en 1979 Paco Roig llegó a Malabo a hacer negocios de la mano de otro valenciano, el embajador español José Luis Graullera, amigo personal de Adolfo Suárez. Gracias a este contacto Paco Roig se hizo con el monopolio de la importación de alimentos.
"La isla es mía", dicen que advertía a sus competidores. No pagaba impuestos, el margen de beneficios era inmenso y, además, tal y como cuenta Montanya, no devolvía los créditos: era un estafa multimillonaria perfecta. Esto lo reconoce él mismo en una entrevista en El Confidencial: la dictadura guineana se convirtió en su mayor negocio, ganadería, madera, cacao, café, supermercados, hizo de todo. Y Paco Roig se repartía los beneficios con Obiang. Tal era su buena relación que el dictador guineano le concedió a dedo la gestión del Hotel Bahía, que había sido requisado a un empresario español.
Sin embargo, hubo un momento en el que todo se torció. Esto lo cuenta en un artículo de opinión publicado en El punt avui el 1 de marzo de 2016 el que fuera fundador de la Banca Catalana, Francesc Cabana, que conoció a Paco Roig cuando ejercía como consultor del Banco Mundial en Guinea Ecuatorial. "Paco Roig optó por engañar a Obiang y endeudarse hasta las cejas con los bancos que había. Uno de ellos español, filial del Banco Exterior de España, presidido por el político (del PSOE) Miguel Boyer. Obiang se dio cuenta del engaño y dio órdenes de detener a Paco Roig, pero éste logró huir en el último avión de Iberia hacia Madrid y Valencia."
Como consecuencia de esto el gobierno guineano suspendió pagos a Cárnicas SA, la empresa familiar de los Roig. A Cabana, como consultor del Banco Mundial, le tocó liquidar las cuentas de la cadena de supermercados guineanos de Roig, y asegura que eran de juzgado de guardia.
A día de hoy Mercadona se ha convertido, como decíamos, en la principal cadena de supermercados de nuestro país y emplea a casi 100.000 trabajadores obteniendo cerca de 700 millones de euros anuales de beneficios netos.
Esto es algo que denunciaron varios ex empleados e interproveedores de Mercadona en el programa de Salvados que hizo Jordi Évole sobre la empresa de Juan Roig en 2017.
Mercadona no sólo ponía trabas para que sus trabajadores se acogieran a sus derechos laborales, sino que, según cuentan sus propios trabajadores, también tomaba represalias contra aquellos que optaban por sindicarse para defender sus derechos.
Mercadona ha sido capaz de ofrecer precios bajos en sus productos a costa de absorber fábricas que se convertían, en la práctica en empresas de su propiedad.
En febrero del 2014, tuvo que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el marco de la causa que investigaba la contabilidad B del Partido Popular. El nombre de Mercadona aparecía en los cuadernos de Bárcenas y se le asociaban donaciones de 90.000 y 150.000 euros en los años 2004 y 2008, respectivamente al Partido Popular. El presidente de Mercadona negó haber realizado esos pagos y finalmente fueron descartados.
Lo que sí que ha reconocido Roig es haber realizado dos donaciones, de 50.000 euros en los años 2005 y 2012 a la fundación FAES, el think tank de José María Aznar. Y también haber donado dinero a la fundación Mujeres por África, de María Teresa Fernández de la Vega, exministra con Rodríguez Zapatero.
Domingo, 15 de enero de 2023
En este país no hay dos sin tres y tras una breve tregua postnavideña, las derechas judiciales, parlamentarias y mediáticas vuelven a tomar posiciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión el motivo elegido ha sido la entrada en vigor de la “Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.
Para situarnos y entender este nuevo órdago de la derecha judicial, conviene recordar lo que sucedió a mediados de diciembre del pasado año cuando,los representantes del PP en el Tribunal Constitucional utilizaron torticeramente su mayoría para impedir la renovación parcial del propio TC pero que, muy a su pesar, no lograron, tras la elección de dos magistrados a propuesta del CGPJ y los otros dos nombrados por el Gobierno.
En esa línea de apostar por la tierra quemada Feijóo y sus terminales en el Tribunal de Garantías tiraron la casa por la ventana y de acuerdo con la cadena de mando genovesa esa mayoría decidió sin complejos intervenir a las Cámaras legislativas que estaban debatiendo precisamente la reforma que posibilitaría los cambios en la composición de ese mismo Tribunal. Toda la documentación se puede encontrar en este enlace .
La misma lógica han aplicado a la renovación del CGPJ que lleva más de 4 años en funciones y que, visto lo visto, nada indica que Feijóo y sus patrocinadores judiciales vayan a cambiar su estrategia de mantenerse como sea y al precio que sea en este órgano constitucional.
Y es en este contexto en el que hay que enmarcar esta tercera oleada de ataque sincronizado por parte de togas de alto standing contra determinadas modificaciones que se introducen en la LO 14/22.
Y a diferencia de lo que suele ser habitual en los ritmos judiciales en esta ocasión pronto, muy pronto madrugó la madrugada de manera que, tras su entrada en vigor, simultáneamente la operación se ha puesto en marcha en el Tribunal Supremo a través de su Sala II y en la Audiencia Nacional por un superactivo Juzgado Central de Instrucción nº 6.
La primera está dirigida y tutelada por su Presidente Manuel Marchena Gómez , tan conservador como la media de sus colegas, pero mucho más calculador, ambicioso e intrigante. Es ciertamente conocedor y consciente de las consecuencias que se derivan de su influencia en la mayoría de esa Sala II. Para mover el balón el ariete seleccionado ha sido Pablo Llarena Conde , instructor de la causa que llevó a prisión a varios dirigentes del independentismo catalán y a otros que, por el momento, antes de que fueran detenidos se dieron a la fuga . En particular Carles Puigdemont i Casamajó, ex Presidente de la Generalitad de Cataluña que ha acabado instalándose en Bélgica adquiriendo, además, la condición de eurodiputado.
La segunda la protagoniza Manuel García Castellón , que tras 17 años destinado como juez de enlace en Francia e Italia, en el 2017 decidió “voluntariamente” regresar a su juzgado del que era titular desde 1995 y que los más veteranos recuerdan fue creado específicamente para él. Desde 2014, tres años antes de vuelta, su juzgado ha instruido, a los efectos de esta crónica, los casos de corrupción que más afectan al PP. Entre otros, Púnica, Lezo, Tándem, incluida su PS 7 Kitchen, Acuamed y el denominado “Cartel del Fuego”.
Para la instrucción de estos y otros casos García Castellón ha contado con medios humanos y materiales sin precedentes en la historia de los JCI de la Audiencia Nacional. De hecho, como quien no quiere la cosa han sido nombrados en comisión de servicio, es decir a dedo, varios jueces de refuerzo y de asesoramiento que, casualmente, al igual que su titular, tienen en común su pertenencia a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Precisamente Llanera y García Castellón han ocupado puestos directivos en esta Asociación. El primero llegó a ser su Presidente y el segundo su Tesorero. Y no solo tienen en común su pertenencia a la APM. Ambos han visto como su carrera profesional ha estado vinculada al PP a través de sus terminales jurídicas.
Por ejemplo, Llanera en enero del 2016, durante la etapa en el que Rafael Catalá era Ministro de Justicia, fue designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un Pleno del CGPJ no exento de tensión, entre otras cosas, por la probada amistad del candidato con Carlos Lesmes, entonces Presidente del CGPJ.
En el caso de García Castellón, además de sus nombramientos en Paris y Roma coincidiendo con los gobiernos de Aznar y Rajoy, sus decisiones al frente del JCI claramente han favorecido a los intereses del PP que ha visto con satisfacción doble como en estos 5 años ha sobreseído a 215 investigados, entre otros, a Cospedal, Aguirre, Cifuentes, etc. y simultáneamente, ha emprendido un hostigamiento a Podemos que hasta el propioTribunal Supremo le ha tenido que llamar “al orden” cuando quiso procesar a Pablo Iglesias por la “PS10 Dina” de Tándem.
Con estos antecedentes que acabamos de exponer quizá sea más sencillo entender la interpretación que Llanera ha dado a la reciente reforma del código penal. Solo hay que leer el auto que firma el pasado 12 de enero para deducir que mezcla, deliberadamente o no, sus funciones de juez con las de un tertuliano ilustrado de la COPE. En resumen, elige la opción de echar más leña al fuego a sabiendas que con ello vuelve a situar la cuestión catalana en la misma línea de confrontación que lleva años el PP manteniendo.
Por su parte, García Castellón y su juez de refuerzo Joaquín Gadea, han optado sin que nadie se lo pidiera, firmar dos autos y 4 providencias que tienen en común provocar el “efecto llamada”.
No se puede entender de otro modo su decisión de solicitar via providencia a la fiscalía para que responda en 5 días, si en el Caso Púnica, en concreto en sus PS4-PS5-PS8-PS10, tras la entrada en vigor de la LO 14/22 “interesa el sobreseimiento de alguno de los investigados, y, en todo caso, para que proceda conforme alguna de las posibilidades previstas en el art. 779 de la LECRIM”.
Más llamativo resulta aún su auto sobre el denominado caso del “Cartel del fuego”. Aquí ya se riza el rizo dado que está firmado desde julio del 2020 el auto de apertura de juicio oral. Alega el juez que como quiera que concurren circunstancias excepcionales (reforma Código Penal) que “pudieran afectar al delito de malversación” se da traslado a Fiscalía y a las demás acusaciones personadas para si mantienen o no su escrito de calificación.
Y por último, para rematar la faena, su juez de refuerzo Gadea, sin esperar siquiera a la entrada en vigor de la citada LO 14/22, decide el pasado 29 de diciembre para el Caso Acuamed que “por concurrir circunstancias excepcionales” amplía el plazo de instrucción por tres meses, sin atender la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el auto de transformación. Para sorpresa de propios y extraños da de nuevo traslado a la Fiscalía “para que informe, si a la vista de las reformas introducidas en la LO 14/22 mantiene o no su solicitud de transformación a sumario”. Leer para creer.
Como es natural, dada sus prisas, no ha esperado a que la FGE, tal como ha anunciado su titular, fije en los próximos días un criterio para que sea aplicado por todas las fiscalías.
Hasta aquí un resumen resumido de esta nueva batalla que desde esa derecha judicial, a la que tanto le debe el PP, promete convertirse en la próxima arma arrojadiza de esa particular guerra unilateral que desde la moción de censura del 2018 y de modo más acusado desde las generales del 2029 mantienen las derechas en sus diferentes formatos contra la mayoría progresista que gobierna España.
19/01/2023
En la Antigua Roma todo era distinto. Hasta ir al baño. Para hacer caca los romanos usaban baños públicos y todos utilizaban la misma esponja para poder limpiarse, tal y como explica en uno de sus vídeos la conocida tiktoker Judith Tiral.
El hecho de que fueran lugares públicos hacía de la acción de ir al baño todo un encuentro social en el que podías encontrarte a amigos, vecinos, familiares, y hasta a tu jefe, y charlar (o discutir) con ellos.
Este clase de habitáculos públicos en los que los romanos hacían sus necesidades fisiológicas recibían el nombre de letrinas, y se encontraban repartidas por la ciudad. No obstante, siempre estaban ubicadas en las zonas en las que había más tránsito de gente.
Por lo tanto, aquellos que vivían en los barrios más deshabitados tenían que desplazarse para poder ir al baño.
Las citadas letrinas eran circulares y mixtas, es decir, en el mismo habitáculo se encontraban tanto hombres como mujeres. Ello significa que, si una persona se encontraba sentada haciendo de vientre, podía ver las caras de las demás (y al revés).
Eso sí, al encontrarse en la vía pública, para acceder a estos particulares baños había una especie de cortina que protegía la intimidad de la gente que se encontraba en las letrinas y evitaba que los curiosos pudieran mirar desde fuera.
Una vez que los romanos terminaban de realizar la acción, obviamente, no disponían de papel higiénico para limpiarse. Lo que tenían se llamaba tersorium, y básicamente era una esponja unida a un palo.
En la letrina había un único tersorium para todos, aunque se cambiaba con asiduidad por el riesgo de infecciones. Además, esa esponja se limpiaba con agua mezclada con sal o con vinagre para evitar las enfermedades que podían contagiarse al utilizar todos el mismo instrumento de aseo.
