Tribunal Constitucional

La derecha judicial del PP continúa con su ajuste de cuentas con el Gobierno

Tras la renovación del Tribunal Constitucional

 vuelven a la carga por la reforma del Código Penal

LOS GENOVESES

Domingo, 15 de enero de 2023

En este país no hay dos sin tres y tras una breve tregua postnavideña, las derechas judiciales, parlamentarias y mediáticas vuelven a tomar posiciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión el motivo elegido ha sido la entrada en vigor de la “Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso”.

Para situarnos y entender este nuevo órdago de la derecha judicial, conviene recordar lo que sucedió a mediados de diciembre del pasado año cuando,los representantes del PP en el Tribunal Constitucional utilizaron torticeramente su mayoría para impedir la renovación parcial del propio TC pero que, muy a su pesar, no lograron, tras la elección de dos magistrados a propuesta del CGPJ y los otros dos nombrados por el Gobierno.

En esa línea de apostar por la tierra quemada Feijóo y sus terminales en el Tribunal de Garantías tiraron la casa por la ventana y de acuerdo con la cadena de mando genovesa esa mayoría decidió sin complejos intervenir a las Cámaras legislativas que estaban debatiendo precisamente la reforma que posibilitaría los cambios en la composición de ese mismo Tribunal. Toda la documentación se puede encontrar en este enlace .

La misma lógica han aplicado a la renovación del CGPJ que lleva más de 4 años en funciones y que, visto lo visto, nada indica que Feijóo y sus patrocinadores judiciales vayan a cambiar su estrategia de mantenerse como sea y al precio que sea en este órgano constitucional.

Y es en este contexto en el que hay que enmarcar esta tercera oleada de ataque sincronizado por parte de togas de alto standing contra determinadas modificaciones que se introducen en la LO 14/22.

Y a diferencia de lo que suele ser habitual en los ritmos judiciales en esta ocasión pronto, muy pronto madrugó la madrugada de manera que, tras su entrada en vigor, simultáneamente la operación se ha puesto en marcha en el Tribunal Supremo a través de su Sala II y en la Audiencia Nacional por un superactivo Juzgado Central de Instrucción nº 6.

La primera está dirigida y tutelada por su Presidente Manuel Marchena Gómez , tan conservador como la media de sus colegas, pero mucho más calculador, ambicioso e intrigante. Es ciertamente conocedor y consciente de las consecuencias que se derivan de su influencia en la mayoría de esa Sala II. Para mover el balón el ariete seleccionado ha sido Pablo Llarena Conde , instructor de la causa que llevó a prisión a varios dirigentes del independentismo catalán y a otros que, por el momento, antes de que fueran detenidos se dieron a la fuga . En particular Carles Puigdemont i Casamajó, ex Presidente de la Generalitad de Cataluña que ha acabado instalándose en Bélgica adquiriendo, además, la condición de eurodiputado.

La segunda la protagoniza Manuel García Castellón , que tras 17 años destinado como juez de enlace en Francia e Italia, en el 2017 decidió “voluntariamente” regresar a su juzgado del que era titular desde 1995 y que los más veteranos recuerdan fue creado específicamente para él. Desde 2014, tres años antes de vuelta, su juzgado ha instruido, a los efectos de esta crónica, los casos de corrupción que más afectan al PP. Entre otros, Púnica, Lezo, Tándem, incluida su PS 7 Kitchen, Acuamed y el denominado “Cartel del Fuego”.

Para la instrucción de estos y otros casos García Castellón ha contado con medios humanos y materiales sin precedentes en la historia de los JCI de la Audiencia Nacional. De hecho, como quien no quiere la cosa han sido nombrados en comisión de servicio, es decir a dedo, varios jueces de refuerzo y de asesoramiento que, casualmente, al igual que su titular, tienen en común su pertenencia a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Precisamente Llanera y García Castellón han ocupado puestos directivos en esta Asociación. El primero llegó a ser su Presidente y el segundo su Tesorero. Y no solo tienen en común su pertenencia a la APM. Ambos han visto como su carrera profesional ha estado vinculada al PP a través de sus terminales jurídicas.

Por ejemplo, Llanera en enero del 2016, durante la etapa en el que Rafael Catalá era Ministro de Justicia, fue designado magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un Pleno del CGPJ no exento de tensión, entre otras cosas, por la probada amistad del candidato con Carlos Lesmes, entonces Presidente del CGPJ.

En el caso de García Castellón, además de sus nombramientos en Paris y Roma coincidiendo con los gobiernos de Aznar y Rajoy, sus decisiones al frente del JCI claramente han favorecido a los intereses del PP que ha visto con satisfacción doble como en estos 5 años ha sobreseído a 215 investigados, entre otros, a Cospedal, Aguirre, Cifuentes, etc. y simultáneamente, ha emprendido un hostigamiento a Podemos que hasta el propioTribunal Supremo le ha tenido que llamar “al orden” cuando quiso procesar a Pablo Iglesias por la “PS10 Dina” de Tándem.

Con estos antecedentes que acabamos de exponer quizá sea más sencillo entender la interpretación que Llanera ha dado a la reciente reforma del código penal. Solo hay que leer el auto que firma el pasado 12 de enero para deducir que mezcla, deliberadamente o no, sus funciones de juez con las de un tertuliano ilustrado de la COPE. En resumen, elige la opción de echar más leña al fuego a sabiendas que con ello vuelve a situar la cuestión catalana en la misma línea de confrontación que lleva años el PP manteniendo.

Por su parte, García Castellón y su juez de refuerzo Joaquín Gadea, han optado sin que nadie se lo pidiera, firmar dos autos y 4 providencias que tienen en común provocar el “efecto llamada”.

No se puede entender de otro modo su decisión de solicitar via providencia a la fiscalía para que responda en 5 días, si en el Caso Púnica, en concreto en sus PS4-PS5-PS8-PS10, tras la entrada en vigor de la LO 14/22 “interesa el sobreseimiento de alguno de los investigados, y, en todo caso, para que proceda conforme alguna de las posibilidades previstas en el art. 779 de la LECRIM”.

Más llamativo resulta aún su auto sobre el denominado caso del “Cartel del fuego”. Aquí ya se riza el rizo dado que está firmado desde julio del 2020 el auto de apertura de juicio oral. Alega el juez que como quiera que concurren circunstancias excepcionales (reforma Código Penal) que “pudieran afectar al delito de malversación” se da traslado a Fiscalía y a las demás acusaciones personadas para si mantienen o no su escrito de calificación.

Y por último, para rematar la faena, su juez de refuerzo Gadea, sin esperar siquiera a la entrada en vigor de la citada LO 14/22, decide el pasado 29 de diciembre para el Caso Acuamed que “por concurrir circunstancias excepcionales” amplía el plazo de instrucción por tres meses, sin atender la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el auto de transformación. Para sorpresa de propios y extraños da de nuevo traslado a la Fiscalía “para que informe, si a la vista de las reformas introducidas en la LO 14/22 mantiene o no su solicitud de transformación a sumario”. Leer para creer.

Como es natural, dada sus prisas, no ha esperado a que la FGE, tal como ha anunciado su titular, fije en los próximos días un criterio para que sea aplicado por todas las fiscalías.

Hasta aquí un resumen resumido de esta nueva batalla que desde esa derecha judicial, a la que tanto le debe el PP, promete convertirse en la próxima arma arrojadiza de esa particular guerra unilateral que desde la moción de censura del 2018 y de modo más acusado desde las generales del 2029 mantienen las derechas en sus diferentes formatos contra la mayoría progresista que gobierna España.