Patriotas

 

Boicot a la investidura de Pedro Sánchez

 

La ultraderecha

 

El señor Feijóo provoca hilaridad si no fuese porque resulta patético

El PP monta el circo

 

Ayuso pierde los estribos

 

Ángeles Barceló y Carlos Herrera

 

Analfabeta

 

Yolanda

 

¡Feijóo...Feijóo…!

¡Ay Felipe, quién te ha visto y quién te ve!

 

Aznar es una lacra

 

 Urtasun, el nuevo ministro de Cultura, ve la tauromaquia como "una actividad injusta, sádica y despreciable”

Firmó un manifiesto en 2016 en contra del TC por anular la ley catalana que prohibía las corridas de toros en Cataluña

HuffPost

Javier Escartin

20-11-23

Ernest Urtasun ya tiene su primera 'patata caliente' como nuevo ministro de Cultura. El dirigente de Sumar, procedente de la rama de En Comú Podem, relevará a Miquel Iceta al frente de esta cartera en las próximas horas tras prometer su cargo ante el rey. El dirigente catalán destaca por ser un ecologista forjado en la diplomacia europea que en estos últimos nueve años ha librado en Bruselas la batalla contra el cambio climático.

Como nuevo ministro de Cultura, Urtasun tendrá que tratar asuntos pendientes como una nueva Ley de Apoyo al mecenazgo, una Ley del Cine y otra anunciada dentro del pacto de PSOE y Sumar como la de Derechos Culturales, de la que sólo se sabe que buscará "garantizar el acceso de todas las personas y todos los territorios a la cultura". Pero también tendrá que lidiar con los asuntos relacionados con la tauromaquia, que forman parte de su cartera, aunque Urtasun se ha declarado en el pasado de forma tajante como 'antitaurino'.

En 2016, el nuevo ministro de Cultura fue promotor de una declaración conjunta que mostraba su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley catalana que prohibía las corridas de toros en Cataluña. 37 eurodiputados, entre ellos él, advertían en el texto que la tauromaquia “es una actividad injusta, sádica y despreciable” y que “no merece ser legal en el ordenamiento jurídico”.

Una postura muy diferente a la que mantiene el socio de Gobierno de Sumar. En la anterior legislatura, el PSOE se alineó con PP y Vox para rechazar una proposición no de ley presentada por Podemos que pedía suprimir el apoyo de la Administración a la tauromaquia. 

En el Congreso, la socialista Maribel García defendió en aquel debate que "la tauromaquia es mucho más que la Fiesta" y que el Ejecutivo lo veía como "un sector productivo ejemplo de sostenibilidad y que protege la raza del toro del lidia". Además, los socialistas aseguraban que nadie se "obliga" a seguir la tauromaquia y que se trataba de "una "manifestación cultural". 

El nuevo vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura y Deporte.

Vicente Barrera, cambia la arena de las plazas de toros que marcaron su trayectoria profesional más conocida por el 'ruedo' político con un papel preeminente en el nuevo gobierno valenciano salido del pacto entre PP y Vox.

En el año 2.011 obtuvo la Alta Distinción de la Generalitat por su carrera en el mundo del toreo, otorgada por el Gobierno del 'popular' Alberto Fabra. En el decreto en que se le concedía este galardón, se decía que tuvo "una carrera llena de dedicación, sacrificio y éxitos, que le llevan a convertirse en el primer torero valenciano que consigue salir por la Puerta del Príncipe de la Maestranza".

El torero mostró su simpatía por el gobierno de Francisco Camps entre 2003 y 2011. De hecho, en uno de los mítines de la campaña de aquellas elecciones autonómicas, Camps quiso "tranquilizar" a Barrera, que estaba presente en el acto, y aseveró: "Jamás prohibiré la tradición de los toros en la Comunidad Valenciana".

Con Vox, desde 2018, ha desempeñado la labor de coordinador regional en Valencia, con anterioridad a la representación parlamentaria del partido, que le define como "amante del campo, de la tradición y del mundo rural".

Investidura de Pedro Sánchez

 

Investidura de Feijóo

 

Óscar Puente en la investidura de

 Feijóo

 

 

Estos son los 22 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente apuesta por un

 Consejo de Ministros más político,

 con cuatro vicepresidentas y

 pensado para respetar la diversidad

 territorial

ElPlural

Javier Pardo

20-11-23

Pedro Sánchez ya ha oficializado quién formará parte del nuevo Consejo de Ministros. Como viene siendo habitual, el líder del Ejecutivo ha decidido hacer cambios, ha mantenido los 22 ministerios de su anterior equipo de Gobierno y ha apuntalado un equipo con mayoría femenina, más peso político, pensado en el respeto a la diversidad territorial y con varios perfiles capaces de confrontar con fuerza y proyección contra la derecha en una legislatura que no se prevé sencilla.

Moncloa, desde primera hora de la mañana, y tras un fin de semana de secretismo total, ha ido filtrando los nombres de todos y cada uno de los ministros que revalidarán o recogerán por primera vez una cartera ministerial. Cuatro vicepresidentas, con la inclusión de una María Jesús Montero capital en las negociaciones de investidura, y varios perfiles promocionados y ascendidos dentro del organigrama de Sánchez.

Tal y como se presagiaba, el líder del Ejecutivo ha decidido dar más peso interno a dos personas de su máxima confianza: María Jesús Montero, que mantiene Hacienda y se convierte en vicepresidenta, y Félix Bolaños, mano derecha del presidente, titular de Presidencia y Justicia, cartera indispensable en una legislatura que viene devenida y marcada por el inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía. También dan un paso al frente perfiles como Pilar Alegría, que, además de sumar las competencias de Deportes a las de Educación, será la nueva portavoz del Ejecutivo en sustitución de Isabel Rodríguez -sobre quien podría recaer la portavocía del PSOE-, que, por su parte, se ha hecho con la cartera de Vivienda, de reciente creación después de convertir este tema en indispensable y apuesta personal del presidente en la XV legislatura de nuestra democracia.

A los cinco de Sumar, que ya se conocían -Yolanda Díaz ha escogido a Ernest Urtasun (Cultura), Sira Rego (Juventud e Infancia), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Mónica García (Sanidad)-, le seguía la duda sobre quién asumiría el Ministerio de Igualdad, hasta ahora en manos de Irene Montero y motivo de la ruptura entre la formación magenta y Podemos. Finalmente, la escogida ha sido Ana Redondo García, otrora portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León y mano derecha de Óscar Puente en el ayuntamiento de Valladolid.

Óscar Puente, de la réplica a Feijóo a Moncloa

Y precisamente Puente ha sido otro de los anuncios estrella del presidente del Gobierno. Sánchez ha decidido conceder al dirigente vallisoletano la cartera de Transportes, una de las más importantes tanto por dificultad como por presupuesto. Además, este ministerio será vital en la cesión de la gestión de Rodalies a Cataluña pactada en las negociaciones de investidura.

Puente, de esta forma, tras meses en el disparadero, especialmente después de su intervención durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, es promovido por Pedro Sánchez y se consagra como uno de los nuevos baluartes del PSOE en su confrontación directa con la derecha de PP y Vox. Polémico y sin pelos en la lengua, el líder del Ejecutivo consigue dotar de más gancho a un Gobierno del que se espera rentabilizar el gran paquete de proyectos y compromisos anunciado por el propio presidente en su primera intervención de la sesión de investidura que acabó con su entronización el pasado jueves.

Cuatro vicepresidentas

El presidente del Gobierno vuelve a apostar por una segunda fila, la de las vicepresidencias, marcada completamente por mujeres. Cuatro, concretamente, a la espera de lo que suceda con Nadia Calviño cuando llegue el momento decisivo de la votación por la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). A la titular de Asuntos Económicos, en plena pugna por el puesto europeo, se suman Yolanda Díaz, que repite como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica; y María Jesús Montero, al frente de Hacienda y promocionada como vicepresidenta cuarta tras su importante papel en las negociaciones de la investidura.

Montero, dentro del núcleo duro del presidente del Gobierno, ha sido ascendida tras codirigir el equipo de siete personas a las que Sánchez encargó las negociaciones para conformar Gobierno. Aquella empresa no era sencilla, y así ha sabido reconocerlo el líder del Ejecutivo durante un fin de semana en el que, una vez superada la investidura, ha sido dedicado al estudio de la nueva configuración de los encargados de sentarse cada martes en la mesa del Consejo de Ministros.

Nuevos ministros

Óscar Puente no es el único perfil novedoso anunciado por Pedro Sánchez. De hecho, como viene siendo habitual, el presidente ha aprovechado la remodelación para incorporar a nuevos perfiles y cambiar su equipo milimétricamente para el diseño de la nueva legislatura. Concretamente, Sánchez ha nombrado, contando al exalcalde de Valladolid, a nueve nuevos perfiles -cuatro de ellos, de Sumar-.

Se trata, concretamente, de Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona que consigue Industria; Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias al frente de Política Territorial; Elma Saiz, cuota navarra que liderará Seguridad Social; Ana Redondo García, otrora mano derecha de Óscar Puente que se hace cargo de Igualdad; Sira Rego, eurodiputada de IU que se encargará del nuevo ministerio de Juventud e Infancia; Mónica García, de líder de la oposición en Madrid a titular de Sanidad; Ernest Urtasun, mano derecha de Díaz que toma las riendas de Cultura; y Pablo Bustinduy, ex de Podemos, experto internacional de Sumar y ministro de Derechos Sociales con competencias en Consumo.

Los que siguen

No obstante, la revolución no es completa. Pedro Sánchez ha decidido mantener a buena parte de sus ministros en su última legislatura. Así, además de las vicepresidentas, que mantienen sus competencias y encargos anteriores, el presidente ha decidido dar confianza y estabilidad a cuatro años que se prevén complejos.

De los ya conocidos, siguen -aunque algunos cambian de ministerio o asumen nuevas competencias- las vicepresidentas, José Manuel Albares (Exteriores), Luis Planas (Agricultura), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Pilar Alegría (Educación y Deportes), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Isabel Rodríguez (que pasa a Vivienda), Diana Morant (Ciencia y Universidades) y José Luis Escrivá (que cambia a Transformación Digital).

Los que desaparecen

En esta particular partida, donde las quinielas han acertado en parte y han sido tumbadas en muchos de los ministerios, también hay quienes han caído en batalla. A los cuatro que otrora dispuso Pablo Iglesias en Moncloa, después del acuerdo de coalición de 2020, se suman varios dirigentes socialistas como Miquel Iceta, que abandona Cultura y Deportes; Pilar Llop, que deja sus responsabilidades en Justicia; Raquel Sánchez, otrora líder de Transportes; Héctor Gómez, que abandona Industria; y José Manuel Miñones, quien liderase Sanidad tras la salida de Carolina Darias para asumir la candidatura del PSOE en el ayuntamiento de Madrid.

En Podemos, y sus órbitas pasadas, la gran perdedora ha sido Irene Montero, a quien los de Ione Belarra, que también abandona Moncloa, han querido promocionar y hacer permanecer en el Ministerio de Igualdad. Montero ha sido la gran valedora de un sinfín de leyes, pero, no obstante, el daño político de la ley del solo sí es sí ha acabado apartándola de las quinielas. Se caen, también, Joan Subirats, ex de Universidades, y Alberto Garzón, quien anunciase el pasado viernes su salida de la primera línea política y su abandono de la dirección de Izquierda Unida.

Lista completa. Lea el perfil de los 22 ministros

• Nadia Calviño (PSOE): Ministra de Economía y Vicepresidenta primera

• Yolanda Díaz (Sumar): Ministra de Trabajo y Vicepresidenta segunda

• Teresa Ribera (PSOE): Ministra de Transición Ecológica y Vicepresidenta tercera

• María Jesús Montero (PSOE): Ministra de Hacienda y Vicepresidenta cuarta

• Pilar Alegría (PSOE): Ministra de Educación y Deportes y Portavocía del Gobierno

• Félix Bolaños (PSOE): Ministro de Justicia y Presidencia

• Fernando Grande-Marlaska (PSOE): Ministro de Interior

• Mónica García (Sumar): Ministra de Sanidad

• Óscar Puente (PSOE): Ministro de Transporte

• Isabel Rodríguez (PSOE): Ministra de Vivienda

• Ángel Víctor Torres (PSOE): Ministro de Política Territorial

• Jordi Hereu (PSOE): Ministro de Industria

• Ernest Urtasun (Sumar): Ministro de Cultura

• Pablo Bustinduy (Sumar): Ministro de Derechos Sociales

• Ana Redondo García (Sumar): Ministra de Igualdad

• Elma Saiz (PSOE): Ministra de Seguridad Social

• José Manuel Albares (PSOE): Ministro de Exteriores

• Luis Planas (PSOE): Ministro de Agricultura

• Margarita Robles (PSOE): Ministra de Defensa

• Diana Morant (PSOE): Ministra de Ciencia y Universidades

• Sira Rego (Sumar): Ministra de Juventud e Infancia

• José Luis Escrivá (PSOE): Ministro de Transformación Digital

 

Una concejala del PP pide “un tiro en la nuca” a Pedro Sánchez

El grupo municipal del PSOE de Segovia ha

 denunciado a Laura del Río y ha instado al

 PP a suspenderla inmediatamente

ElPlural

Redacción

18-11-23

 “¿Alguien está pensando que no hay MAYOR HIJO DE LA GRAN PUTÍSIMA que el que está en funciones hasta el jueves? Un tiro en la nuca se merece… que me bloqueen Facebook, me importa una mierda, ya lo he dicho”. La autora de esta lamentable publicación es nada más y nada menos que Laura del Río, exalcaldesa y concejala del PP de Gomezserracín (Segovia).

En respuesta a esta lamentable publicación, que data del 14 de noviembre, el PSOE Segovia ha exigido en la plataforma X (antes conocida como Twitter) "la destitución inmediata" de Del Río, además de informar sobre la denuncia presentada ante la Guardia Civil por estos hechos. Sin embargo, en el momento que se están redactando estas líneas el mensaje sigue publicado.

De esta manera, el partido socialista ha manifestado que el “odio no tiene cabida en nuestra democracia" y han insistido en que “a fecha de hoy, la concejala popular no ha borrado el mensaje de su perfil de Facebook”. 

"Desde el PSOE de Segovia rechazamos y condenamos tajantemente estas declaraciones, que incitan al odio y a la violencia, contra una institución pública del Estado y no tienen cabida en nuestra democracia, al mismo tiempo que exigimos al alcalde del PP de Gomezserracín su cese inmediato como concejala del equipo de gobierno", han señalado. 

Además, han instado al PP de Segovia a disculparse en nombre del partido y, en caso de que Laura del Río fuera militante, solicitaron su suspensión cautelar de la militancia. Asimismo, instaron a que, de no renunciar, sea apartada del grupo de adscritos en el Ayuntamiento local, emitiendo un comunicado público condenando el contenido delictivo del mensaje. Advertían que, de no cumplir con estas medidas, el PP de Segovia sería cómplice de mantener en sus filas a alguien que abiertamente incita a un acto delictivo.

Por su parte, el PSOE de Segovia ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra la concejala Laura del Río por sus declaraciones, consideradas inaceptables en una democracia que promueve la pluralidad política, el respeto a las instituciones y la convivencia basada en el intercambio de ideas. y el respeto mutuo, sin lugar para el odio o la violencia.

El PP le abrirá expediente

El Partido Popular de Castilla y León ha anunciado a través de su perfil de 'X' que abrirá expediente de expulsión de forma "inmediata" a Laura del Río Arranz.

En el mismo mensaje, el PP ha remarcado que "rechaza y condena" todo tipo de violencia y que "no se permitirán" amenazas de "ningún tipo", motivo por el que los 'populares' serán "contundentes" contra quienes las realicen, "sea quien sea".

 

Alfonso Rus y el yonki del dinero condenados a cinco años de cárcel por la pieza de los zombis del caso Taula

Esta pieza ha jugado los contratos a dedo a trabajadores que cobraban de dos

 empresas públicas sin trabajar

ElPlural

Loreto Ochando

17-11-23

La Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por la conocida como piezas de los zombies en la pieza de los zombies de Imelsa y Ciegsa por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental. Junto a Rus, dentro de esta pieza del caso Taula, también han sido condenados el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, más conocido como el yonki del dinero, y el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla quienes deberán cumplir la misma pena que Rus.

Esta pieza ha jugado los contratos a dedo a trabajadores que cobraban de esta dos empresas públicas pero que no iban a trabajar. Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Alfonso Rus, no ha recibido condena de prisión, sino a un año de suspensión de empleo o cargo público. Seis personas, entre las que se encuentra el exsubedelago del Gobierno, y actualmente imputado en el caso Azud, Rafael Rubio han sido absueltas, y otras 15 han sido condenadas a diferentes penas, entre estas personas se encuentran la exdirectora de Recursos Humanos y director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc que han sido condenados a cuatro años y cuatro meses de prisión; José Estarlich, a quien los investigadores tildan de testaferro del yonki; y el empresario José Adolfo Vedri. Tanto Vedri como Estarlich deberán cumplir siete meses de cárcel.

La sentencia

Según se puede leer el la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, "haciendo uso de las facultades recibidas de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Ciegsa, Máximo Guillermo Caturla ordenó la contratación varias personas sin ningún proceso de selección basado en principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad; y sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa. La contratación de María Clara S. se llevó a cabo para que continuara desempeñando su puesto en la Generalitat evitando el procedimiento de acceso a la función pública. En el caso de Antonio G., Juan S. y Manuel G., el contrato se hizo como favor personal, en consideración a su relación con el Partido Popular, al que Máximo Caturla pertenecía, y a su relación de amistad con el propio Máximo Caturla o con otros miembros del partido, con la necesaria aprobación de Alfonso Rus".

Así, los contratados fueron ubicados en una sede aparte del personal administrativo, sede donde se ubicaba un archivo, "sin sujeción a control de presencia, donde realizaron algunas tareas que les encomendó Caturla, como entrevistarse con alcaldes concernidos por las obras y el propio consejero delegado, que no se correspondían con ningún puesto de trabajo en la empresa".

Sobre la otra empresa pública, la que dirigía Marcos Benavent, el fallo explica: "Desde el 1 de enero de 2007 hasta el 11 de junio de 2013, fecha en la que se produce la selección de un técnico jurídico mediante una entrevista, Imelsa contrató sus trabajadores sin seguir procedimientos de selección del personal contratado basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, no se respetaron las limitaciones para la incorporación de nuevo personal establecidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2009 a 2014. La empresa tampoco disponía de una relación de puestos de trabajo, aunque sí de un manual de puestos de trabajo como parte del manual de productividad, con una información incompleta. En el caso de los asesores, no estaban sometidos a ningún tipo de control de presencia, pese a que los trabajadores que tenían un puesto físico en la empresa sí disponían de un sistema de fichaje, que se fue implementando en ese período".

"En el ejercicio de su cargo como gerente de la sociedad y para realizar favores políticos o por amistad, Marcos Benavent Vicedo firmó contratos de trabajo para emplear en Imelsa a Miguel M., Oscar P., Salvador T., Eva Luisa S., José E. y Raúl M., con la anuencia de los trabajadores contratados y la intención de ambas partes de procurar un lucro económico a los supuestos empleados a costa de la sociedad, a sabiendas de que estos no prestarían ningún servicio a Imelsa. Como en Ciegsa, la mayoría de los contratos se hicieron como favores a personas relacionadas con el Partido Popular o como favores personales.

Sobre la malversación, por la que sí han sido condenados Rus y Benavent, el fallo explica "los supuestos trabajadores no pueden ser condenados por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad, como solicita el Ministerio Fiscal, porque no ha quedado acreditado (y ni siquiera se afirma en el escrito de acusación) que hubiera un acuerdo de todos ellos para repetir las contrataciones, ni siquiera que tuvieran conocimiento y hubieran contribuido a las contrataciones de los demás. Por lo que cada uno debe ser condenado por el acto que les concierne y no por los actos que afectan a otros acusados irregularmente contratados en Imelsa. Esto provoca que el delito continuado que aparece en la calificación del Ministerio Fiscal deba descomponerse en tantos delitos como actos diferenciados cabe atribuir a los acusados".

¡Españoles, Franco ha muerto!

 Gracias a dios. Para los que todvía no os habéis enterado.

Militares retirados piden al Ejército un golpe de Estado contra Sánchez

Medio centenar de antiguos cargos piden a los

 "responsables de la defensa del orden constitucional"

 el cese y repetición de elecciones

Cynthia Coiduras

ElPlural

17-11-23

Medio centenar de altos mandos militares retirados piden al Ejército que dé un golpe de Estado para destituir al recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Asociación de Militares Españoles (AME), la cual ya promovió en 2018 un manifiesto de apología al franquismo en el que justificaban el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, ha elaborado ahora un escrito en el que jefes y oficiales jubilados piden a sus compañeros en activo de las Fuerzas Armadas que destituyan al dirigente socialista al frente de la Moncloa y que se convoquen elecciones generales de nuevo. Así lo ha adelantado infoLibre este viernes, día que coincide con la jura del cargo del jefe del Ejecutivo ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Militares retirados piden un golpe de Estado contra Sánchez

La investidura de Pedro Sánchez no solo ha movilizado a los ultras en las calles y a las derechas en el parlamento, también a los militares. Al menos medio centener de altos mandos de las Fuerzas Armadas han firmado un manifiesto en el que reclaman al Ejército que destituyan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se convoquen elecciones generales. Es decir, un golpe de Estado. La existencia de este documento la ha adelantado el diario infoLibre este viernes minutos después de que el dirigente socialista haya prometido su cargo al frente del Ejecutivo ante el rey Felipe VI, tal y como recoge la Constitución. Un extremo que parece no gustar a cierto estadio de la sociedad.

Las informaciones apuntan a que en esa carta aparecen firmas de algunos de los militares que formaban parte del chat de la XIX -la promoción del Ejército del Aire- que llenó las portadas en 2020 y en el que se defendía "fusilar a 26 millones de hijos de puta". También lo suscriben tres generales de división, cuatro de brigada, 23 coroneles, cuatro tenientes coroneles, siete comandantes y nueve capitanes, todos ellos retirados, por lo que no están sujetos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. El documento, según asegura el citado medio, esta fechado a día 16 de noviembre, es decir, este jueves, día de la votación de la investidura de Sánchez, aunque no ha sido todavía distribuido, y en él se defiende abiertamente un golpe de Estado a cuenta la ley de amnistía.

"Alzamos la voz en este manifiesto"

"Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales", señalan textualmente.

En el texto acusan al Gobierno actual de intentar "copar" los órganos judiciales, lo que a su juicio "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes", y denuncian la situación de "acoso al Estado de Derecho". Todo pese a que el Partido Popular continúa bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años. De hecho, aseguran que el presidente del Tribunal Constitución, Cándido Conde Pumpido, es "un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones al haber manifestado que ‘hay que mancharse la toga con el barro del camino’ en relación con procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político". Mantras defendido por la ultraderecha.

La excusa, la ley de amnistía

Especial hincapié ponen para criticar las negociaciones de Sánchez con los partidos nacionalistas catalanes y la ley de amnistía, que este viernes los socios han pedido tramitar por la vía de urgencia. Así, denuncian "el uso inadecuado de la figura del indulto para los delincuentes del golpe de Estado de octubre de 2017 así como la supresión de la sedición del código penal y la reducción de pena en la malversación solamente por intereses políticos", y aseguran que habrá un referéndum en Cataluña. "La posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible, al aceptar, de nuevo para la citada investidura, la celebración de un referéndum de autodeterminación, y habiendo aceptado la denominación para Cataluña de 'minoría nacional', con los privilegios que esto conlleva en el derecho internacional", sostienen.

"La elevación a las Cortes como Proposición de Ley de Amnistía, por parte del partido ahora gobernante, sin cabida en la actual Constitución Española, que eliminaría la igualdad ante la Ley de todos los españoles y que borraría los delitos cometidos por quienes dieron el golpe de Estado en Cataluña en Octubre de 2017,  si esta es aprobada, y ello por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno del actual en funciones, como él mismo ha manifestado, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe", sentencia la Asociación de Militares Españoles.