viernes, 16 de enero de 2026
El 15 de enero de 2012 murió a los 89 años Manuel Fraga, político, diplomático y profesor universitario cuya dilatadísima trayectoria se inició bajo el franquismo y prosiguió durante la transición y la democracia. Ministro de Información y Turismo con Franco, vicepresidente segundo del Gobierno de España entre 1975 y 1976, fue uno de los ponentes de la Constitución de 1978 y el fundador de Alianza Popular, más tarde convertida en el Partido Popular, presidió la comunidad autónoma de Galicia durante quince años.
Manuel Fraga Iribarne nació el 23 de noviembre de 1922 en Villalba, provincia de Lugo, entonces una de las zonas más atrasadas de España. Su padre, Manuel Fraga Bello, de una familia numerosa de modestos campesinos, hombre conservador y sin estudios, se decidió a emigrar a Cuba después de hipotecar la escasa tierra.
En América fue de los que triunfaron: puso un negocio, reunió ahorros y aprendió a leer. Allí conoció a María Iribarne Duboix, una vasco-francesa de profundas convicciones católicas, moralista y sacrificada, que le dio doce hijos. El mayor, Manuel, pasó de los dos a los cuatro años en Cuba, hasta que la familia, en 1928, regresó a Galicia para que los niños se educaran en España. Bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el padre fue nombrado alcalde de Villalba.
La niñez de Fraga transcurre dócilmente en una sociedad muy sólida, regida por un orden indiscutido al que se halla perfectamente adaptado: disciplina en la casa y autoridad en el pueblo, solidez religiosa y tradición conservadora. En la modesta escuela local cumple el primer ciclo de una enseñanza memorística y sin explicaciones. En 1931, con el comienzo de la república, empieza el bachillerato en el Instituto da Guarda de A Coruña, pero al segundo año lo continúa en el mismo Villalba.
Desencadenada la Guerra Civil, fue internado con su hermano José en un colegio de Lugo. Allí vio por primera vez a Franco, de quien, según cuenta en su Memoria breve de una vida pública, le «impresionó el aspecto, la voz y la forma de hablar», y, al igual que muchos jóvenes de la zona nacional, se sintió plenamente identificado con el lema «mitad monjes, mitad soldados».
Tan profundo era el sentimiento católico de su juventud, que al finalizar los estudios dedicó el verano de 1936 a realizar ejercicios espirituales en el monasterio benedictino de Samos, donde consideró seriamente la posibilidad de hacerse cura. Esta arraigada religiosidad, ajena a toda duda, nunca habría de abandonarlo, y le llevaría aun en su vejez a pronunciar frases como ésta, referida al infierno: «Creo en todo lo que manda la Santa Madre Iglesia, de modo que no discuto ninguno de sus dogmas».
Ingresó en la Universidad de Santiago en 1939, coincidiendo con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que no le llevó a apostar por el triunfo de Alemania pese al ambiente que le rodeaba. Tras permanecer un año en una residencia de estudiantes de los jesuitas, cuando terminó el curso convenció a sus padres para que lo enviaran a Madrid a continuar la carrera. El salto a la capital supuso enfrentarse por primera vez a la dura realidad de los vencidos, al hambre de la posguerra -él mismo vivía en pensiones y llegó a adelgazar nueve kilos-.
Fraga era entonces un brillante universitario, persuadido de que lo que el país necesitaba era fundamentalmente formación religiosa. Así pues, acudía a la Congregación de los Luises y visitaba los suburbios con fines benéficos y apostólicos, llegando a apadrinar a un niño de siete años. En esa época pasó dos veranos en el campamento de milicias universitarias de Robledo, experiencia que, según sus palabras, le «vino muy bien en todos los aspectos y reforzó mi sentido del orden y de la disciplina».
Paralelamente a la carrera, gracias a una beca de investigación concedida por el decano de la Facultad de Derecho, el canonista Eloy Montero, pudo abocarse a la traducción de cuatro tomos de la obra del jesuita Luis de Molina, al que habría de dedicar su tesis doctoral. Tractor Thompson, como lo bautizaron los compañeros por su empuje y tenacidad destemplada, terminó la carrera a los veintiún años con premio extraordinario, y en el curso de 1944 hizo a la vez la licenciatura y el doctorado, mientras comenzaba a dar clases como encargado de curso de teoría de la sociedad y del Estado.
Ese año conoció a una compañera de la facultad, que en 1948 se convertiría en su mujer: la rubia y espigada María del Carmen Estévez, hija de un militar, que habría de abandonar los estudios para dedicarse al cuidado de sus cinco hijos: María del Carmen, José Manuel, Maribel, Ignacio y Adriana.
Finalizada la guerra, se abre para Fraga, en plena juventud, un período decisivo para su futuro político. En 1945 accede a la función pública por el camino tradicional de las oposiciones, siguiendo el consejo de su maestro Fernando María Castiella. Con el número uno gana el cargo de letrado de las Cortes, lo que le permite entrar en contacto con la clase política del franquismo. Pero a la vez ingresa -también con el ya inevitable número uno- en la Escuela Diplomática.
Tres años más tarde gana las oposiciones a la cátedra de derecho político de la Universidad de Valencia, y en 1953 obtiene el cargo de titular en Madrid. Su trabajo docente se ve apoyado por numerosas publicaciones, entre las que destacan La reforma del Congreso de los Estados Unidos y La crisis del Estado.
En plena era del franquismo duro, desde el sector católico, Joaquín Ruiz-Giménez inicia una cierta labor de apertura a partir del Ministerio de Educación, y para ello llama a profesores vinculados al Movimiento desde posiciones más independientes: Joaquín Pérez Villanueva y Manuel Fraga, que en ese momento ocupa el cargo de secretario general del Instituto de Cultura Hispánica y es nombrado secretario del Consejo Nacional de Educación. El equipo, que se proponía elevar el nivel intelectual en un intento de superar el fascismo, se vio muy pronto atacado, en nombre del franquismo de cruzada, por los falangistas.
El enfrentamiento significó en 1955 la caída de Ruiz-Giménez y la consiguiente renuncia de Fraga, quien no por ello pasó a una discreta oposición, como otros del grupo, sino que prefirió buscar nuevas oportunidades dentro del sistema haciéndose falangista. Las oportunidades aparecieron al ser nombrado subdirector del Instituto de Estudios Políticos, en el que se dedicó a dar una serie de cursos y conferencias sobre la posibilidad de una reforma política «progresiva y prudente» que preparase vías posibilitadoras de normalización del país.
Su ingreso en la política habría de venir de la mano del secretario general del Movimiento, José Solís, quien en 1957 le ofreció la Delegación Nacional de Asociaciones. Allí organizó Fraga el I Congreso de la Familia Española, que habría de posibilitar la introducción de procuradores familiares en las Cortes.
La huelga minera de 1962 y el amplio movimiento de solidaridad que ésta generó le confirmaron que era necesario reorientar el franquismo para afrontar una nueva etapa, la del fin de la «hegemonía azul». Inmediatamente después de que la oposición democrática formulara el llamado «contubernio de Munich», el régimen responde el 12 de julio de 1962 con la creación de un nuevo gobierno, en el que aparece como gran novedad y promesa de aperturismo político -pese a la gran dosis de autoritarismo que le atribuyen muchos observadores- la figura de Manuel Fraga en el cargo de ministro de Información y Turismo.
Las vigiladas concesiones que está dispuesto a dar el régimen se plasmarían en la Ley de Prensa, que Franco le ha encargado como tarea principal y que Fraga presenta a las Cortes en 1966: una controvertida ley que suprime la censura previa de la prensa, pero que significativamente excluye a los libros, la radio y la televisión. A sus cuarenta años, Fraga ha llegado al gobierno para convertirse en el «ministro-estrella», por su huracanada vitalidad, y por sus frecuentes apariciones en televisión -cuyo control está en sus manos-. Fraga es el hábil relaciones públicas, gran aficionado a la caza y a la gastronomía que se baña en Palomares con el embajador de Estados Unidos para hacer creer que, pese a las bombas caídas en la playa, no hay riesgo de radiactividad. Fraga es el ministro que, en pleno auge del desarrollismo, potencia el turismo hasta situar a España en la primacía europea.
Pero lo peligroso para la estabilidad de su cargo es el enfrentamiento con Laureano López Rodó y otros miembros del Opus Dei: «Cuando me negué a que un grupo monopolizase el poder político del país». El escándalo Matesa termina por agudizar las tensiones y paradójicamente acaba con quien ha exigido las cuentas claras: el ministro de Información.
Tras su cese, en octubre de 1969, Fraga vuelve a la cátedra y, gracias al ofrecimiento de un amigo, se convierte en director general de la fábrica de Cervezas El Águila, con dedicación parcial. Aureolado por la caída a los pies del Opus, se dedica entonces a recorrer España creando una plataforma que potencia todos sus actos: conferencias, cenáculos, presencia constante en la vida pública para pedir reformas inaplazables, desde una posición centrista y liberal que no deja de asombrar a muchos de quienes habían padecido su gestión como ministro.
Posteriormente fue nombrado embajador de España en Londres (1973-75), cargo que contribuyó a consolidar su admiración por el conservadurismo británico y por su modelo de monarquía parlamentaria. Al mismo tiempo centra su inagotable actividad en la creación del Grupo de Orientación Democrática, S. A. (GODSA). Escribe además numerosos artículos de prensa que publica ABC, y recibe a la oposición democrática que prepara el posfranquismo. Desde la capital británica, se destaca pues como el heredero del régimen capaz de restablecer la democracia con la complicidad de la derecha española. Así, cuando regresa de Inglaterra dos días antes de la muerte de Francisco Franco, confiesa sin ambages que aceptaría formar parte de un gobierno del príncipe Juan Carlos.
Tras la muerte de Franco desempeñó un papel importante en la época de la transición a la democracia. En el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, Fraga ocupó la esencial cartera de Gobernación, que conllevaba una vicepresidencia del Gobierno (1975-76). En los siete meses que duró el gobierno, le tocó «luchar y sufrir más que en los largos siete años como ministro». Manifestaciones, huelgas y la formidable presión de la calle planteaban un estado de convulsión nada fácil de solucionar para un hombre de su talante, que llega a encarcelar a varios miembros de la Platajunta por considerarlos comunistas.
De esa época es la famosa frase que le atribuyó Ramón Tamames y que él siempre ha negado: «La calle es mía». Pese al deterioro de su imagen, Fraga continúa prodigando sus gestos despóticos, insiste en la exclusión del Partido Comunista de España (PCE) y plantea un proyecto de «reforma desde dentro» -con una Cámara Alta de tipo orgánico- que es duramente atacado por ser un híbrido de franquismo y democracia. Pero son dos sucesos ocurridos mientras él se encuentra fuera del país los que lo herirán de muerte política: el duelo masivo de Vitoria después de la muerte de cinco personas a manos de la policía y la tragedia de Montejurra, en que grupos carlistas de la ultraderecha siembran el terror y la muerte con la participación de conocidos fascistas italianos.
Apartado del gobierno por el nombramiento de Adolfo Suárez y desgastado como hombre de centro, tras pasarse un mes intentando formar partido con Areilza y Pío Cabanillas, Fraga dio un giro espectacular, abandonando sus pretensiones centristas para ponerse al frente de la derecha pura. Se reúnen entonces los así llamados «siete magníficos»: Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Cruz Martínez Esteruelas y Enrique Thomas de Carranza, quienes con Fraga a la cabeza formarán Alianza Popular (AP).
Mas, a pesar de la generosa financiación que la gran banca pone a su disposición, el desastre que sufre la nueva agrupación política en las elecciones de 1977 -16 escaños frente a 165 de la Unión de Centro Democrático (UCD)- no tiene paliativos, y en pocas semanas dimite la mitad del ejecutivo. Las elecciones de 1977 le convirtieron en diputado, portavoz parlamentario y miembro de la ponencia que redactó la Constitución de 1978.
En 1979 Fraga da otro viraje táctico, nuevamente hacia el centro, y reúne bajo el nombre de Coalición Democrática a liberales como Areilza y Senillosa, socialdemócratas como Enrico de la Peña, democristianos como Alfonso Osorio y franquistas como Vallina y Lapuerta. Pero el desastre vuelve a repetirse, quedando reducida la representación a sólo nueve diputados. Moralmente hundido, el político gallego decide dimitir y se marcha a su retiro de Perbes. Allí fueron a buscarle su «delfín» Jorge Verstrynge y otros jóvenes cachorros de la derecha y le convencieron de que volviera a la lucha política.
El líder conservador regresa una vez más a la arena política, y en los primeros comicios autonómicos de Galicia -pese a que AP no ha aceptado aún el hecho irreversible de las nacionalidades-, Fraga se hace unas fotos de inconfundible perfil celta que llevan el sugestivo título de «Galego coma ti». Por primera vez los aliancistas sobrepasan los votos de la UCD.
El hundimiento de la UCD permitió que, a partir de las elecciones de 1982, Fraga se convirtiera en líder de la oposición al gobierno socialista de Felipe González. Fraga arremolina a su alrededor a la derecha sociológica y puede presentar como un triunfo el pase a sus filas de destacados centristas como Herrero de Miñón y Ricardo de la Cierva. Pero, a pesar del liderazgo carismático indiscutido del que gozaba en su partido, sus resultados electorales no mejoraron en 1986, avalando la tesis de que Fraga impedía a los populares alcanzar una mayoría de gobierno por su pasado franquista y su imagen de hombre autoritario; en consecuencia, cedió la dirección del partido al joven Hernández Mancha en 1986 y renunció al protagonismo en la política nacional, ejerciendo como diputado en el Parlamento Europeo (1987-89).
Cuando en 1989 se repitieron los malos resultados electorales, Fraga volvió para presidir la refundación del que se llamaría en lo sucesivo Partido Popular: un proyecto inspirado en la democracia cristiana, a cuyo frente situó a José María Aznar.
Aunque mantuvo un cierto liderazgo moral sobre la derecha española, desde 1990 Fraga se retiró a su Galicia natal, encabezando la acción del partido en aquella región, donde gozaba de una gran popularidad. En 1990 vivió uno de los momentos más felices de su dilatada carrera al ganar por primera vez en unas elecciones democráticas la presidencia de la Xunta de Galicia. Profeta en su tierra, venció sucesivamente en todas la elecciones autonómicas a las que se presentó y gobernó Galicia con su personalísimo estilo durante quince años, hasta su retirada en 2005.
MASACRE de Dachau - EJECUCIÓN BRUTAL de guardias NAZIS por la liberación de Dachau
Domingo 29 de abril de 1945, una semana antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La 45ª División de Infantería del Séptimo Ejército estadounidense libera Dachau, el primer campo de concentración regular construido por el gobierno nazi. Los soldados americanos huelen no sólo excrementos humanos, sino también cuerpos en descomposición, lo que provoca que muchos de ellos lloren o vomiten.
Además, encontraron más de 30 vagones de ferrocarril llenos de cadáveres y a 30 mil supervivientes en un estado de demacración extrema, tanto que parecían esqueletos andantes. La gran mayoría de ellos estaban gravemente enfermos. Muchos morirán por tifus e inanición durante los meses siguientes a la liberación del campo.
Los militares americanos, conmocionados y furiosos, así como los prisioneros que sobrevivieron a años de humillaciones y abusos por parte de sus verdugos nazis, quieren venganza, y su brutal respuesta está por llegar. Después de que Adolf Hitler fuera nombrado Canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, los nacionalsocialistas utilizaron una serie de medidas de terror para implantar, poco a poco, una dictadura en todo el país.
El principal objetivo de los primeros campos de concentración de la década de 1930 era encarcelar e intimidar a los líderes de los movimientos políticos, sociales y culturales que los nazis consideraban una amenaza para la supervivencia y expansión del régimen. En estos campos, los prisioneros vivían atemorizados por la terrible violencia que ejercían las SS.
El primer campo de concentración creado por los nazis fue Dachau, situado cerca de Múnich, en marzo de 1933. El 22 de marzo, este lugar recibió a sus primeros prisioneros. En octubre de ese mismo año, el comandante de Dachau, Theodor Eicke, introdujo un sistema de horribles castigos para los presos que cometían leves ofensas.
De esta manera, Eicke se aseguró de que Dachau sirviera de modelo para todos los campos de concentración futuros. También se convirtió en un centro de entrenamiento o "escuela de violencia "para los guardias de las SS que, más tarde, trabajarían en otros campos de concentración. Durante el primer año, Dachau tuvo capacidad para albergar 5.000 prisioneros.
Al principio, los internos eran principalmente comunistas alemanes, socialdemócratas, sindicalistas y otros opositores políticos al régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo, también fueron internados en Dachau testigos de Jehová, romaníes, sinti, homosexuales, delincuentes reincidentes y los llamados "asociales", es decir, aquellas personas que el régimen encarcelaba porque no podían o no querían encontrar un empleo remunerado.
Durante los primeros años, fueron relativamente pocos los judíos internados en este campo de concentración. Los hebreos que fueron enviados a este lugar pertenecían a alguno de los grupos mencionados o habían violado las Leyes de Nuremberg de 1935. Estos códigos trataban la cuestión racial en la ideología nazi.
A principios de 1937, las SS, con la mano de obra de prisioneros, comenzaron la construcción de un gran complejo en los terrenos del campo original, destruyendo la antigua fábrica de munición, la cual se encontraba en terribles condiciones. Esta obra concluyó oficialmente a mediados de agosto de 1938, permaneciendo, sin más cambios, hasta el final de la guerra en 1945.
El número de presos judíos en Dachau aumentó debido al incremento de su persecución. Los días 10 y 11 de noviembre de 1938, tras la Noche de los Cristales rotos, cuando las SA nazis, junto con la población civil alemana, saquearon hogares, negocios, sinagogas, hospitales y escuelas judías, se enviaron a casi 11.
Las tropas indigenas marroquíes tenían fama de ser de dudosa lealtad, enfrascados en unas sociedades muy primitivas, jerarquizadas, feudales y tribales denominadas cabilas, gobernadas por caídes, y que a menudo combatían entre ellas.
Estas unidades fueron fundadas en 1909 por el General Berenger, y eran combatientes feroces, autosuficientes, conocedores del terreno, vivian de él y su valor rozaba la temeridad.
Eran guerreros profesionales, la guerra era su vida. La presencia de estas unidades iba a ser fundamental para el bando nacional.
ALISTAMIENTO
¿Por qué combatieron en nuestra Guerra Civil?
El motivo principal era económico, un buen salario y promesas de ayuda para sus familiares.
Los marroquíes que combatieron en Regulares, Mehalas y Tiradores, en la guerra civil sentían que era una "jihad", es decir una guerra santa contra los "sin Dios", contra ateos y comunistas, todos eran enemigos de Ala y de su religión, y a la larga impondrían un genocidio cultural contra los nativos del protectorado y sus costumbres, si llegaban a triunfar sus ideas revolucionarias.
Además se recalcó también el hermanamiento entre los pueblos español y marroquí contra los marxistas ateos.
FORMA DE LUCHAR.
Los regulares estaban acostumbrados a la guerra, pero no a la guerra convencional, sino al más primitivo nivel.
Eran unos expertos en el uso de armas blancas, como se apreció en la toma del puente Pindoque, realizada por el Tabor de Tiradores de Ifni, también con el lanzamiento de granadas y eran consumados tiradores.
Eran temerarios en el combate y tenían gran cantidad de bajas en la lucha.
Estas habilidades los convirtieron en unas excelentes fuerzas de choque donde se necesitaba la sorpresa o el sigilo.
CONDUCTA
Pero había un precio detrás de aquella belicosidad.
Los regulares saqueaban de sus enemigos abatidos sus posesiones más valiosas y luego las vendían tratando de sacar el mayor beneficio posible. Para ellos la guerra era una forma de ganarse la vida más. Habia marroquíes que iban tras las tropas vendiendo relojes, chocolate, bebidas, etc , eran llamados Alijudis.
No acostumbraban a tomar muchos prisioneros y estabas en un grave problema si eras el enemigo y te los encontrabas.
Hubo casos de amotinamientos, abusos y todo tipo de atrocidades descritas, protagonizadas o atribuidas a miembros de los regulares, motivo por el cual debían estar bajo supervisión de oficiales españoles y medidas disciplinarias especiales.
Otras anécdotas mencionan que pese a que no eran problemáticos en retaguardia, "se lavaban con muy poca frecuencia y desprendían mal olor".
Para bien o para mal los regulares no han dejado indiferente a nadie, y su impronta ha quedado marcada en la historia popular de España.
Unos sesenta mil lucharon en nuestra guerra, morirían diez mil de ellos.
“‘Canadá’: Auschwitz-Birkenau, Polonia, los almacenes del despojo y la economía del exterminio en el sistema concentracionario nazi”
Los almacenes conocidos como “Canadá”, prisioneros del campo realizaron una de las tareas más crueles del sistema nazi: clasificar las pertenencias de quienes acababan de llegar… y que en muchos casos ya habían sido asesinados.
El destino de las pertenencias con las que los judíos llegaban a los campos de concentración y exterminio nazis constituye un aspecto central —y durante mucho tiempo secundario en la historiografía— del funcionamiento material del genocidio. El despojo no fue un efecto colateral del asesinato en masa, sino una política sistemática, planificada y burocráticamente organizada que acompañó a la deportación desde el primer momento. Desde los guetos y puntos de reunión hasta las rampas de Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor o Majdanek, las víctimas eran obligadas a entregar dinero, documentos y objetos de valor bajo la ficción administrativa de un “registro” o una “custodia temporal”. En realidad, aquel acto marcaba el inicio de una expropiación total que continuaba incluso después de la muerte, integrando los cuerpos y las posesiones de las víctimas en un circuito económico estatal y paraestatal que beneficiaba al Reich, a las SS y a numerosos individuos concretos dentro del aparato represivo.
Las pertenencias personales eran separadas según categorías precisas: ropa, calzado, equipaje, joyas, relojes, gafas, prótesis, libros religiosos, utensilios domésticos y dinero en efectivo. En Auschwitz, los complejos de almacenes conocidos por los prisioneros como “Canadá” —nombre irónico que aludía a la abundancia imaginada del país norteamericano— se convirtieron en el mayor centro de clasificación de bienes saqueados del sistema concentracionario. Allí, prisioneros seleccionados eran forzados a abrir maletas recién llegadas, muchas de ellas pertenecientes a personas que ya habían sido asesinadas en las cámaras de gas. La organización del trabajo reflejaba una racionalidad industrial: la ropa se limpiaba y reparaba, los zapatos se emparejaban y clasificaban por talla, los textiles se prensaban, y los objetos de valor se separaban para su posterior fundición o redistribución. Todo estaba pensado para maximizar el aprovechamiento económico del exterminio.
El cabello humano ocupa un lugar particularmente revelador en esta lógica de explotación total. Tras el asesinato, el pelo de las mujeres —y en ocasiones de hombres— era cortado, desinfectado y enviado a fábricas textiles en el Reich, donde se utilizaba para la producción de tejidos industriales, rellenos aislantes o fieltros. La deshumanización alcanzaba aquí un grado extremo: incluso los restos corporales se transformaban en materia prima. De manera similar, los dientes de oro eran extraídos de los cadáveres por comandos especiales de prisioneros bajo supervisión de las SS y enviados a la Reichsbank, donde eran fundidos y contabilizados como parte de las reservas del Estado alemán.
El calzado y la ropa tenían un destino prioritariamente civil. Millones de prendas procedentes de los campos fueron distribuidas entre la población alemana afectada por los bombardeos aliados o enviadas a colonos alemanes en los territorios ocupados del Este. Este reciclaje forzoso contribuía a normalizar el genocidio dentro de la sociedad alemana, que se beneficiaba indirectamente de los bienes robados sin ver —o sin querer ver— su origen. La administración de las SS, especialmente a través de la Oficina Económica y Administrativa Central (WVHA), integró estos flujos de bienes en una contabilidad precisa, donde el asesinato se traducía en balances, inventarios y cifras.
Sin embargo, junto a esta explotación organizada y “legal” desde el punto de vista del régimen, floreció un sistema endémico de corrupción individual. Los oficiales de las SS y el personal civil implicado en la gestión de los bienes saqueados se apropiaban sistemáticamente de joyas, dinero, relojes y objetos de lujo. Aunque el robo estaba formalmente prohibido —no por razones morales, sino porque los bienes pertenecían al Estado nazi—, la magnitud del botín y la relativa impunidad favorecieron una corrupción generalizada. Numerosos testimonios y procesos judiciales de posguerra muestran cómo comandantes de campo, médicos, suboficiales y guardias escondían diamantes, divisas extranjeras y oro, los enviaban a sus familias o los utilizaban para obtener favores, alcohol y bienes escasos en tiempos de guerra.
Esta corrupción no era una anomalía, sino una consecuencia lógica de un sistema que deshumanizaba por completo a las víctimas y normalizaba el saqueo. Cuando las personas eran reducidas a números y su muerte a un procedimiento administrativo, sus pertenencias se convertían en un botín sin dueño legítimo. La línea entre la explotación “oficial” y el robo personal se difuminaba constantemente. Incluso altos mandos de las SS fueron investigados internamente por apropiación indebida, no porque cuestionaran el genocidio, sino porque interferían con los intereses económicos del Reich. El castigo, cuando existía, solía ser leve y selectivo.
El destino final de las pertenencias de los judíos deportados revela así una dimensión fundamental del Holocausto: su carácter no solo ideológico y racial, sino también económico. El genocidio fue inseparable de una gigantesca operación de expolio que alimentó tanto al Estado nazi como a miles de individuos que participaron directa o indirectamente en él. En los almacenes de “Canadá”, donde las maletas abiertas hablaban de vidas interrumpidas, se materializaba la lógica más fría del sistema: seres humanos convertidos en inventario, memoria reducida a objetos y muerte transformada en recurso. Comprender este proceso no es un ejercicio accesorio, sino una vía esencial para entender cómo el Holocausto pudo funcionar con tanta eficiencia, normalidad administrativa y complicidad humana.
Fuentes y lecturas;
-Browning, Christopher R. Los orígenes de la Solución Final. Crítica, Barcelona, 2002
-Hilberg, Raul. La destrucción de los judíos europeos. Akal, Madrid, 2005.
-Aly, Götz. Hitler y los alemanes. El consenso de la dictadura. Crítica, Barcelona, 2006.
-Wachsmann, Nikolaus. KL. Historia de los campos de concentración nazis. Crítica, Barcelona, 2017.
-Friedländer, Saul. El Tercer Reich y los judíos. Los años de exterminio. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2009.
-Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. DeBolsillo, Barcelona, 2013.
El 15 de enero de 1519 murió decapitado Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo que divisó el océano Pacífico. Hito de la exploración que fue posible gracias a las instrucciones de los guías indígenas.
En una complicada expedición repleta de ciénagas, lluvias y enemigos se hicieron paso hasta llegar a lo que llamó el Mar del Sur (Océano Pacífico). Fernando el Católico, tras conocer la buena nueva, reconoció a Núñez de Balboa como descubridor del Mar del Sur y la gobernación de Panamá y Cohíba. No obstante, fue a partir de este momento donde la envidia y la traición afectaron a las hazañas del explorador. Pedro Arias Dávila entraría en escena y las disputas por las nuevas tierras descubiertas creó una enemistad entre ambos exploradores.
Mientras que Núñez de Balboa optaba por aliarse con los indios y conocer sus costumbres, Dávila optaba por el saqueo y la guerra. Poco a poco, la insistencia del extremeño por descubrir nuevas tierras e iniciar nuevas expediciones empezó a parecer una conducta sospechosa entre los gobernadores del Nuevo Continente.
Posteriormente emprendió la exploración de las costas del Pacífico desde Acla, al noreste de la actual Panamá. Balboa acometió la construcción de embarcaciones sólidas que le permitieran recorrer la costa, pero repentinamente fue apresado y acusado de conspirar contra el rey por el propio Pedrarias Dávila, supuestamente por tratar de crear un gobierno independiente.
El explorado extremeño fue una víctima del temperamento ambicioso de Pedrarias. Gaspar de Espinosa, el alcalde mayor de Castilla de Oro, lo condenó a muerte y fue conducido al patíbulo, en Acla.
Al final Balboa fue detenido por Francisco Pizarro y acusado de traidor por intento de usurpación del poder contra Pedrarias y de tratar de crear un gobierno aparte en el Mar del Sur. "Esta es la justicia que el Rey y su teniente Pedro Arias de Ávila mandan hacer contra este hombre por traidor y usurpador de los territorios de la Corona", afirmaron antes de la ejecución. La contestación de Núñez de Balboa fue contundente:
"Es mentira, mentira y falsedad que se me levanta; y para el paso en que voy, que nunca por el pensamiento me pasó tal cosa ni pensé que de mí tal se imaginara; antes fue siempre mi deseo de servir al Rey como fiel vasallo y aumentarle sus señoríos con todo mi poder y fuerzas".
Vasco Núñez de Balboa fue decapitado. Su cabeza permanecería expuesta a la vista de la gente durante días y tras esto nada más se supo de los restos del explorador y conquistador que fue ejecutado tras ser acusado de traicionar a la corona.
Francisco Pizarro, tras participar en la captura de Núñez de Balboa, conseguiría el apoyo de Pedrarias para la organización de la expedición que lo llevaría a la conquista del Perú. El alcalde Gaspar de Espinosa fue quien recorrería las costas del mar del Sur en los barcos que el mismo Núñez de Balboa había mandado construir. Luego, en 1520, Fernando de Magallanes rebautizaría el mar como océano Pacífico, por sus calmadas aguas cuando las vio.
El 15 de enero de 1936 se constituyó el Frente Popular entre los partidos de izquierdas, con el objetivo de presentarse a las elecciones que se celebrarían el 16 de febrero siguiente. El pacto de la coalición electoral fue posible por la firma de los republicanos de izquierda y los socialistas, que lo hicieron también en nombre del Partido Comunista y de otras organizaciones obreras y sindicales.
El camino hacia la unidad no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían diversas concepciones políticas, sociales y económicas, aunque tuvieran en común la necesidad de la alianza electoral para obtener la victoria, en un contexto internacional favorable a la confluencia de la izquierda, frente al auge de las soluciones totalitarias nazi y fascista. Los partidos republicanos –Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio) y el Partido Nacional Republicano–, defendían el entendimiento con los socialistas, pero no con las organizaciones obreras a su izquierda.
El Frente Popular surgió como una nueva fórmula de alianza para las fuerzas de la izquierda tras las grandes derrotas que habían sufrido en Europa durante 1933 y 1934. La política de aislamiento revolucionario y de "clase contra clase" del Comintern, que rechazaba a los socialistas, sólo había servido para facilitar el triunfo de Hitler en 1933. Poco después, los socialistas españoles se habían negado a colaborar con los republicanos de izquierda de clase media de Manuel Azaña.. Se abandonó la vía parlamentaria en favor de la vía revolucionaria para alcanzar el socialismo, desplazando a Prieto y a Besteiro de la dirección de UGT y PSOE. La situación facilitó la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y la insurrección de octubre de 1934.
La coalición entre republicanos de izquierda y socialistas tenía un programa basado en la defensa de las reformas sociales del Primer Bienio de 1931-1933, que habían sido paralizadas o eliminadas por los gobiernos conservadores del Segundo Bienio 1933-1936 radical-cedista. En el Programa, se pedía la liberación de los presos sometidos a un proceso por responsabilidades en los hechos de la Revolución de Asturias.
La coalición del Frente Popular salió victoriosa de las urnas. Manuel Azaña de nuevo en el poder; los socialistas volvían a tener influencia en los poderes locales; y los anarcosindicalistas podían recuperar su capacidad de agitación. El Partido Radical se hundió. La derecha no republicana, derrotada en las urnas, se sintió amenazada por el nuevo empuje de las organizaciones sindicales y los conflictos sociales y ya sólo pensaba en una solución de fuerza contra el Gobierno y la República.
Los resultados de las elecciones del 16 de Febrero, se comunicaron el día 20 de febrero. El Censo estaba formado por 13.553.710 de electores. Hubo una participación del 72,9%. (9.864.783 de votantes). Dieron su voto al Frente Popular: 4.654.116 (47,1%); al Frente Nacional Contrarrevolucionario: 4.503.505 (45,6%) y al Centro: 400.901 (5,3%).
La Unión Soviética 'sabía cosas': Julio Iglesias fue vetado por "neofascista"
Un documento de 1985 colocó al cantante español en la lista negra del Komsomol junto a grupos como AC/DC
Luis Abascal
16-1-26
ElPlural
Tras las acusaciones de presuntas violaciones sistemáticas a sus empleadas, la carrera de Julio Iglesias esta abocada a la marginación. La gravedad del asunto es enorme y es difícil escuchar a Iglesias sin poner el foco en las noticias conocidas esta semana. Al hilo de este suceso merece la pena repasar cómo el cantante español apareció en la lista negra cultural de la Unión Soviética. Un documento interno elaborado en 1985 por el Comité Regional del Komsomol—la organización juvenil del Partido Comunista— incluyó al cantante español entre los artistas considerados “no recomendables” para sonar en espacios públicos.
Lo más llamativo no es solo su presencia en ese listado, dominado por nombres del rock y el punk occidental, sino la etiqueta con la que fue clasificado: “neofascista”. En esa misma categoría figuraban también AC/DC y Sparks, una combinación tan inesperada como reveladora del tipo de censura burocrática que aplicaba el aparato soviético en plena Guerra Fría.
Según el documento, el objetivo era intensificar el control sobre las actividades en las discotecas y frenar la presencia de repertorios que, a juicio de las autoridades, contenían “composiciones ideológicamente dañinas”.
La lista fue publicada años después por el antropólogo Alexei Yurchak, profesor asociado en la Universidad de Berkeley, en su libro Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation (2006), donde reproduce y contextualiza este tipo de herramientas burocráticas usadas durante la Guerra Fría.
La lista del Komsomol ucraniano que vetaba música occidental
El listado incluía sobre todo grupos y artistas occidentales conocidos en el espacio soviético, y los encuadraba en categorías vinculadas a la censura cultural de la época, como:, “Violencia", “Punk”, “Erotismo”, “Racismo y anticomunismo”, “Propaganda antisoviética", “Distorsión de la política exterior soviética”, “Oscurantismo religioso” o “Neofascismo”.
Aunque muchos nombres correspondían al rock o al punk anglosajón, lo llamativo fue la aparición de Julio Iglesias, uno de los pocos solistas alejados de esos estilos.
La presencia de Julio Iglesias resulta especialmente singular por varios motivos. Era el único intérprete en español o lengua romance citado en ese apartado y uno de los pocos solistas ajenos al circuito del rock duro o la música punk que dominaba el listado.
Otros artistas prohibidos por “sexo”, “violencia” o “anticomunismo”
El documento también señalaba a otros artistas por razones variadas. Entre los ejemplos citados en el listado y su clasificación figuraban:
Sex Pistols, por “violencia”
The Clash, por “punk y violencia”
Pink Floyd, por “distorsionar la política exterior soviética”
Talking Heads, por “mantener el mito de la amenaza militar soviética”
Judas Priest, por “racismo y anticomunismo”
Black Sabbath, por “oscurantismo religioso”
Donna Summer, por “erotismo”
El control cultural soviético y la música que entraba por el mercado negro
Pese a estos filtros, la música occidental circuló en la URSS por canales informales. Durante décadas, los jóvenes recurrieron al contrabando, a grabaciones caseras y a mercados clandestinos para acceder a discos prohibidos.
Uno de los métodos más conocidos fue el de los llamados “discos en radiografías”, un sistema artesanal que usaba placas médicas para copiar canciones, un fenómeno asociado a las escenas underground que buscaban escuchar jazz y rock.
A finales de los años 80, la familiaridad de la juventud soviética con el pop y el rock occidental era cada vez mayor, y en 1991 el concierto masivo de Metallica en Moscú se convirtió en un símbolo de esa apertura final.
Hablar en voz baja: la lengua como campo de batalla
Cómo la dictadura de Franco persiguió el catalán, el euskera y el gallego, convirtiendo el uso cotidiano de estas lenguas en un acto de resistencia política y cultural
J.Pardo
15-1-26
ElPlural
Durante décadas, el régimen franquista emprendió una guerra silenciosa pero implacable contra la diversidad lingüística del Estado. No fue un daño colateral ni una consecuencia menor del autoritarismo: fue una política deliberada, sistemática y profundamente ideológica. Para el franquismo, la pluralidad era una amenaza. Y pocas cosas representaban mejor esa pluralidad que las lenguas cooficiales —el catalán, el euskera y el gallego— habladas por millones de personas mucho antes de que el general Franco decidiera imponer su idea estrecha y uniforme de España.
Desde el final de la Guerra Civil, la dictadura identificó la lengua castellana como el único vehículo legítimo de expresión pública. Todo lo demás fue reducido a la categoría de folclore, cuando no directamente perseguido. Las otras lenguas fueron expulsadas de la escuela, de la administración, de los tribunales, de los medios de comunicación y de la vida pública en general. No se trataba solo de promover el castellano: se trataba de erradicar cualquier otro idioma como forma de quebrar identidades colectivas y someter a los territorios considerados “periféricos”.
Hablar catalán, euskera o gallego podía acarrear sanciones, humillaciones o castigos. En las escuelas, los niños eran reprendidos por expresarse en la lengua que hablaban en casa. En algunos casos, se les colgaban carteles denigrantes o se les obligaba a pagar multas simbólicas por “hablar mal”. En la calle, los rótulos fueron castellanizados a la fuerza; los nombres propios, también. Un “Jordi” debía convertirse en “Jorge”, una “Uxía” en “Eugenia”. La lengua, ese espacio íntimo donde se construye la identidad, fue convertida en un campo de batalla.
Ante esta represión, la resistencia adoptó formas cotidianas y, precisamente por eso, profundamente políticas. Hablar la propia lengua se convirtió en un acto de desobediencia. En la cocina, en la taberna, en la fábrica, en la intimidad del hogar o en reuniones semiclandestinas, millones de personas siguieron transmitiendo su idioma a escondidas. Escribir poesía en catalán, cantar en gallego o enseñar euskera en círculos culturales era mucho más que una actividad cultural: era un desafío directo al régimen.
La dictadura comprendía bien el poder simbólico del lenguaje. Por eso lo temía. Porque una lengua no es solo un medio de comunicación, sino una manera de entender el mundo, de nombrarlo y, por tanto, de cuestionarlo. Allí donde el franquismo pretendía imponer silencio y homogeneidad, las lenguas perseguidas mantuvieron viva la memoria, la comunidad y la posibilidad de un futuro distinto.
Hoy, cuando algunos intentan blanquear el franquismo o minimizar sus abusos, conviene recordar que la represión lingüística fue una forma de violencia cotidiana, ejercida durante casi cuarenta años. Defender la diversidad lingüística no es un capricho identitario ni una concesión moderna: es una reparación histórica. Porque durante demasiado tiempo, hablar como uno era se convirtió en un acto de valentía. Y porque hubo un país entero que aprendió a resistir pronunciando sus propias palabras en voz baja, esperando el día en que pudiera volver a decirlas en libertad.
La dilatación del novio de Ayuso y la sombra de Rato o Zaplana: otros procesos eternos que acabaron beneficiando al delincuente
El calendario judicial vuelve a favorecer a los poderosos mientras casos como los de Rato y Zaplana evidencian cómo las dilaciones diluyen responsabilidades
Surren Gasdparyan
16-1-26
ElPlural
Mientras miles de causas menores se resuelven en plazos relativamente breves —con juicios rápidos, sentencias firmes y ejecuciones casi inmediatas—, los grandes procesos ligados a las élites políticas y económicas tienden a enquistarse en los juzgados durante años. Instrucciones interminables, recursos encadenados, cambios de tribunal y agendas saturadas convierten estos procedimientos en carreras de fondo en las que el tiempo juega a favor del investigado. El aplazamiento del juicio al novio de Ayuso hasta después de 2027 se inscribe en esa lógica: una justicia lenta para quienes cuentan con recursos, influencia o relevancia pública, y notablemente más expeditiva cuando los acusados carecen de apellido ilustre o protección mediática. Una asimetría que no solo erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que refuerza la sensación de que, en España, no todos los ciudadanos llegan al banquillo en igualdad de condiciones.
No se trata de una excepción aislada, sino de un patrón que se repite con inquietante regularidad. La historia judicial reciente ofrece numerosos ejemplos de macroprocesos que se prolongan durante casi una década, con fases de instrucción que se alargan sin explicación comprensible para la ciudadanía. En muchos de ellos, cuando finalmente llega la sentencia, el contexto político y social ya ha cambiado por completo, y los efectos reales de la condena —cuando la hay— resultan mucho más limitados.
El espejo de Rato y Zaplana: juicios largos y castigos diluidos
Uno de los casos más paradigmáticos de esta justicia lenta para los poderosos es el de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Su nombre comenzó a aparecer de forma recurrente en los tribunales a partir de 2015, tras la investigación de su patrimonio, el uso de las tarjetas black y diversas operaciones societarias opacas. Desde entonces, la causa principal por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares se fue dilatando durante casi nueve años, marcada por una instrucción compleja, recursos constantes de la defensa y sucesivos aplazamientos.
Cuando finalmente la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenatoria, el tribunal reconoció expresamente que el procedimiento había sufrido dilaciones indebidas no atribuibles al acusado, lo que permitió aplicar atenuantes que redujeron la pena.
Más allá del fallo judicial, el caso dejó una enseñanza difícil de ignorar: el tiempo, lejos de ser neutral, puede jugar a favor del investigado. Para una parte significativa de la opinión pública, la sensación fue que Rato, pese a acabar condenado, había logrado amortiguar el castigo penal y, sobre todo, diluir el impacto político y social de unos hechos que, juzgados en tiempo y forma, habrían tenido consecuencias mucho más severas.
Algo similar ocurrió con Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Valenciana, cuyo recorrido judicial es otro ejemplo de cómo los grandes casos de corrupción se enquistan durante años. Zaplana fue detenido en mayo de 2018 en el marco del caso Erial, acusado de haber cobrado comisiones millonarias y de blanquear capitales a través de una compleja red societaria internacional. Sin embargo, el proceso no llegó a su desenlace hasta más de seis años después. Durante ese largo periodo, la causa estuvo atravesada por debates procesales, recursos, cambios de magistrados y aplazamientos reiterados, algunos de ellos vinculados a la situación de salud del propio acusado.
Cuando finalmente llegó la sentencia condenatoria, el contexto político era ya otro: Zaplana llevaba años fuera de la primera línea, el Partido Popular había pasado por varias crisis internas y la atención mediática se había desplazado hacia nuevos escándalos. El resultado fue una condena firme, pero con un impacto político muy inferior al que habría tenido una resolución temprana, reforzando la idea de que la lentitud judicial actúa, en la práctica, como un amortiguador de responsabilidades.
Dos velocidades, una sola justicia… sobre el papel
Estos precedentes alimentan la percepción de que existe una justicia de dos velocidades: una rápida y severa para los delitos comunes y otra lenta, compleja y garantista hasta el extremo cuando los investigados pertenecen a las élites políticas o económicas. Desde el ámbito judicial se insiste en que esta diferencia responde únicamente a la complejidad técnica de las causas, al volumen de documentación y a la necesidad de preservar todas las garantías procesales. Sin embargo, esa explicación choca con la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que ven cómo procedimientos mucho más sencillos se resuelven con una celeridad desconocida para los grandes casos de corrupción.
En el caso que afecta al entorno de Ayuso, el aplazamiento del juicio no es un detalle menor. La presidenta madrileña ha construido buena parte de su discurso político sobre la confrontación con el Gobierno central y la reivindicación de una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios. Que la causa judicial que afecta directamente a su pareja quede congelada hasta después de las urnas introduce un elemento de asimetría democrática difícil de ignorar. No porque exista una condena previa, sino porque la ciudadanía queda privada de una resolución judicial en un momento clave para la rendición de cuentas política.
Juristas críticos con esta dinámica advierten de que la lentitud estructural del sistema acaba generando un efecto disuasorio inverso: lejos de reforzar la confianza en la justicia, la erosiona. Cuando los procesos se alargan durante años, el castigo social se diluye, las responsabilidades políticas se evaporan y la corrupción se percibe como un riesgo asumible para quienes cuentan con buenos equipos legales y suficiente capacidad económica para resistir el paso del tiempo.
Además, las dilaciones no afectan solo al acusado. También perjudican al propio sistema judicial, que ve cómo se acumulan causas abiertas, se tensionan los recursos disponibles y se normaliza una excepcionalidad que acaba convirtiéndose en regla. La reiteración de este tipo de decisiones refuerza la idea de que la igualdad ante la ley es más formal que real, y que el acceso efectivo a la justicia depende en buena medida de la posición social y política del investigado.