Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados

El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz por la nota de prensa que no consideró delictiva cuando asumió la causa

C.T.

10-12-25

ElPlural

Más de dos semanas después, en concreto, 19 días, el Tribunal Supremo daba a conocer la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. Así se conocía que el fallo lo considera culpable por la nota de prensa que la misma Sala no tomó como delictiva cuando se abrió el proceso penal en el Supremo. Desde el ámbito de la Justicia, un exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha desvelado que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados.

En una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER, el jusrista ha asegurado que las filtraciones son más que habituales en la judicatura: "A diario, en nuestros tribunales, se están filtrando cosas mucho peores. Todo se filtra en España. Los jueces del Tribunal Supremo, muchos de los que han firmado esta sentencia, cualquier periodista sabe que son los primeros que filtran".

Concretamente, en lo que respecta al caso de Álvaro García Ortiz, apunta a que se "ha decidido investigar una filtración" aunque no hubiese pruebas para sostener la causa: "Cuando ha resultado que no había pruebas se ha dicho "bueno, aunque no haya pruebas, vamos para adelante y va a ser condenado. Ahí están los motivos. Creo que son bastante evidentes".

El catedrático de Derecho Constitucional subraya que la sentencia del Supremo que condena al fiscal general "tiene muchas afirmaciones y pocos argumentos". Yendo más allá, ha extraído algunas conclusiones de los 233 folios que componen el fallo: "Leyendo la sentencia es muy difícil en cuanto a la filtración (no en cuanto a la publicación de la nota de prensa) que nadie que lea esta sentencia acabe convencido de que es evidente que fue el fiscal general", arranca.

Así, explica que "el Tribunal Supremo constantemente dice 'no hay otra explicación posible, esto tuvo que ser así, estamos convencidos", lo que para él no resulta suficiente: "Jurídicamente, en un Estado de derecho, a mí no me preocupa si el juez está íntimamente convencido de que el fiscal filtró una cosa o no. No es suficiente con que ellos estén convencidos. Nos tienen que explicar cuáles son los datos objetivos que, sin lugar a dudas, hacen que tengamos todo el mundo claro que él y no otra persona ha sido el autor".

Por ello, Urías considera que el fallo de los magistrados está perfectamente diseñado desde el inicio del proceso: "Sabemos todos que el fallo, redactado a medida como un traje que te hace un sastre, en el que se dice 'mire, usted no va a ir a la cárcel, lo vamos a inhabilitar por dos años, que es justo el tiempo que queda de posible gobierno socialista para que no lo puedan volver a nombrar y solamente lo vamos a inhabilitar como fiscal general". En este sentido, señala la rápidez con la que se dictó sentencia, pese a que ni siquiera estaba redactada: "Se publicó hace tres semanas. Es imposible que en dos días de discusión que hubo los magistrados hubieran analizado todo lo que ahora se comenta en estas 240 páginas que nos han llegado hoy".

Así, el ex del Constitucional no titubea al asegurar que es "bastante evidente que al menos el fallo se redactó antes que la justificación", lo que "no es un modo de operar aceptable en un Estado de derecho". "Usted tiene que argumentar, y como resultado de la argumentación llega un fallo. Si usted primero tiene el fallo y después construye la argumentación, evidentemente parece que la intención no es hacer justicia, sino que puede ser cualquier otra cosa", concluye Urías.

 

El Opus Dei reconoce que encubrió las agresiones sexuales de un cura durante 25 años

Los hechos van desde la década de los 80 hasta la última denuncia, interpuesta en 2023 en el Vaticano

R.G.

11-12-25

El Opus Dei encubrió durante 25 años a un cura que había cometido agresiones sexuales, tal y como reconoce ahora la prelatura de la Iglesia Católica. Los delitos que ha admitido datan de entre 1994 y 1996, y su denunciante, Pablo Merino, tiene ahora 34 años, tal y como cuenta este jueves El País, que realiza una exhaustiva investigación sobre los delitos de pederastia en la Iglesia española desde 2018.

Merino fue víctima de abusos sexuales por parte de Jacinto Lázaro Laguardia, en estos momentos de 74 años y que ha pasado por al menos tres colegios de la organización. El Opus Dei, contactado por el medio mencionado, ha admitido lo ocurrido y ha pedido perdón. Reconoce que supo del caso en 1998, cuando la víctima todavía era menor de edad (17 años). En aquel momento lo ocultó, ya que no lo denunció a las autoridades, sino que simplemente lo trasladó a la ciudad.

De hecho, la Obra admite que la máxima autoridad interna autorizó la operación y que actuó conforme a las normas canónicas del momento y con el máximo respeto a la familia. Sin embargo, la víctima asegura que sus padres nunca lo supieron.

Varios casos

Con todo, la historia de abusos se este sacerdote y su encubrimiento en el Opus Dei no se queda en este caso, y es que la organización lo fue moviendo de un sitio a otro durante 25 años y ha tardado cuatro décadas en reconocerlo. De esta manera, Lázaro ha sido acusado de abusos por un exalumno del colegio Erain de San Sebastián entre 1981 y 1982, un caso que la organización también ha investigado, y denunciado por una mujer adulta en 2023 ya en el Vaticano, lo que llevó a la Obra a tomar medidas disciplinarias.

El Opus Dei sigue sin decir cuántos casos conoce, pero según la base de datos de la que dispone El País, hay en el momento de redacción de estas líneas al menos 19 acusados y 23 víctimas. La prelatura asume que el sacerdote vive actualmente en Zaragoza y que las autoridades de la Prelatura se ocupan de que cumple con las medidas disciplinares en sus tareas de sacerdote, mientras que él lo niega todo.

El primer caso que habría tenido lugar es el de un exalumno del colegio Erain de San Sebastián en la década de los 80, aunque sale a la luz con la investigación periodística. En cualquier caso, entonces la Obra señalaba que no conocía más acusaciones contra él, pero nada más lejos de la realidad.

El sacerdote dejó el colegio en 1985 y la Organización realizó una investigación ya en 2024 que deja algunos flecos, como si se le comunicó o no el caso al Vaticano. Además, más allá de dejar el centro escolar, se quedó en la ciudad desempeñando otras labores hasta 1993. Al año siguiente se encontraba en Pamplona y es aquí cuando comienzan las agresiones sexuales a Merino. Por lo tanto, no se habría ni mucho menos tratado de un caso aislado.

Medidas insuficientes

Hay que añadir que en 2024 la entidad religiosa reveló que le constaba otra acusación, en este cao de una mujer adulta que denunció los abusos del cura a superiores del Opus Dei. Sería una mujer de Madrid que se dirigió directamente al Vaticano en 2023, siendo la máxima entidad religiosa la que obligó a tomar medidas. Las decisiones que tomó la diócesis pasaron por no ejercer su ministerio en público.

Lázaro llegó a Madrid después de se trasladado de Pamplona y, entre otras cosas, ejerció como capellán en un centro femenino del Opus Dei, llamado Cotos, en la calle Arturo Soria. Desde aquí también fue trasladado a Zaragoza, su ciudad natal, en 2006, si bien la Obra dice desconocer los motivos de aquella decisión.

Según el relato de Merino, los abusos ocurrieron en sitios diferentes y que el le hacía regals. Lamenta que no se le apartara para siempre de la Iglesia en lugar de trasladarlo una y otra vez. En una ocasión se lo comunicó a un profesor, que entiende que se lo comunicaría a su vez a sus superiores, pero ahí quedó la cosa.

La víctima asegura que no puede entrar a una iglesia y que padeció cierto “síndrome de Estocolmo”, manteniendo una relación de amistad con su agresor. Nunca sacó el tema, pero arrastró el trauma, hasta ahora, que pretende con su relato ayudar a quienes hayan sufrido una situación similar. La última llamada de su agresor fue el 6 de noviembre de 2024, cinco meses después de la denuncia mediática. Es en ese momento, cuando éste le intenta convencer de que no actúe, que se da cuenta de que le están manipulando y de que ha sufrido abusos sexuales y empieza a hablar con familiares y escribe al periódico.

 

El Supremo contradice con la sentencia al Fiscal General su propia jurisprudencia, abriendo un gravísimo debate constitucional

Con el caso del diputado del PP Pedro Morenés y el de la revelación del certificado de penales de un ciudadano, el Alto Tribunal fijó una jurisprudencia que con García Ortiz se ha saltado

Paco Alvarez

11-12-25

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado por revelación de secretos contraviene no solo el criterio de la propia Sala Segunda, que en fase de admisión excluyó del objeto del juicio la nota de prensa emitida por la Fiscalía, sino que se aparta de manera explícita de la doctrina que el alto tribunal ha venido sosteniendo durante más de una década en materia de difusión institucional de información previamente conocida.

En dos precedentes especialmente relevantes, el Supremo estableció una línea jurisprudencial clara: cuando la información ya es accesible públicamente, carece de la reserva necesaria para integrar un delito de revelación de secretos. Esta doctrina quedó fijada, de forma nítida, en el caso del entonces diputado del PP Pedro Morenés, cuando el tribunal archivó una querella al considerar que la nota de prensa en cuestión se limitaba a reproducir hechos ya divulgados y, por tanto, no secretos. De forma aún más contundente, en 2016 una sentencia firmada por Manuel Marchena absolvió a un magistrado que remitió antecedentes penales a un órgano interno del Poder Judicial, entendiendo que ni el contenido ni el contexto de la comunicación permitían subsumir la conducta en el tipo penal del artículo 417 del Código Penal.

Ambos pronunciamientos se convirtieron en jurisprudencia consolidada, aceptada tanto por operadores jurídicos como por la doctrina penalista. Su núcleo común: el carácter público o previamente difundido de la información excluye el elemento de “secreto” exigido por la norma penal. La comunicación institucional no puede tipificarse como delito si no desvela datos inéditos, reservados o protegidos, como los que sí desveló el Diario El Mundo el 13 de marzo a las 21:29 en su noticia errónea “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”, filtrada por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Dicha noticia ya contenía todos los “datos reservados” por los que el Supremo ha condenado al fiscal general, quien en ese momento no tenía ni siquiera el correo al que la noticia hace alusión, particularmente la admisión por parte de Alberto González Amador de dos delitos contra la Hacienda Pública, la cuantía de lo defraudado y la oferta de un acuerdo entre las partes, si bien El Mundo malinterpretó el origen de dicha oferta al publicar todos esos datos reservados. 

Sin embargo, la condena al Fiscal General quiebra abruptamente este edificio doctrinal, que en España es fuente de derecho, al igual que la Ley. El tribunal decide ahora que una nota de prensa sí puede operar como instrumento de revelación de secretos, incluso cuando la información ya había sido recogida por diversos medios y formaba parte del debate público. En los hechos probados no se identifica un nuevo contenido secreto incorporado por la Fiscalía, pero la Sala opta por integrar la nota en un “contexto global” que amplía la responsabilidad penal más allá de su difusión estricta. Este razonamiento no solo se aleja de los precedentes, sino que los invalida en la práctica, generando un vacío interpretativo que deja al arbitrio del tribunal cuándo la publicidad previa excluye o no el delito.

La cuestión adquiere por ello un alcance institucional de enorme calado. Si la jurisprudencia del Supremo es fuente complementaria del ordenamiento jurídico, como establece el artículo 1.6 del Código Civil, la ruptura unilateral de esa jurisprudencia plantea un interrogante mayor: ¿Puede el tribunal contradecir sus propias doctrinas sin motivar de manera reforzada el cambio? ¿Puede hacerlo en un caso con evidente significación política y estructural, como es la condena del máximo responsable del Ministerio Público? ¿Puede hacerlo si el cambio afecta a la protección de derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el 18 -derecho a la honor, intimidad y propia imagen- o el 20 -derecho a la información-?

La respuesta, previsiblemente, deberá llegar desde el Tribunal Constitucional. Será el órgano de garantías el que determine si esta alteración interpretativa respeta el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y si el giro hermenéutico del Supremo se ajusta a las exigencias de motivación reforzada cuando se cambia una doctrina previamente asentada.

Mientras tanto, la condena abre un escenario inédito: la línea divisoria entre la comunicación institucional y el delito de revelación de secretos queda, por ahora, difuminada. Y con ella, el marco de protección jurídica para cargos públicos, funcionarios y órganos del Estado que actúan bajo criterios que, hasta ayer, el propio Supremo consideraba legítimos.

 

 

 

 

 

 

Entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896 se realiza a puerta cerrada en el castillo de Montjuïc de Barcelona el primero de los juicios celebrados contra más de un centenar de anarquistas catalanes en una de las maniobras represivas por parte del Estado más importantes contra el movimiento anarquista europeo.

Tras la explosión el 7 de junio de 1896 de una bomba en la calle Canvis Nous de Barcelona, ​​al paso de una procesión religiosa, en la que resultaron muertas 6 personas y 42 heridas, las autoridades detuvieron a más de 400 personas, entre ellas destacados militantes obreros y teóricos anarquistas (como, Josep Lluís Claramunt, Juan Alsina, Baldomer Oller, Anselmo Lorenzo, Tarrida del Mármol, Sebastià Sunyé, Juan Bautista Esteve, etc.), así como el escritor Pere Corominas –por unas conferencias sobre sociología impartidas en el Centro de Carreteros de Barcelona.

Para poder desarrollar esta labor represiva, atizada por asociaciones reaccionarias, sectas religiosas integristas y los jesuitas, las autoridades suprimieron las garantías constitucionales entre el 8 de junio de 1896 y el 17 de diciembre de 1897.

Muchos de los detenidos fueron deportados a presidios de África y otros llevados al castillo de Montjuïc, donde se celebrara un juicio militar contra 87 personas.

Las diligencias fueron llevadas a cabo sin ninguna garantía jurídica, y las declaraciones de los acusados ​​fueron obtenidas con torturas de todo tipo, que llevaba a cabo el teniente de la guardia civil Narciso Portas y el inspector de policía León Antoni Tressols ( El Vinagret), con la aquiescencia del juez Enrique Marco.

Incluso los acusados ​​fueron juzgados por la Ley de 2 de septiembre de 1896, es decir, posterior a los hechos, que establecía pena de muerte por los autores y cómplices y cadena perpetua para los encubridores

El fiscal pidió 28 penas de muerte y 57 cadenas perpetuas. Revisada la causa por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se dio una sentencia definitiva el 1 de mayo de 1897: cinco condenas a muerte, 10 a 20 años de cárcel, 12 de más de 10 años y 30 entre ocho y nueve años.

En los fosos del castillo fueron fusilados, el 4 de mayo de 1897, Tomás Ascheri, Luis Mas, Josep Molas, Joan Alsina y Antoni Nogués. Ante la protesta internacional, que recogía testimonios de las torturas contra los detenidos y ponía en duda la culpabilidad de los acusados, el capitán general de Barcelona desterró, en julio de 1897, a 63 de los presos hacia Reino Unido (Josep Prats, Ramon Vidal, Clemente, Esteve, Pitchot, Salud Borràs, Ramon Confa Borràs, Adbon Navarro, Roman Archs, Vidal, Rull, Magí Fenoll, Jaime Torrens, Piferrer, López Montenegro, Corominas, Francesca Saperas, Joan Montseny, Teresa Claramunt, etc.).

La reacción a todo esto no se dejó esperar y el 8 de agosto de 1897 Michele Angiolillo asesinó al presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo; pocos días después, el 4 de septiembre de 1897, Ramon Sempau atentó en Barcelona contra Narciso Portas y tal era el ambiente que fue absuelto.

En 1898 se puso en marcha una campaña en pro de la revisión del proceso, en la que alcanzó notoriedad el entonces joven periodista republicano Alejandro Lerroux.

En abril de 1900 se decreta la conmutación de la pena y se destierra a los presos en el Reino Unido, evitando así la amnistía, el indulto o la revisión del proceso.

Sobre este proceso se escribió mucho y en unos términos tan bastante duros que fomentó el cliché de la «España Negra» y la vuelta de la Inspección:

La Inquisición de fin de siglo, The modern Inquisition of Spain, Justicia, Revivre of the Inquisition (Max Nettlau), Los inquisidores de España (Tarrida del Mármol), Los victimarios (Ramon Sempau), La barbario gubernamental en España (Ricardo Mella i Josep Prat), El proceso de un gran crimen i El castillo maldito (Federico Urales), etc.

#MemoriaAnarquista

 

Vox se querella contra ElPlural.com tras destapar sus audios secretos

Pese a la publicación de los audios, los de Abascal aseguran que "la noticia solo busca difamar y manipula conscientemente la realidad imputando a Vox acciones ilegales"

ElPlural

10-12-25

José María Garrido/ Javier Pardo

Vox ha anunciado a través de redes sociales que interpondrá una querella inmediata contra ElPlural.com y su director, José María Garrido, por la publicación en exclusiva de sus audios secretos en los que se negocia cómo malversar el dinero proveniente de las ayudas de la DANA y liquidar Revuelta, la organización que nació al calor de la ultraderecha española con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas.

“La noticia solo busca difamar y manipula conscientemente la realidad imputando a VOX acciones ilegales. Por ello anunciamos la inmediata querella contra el periodista y contra el medio que lo publica, por calumnias e injurias. No permitiremos que se manche la honorabilidad y buen hacer de quienes exigieron transparencia, información y rendición de cuentas”, ha manifestado la extrema derecha española a través de su perfil oficial de X.

Una demanda que responde a dos exclusivas publicadas por este periódico que están sacudiendo la actualidad informativa, generando un trasiego de reacciones e incluso la petición por parte de Sumar de incluir estos audios secretos en la comisión de la DANA del Congreso de los Diputados. Por el momento, ElPlural.com ha publicado dos noticias, adjuntando los audios grabados internamente, en los que se ve perfectamente cómo Arturo Villa – asesor de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo e hijo de 'el albondiguilla', exalcalde de Boadilla del Monte condenado en la ‘trama Gürtel`-, reconoció en reuniones en la que participaron dirigentes de Vox tener “un marrón de la hostia”. La razón estaba clara: “Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA”.

Como solución, y tal y como se puede escuchar claramente en los audios publicados y adjuntos en la información, Villa proponía soluciones poco éticas y un desvío de dinero evidente: “Buscamos un abogado. ¿Hay dinero, no? Hay 105.000 euros, se paga 5.000 pavos a un pavo o lo menos posible para que no puedan decir que no lo hemos gastado en la DANA y se lo hemos dado a un pavo amigo”.

Pero estos audios no se quedan ahí. La piedra angular de los audios, el asesor de Buxadé en Europa, hablaba directamente de marcarse "un Alvise" -el eurodiputado de extrema derecha que ha obtenido miles de euros en donaciones y que mintió al afirmar que dejaba de donar su sueldo para enviárselo a las víctimas de la DANA-. “Nos marcamos la de Alvise. Teníamos un dinero retenido por si acaso teníamos que pagar impuestos y como ya hemos aclarado lo que hacía falta, todo lo demás va a los viejos de Paiporta… A la gente mayor de Paiporta. Revuelta deja de existir porque nos inventamos alguna pollada… y ya está”, dijo Arturo Villa en diversas reuniones en las que participaron trabajadores y altos cargos diferentes de Vox.

Una exclusiva que llega al Congreso y al Gobierno

Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El paso más importante lo ha dado Sumar, quien ha decidido, como ha anunciado el vicepresidente del órgano parlamentario, Nahuel González, que su grupo impulsará la citación tanto del partido de extrema derecha como de la organización juvenil Revuelta, que organizó campañas de recaudación de fondos tras la DANA que afectó a Valencia a finales de 2024. El objetivo, ha explicado, es que “comparezcan y expliquen” qué sucedió con ese dinero ante las informaciones que apuntan a posibles irregularidades y a una “falta de transparencia” en su gestión.

Otro de los líderes políticos que han reaccionado a los audios secretos de Vox ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Son los hijos políticos de los que hicieron negocio con Miguel Ángel Blanco o con la visita del Papa. Qué nos puede sorprender". 

Posteriormente, uno de los más incisivos ha sido Joan Baldoví, líder de Compromís en Les Corts: "Querían hacer un Alvise, es decir, quedarse el dinero. Luego comentan algo que me repugna: 'Lo que sobre se lo damos a los viejos y nos hacemos una puta foto'. Esto es lo que quería la extrema derecha: una puta foto. No querían ayudar".

El resto de audios

Las grabaciones conocidas este miércoles y difundidas por ElPlural.com amplían el material ya publicado por este medio en el que se describen las maniobras de Vox para intentar liquidar Revuelta. En esos audios se relatan presiones directas, con expresiones especialmente gráficas como “Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia”, una frase que resume con crudeza el tono de las conversaciones.

Ante las sospechas lanzadas sobre la presunta existencia de 100.000 euros en las cuentas de Revuelta cuyo destino sería irregular o injustificado, el entorno de la organización responde con rotundidad. Niegan que exista ninguna bolsa de dinero sin aclarar y recalcan que cada euro recibido para fines sociales ha sido empleado exactamente para esos cometidos. Precisan, además, que otros ingresos ajenos a proyectos concretos —como donaciones, aportaciones de mecenas o cuotas de suscripción— se destinan a cubrir gastos internos y a sostener la estructura de la asociación, por lo que la presencia de fondos en las cuentas bancarias forma parte de su funcionamiento normal.

Desde la organización añaden que, tras comunicarse a la junta directiva el arranque de una auditoría interna que sigue en curso, se dejó claro que el resultado completo de las cuentas se hará público una vez finalizado el proceso. Según explican, esta decisión busca blindar la auditoría frente a injerencias externas y evitar lecturas interesadas mientras se revisa la documentación, con el compromiso de ofrecer después una rendición de cuentas detallada y transparente.

 

Y a eso súmenle las decenas .de miles de denuncias por acoso, abuso y pederastia de sacerdotes y monjas en todo el mundo

 En el mundo hay actualmente millones de dioses [1] (en la mente de muchas personas), y quienes creen en cada uno de ellos asegura que su dios es verdadero (que no es un personaje de ficción). Todos piensan que los dioses de las demás religiones son falsos, imaginarios, y en eso todos tienen razón.

[Godless Freeman]

 

EL JUEZ JUAN CARLOS PEINADO NO SABE ESCRIBIR BIEN.

Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él.

Se hace difícil asumir que alguien que sufre esas carencias haya llegado a magistrado-juez del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde el que ha encausado a un ministro y a la esposa del presidente.

La resolución de 32 folios mediante la que elevó al Supremo su acusación de falso testimonio y malversación contra Félix Bolaños, firmada el 23 de junio, es un desorden expositivo que empieza con una frase de 166 palabras nada menos (un párrafo entero: 12 anchas líneas), a la que sigue otra de 161 (el segundo párrafo completo, de 13 largos renglones).

(Esta columna suma hasta aquí 138 palabras en total, para que ustedes se hagan una idea).

El citado segundo párrafo del auto contiene siete comas de más, derramadas a voleo; en el tercero (de 6 líneas), sobran cinco. En el cuarto (de , seis comas… y así sucesivamente. En otra frase ¡de 26 líneas! se esparcen 21 comas incorrectas, que junto con lo intrincado de la redacción convierten la lectura en un suplicio. Comas entre sujeto y verbo, entre verbo y complemento. Comas absurdas.

Frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones, incluso si se releen los párrafos para discernir entre las oraciones principales y las extensas aposiciones, con incongruencias como esta: “Se tuvo la necesidad procesal de proceder a la apertura de una pieza separada (…) derivada de la indicada apertura de pieza separada”.

Pero en los folios 8 y 9, que recuerdan la regulación del falso testimonio, la puntuación se vuelve impoluta. Eso lleva a sospechar (y a confirmar) que procede de mano ajena, por un cortapega de otras resoluciones similares. Sin embargo, en el folio 10 reaparece el lío; y después de otros tres folios impecables, en la página 15 regresa el desastre: “(…) Que ese hecho, fue negado, por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento, los días 14 y 28”. (...) “Y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta Exposición razonada, por el delito de falso testimonio en causa Judicial, además de por el delito de Malversación”.

El folio 21 recoge la declaración de un testigo, pero con 96 líneas de seguido, sin delimitar los turnos de palabra; sin rayas de diálogo ni punto y aparte alguno, casi siempre sin el signo de apertura de interrogación y a veces con él pero sin el de cierre, de modo que con frecuencia no se distingue quién inquiere y quién contesta.

Esos mismos errores se repiten en el auto que el mismo juez firmó el 23 de septiembre, donde se lee un fundamento segundo con una frase de 220 palabras en la que no soy capaz de discernir cuál es el verbo principal.

Alguien se preguntará por qué me fijo en este magistrado y no en otros. Ah, ¿hay otros que redactan igual? Más a mi favor. Porque entonces se hace aún más imprescindible que el Poder Judicial desempolve el Informe para la modernización del lenguaje jurídico (2010) y exija a todos los jueces su cumplimiento. Y que el acceso a la carrera judicial incluya pruebas por escrito que evalúen la capacidad para razonar con claridad, sobre un papel y no con respuestas orales y memorísticas que se lleva el aire. Habría venido bien interceptar a tiempo la incompetencia lingüística (termómetro de otros males) de quienes con palabras argumentan, condenan o absuelven; y cuya negligencia expositiva constituye un desprecio a los ciudadanos y da pistas acerca del caos mental con el que se supone hacen justicia."

Álex Grijelmo

https://elpais.com/.../juan-carlos-peinado-un-juez-que-no...

 

"El Vaticano del papa León XIV rechaza que las mujeres puedan predicar o bautizar porque teme que puedan acabar convirtiéndose en sacerdotisas"

PERO: ¿ QUE OS PENSAVAIS ?

És la ley del péndulo. Después de un supuesto papa progresista siempre aparece un papa realmente conservador !!!

Pero el principal problema no es el péndulo, es el reloj QUE ÉS MÁS FALSO QUE UNO SIN MECANISMO !!!

 

 

 

Pérez Llorca blinda a Mazón y quiebra su promesa a las víctimas de la DANA

El nuevo president mantiene el escaño del expresident pese a los WhatsApps que desmontan su relato y a la exigencia de las familias de las víctimas

QUÉ HA PASADO

Juanfran Pérez Llorca, recién llegado a la presidencia con un discurso de reconciliación con las familias de la DANA, ha decidido proteger a su antecesor.

Preguntado por ElPlural sobre si exigirá a Carlos Mazón su acta de diputado, Presidencia responde que no: “El acta se la otorgaron los valencianos y valencianas”.

La realidad es más incómoda. Mazón dimitió tras conocerse los mensajes que revelan que, mientras había una persona fallecida y más de cien esperando rescate, decidió seguir comiendo en El Ventorro. Aquella tarde del 29 de octubre quedó registrada en los WhatsApps entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca: sabían la gravedad. Sabían el caos. Y pese a todo, optaron por la inacción.

Las asociaciones de víctimas han sido tajantes. Exigen el acta y anuncian que no mantendrán reuniones institucionales mientras el PP siga blindando a Mazón con el aforamiento que le garantiza su escaño. PSPV y Compromís se suman a esa presión: retirar el acta es condición indispensable para que el expresident comparezca sin escudo judicial y entregue su móvil sin borrar mensajes.

POR QUÉ IMPORTA

El “nuevo tiempo” de Pérez Llorca ha durado exactamente lo que tardó en defender a Mazón. Su promesa de pedir perdón a las familias queda reducida a un gesto vacío mientras legitima el mismo muro de opacidad que denunció en su investidura.

La oposición y las víctimas señalan un patrón: el PP valenciano actuó como una estructura coordinada para sostener una mentira de Estado durante un año entero. No es solo Mazón. Es Cuenca. Es Pradas. Y es quien hoy ocupa la presidencia defendiendo un relato que se desmorona con cada mensaje filtrado.

Lo que está en juego no es un escaño. Es si el aparato político que falló el 29 de octubre asume alguna responsabilidad real o si se recompone para seguir gobernando como si nada hubiera ocurrido.

La crisis ya no es meteorológica. Es democrática.

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Las Memorias de un Rey con 39 años de antigüedad en el trono no pueden tener desperdicio. Más aún si heredó el puesto de un dictador, trajo con fórceps la democracia a su país, tuvo dos 'padres' e intentó, al menos, divorciarse dos veces para casarse otras tantas, siempre infructuosamente.

Las memorias de este rey están justificadísimas con su historia: sufrió un golpe militar; tres juntos, dice él, o cuatro…; frotó la lámpara de Aladino y le llegaron de Arabia 100 millones de dólares, birlados al final por "la ex mujer de un amigo", escribe. Tan pobre es ahora que incluso tiene prohibido dormir una sola noche en su expalacio.

Por si los hechos anteriores fueran pocos para escribir unas memorias, este rey, a punto de cumplir 88 años, se llama a sí mismo 'el equilibrista', 'el funambulista' y 'el jinete'. ¿El jinete? Sí, realmente es un redomado jinete narcisista, diagnóstico éste que se desprende de la lectura.

Miguel Ángel Mellado

ElEspañol

 

Fernando Presencia Crespo

El encarcelamiento de Ábalos y Koldo es la ‘última cagada’ del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente; según ha denunciado ante la AAI el juez Presencia.

Leopoldo Puente cometió un error de bulto al calcular las penas en la prisión preventiva del exministro y de su ex asesor, sumando el total de las pedidas por el fiscal (casi 30 años solo para Ábalos), cuando en el procedimiento abreviado (PA) el límite máximo es de 9 años, según se explica en el escrito presentado ante la Autoridad de Protección del Denunciante de Corrupción (AAI) por la Asociación Contra la Corrupción liderada por el juez Fernando Presencia.

Como se señala en la nota de prensa hecha pública por ACODAP, en las prisiones preventivas deben tenerse en cuenta las mismas reglas para la individualización de la pena que el código penal prevé para la sentencia condenatoria (artículo 503.1.1o LECrim).

Esto quiere decir, según advierte la asociación denunciante, que cuando sean varios los delitos imputados, no se pueden sumar matemáticamente los años de las posibles condenas sin antes acudir a las reglas previstas en la ley para el “delito continuado” y los “concursos de delitos”, aplicando después los límites del artículo 76 del C.P..

“Todo ello de forma que el resultado no puede superar nunca los nueve años previstos como límite máximo para el PA, porque en otro caso estaríamos hablando del juicio por sumario”, termina diciendo Presencia, que añade: “Que este no es el caso”.

 

 

 

Cuando Steven Spielberg buscaba al protagonista para su monumental película de 1993, La lista de Schindler, se encontró ante un dilema. El papel de Oskar Schindler —una figura compleja y contradictoria que salvó a más de 1,200 judíos durante el Holocausto— exigía a un actor capaz de encarnar, al mismo tiempo, codicia y gracia moral.

Se barajaron nombres enormes. Incluso se consideró a Harrison Ford, pero Spielberg lo descartó: su celebridad podía desviar la atención de la verdad histórica que la película quería contar.

La búsqueda terminó con alguien que, entonces, no era una estrella de renombre: Liam Neeson, un actor de teatro con papeles secundarios en cine y televisión.

Su audición, según cuentan quienes estuvieron allí, fue una revelación.

No ganó por pulcritud técnica, sino por una honestidad emocional desnuda, algo difícil de fingir. Spielberg vio en sus ojos exactamente lo que necesitaba: la mezcla improbable de un hombre poderoso que, sin embargo, podía derrumbarse por el peso de su propia conciencia.

Esa confianza depositada en Neeson se convirtió en la base de una de las interpretaciones más inolvidables del cine moderno.

Un héroe imperfecto, como lo fue en la realidad

La película no presenta a Schindler como un salvador desde el inicio.

Históricamente, Schindler fue un empresario oportunista que vio en la guerra y en el régimen nazi una oportunidad para enriquecerse. Neeson interpreta con maestría ese comienzo: un seductor elegante, bebedor, pragmático, cuyo foco es el dinero, no la moral.

La genialidad de su actuación reside en mostrar una transformación lenta y dolorosa, sin golpes de efecto, sin dramatismos artificiales.

Cada gesto, cada silencio, cada mirada perdida son pequeñas grietas en su indiferencia inicial.

La niña del abrigo rojo: un símbolo, un despertar

En la famosa escena de la liquidación del gueto de Cracovia, Schindler observa a una niña pequeña caminando en medio del caos, vistiendo un abrigo rojo.

Spielberg usa el color —único en una película en blanco y negro— como un recurso cinematográfico, no histórico, para representar la ruptura emocional del personaje.

No fue un acontecimiento literal, pero simboliza algo profundamente real:

el momento en que Schindler deja de ver “mano de obra” y comienza a ver vidas humanas irreemplazables.

Ese instante divide su existencia en dos: el empresario que lucra y el hombre que decide arriesgarlo todo para salvar a quienes están condenados.

La actuación contenida que hizo historia

Neeson dio vida a este vuelco moral con una dignidad silenciosa.

No necesitó discursos heroicos: bastaron los cambios en su postura, las dudas en su mirada, la vulnerabilidad que iba emergiendo bajo la fachada del hombre de negocios.

La famosa escena final, cuando Schindler se derrumba llorando, sigue siendo uno de los momentos más devastadores del cine.

Rodeado por quienes logró salvar, no celebra nada. En cambio, se atormenta por lo que no pudo hacer:

“Podía haber salvado a uno más… uno más.”

Neeson confesó más tarde que filmar esa escena lo dejó exhausto física y emocionalmente.

El peso de la historia real, de las vidas que dependieron de Schindler, había borrado por completo la línea entre actor y personaje.

Una obra que trasciende el cine

La lista de Schindler demuestra que, en los capítulos más oscuros de la humanidad, la redención puede venir de los lugares más inesperados y de personas profundamente imperfectas.

La película —fiel al espíritu de los testimonios históricos— nos recuerda que el heroísmo no siempre nace del deber, sino del momento en que alguien decide que la compasión importa más que la conveniencia.

En un mundo que aún lucha entre la ganancia y la humanidad, la historia de Schindler —y la interpretación de Neeson— nos ofrecen un recordatorio urgente:

La vida humana siempre pesa más que el beneficio.

La compasión siempre debe vencer a la indiferencia.

 

 

 

 

Hace 22 años tres jóvenes residentes en la localidad valenciana de Alcàsser desaparecieron de madrugada cuando regresaban a casa procedentes de una discoteca de Picassent. Dos meses y medio después, el 27 de enero de 1993, en un paraje de difícil acceso, aparecieron enterrados los cadáveres de Toñi, Miriam y Desirée con señales evidentes de haber sido torturadas, violadas y finalmente asesinadas de un disparo en la frente.

En las proximidades de su tumba se encontraron unos pequeños papeles que resultaron ser trozos de un parte médico a nombre de un deficiente mental: Enrique Anglés Martins. Como consecuencia de este hallazgo, fueron detenidos el propio Enrique Anglés y su amigo Miguel Ricart Tárrega, quien confesó su participación en el triple crimen, acusando a Antonio Anglés, hermano de Enrique, de ser el responsable directo de aquella orgía de sexo y sangre.

Antonio Anglés huyó (o le dejaron escapar) y la Guardia Civil inició su "búsqueda", sin que hasta la fecha haya dado resultado alguno. El comandante de la Guardia Civil Juan Miguel Pérez, uno de los responsables de la detención de Ricart y de la "búsqueda" de Anglés, está convencido de que "sigue vivo". La Interpol mantiene abierta su ficha y considera a Anglés como uno de los delincuentes más peligrosos de España.

¿Cómo es posible que este Estado no haya sido capaz de encontrar a uno de los delincuentes más peligrosos del país?, ¿cómo es posible que haya permitido que siga en libertad 22 años después?, ¿cómo es posible que sigan hablando de "seguridad"?, ¿se refieren a nuestra seguridad o a la suya?

En 1997 comenzó el juicio contra Ricart, su cómplice, que fue finalmente condenado. La sentencia dice que "posiblemente" en los asesinatos de las tres jóvenes, además de Anglés y Ricart, también participó "alguna persona más". El Tribunal Supremo confirmó la sentencia definitivamente, aunque, además, añadió de su propia cosecha que no había intervenido ninguna otra persona.

Como es típico en las farsas judiciales, el Tribunal Supremo obligaba a comulgar con ruedas de molino. Para echar tierra encima hizo algo más, por primera y única vez en su absurda historia: no admitió una prueba típica de CSI, un análisis de ADN de 15 pelos que, como mínimo, según los forenses, pertenecian a 7 personas distintas y ninguna de ellas era Ricart, ni tampoco Anglés, con lo cual quedaba claro que ambos no eran más que hombres de paja. La verdad oficial impuesta por los jueces quedó de esa manera: dos lumpen que por sí solos logran consumar un delito enfrentándose a tres víctimas a las que secuestran, torturan, violan y asesinan.

El caso quedó cerrado hasta que el año pasado Ricart salió de la cárcel, donde purgó 20 años de condena.

Pero, como suele ocurrir, afortunadamente, siempre hay un reducido núcleo de personas que no traga con las versiones oficiales. En este oscuro asunto formaron parte de los irreductibles Fernando García, padre de Miriam, una de las jovenes asesinadas, y Juan Ignacio Blanco, un periodista de investigación que ha sacrificado 20 años de su profesión a estudiar lo que se ha acabado conociendo como "el caso Alcàsser".

En 2002, cuando Rajoy era ministro de Interior, descubrieron que periódicamente la familia del desaparecido Anglés estaba cobrando importantes cantidades de dinero de origen desconocido.

Hasta el momento del crimen la familia Anglés pertenecía al lumpen. Lo componían una madre y ocho hermanos conocidos por ser los más humildes de Catarroja, hasta que después del crimen logran acumular un saldo en la sucursal de Bancaja superior a 300.000 euros. En 2001 la mayor parte de este dinero se encontraba invertido en Letras del Tesoro.

A los saldos millonarios en las cuentas corrientes hay que añadir el nivel de vida de la familia Anglés: propiedades inmobiliarias de una de las hermanas en Cullera, el BMW serie 5 de un hermano, las operaciones de cirugía estética de Neusa Martins, la adquisición de un local en Catarroja -pagado al contado por 14 millones de pesetas-, el mantenimiento de la vivienda familiar de Camí Real... Gastos que, si se suman a la cantidad depositada en Bancaja, suponen un capital superior al medio millón de euros.

Coincidiendo con sus viajes a Sao Paulo, la madre de Anglés, Neusa Martins, de origen brasileño, retira en varias ocasiones de su cuenta corriente cantidades de hasta 30.000 euros. O bien entrega dinero a su familia brasileña, o acumula allí los ahorros para cuando llegue el momento de la jubilación.

Los únicos ingresos conocidos de la familia son el salario mensual de Neusa Martins -la madre de los hermanos Anglés- en un matadero de aves próximo a Catarroja, que no superan los 12.000 euros anuales, a los que hay que sumar los 3.000 euros anuales que Enrique Anglés percibe del Estado por su discapacidad mental.

La fortuna acumulada por la familia no tiene ninguna explicación posible.

Incansables, los investigadores acudieron a la Delegación de Hacienda de Valencia para tratar de conocer las declaraciones de la renta. No es la primera vez que a los funcionarios de Hacienda les preguntan por esta paradoja. Uno de ellos aseguró que sus superiores le habían exigido que dejara de molestar a la familia Anglés con sus requerimientos para que justificaran los ingresos tan cuantiosos. Naturalmente, el Ministerio de Hacienda oculta los expedientes abiertos a las familias Anglés y Ricart por la inspección fiscal.

El silencio levanta un muro infranqueable a los que han continuado las investigaciones, lo cual es en cierta manera lógico. Lo que no es tan lógico es que se lo levante a los jueces, a los fiscales, a la policía. Pero ahí, justo donde aparece un funcionario público, es donde empieza el Estado y el Estado no necesita ocultarse a sí mismo: le basta con mirar para otro lado, con cruzarse de brazos, por lo que se produce esa paradoja, a saber, que sobre el triple crimen hay más información fuera que dentro del sumario judicial.

El Estado nunca ha querido investigar ni el triple asesinato ni el patrimonio de la familia Anglés. Que un asunto de esta envergadura se haya tapado, no sólo en el momento inmediatamente porterior al crimen, sino muchos años después, sólo tiene una única explicación: quien lo ha cometido es el propio Estado, es decir, personajes muy influyentes que forman parte del mismo, que disponen de dinero (fondos reservados) y de poder, altos cargos, políticos conocidos. Los criminales son tan influyentes que el Estado lleva 22 años pagando el silencio de los hombres de paja.

Los que quisieron investigar el crimen fueron criminalizados. Fernando García, el padre de una de las jóvenes asesinadas, y el periodista Juan Ignacio Blanco fueron condenados por la Audiencia de Valencia a penas de cárcel por un delito de calumnias por sus declaraciones en un programa de televisión de Canal 9.

A un padre cuya hija había sido secuestrada, violada, torturada y asesinada los jueces le impusieron un segundo castigo adicional: le condenaron, además, a guardar silencio.

La suerte del periodista no fue mejor. Blanco dijo en la televisión algo terrible: que "el fiscal debía de trabajar más". En 1998 publicó un libro titulado "¿Qué pasó en Alcácer?" y un juez hizo con él lo mismo que antes habían hecho con las tres jóvenes: secuestrarlo. Es otro caso más de censura. Es imposible tapar un crimen de la envergadura del de Alcàsser sin una red de complicidad extensa y dilatada a lo largo del tiempo

Una censura siempre oculta un crimen, y si hoy sigue habiendo tanta censura es porque vivimos en un Estado criminal y multirreincidente. El Estado es tan criminal como los asesinos de Alcàsser. No sabemos quiénes son. Lo que sabemos de ellos es que son esos que hoy mismo nos están hablando en la televisión de derechos humanos, de justicia, de constitución, e incluso de que luchan contra la delincuencia.

(Texto de Juan Manuel Olarieta)