viernes, 9 de enero de 2026
Primero construyen un monstruo, luego lanzan las bombas y solo después corrigen la letra pequeña. Durante años, Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro como el líder de un gran cártel narcoterrorista, el llamado Cartel de los Soles. Ese relato sirvió para justificar sanciones, despliegues militares y, ahora, un secuestro. Y, de repente, horas después del operativo, el Departamento de Justicia borra lo esencial: ya no hay un cártel dirigido desde la presidencia, ya no hay una estructura criminal clara. Solo queda una vaga “cultura de corrupción”. El enemigo absoluto se diluye cuando ya ha cumplido su función.
Es el mismo manual que en Irak. En 2003, Washington aseguró que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva. Se repitió hasta la saciedad. Se usó para convencer a la opinión pública, para dividir al mundo y para invadir un país soberano. Las armas nunca aparecieron. Nunca. Pero el país quedó arrasado, cientos de miles de personas murieron y nadie respondió por la mentira. Hoy cambia el decorado, pero no el guion: donde antes había armas químicas, ahora hay un cártel fantasma; donde antes había “amenaza global”, ahora hay “narcoterrorismo”.
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Óscar Puente alucina con un tuit antiguo de Ayuso sobre Maduro, Chávez y Diosdado Cabello: "Eran otros tiempos"
Las redes pugnan sobre el sentido de la declaración que la presidenta de la Comunidad de Madrid publicó hace una década
7-1-26
ElPlural
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces de la derecha que más rápido y con mayor vehemencia ha salido apoyar la injerencia ilegal de Estados Unidos en Venezuela. La madrileña ha apoyado abiertamente los bombardeos ordenados por Donald Trump, que han acabado con la vida civiles, y el secuestro del presidente Nicolas Maduro y su mujer, Cilita Flores. Una postura reaccionaria que no ha sorprendido viniendo de la baronesa del Partido Popular (PP), pero que podría chocar con su postura de hace una década.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, siempre al quite en redes sociales, ha recuperado una publicación en Twitter (ahora X) de Ayuso, fechada en 2015. “Eran otros tiempos”, ha compartido el vallisoletano, recuperando un mensaje en el que la lideresa madrileña hacía alusión a la cúpula bolivariana. “Quien se mete con Diosdado se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro se mete con Chávez. Quien se mete con Chávez se mete con Velezuela (Venezuela)”, escribía por aquel entonces la presidenta autonómica.
El titular de la cartera de Transportes ha recuperado este miércoles la publicación y la pugna en redes, entre fanáticos y detractores de Ayuso, ha estallado. Un gran número de respuestas han coincidido en señalar el viraje del posicionamiento de la mandataria del PP, mientras otra amplia suma ha defendido que el mensaje era irónico y respondía a una declaración emitida por el presiente Madura en aquel entonces. Los internautas no se ponen de acuerdo, pero el mensaje, de ser cierto, chocaría frontalmente con lo defendido por Ayuso estos días.
“Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos. La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, posteaba la presidenta de la Comunidad de Madrid la pasada semana, tuit que ha fijado en su perfil. Una publicación que ha envejecido mal, pese a tener solo cuatro días, tras conocerse la postura de Trump sobre el Gobierno de Venezuela y la exclusión de Machado.
Xoán Dorrío
El general José Faura, agente del SECED, el servicio secreto creado por Carrero Blanco, acompañó a Felipe González a Suresness en 1974 para descabezar a la vieja guardia del PSOE y garantizar que el socialismo español se alineara con la OTAN, colaborara estrechamente con EEUU y protegiera los privilegios de los bancos y las grandes corporaciones. Años más tarde, González recompensó a Faura nombrándole segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Felipe González creó los GAL, dejó morir de hambre a huelguistas del GRAPO, llevó a cabo una agresiva campaña de desindustrialización y privatizaciones, precarizó el empleo, toleró la corrupción, encubrió las felonías de Juan Carlos I y debilitó a los sindicatos. Después de salir del gobierno, se dedicó a acumular dinero como consejero de empresas y asesor de millonarios.
Es una vergüenza que el PSOE no lo haya expulsado tras sus reiterados ataques a Pedro Sánchez.
El documental '7.291' sobre las residencias de Ayuso se convierte en una serie de cuatro capítulos: "Más información y más contexto"
Juanjo Castro, autor de la producción anterior, vuelve al cine para arrojar más detalles sobre el drama de los mayores en pandemia
Rubén Rozas
9-1-26
ElPlural
Juanjo Castro vuelve a la gran pantalla con la serie 7.291, mismo nombre que recibió el documental y cuyo número alude a los mayores fallecidos en residencias de mayores como consecuencia de los denominados protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de personas internas a hospitales para recibir tratamiento.
El estreno de la mini serie, que contará con cuatro capítulos, tendrá lugar en los cines Verdi de Madrid los próximos 28 de febrero y 7 de marzo respectivamente. En cada fecha se podrán visualizar dos episodios.
El propio Castro ha explicado en sus redes sociales que la serie se corresponde con “una versión en cuatro capítulos” que dispondrá de “más información y más contexto para entender lo ocurrido” en un formato que “amplía y profundiza en la historia”.
El documental que relata el drama que sufrieron los mayores de los geriátricos durante el Covid se estrenó en TVE en marzo del año pasado y tuvo una grana cogida entre la población civil, triplicando la cuota habitual de La 2. La producción que también pudo verse en el Canal 24 Horas y rescatar siempre que se quiera de RTVE Play no gustó nada en el seno del Gobierno de la presidenta.
El gobierno regional reaccionó antes de su visionado en televisión y trató controlar el relato por todos los medios. En este sentido, la administración Sol pidió, por ejemplo, a la radiotelevisión pública que incluyera un vídeo de Ayuso en el programa previo a la ‘película’, de unas dos horas de duración, diciendo lo que para ellos es la verdad.
Los ataques al documental
La presidenta tampoco escatimó en los ataques hacia su productor, con quien pudo hablar ElPlural.com, señalando que la cinta tenía un “marcado sesgo ideológico” y ofrecía “información que no se corresponde con la realidad”.
Entretanto, cabe destacar que la lideresa regional y el conjunto de su equipo -algunos puede que se acuerden de la intervención del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, esa misma noche- insistieron en tratar de deslegitimar el número, asumiendo que los fallecidos habían sido menos y que todo obedecía a una estrategia de la izquierda para desprestigiarlos.
Aquella producción cuenta con testimonios de familiares, víctimas, expertos y responsables políticos como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien dimitió después de denunciar las acciones del Gobierno autonómico.
Antes de RTVE, Más Madrid solicitó que el documental se emitiera en Telemadrid, pero el PP bloqueó el intento aprovechándose de su mayoría absoluta. Previamente a la cuota alcanzada en los espacios televisivos en los que finalmente se vio, la producción ya había tenido un muy buen recibimiento en salas de cine de Madrid y Barcelona.
Los datos que desmontan que todo sea una estrategia de la izquierda
Lo cierto es que, a pesar del empeño de Ayuso por defender que hubo muertes en todo el Estado español, lo cual es cierto, la capital regional fue la que mayor exceso de mortalidad cosechó en toda Europa en 2020, tal y como consta en el estudio anual del Comité Europeo de las Regiones, pertenecientes a la Unión Europea (UE).
Cabe destacar que la Comunidad de Madrid incumplió su promesa de medicalizar los centros de la tercera edad y que muchas personas que pagaban seguro privado sí que recibían la ayuda. “Si podías pagar la atención sanitaria, se te derivaba a tu hospital privado; para lo público, el protocolo establecía que “las personas con deterioro o problemas de movilidad quedan excluidas de derivación”, según apuntaba Reyero. Mientras tanto, aún a día de hoy la gestión de Ayuso se centra en arrojar cifras falsas y atacar a familiares y miembros de la oposición.
Anatomía de un bulo perfecto
Cómo el franquismo convirtió la mentira en sistema político
Suren Gasparyan
8-1-26
ElPlural
Pensar el franquismo solo como un régimen represivo es quedarse corto. Fue, ante todo, una operación masiva de falsificación de la realidad. No un conjunto de bulos dispersos, sino un bulo total, coherente y autosuficiente, que definía qué era España, quién era culpable, quién merecía ser escuchado y qué debía ser recordado u olvidado. Por eso sus efectos no terminaron con la dictadura: cuando una mentira se convierte en país, su eco dura generaciones.
El franquismo no se limitó a ocultar hechos incómodos o a manipular episodios concretos. Fue más lejos. Sustituyó la realidad por un relato cerrado que no admitía contraste. La Guerra Civil dejó de ser un golpe de Estado contra un gobierno legítimo para transformarse en una “Cruzada”. La dictadura pasó a llamarse “democracia orgánica”. La represión se convirtió en “justicia” y el exterminio político, en “pacificación”. No era solo una cuestión de propaganda: era una reingeniería completa del sentido común.
Ese es el rasgo distintivo del franquismo como metabulo. No operaba como las mentiras convencionales, que necesitan ser reiteradas para imponerse y pueden ser desmentidas con datos. El régimen construyó un marco total en el que la verdad resultaba innecesaria. No hacía falta demostrar nada, porque el relato oficial funcionaba como única fuente legítima de significado. Lo verdadero no competía con lo falso: quedaba directamente expulsado del espacio público.
La clave de ese éxito fue la combinación perfecta de censura, propaganda y educación. La censura eliminaba cualquier versión alternativa; la propaganda llenaba el vacío con un discurso emocional, moral y patriótico; y la educación fijaba ese discurso como conocimiento incuestionable. Desde la escuela hasta el NO-DO, desde los púlpitos hasta los manuales de historia, todo reforzaba la misma idea: España había sido salvada y cualquier discrepancia era traición, ignorancia o pecado.
En ese sistema, el bulo no era una excepción ni una desviación, sino la norma. La prensa del régimen no informaba: confirmaba el relato. Las huelgas no existían; eran “incidentes aislados”. La pobreza no era estructural; era consecuencia de enemigos internos o sacrificios necesarios. El exilio republicano no era una diáspora forzada, sino una huida de criminales. Cada hecho encajaba, a la fuerza, en el marco previo del metabulo franquista.
El papel de Francisco Franco fue central en esa construcción. Más que un gobernante, fue un personaje cuidadosamente diseñado: austero, providencial, desinteresado, árbitro por encima de las facciones. La distancia entre esa figura y la realidad histórica es abismal, pero irrelevante desde el punto de vista del bulo. El personaje funcionaba narrativamente. No necesitaba ser creído en sentido racional; bastaba con que organizara el imaginario colectivo.
Uno de los efectos más duraderos del metabulo franquista fue la inversión moral. Las víctimas aparecían como culpables y los verdugos como garantes del orden. Maestros, sindicalistas, mujeres emancipadas o cargos republicanos fueron retratados durante décadas como peligros sociales. Esa violencia simbólica no terminó con las ejecuciones o las cárceles: continuó en el descrédito, el silencio y la distorsión de sus biografías. El bulo no solo mató cuerpos; también borró memorias.
A diferencia de otros regímenes autoritarios, el franquismo no fue derrotado informativamente. No hubo un momento de colapso del relato oficial ni una ruptura clara con la mentira fundacional. La Transición desmanteló las estructuras políticas de la dictadura, pero dejó en gran medida intacto su marco narrativo. Muchos de los mitos construidos durante el régimen —la inevitabilidad de la guerra, la neutralidad del dictador, la supuesta paz social— sobrevivieron adaptados a la democracia.
Esa continuidad explica por qué el franquismo sigue siendo un campo de batalla discursivo. No se trata solo de una disputa historiográfica, sino de una herencia cognitiva. El metabulo no desapareció: se fragmentó, se suavizó y se volvió más ambiguo, pero sigue operando en expresiones cotidianas, en nostalgias aparentemente inocuas y en discursos políticos que relativizan la dictadura o equiparan víctimas y verdugos.
Entender el franquismo como el primer gran bulo no es un ejercicio retórico, sino una herramienta de análisis. Permite comprender que la dictadura no se sostuvo solo por la fuerza, sino por su capacidad para imponer una realidad alternativa. Y ayuda a explicar por qué combatir hoy la desinformación no es solo una cuestión tecnológica, sino también histórica y cultural. Porque antes de las fake news digitales, hubo un país entero construido sobre una mentira. Y sus ruinas, todavía, no han sido del todo desmontadas.
Antonio Piña, el juez que escondió información sobre Kitchen, abre diligencias por la querella de Hazte Oír contra Zapatero
El magistrado admite a trámite las acusaciones de la asociación en la que señalan al expresidente de España como supuesto miembro de una "estructura criminal"
Rodrigo de la Torre
9-1-26
ElPlural
A pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó esta semana que no se podía probar la existencia del Cartel de los Soles, el cual no había sido mencionado en ningún momento por la DEA en sus informes anuales, el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha admitido a trámite la querella que presentó Hazte Oír contra José Luis Rodríguez Zapatero por una supuesta vinculación a una "estuctura criminal" liderada por Nicolás Maduro. Así, en el auto firmado pide a la Fiscalía que se pronuncie si el proceso debe desarrollarse o no.
De esta manera, aunque el Departamento de Justicia haya quitado el importante peso que otorgaba al Cartel de los Soles en sus acusaciones a Nicolás Maduro, Piña considera que deben abrirse diligencias y continuar en los juzgados la denuncia presentada por Hazte Oír en la que cual se apunta a que Zapatero habría podido cometer delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según se ha podido ir conociendo recientemente, el Cartel de los Soles es un argot introducido por los medios de comunicación venezolanos para referirse a funcionarios del sistema público que se encuentran corrompidos, por lo que, tal y como ha parecido quedar manifestado tras minimizar su presencia en las acusaciones a Nicolás Maduro por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se trataría de la organización dedicada al narcotráfico y terrorismo a la que se venía haciendo mención de manera tajante. No obstante, a pesar de ello, Antonio Piña da pie a que las acusaciones de Hazte Oír a José Luis Rodríguez Zapatero lleguen a los tribunales.
Tal y como expuso Hazte Oír en la querella que Antonio Piña ha admitido a trámite, Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro". Además, la asociación ya ha comunicado que esta no será la única acción legal que emprenderá contra el expresidente de España.
Las acusaciones de Hazte Oír chocan con el agradecimiento que hasta la oposición venezolana a Nicolás Maduro mostró en su momento a Zapatero, por su papel como mediador internacional en el país y por las labores que realizó para que se liberaran presos políticos.
Antonio Piña y la Operación Kitchen
En la investigación de la llamada “Operación Kitchen”, surgieron irregularidades relacionadas con lo que se presentó como una ocultación de información clave por parte de la Audiencia Nacional. Una de las piezas más sensibles, conocida como 'pieza 34', contenía audios, informes policiales y documentos que vinculaban directamente a María Dolores de Cospedal con maniobras para manipular la investigación y presionar a funcionarios.
Durante la instrucción, Antonio Piña, magistrado de la Audiencia Nacional, fue señalado por no impulsar diligencias con base en esa documentación. Los audios íntegros y otros materiales considerados determinantes por la Policía Judicial no fueron escuchados, transcritos ni valorados, y permanecieron prácticamente ignorados durante meses. Según se expuso posteriormente, esta actitud impidió que el material se incorporara a la causa principal, lo que habría permitido una investigación más completa sobre la implicación de Cospedal y otros dirigentes del PP.
Además, se observó que Piña, al igual que otros responsables de la instrucción, no dio trámite a informes que señalaban la existencia de operaciones internas para desviar la atención sobre las pruebas. Entre estos, se encontraban audios subidos a plataformas como WeTransfer que documentaban contactos y estrategias para manejar información sensible. La falta de actuación sobre estos elementos clave frenó la investigación y limitó las posibilidades de imputación o declaración de los implicados.
En conjunto, la actuación de Antonio Piña en la 'pieza 34' de Kitchen quedó marcada por la inactividad frente a pruebas relevantes, contribuyendo a que información determinante permaneciera fuera del juicio y dificultando que se esclareciera la magnitud de la trama del PP.
Feijóo, a la juez: "No recibo ni pido ninguna información a Mazón el martes 29 sobre la DANA"
Se puso en contacto tanto con el presidente vaenciano, Carlos Mazón, como con los presidentes de Castilla La Mancha y Andalucía, Emiliano García Page y Juanma Moreno Bonilla
Loreto Ochando
9-1-26
ElPlural
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado como testigo ante la magistrada de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, desde el Congreso de los Diputados. Según las fuentes presenciales el presidente del PP ha "mostrado su inquietud" porque no se llame a otras autoridades", y ha proseguido diciendo que cuando dijo que estaba informado en tiempo real "fue un error", pues no se refería al lunes 28 sino al martes 29 y miércoles 30 de octubre. Pero si hay algo que llama la atención es que, pese a declarar que se pone en contacto con Mazón por la gravedad de los hechos, Feijóo asevera que "no recibo ninguna información ni la pido del Sr. Mazon el martes 29 sobre la DANA, ni la recibo ni la pido".
Ha explicado que nadie del Gobierno hizo ninguna referencia a la DANA ese día en el Congreso de los Diputados que le alertara, pero que cuando por la noche fue consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo se puso en contacto tanto con el presidente vaenciano, Carlos Mazón, como con los presidentes de Castilla La Mancha y Andalucía, Emiliano García Page y Juanma Moreno Bonilla.
Arremete contra el Gobierno pero la juez lo corrige
Feijóo no ha dudado en utilizar su declaración para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "El Gobierno de España no me informó de ninguna incidencia como jefe de la oposición. De ninguna incidencia en ninguna de las comunidades autónomas que afectaba la DANA, ni ese día ni nunca". Sin embargo, lo que se prometía como una feliz declaración contra Sánchez ha terminado siendo una declaración contra el Gobierno de Mazón.
Al decir que nadie del Gobierno le informó, la magistrada le ha preguntado si desde el Gobierno Valenciano, que eran los que sí que llevaban la gestión de la DANA sí le informaron, a lo que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que responder que "no", que nadie del Gobierno de Mazón le informó de nada, y que no sabía que había un Cecopi.
Respecto a si sabía dónde estaba Mazón esa tarde, Feijóo ha declarado que no, y que nunca le preguntó. Que esa tarde solo se comunicó con los mensajes que ha entregado al juzgado.
Noticia en ampliación...
Feijóo trata de cargar contra el Gobierno y acaba reconociendo que nadie del Consell le informó pese a dirigir la emergencia
Feijóo dice que le sorprende que él esté declarando cuando otras personas no, pero la juez ha sido clara: "Usted dijo que Mazón le había informado en tiempo real y puntualmente, otras personas no"
9-1-26
Loreto Ochando
ElPLural
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a la declaración ante la juez de la DANA con una clara intención, arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero el tiro le ha salido por la culata. Él quería decir que el Gobierno Central no le informó, pero ha terminado por tener que reconocer que quien ostentaba el mando de la emergencia, el Gobierno del PP de Carlos Mazón, fue quien realmente no le informó de nada.
"El Gobierno de España no me informó de ninguna incidencia como jefe de la oposición. De ninguna incidencia en ninguna de las comunidades autónomas que afectaba la DANA, ni ese día ni nunca", ha dicho para cargar contra el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, lo que se prometía como una feliz declaración contra el presidente y sus ministros ha terminado siendo una declaración contra el Gobierno de Mazón.
Al decir que nadie del Gobierno le informó, la magistrada le ha preguntado si desde el Gobierno Valenciano, que eran los que sí que llevaban la gestión de la DANA sí le informaron, a lo que Alberto Núñez Feijóo ha tenido que responder que "no", que nadie del Gobierno de Mazón le informó de nada, y que no sabía que había un Cecopi.
Revés de la Juez a Feijóo
Otro de los intentos iba dirigido directamente contra la forma en la que está instruyendo la magistrada de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, a la que le ha dicho, al menos en dos ocasiones, que le sorprende que él esté declarando cuando otras personas no, pero la juez ha sido clara: "Usted dijo que Mazón le había informado en tiempo real y puntualmente, otras personas no".
jueves, 8 de enero de 2026
Joaquín Alvarez Gonzalez
En una rueda de prensa sorpresa que ha pillado a todos los medios a contrapié, el Partido Popular acaba de anunciar esta mañana su disolución inmediata tras quedarse sin sus dos principales pilares programáticos: ETA y Venezuela. Fuentes internas confirman que, al no poder mencionar ninguno de los dos en ruedas de prensa, mítines o debates parlamentarios, sus portavoces han entrado en un estado de catarsis.
Según el comunicado oficial, redactado en un folio en blanco “por coherencia ideológica”, la dirección del partido reconoce que la desaparición de ETA y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos han provocado un “vacío argumental insalvable”. “Hemos intentado probar con ideas propias, pero no ha funcionado”, admite el texto con visible desánimo tipográfico.
La crisis se desencadenó a primera hora de la mañana, cuando un dirigente popular intentó iniciar una entrevista diciendo “ETA, Bildu, Venezuela…” y, al darse cuenta de que ninguna de esas palabras servía ya como comodín universal, pidió un vaso de agua, un receso publicitario y un máster acelerado en propuestas políticas.
En la sede de Génova, el ambiente es de luto. Varias fotos enmarcadas de titulares de los últimos veinte años han sido cubiertas con crespones negros, mientras militantes veteranos se preguntaban en voz baja si “economía”, “sanidad” o “vivienda” son temas de los que se puede hablar, pero no contemplan de momento entrar en terreno desconocido. “Habría que estudiarlo”, señaló un asesor con gesto preocupado.
Los equipos de estrategia trabajan ahora a contrarreloj para encontrar nuevos conceptos que sustituyan a los clásicos. Entre las opciones sobre la mesa figuran otros comodines más recinetes como “woke”, “okupa” o “menores extranjeros”, aunque los expertos advierten de que ninguno ofrece la versatilidad narrativa de ETA o Venezuela, capaces de explicar desde una subida de impuestos hasta un resfriado.
Mientras tanto, el PP ha recomendado a sus cargos públicos mantener un perfil bajo y evitar micrófonos hasta nuevo aviso, por riesgo de tener que hablar de gestión. “Es una etapa difícil”, reconocen desde la dirección, “pero confiamos en que, tarde o temprano, aparezca otra amenaza eterna que nos devuelva el sentido… y los argumentarios”.
A este asesino golpista lo único que le importa son los recursos naturales y el petróleo de Venezuela.
El ultraderechista Donald Trump se convierte en el primer presidente del imperio de EEUU en bombardear en un solo año a 7 países (Venezuela, Irán, Irak, Siria, Somalia, Nigeria y Yemen). El mayor criminal de la historia reciente y al que votaron 77,5 millones de estadounidenses, gente pobre votando a ricos.
LOS QUE PEDÍAN ELECCIONES
LA
IGLESIA PAGA y EL GOBIERNO SUPERVISA.
Los obispos ceden y firman el plan antiabusos del Gobierno, con participación de las víctimas en el proceso y decisión final del Defensor del Pueblo.
Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es
, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.
Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.
Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.
CLAVES DEL ACUERDO
El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es
, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA ( que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.
En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.
El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.
¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO MECANISMO DE REPARACIÓN?
A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.
Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA ( Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos ) dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación.
Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime.
Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.
Del "POCOS CASOS, o NINGUNO", a la aceptación de la realidad
Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia.
Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.
Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.
Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.
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https://www.eldiario.es/.../gobierno-e-iglesia-firman...
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