Fotos: Luis Viadel
viernes, 23 de enero de 2026
Se llamaba Anton.
Vivía al margen de todo, en un pequeño pueblo llamado Zborow, en Polonia. No tenía amigos ni familia cercana. Habitaba una choza en mal estado, apartado del resto. La gente del pueblo lo despreciaba y lo llamaba con crueldad “el tonto del pueblo”.
En el verano de 1941, la vida en Zborow se quebró. Las nuevas autoridades ocuparon el lugar y la comunidad judía fue sometida a una violencia inmediata y sistemática. Muchos hombres desaparecieron en los primeros días y el resto fue obligado a concentrarse en condiciones inhumanas.
Entre ellos estaba la familia Zeiger. Un padre, una madre, dos hijos pequeños y dos niños huérfanos a los que intentaban proteger. Buscaron ayuda donde pudieron. Tocaron puertas. Recibieron silencios. Nadie quiso arriesgarse.
Hasta que llegaron a la choza de Anton.
Era bajo, frágil, casi invisible. Pero no dudó.
Cavó un escondite bajo el suelo de su vivienda, lo bastante grande para ocultar a seis personas. Allí, bajo tierra, la familia vivió durante nueve meses. Sin luz natural. Con una pequeña lámpara de queroseno. Con el miedo constante a ser descubiertos.
Anton consiguió comida sin levantar sospechas. Compartió lo poco que tenía. Los protegió mientras los registros y castigos eran una amenaza diaria. Nunca pidió nada a cambio. Nunca los traicionó.
En 1944, el pueblo fue finalmente liberado. La familia Zeiger salió del escondite con vida.
Décadas después, en 1974, Anton Sukhinski fue reconocido oficialmente como Justo entre las Naciones por Yad Vashem. Fue la única persona de Zborow conocida por haber ayudado a judíos durante aquellos años.
El hombre al que todos habían ridiculizado fue, en silencio, el más valiente de todos.
No salvó a multitudes.
No dio discursos.
No dejó huellas visibles.
Solo hizo lo correcto cuando nadie más quiso hacerlo.
Con este artículo me crucifican me pongo el impermeable y abro el paraguas ,( no tengo chaleco anti balas)pero si una espaldas anchas.
Guerrilleros de Cristo Rey: los verdugos del silencio
Hubo un tiempo —no tan lejano— en que el miedo seguía patrullando las calles de España con sotana, crucifijo y pistola.
Se llamaban Guerrilleros de Cristo Rey y decían luchar “por Dios y por España”. En realidad, eran los últimos brazos armados del franquismo, grupos de extrema derecha que en los años setenta sembraron el terror entre estudiantes, sindicalistas, periodistas y cualquiera que soñara con una España libre.
Actuaban al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, como si el nombre de Cristo pudiera justificar los golpes, las palizas y los asesinatos. Iban de patriotas, pero su única patria era el odio. Se movían en la sombra, protegidos muchas veces por los mismos que decían representar el orden y la ley.
Golpeaban con impunidad. Y cuando los detenían —en el raro caso de que ocurriera—, salían por la puerta de atrás.
Eran fanáticos del nacionalcatolicismo, enemigos declarados del comunismo, del socialismo, del anarquismo y, en realidad, de cualquier pensamiento que oliera a libertad. Querían frenar el cambio, impedir la democracia, mantener a España de rodillas ante la cruz y el sable.
Creían defender la fe, pero solo mancharon su nombre con sangre.
Pocos los recuerdan. Menos aún los nombran. Pero existieron, y sus víctimas también tienen derecho a memoria.
Porque la Transición no fue tan modélica como nos contaron. Hubo muertos. Hubo impunidad. Hubo miedo.
Y los Guerrilleros de Cristo Rey fueron parte de esa herencia maldita que todavía nos pesa.
Recordarlos no es remover el pasado.
Es ponerle nombre a los verdugos.
Y recordarle a este país que la fe jamás puede ser excusa para la violencia.
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Texto original de Pilar González. Todos los derechos reservados.
SÍGUEME para descubrir la historia que nunca te contaron.
Juan Carlos I defraudó millones al Estado que juró representar. Recibió 100 millones de dólares del rey saudí Abdalá, los escondió en Suiza y lo llamó “donación”.
Si lo hubiera declarado, habría pagado 51 millones en impuestos. Pero no lo hizo.
Y, aún así, sigue libre.
Cuando en 2018 se filtró la grabación entre Corinna Larsen y Villarejo donde se hablaba de sus cuentas secretas, la Audiencia Nacional archivó el caso en solo 56 días.
Sin testigos. Sin registros. Sin citaciones.
El Estado decidió proteger al monarca.
Justicia exprés, pero para los de arriba.
En 2020, con la investigación ya en marcha, Juan Carlos huyó a Abu Dabi.
No exiliado, sino protegido.
El Gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio y la Fiscalía evitó citarlo.
En lugar de un juicio, le bastó pagar 638.393 € y luego 4,4 millones más para “regularizar” su fraude.
La ley dice que si hay una investigación abierta no puede hacerse una regularización fiscal.
Pero la Fiscalía y Hacienda miraron hacia otro lado.
Esa “regularización” fue su indulto encubierto.
Ningún ciudadano podría hacerlo.
Solo un rey.
En 2021, la Fiscalía archivó tres causas abiertas: fraude, blanqueo y cohecho.
La excusa: inviolabilidad, prescripción y arrepentimiento pagado.
Todo legalizado por una reforma exprés de 2014 impulsada por Rajoy y el PSOE, que blindó su impunidad ante el Supremo.
El texto de aquella reforma decía que “todos los actos del rey, de cualquier naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad”.
Traducido: delinquir desde el trono no tiene castigo.
Y el Tribunal Constitucional nunca se ha atrevido a aclarar si esconder dinero en Suiza entra en sus funciones.
Juan Carlos I no se libró “por falta de pruebas”. Se libró por exceso de poder.
El Estado lo blindó porque condenarlo habría sido condenarse a sí mismo.
Porque admitir el delito habría abierto la puerta a cuestionar la propia monarquía.
Hoy, el emérito pasea por O Grove, firma libros y culpa al Gobierno de “caza de brujas”.
Mientras tanto, ningún juez, fiscal ni ministro ha respondido por encubrirlo.
Su impunidad no es una anomalía: es el mecanismo natural del sistema.
Un pensionista puede ir a prisión por un error en la declaración.
Un rey que defraudó millones sigue libre, escribiendo sus memorias.
Y así, España demuestra que no hay igualdad ante la ley,
sino jerarquía ante el delito.
Si te indigna que el país que encarcela a los pobres absuelva a sus reyes, apoya el periodismo que no se calla:
Por qué sigue libre Juan Carlos I: el blindaje del Estado a su propio delincuente
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