jueves, 18 de junio de 2026
Luz Divina
Un diputado de Vox: “El comunismo ha sacado las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos y las ha metido en el de los derechos humanos”
El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto dejó este 17 de junio, a las 17:49 horas (actualizado a las 22:22 horas), una de esas intervenciones que conviene no despachar como una simple salida de tono. No lo fue. Fue bastante peor. Fue una declaración ideológica completa, una postal nítida de lo que la ultraderecha quiere hacer con las personas LGTBI, con el alumnado trans y con cualquier avance que huela a derechos humanos.
La moción presentada por Podemos-IU pedía algo muy concreto: que el Gobierno murciano elaborase un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos. Nada revolucionario, salvo que para la extrema derecha la mera existencia de las personas trans ya parece una revolución intolerable. La iniciativa había sido registrada el 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín Martínez, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara. También se apoyaba en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.
Elíaas Hernando
Antonio Belchi
Al Consejo General del Poder judicial le parece muy grave que los Ministros del Gobierno de España critiquen a determinados jueces. Y puede que tengan razón.
A mi, como ciudadano, me pareció GRAVÍSIMO que MUCHOS jueces, vistiendo el PODER DE LAS TOGAS que tienen atribuido por los ciudadanos, NO COMO simples personas, se manifestación CONTRA LA SOBERANIA POPULAR.
Y no escuche critica alguna.
LO QUE HAN HECHO ALGUNOS POLÍTICOS HAN SIDO CRÍTICAS A ALGUNOS JUECES QUE CLARAMENTE ESTAN HACIENDO LAWFARE.
LOS JUECES SE MANIFESTARON CON SUS TOGAS DELANTE DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES POR LEYES COMO LA AMNISTIA.
NADIE SE MOLESTO ENTONCES. NO SE PUEDE SER TAN FINO Y ATACAR DE ESA MANERA AL LEGISLATIVO Y AL EJECUTIVO
M.Carmen Alvarez Fernandez
●Nuevo nidito de este cachorro de la jet está en una zona arbolada y residencial, donde lo hacen los poderosos, a unas manzanas de Florentino Pérez, a un paso de la mansión de Rafael del Pino.
●310 metros cuadrados, de los cuales hay dos plantas que rondan los cien metros, un sótano de 107 y un almacén en el jardín de 30.
Perfy Grueira Rodríguez
Javier Díaz Colmenar
Es el Fiscal “anticorrupción” Alejandro Luzón, el que ha pedido retirar el pasaporte al Presidente Zapatero y pasar a firmar cada 15 días.
Es el mismo que sacó de prisión al delincuente Victor de Aldama en un tiempo récord, al que se le atribuye un fraude a Hacienda de más de 200 millones de euros y que se está pegando la vida padre con “nuestro” dinero.
Es el mismo Fiscal que no quiere “saber nada” del Caso Montoro.
El revelador silencio de Aznar sobre Zapatero: decenas de informes de FAES contra el Gobierno y ni uno del caso Plus Ultra
El 'think tank' del PP mantiene un silencio enigmático sobre la imputación del expresidente socialista
Jaime Fernández
18-6-26
ElPlural
José María Aznar no esconde que quiere seguir siendo un actor con una influencia enorme sobre lo que hace el Partido Popular a día de hoy, pese a que hace ya 22 años que dejó la Presidencia del Gobierno. Desde 2024, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside, ha dedicado decenas de sus informes a criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Partido Socialista por las distintas causas por corrupción que los rodean, en la misma línea que sigue en sus ataques la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo.
José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez, Begoña Gómez o David Sánchez; son protagonistas recurrentes en la producción literaria del think tank del PP, en el que el dedo de Aznar señala el camino a los dirigentes populares de la actualidad en la forma de publicaciones y conferencias en los que analiza, desde la perspectiva conservadora y neoliberal que le caracteriza, la actualidad política, económica y social de España.
Sin embargo, hay un tema que evitan de forma recurrente tanto FAES como el expresidente, y es todo lo que tiene que ver con José Luis Rodríguez Zapatero. El sucesor de Aznar en La Moncloa se sentó a declarar este jueves en la Audiencia Nacional como imputado por el caso Plus Ultra, un acontecimiento inédito en democracia.
La Fundación no ha dedicado un solo informe a abordar la investigación al exdirigente socialista, ni los cuatro delitos que se le imputan por su presunta intervención en el rescate del Gobierno a la aerolínea, ni la trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que el juez Calama le sitúa como vértice, y ni siquiera a las joyas que la UDEF le incautó en su despacho, por las que se le abrió una pieza separada por delito fiscal y contrabando el pasado viernes.
Los informes de FAES sobre Zapatero y Sánchez
Ni siquiera la ocasión del primer expresidente del Gobierno que acude a declarar como investigado mereció una reflexión previa -ni posterior- por parte de FAES, que sí ha incluido a Zapatero en algunos informes por su papel en Venezuela y sus relaciones con el Gobierno de allí, o por su influencia en el PSOE actual como activo electoral desde 2023. La Fundación habla del socialista como el “abogado y protector de la dictadura chavista”, y lo vincula a la estrategia nacional e internacional de Pedro Sánchez.
Por ejemplo, en el informe ‘No es lo que parece’, publicado por FAES en septiembre de 2024, se habla de que el “tándem Sánchez-Zapatero" intentó presentar la salida del opositor Edmundo González de Venezuela como un gesto humanitario. En ‘Moncloa bien vale otra filfa’, de noviembre del mismo año, habla así del expresidente y su apoyo a la ley de amnistía: “Despoblado el Olimpo, habrá sido un demiurgo travieso quien haya bendecido a Rodríguez Zapatero con el don de vaticinar el reverso exacto del porvenir”.
La producción editorial de la organización tiene como principal objeto de estudio al Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que despliegan todo el arsenal argumentativo y dialéctico, al más puro estilo que caracteriza a Aznar. El think tank del PP habla de "capos", "consiglieris", "fontaneros", "omertá", "famiglia" y "mordidas", según recoge InfoLibre, vinculando a la mafia con los casos de corrupción que afectan al PSOE, en informes como ‘Sin chófer ni secretaria’, sobre el exministro Ábalos en febrero de 2024; ‘Emergencia democrática, emergencia nacional’, sobre Santos Cerdán en junio del año pasado; o ‘Queda lo peor’, que aglutinó la semana pasada todos los casos.
¿Por qué calla Aznar sobre Plus Ultra?
Sin embargo, a pesar del enorme impacto que tuvo la imputación de Zapatero en Moncloa y Ferraz, tanto FAES como Aznar mantienen un enigmático silencio sobre todo lo que tiene que ver con el expresidente. El propio popular esquivó la cuestión cuando saltó la noticia: "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes”, se limitó a decir. Ni rastro en las palabras de Aznar, pero tampoco en el archivo de la organización que preside, sobre el uso ilegítimo de la influencia que, según el juez, ha hecho Zapatero, ni de los 1,3 millones de euros en joyas que guardaba en su despacho, y que la defensa atribuye a regalos de cuando era presidente del Gobierno.
El silencio sobre estas cuestiones, aunque llamativo, no es sorpresivo de parte de Aznar, una persona que, desde que dejó la Moncloa en 2004, se ha dedicado a ser lobbysta y consejero internacional -de la mano de su fundación, Friends of Israel, de apoyo al ente sionista-, a actividades relevantes en el sector privado -es consejero de News Corp, el grupo editorial del magnate estadounidense Rupert Murdoch, del que cobra más de 300.000 euros al año-, y a hacer apariciones públicas para marcar la línea al PP actual. Todas ellas, las ha hecho también Zapatero.
Estos motivos explicarían la cautela de Aznar para referirse al exdirigente socialista a través de FAES, que desde su creación sí que ha arremetido contra Zapatero en muchas ocasiones. Le culpan, especialmente, de que el PP perdiera las elecciones generales de 2004, obviando sus propias mentiras sobre los atentados terroristas del 11-M, que ocurrió tres días antes. También critica los estatutos autonómicos firmados durante el mandato del socialista, la economía en ese periodo o las leyes de memoria histórica. En el informe ‘El sembrador y su cosecha’, la Fundación arremete contra el papel negociador de Zapatero con ETA, acusandole de mantener un “pasteleo” con la organización terrorista.
El horror no acabó con la muerte de Franco: entre 1979 y 1983 hasta 63 asesinatos fueron cometidos por la Policía y la extrema derecha
La comisión encargada de analizar las vulneraciones de derechos humanos en este período de tiempo señala los abusos cometidos en la época en un informe que no ha incluido a las víctimas de los GAL
Rodrigo de la Torre
18-6-26
ElPlural
Más de cuatro décadas después del final de la dictadura, un informe encargado por el Gobierno concluye que la violencia política vinculada al franquismo no desapareció con la aprobación de la Constitución de 1978 ni con la llegada formal de la democracia. Tras más de dos años de trabajo, la comisión creada para estudiar las vulneraciones de derechos humanos cometidas entre la entrada en vigor de la Carta Magna y diciembre de 1983 ha identificado a 63 personas asesinadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por grupos de extrema derecha durante la Transición.
El estudio, elaborado en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022, busca reparar la falta de reconocimiento institucional sufrida por estas víctimas, muchas de cuyas muertes nunca fueron investigadas de forma adecuada o quedaron impunes. Tal y como señala el informe, de los 63 casos reconocidos, alrededor de una treintena corresponden a actuaciones policiales y de la Guardia Civil, mientras que 33 fueron perpetrados por organizaciones ultraderechistas.
Los expertos que integran la comisión sostienen que la aprobación de la Constitución no fue suficiente para erradicar prácticas heredadas de la dictadura. El informe describe la Transición como un “espacio gris” en el que persistieron abusos policiales, actuaciones ilegales y excesos cometidos durante manifestaciones, huelgas, controles o detenciones. Según sus conclusiones, la falta de depuración de los cuerpos de seguridad permitió que continuaran comportamientos propios del denominado “gatillo fácil” incluso en los primeros años de la democracia.
La comisión ha centrado su análisis en aquellas muertes relacionadas con prácticas consideradas antidemocráticas y orientadas a preservar estructuras o dinámicas procedentes del franquismo. También incluye los asesinatos cometidos por grupos de extrema derecha que intentaron frenar el avance democrático mediante el uso de la violencia y el terror, en ocasiones bajo una presunta tolerancia de las autoridades.
El año más sangriento fue 1980, con 28 asesinatos, veinte de ellos atribuidos a organizaciones ultraderechistas. Le siguió 1979, con 22 víctimas mortales, de las que catorce murieron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El informe también contabiliza nueve casos en 1981, tres en 1982 y uno en 1983. Del total de víctimas reconocidas, nueve son mujeres.
Entre los asesinados por la extrema derecha figuran nombres como Yolanda González o Andrés García Fernández, joven militante comunista apuñalado en Madrid en 1979. También aparecen víctimas de atentados perpetrados por organizaciones como los Grupos Armados Españoles, el Batallón Vasco Español, Triple A, Fuerza Nueva, Falange o el Comando Antimarxista.
En cuanto a las actuaciones policiales, el informe recoge casos emblemáticos como los de la ecologista Gladys del Estal, el trabajador Vicente Vadillo o Ursino Gallego, un adolescente de 14 años fallecido por el impacto de una bala de goma durante una protesta vecinal en Parla. También incluye el conocido caso Almería, en el que tres jóvenes fueron torturados y asesinados tras ser confundidos con miembros de ETA.
La comisión ha decidido excluir del análisis a las víctimas de los GAL y a los miembros de organizaciones terroristas. El documento argumenta que su objeto de estudio son las personas que sufrieron vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la consolidación democrática, por lo que quedan fuera quienes participaron en actividades destinadas a subvertir el orden constitucional.
Junto al reconocimiento de estas víctimas, los expertos recomiendan que reciban una reparación institucional similar a la otorgada a las víctimas del franquismo, que sean incorporadas a los actos oficiales de memoria democrática y que se cree un canal permanente para que familiares y asociaciones puedan aportar nuevos casos. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática insiste en que se trata de un informe histórico, jurídico y político, no de carácter penal, cuyo principal objetivo es reconocer y reparar unas violaciones de derechos humanos que, según sus conclusiones, se prolongaron más allá de la muerte de Franco.
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