lunes, 22 de diciembre de 2025
El
gran fracaso de Guardiola
Adelantó
elecciones para librarse de Vox y acabó reforzándolo
María Guardiola adelantó las elecciones autonómicas del 22 de diciembre de 2025 con un objetivo claro: romper su dependencia de Vox y desbloquear la legislatura. El resultado ha sido exactamente el contrario. El PP gana, pero no gobierna sin la extrema derecha y, además, la consolida como actor central del poder en Extremadura.
La derecha sale reforzada. PP y Vox suman el 60,7% de los votos, mientras la izquierda no alcanza el 36%. Vox es el gran vencedor: pasa de 5 a 11 diputados y suma 40.000 votos más que en 2023. El PP apenas crece en escaños, de 28 a 29, pero pierde más de 9.000 votos. La mayoría absoluta está en 33. No hay emancipación posible.
Guardiola celebra una victoria “incontestable”. Los números dicen otra cosa. Gobernar dependerá de un Vox crecido, envalentonado y dispuesto a poner precio político a su apoyo. Santiago Abascal ya lo ha dejado claro: si el PP necesita a Vox, o pasa por el aro, o repite elecciones. No hay margen para la ambigüedad.
Este adelanto no desbloquea nada. Normaliza la extrema derecha y desplaza el eje político aún más a la derecha, como ya ocurrió en 2023. Lo que se vendió como una operación de estabilidad ha sido una palanca para reforzar a Vox.
En la izquierda, el contraste es brutal. El PSOE se hunde en su peor resultado histórico: pierde 10 diputados (de 28 a 18) y 108.000 votos. Tras 36 años de hegemonía, Extremadura deja de ser un feudo socialista. No hay autocrítica inmediata ni dimisiones. Solo tiempo ganado.
La única noticia positiva llega desde Unidas por Extremadura. La coalición de Podemos, IU y Alianza Verde logra su mejor resultado histórico: sube del 6% al 10%, pasa de 4 a 7 escaños y suma 17.000 votos. La unidad funciona, incluso en un contexto adverso.
El mapa es claro. La derecha gana, Vox manda más y el PP gobierna con menos margen. El adelanto electoral no fue una salida del bloqueo. Fue una cesión estratégica.
El gran fracaso de Guardiola no es no ganar lo suficiente. Es haber convertido a Vox en imprescindible y llamarlo responsabilidad política.
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Dos parejas, dos justicias: de Oltra a Ayuso
Cuando
el apellido decide si la justicia investiga, archiva o mira hacia
otro lado
Hay comparaciones que incomodan porque desnudan el sistema. La diferencia entre cómo actuó la justicia con la pareja de Mónica Oltra y cómo lo hace con la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un matiz técnico. Es una grieta democrática. En ambos casos hay hechos, responsabilidades indirectas y consecuencias políticas posibles. Solo en uno de ellos hubo imputación, dimisión forzada y seis años de castigo judicial.
La pregunta es simple: ¿qué hace la justicia cuando el delito toca el entorno íntimo del poder? La respuesta depende de quién gobierne.
UNA PAREJA CONDENADA, UNA POLÍTICA CASTIGADA
El exmarido de Mónica Oltra, educador social, fue denunciado en 2017 por abusos sexuales a una menor tutelada de 14 años. Fue condenado a cinco años de prisión, sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2023. El delito existió. La responsabilidad penal quedó probada. El agresor está en prisión.
Hasta aquí, el funcionamiento normal del Estado de derecho.
El problema empezó cuando la acusación —impulsada por la ultraderecha— decidió estirar el caso hasta la conselleria que dirigía Oltra. No porque existieran pruebas nuevas, sino porque la acusada era ella. El foco dejó de estar en el delito y pasó a estar en la política.
El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada por un presunto encubrimiento. Dos meses después dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo pruebas concluyentes. Hubo imputación. Y eso bastó.
Durante tres años, dos jueces de instrucción y la Fiscalía revisaron correos, documentos y testimonios. Conclusión unánime: no hay indicios de delito. Las decisiones administrativas fueron “desacertadas” o “mejorables”, pero no delictivas. Tres archivos judiciales lo confirman.
Y, aun así, la causa sigue viva por la insistencia de la Audiencia Provincial de Valencia. El castigo ya está cumplido: Oltra fuera de la primera línea política, su carrera truncada y su nombre asociado durante años a una acusación falsa.
Una pareja condenada, una política destruida.
UNA PAREJA INVESTIGADA, UNA PRESIDENTA PROTEGIDA
En el otro extremo está el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Aquí no hablamos de un delito sexual juzgado y condenado. Hablamos de fraude fiscal, facturas falsas y uso de empresas pantalla, según la investigación abierta por la Fiscalía.
La pareja de Ayuso está imputada. Hay documentación. Hay indicios económicos. Hay un procedimiento en marcha.
¿Consecuencias políticas para Ayuso? Ninguna.
¿Dimisión? No.
¿Imputación por encubrimiento, colaboración o beneficio indirecto? Tampoco.
La reacción institucional fue la contraria a la de Oltra. Cierre de filas, ataque a la jueza, acusaciones de “operación de Estado”, victimismo desde el poder y una campaña mediática de descrédito contra la Fiscalía. La justicia avanzó con extrema cautela. Sin prisas. Sin presión política. Sin exigir responsabilidades.
A Ayuso no se le aplicó la doctrina Oltra.
No se consideró que la imputación de su pareja afectara a su cargo.
No se entendió que existiera responsabilidad política alguna.
No se activó el mecanismo del desgaste.
Una pareja investigada, una presidenta blindada.
LA DIFERENCIA NO ES JURÍDICA, ES POLÍTICA
La comparación es devastadora porque rompe el relato de neutralidad. En un caso, la justicia actuó como ariete político. En el otro, como muro de contención. Y no es casualidad.
Oltra representaba un proyecto que revirtió privatizaciones, tocó intereses empresariales y cuestionó redes de poder en la Comunitat Valenciana. Ayuso encarna esos intereses. Eso cambia el umbral de tolerancia.
En el caso de Oltra, la imputación fue suficiente para forzar la dimisión, pese a que el delito no existía.
En el caso de Ayuso, la imputación de su pareja no genera ni siquiera una exigencia de explicaciones, pese a existir una investigación sólida.
La justicia fue implacable con una mujer de izquierdas e indulgente con una dirigente conservadora en ejercicio de poder.
Esto no va de relaciones personales. Va de cómo se usa la justicia para ajustar cuentas o para proteger al poder. Va de quién paga un precio político por hechos ajenos y quién no paga ninguno por hechos cercanos.
Oltra probablemente será absuelta de todo. Para entonces ya dará igual.
Ayuso seguirá gobernando mientras su pareja es investigada. Y nadie le pedirá responsabilidades.
Dos parejas. Dos respuestas judiciales.
No es un fallo del sistema.
Es el sistema decidiendo a quién sacrificar y a quién preservar.
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Enhorabuena,
Extremadura! Por fin habéis elegido "progreso" del bueno.
Hay
que felicitar a todos esos extremeños que han votado con "visión
de futuro". ¡Qué alegría saber que ahora sí que van a
despegar!
¿Tren
digno? ¿Para qué quieren llegar rápido a los sitios si tienen esos
paisajes tan bonitos para ver desde una vía del siglo pasado? ¡Un
aplauso por votar a los que se olvidan de sus infraestructuras cada
vez que pisan Madrid!
¿Sanidad
y Educación Pública? ¡Sobrevaloradísimas! Mucho mejor que les
recorten un poquito más, que así aprenden a ser más "resilientes"
y a buscarse la vida, que para eso son gente de campo.
¿Empleo
y juventud? Nada como ver cómo sus hijos y nietos siguen haciendo
las maletas hacia Madrid o Alemania. Es una tradición extremeña
preciosa que la derecha sabe mantener como nadie.
De
verdad, qué envidia me da esa capacidad de votar a quienes
sistemáticamente os dejan a la cola de todos los indicadores. Es
fascinante ver cómo los mismos que sufren los recortes salen a la
calle a celebrar el triunfo de sus "señoritos".
¡A disfrutar de lo votado! Bien hecho Extremadura!
Eduar Yepes
En septiembre de 1941, en las afueras de Kiev, ocurrió una de las matanzas más rápidas y brutales del Holocausto. Su nombre quedó ligado para siempre a un barranco: Babi Yar.
Tras la ocupación alemana de la ciudad, los nazis ordenaron a la población judía presentarse con documentos y pertenencias. Muchos creyeron que se trataba de un traslado. En realidad, era una trampa cuidadosamente planificada. Durante dos días, el 29 y 30 de septiembre, casi 34.000 hombres, mujeres y niños judíos fueron conducidos hasta el borde del barranco.
Allí, las unidades móviles de exterminio —los Einsatzgruppen— con ayuda de colaboradores locales, obligaron a las víctimas a desnudarse. Luego, familia tras familia, fueron fusiladas. Los cuerpos caían unos sobre otros, formando capas humanas en el fondo del barranco. El asesinato se ejecutó con una frialdad industrial: sin cámaras de gas, sin campos, solo armas, munición y silencio.
Babi Yar no fue un episodio aislado, sino parte de la llamada “Shoá por balas”, el método utilizado por los nazis en Europa del Este antes de la implantación sistemática de los campos de exterminio. En los meses y años siguientes, el mismo barranco seguiría tragándose vidas: romaníes, prisioneros de guerra soviéticos, opositores políticos y nacionalistas ucranianos también fueron asesinados allí. Se estima que el número total de víctimas supera ampliamente las cien mil personas.
Durante décadas, el lugar fue deliberadamente silenciado. Bajo el régimen soviético, no se permitió un memorial que reconociera explícitamente a las víctimas judías. El barranco fue rellenado, convertido en parque, como si la tierra pudiera borrar lo ocurrido. La memoria sobrevivió, no gracias a monumentos, sino a testimonios, poemas y recuerdos fragmentados.
Hoy, Babi Yar representa algo más que una masacre: es el símbolo de hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando el odio se convierte en política y la muerte en procedimiento administrativo. Un recordatorio brutal de que el genocidio no siempre necesita fábricas de muerte; a veces basta un barranco, armas cargadas y la decisión de mirar a otro lado.
El martirio judicial de Mónica Oltra: seis años para destruir a una adversaria política
No
hubo delito. No hubo encubrimiento. Hubo lawfare. Y funcionó.
La causa contra Mónica Oltra ha vuelto a archivarse en diciembre de 2025. Es la tercera vez. Dos jueces de instrucción y la Fiscalía lo han dicho con claridad: no existen indicios de criminalidad. Aun así, nadie puede garantizar que esta pesadilla judicial haya terminado. Porque aquí nunca importó el final. Importó el proceso.
Oltra fue imputada el 1 de abril de 2022 por una acusación impulsada desde la ultraderecha. Dos meses después, dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. El agresor real (su exmarido) fue condenado a cinco años de prisión, sentencia confirmada por el Supremo en 2023. La justicia penal cumplió su función. La política no.
La imputación bastó para sacarla del tablero. No hizo falta condena. Ni pruebas. Ni juicio. El daño ya estaba hecho. La izquierda valenciana perdió a una de sus figuras más sólidas y el vacío político ayudó a abrir la puerta al actual president Carlos Mazón.
El juez Vicente Ríos, quien ordenó investigar, fue el mismo que archivó la causa en abril de 2024 con un auto de 96 páginas. Dijo que hubo decisiones “desacertadas”, pero no delictivas. Que no hay correos, órdenes ni instrucciones que apunten a Oltra. La Fiscalía coincidió. Caso cerrado. En un Estado normal.
No lo fue. En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir la causa con un auto de seis folios, ignorando el trabajo del instructor. Un año más de investigación para llegar al mismo punto. Nuevo archivo en junio de 2025. Y otro más en diciembre.
Tres
archivos. Cero indicios. Múltiples recursos.
La anomalía no es técnica. Es política. La sección de la Audiencia que insiste en llevar a Oltra al banquillo es la misma que ha beneficiado al PP en causas de financiación irregular. El mismo tribunal que relativizó el “dinero negro” cuando afectaba a los suyos. El doble rasero no es casualidad.
Todo ocurre, además, tras decisiones que afectaron a intereses privados millonarios, como la reversión de hospitales gestionados por empresas como Ribera Salud. Cuando la política toca el negocio, el castigo llega por otra vía.
Hoy, Oltra sigue fuera de la primera línea. Si la Audiencia fuerza el juicio, la mancha durará hasta 2028. Seis años después de la imputación. Probablemente será absuelta. Para entonces ya dará igual.
La justicia usada como arma no necesita condenas: solo tiempo, ruido y silencio institucional.
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El PP la lía en Extremadura por un escaño más y 7.935 votos menos que en 2023: ¿Mereció la pena conseguir que miles de socialistas no acudiesen a las urnas?
Para conseguir la desmovilización de los socialistas el PP incluso sembró dudas sobre la democracia
José María Garrido
22-12-25
ElPlural
El Partido Popular de María Guardiola ha obtenido un escaño más de los que consiguió en las elecciones autonómicas de 2023. Ni rastro de la mayoría absoluta que pronosticaban las casas encuestadoras más afines al Partido Popular y con la que soñaban en Génova 13. La realidad es que el PP sigue dependiendo de la extrema derecha para gobernar en Extremadura y que un Vox fortalecido no se lo pondrá fácil a los populares no ya para aprobar unos presupuestos, sino incluso para que María Guardiola pueda convertirse de nuevo en la presidenta de Extremadura.
Ante el resultado electoral de este 21 de diciembre, en el que tan solo el 62% de los extremeños acudieron a las urnas (es la participación más baja de la historia), conviene preguntarse si este adelanto mereció la pena. No se trata solo de poner sobre la mesa los 7 millones de euros que han costado las elecciones (la celebración de los comicios autonómicos en solitario aumenta un 145% los costes para la Junta de Extremadura), sino el desgaste que para la democracia ha supuesto la estrategia del Partido Popular.
Y es que con el 99,89% del voto escrutado, el Partido Popular ha
obtenido 228.300 votos este 21 de diciembre. Son 7.935 papeletas
menos que las que contabilizaron en 2023.
Es cierto que el
resultado electoral permitirá al PP y a sus terminales mediáticas
hablar del principio del fin del sanchismo y resaltar que el PSOE
obtiene el peor resultado de su historia. Para ello ocultaran que lo
que pasó este domingo es que miles de socialsitas se quedaron en su
casa y no fueron a votar.
Y es que los
socialistas pierden más de 100.000 votos respecto a las últimas
elecciones autonómicas (136.017 votos frente a los 242.659 obtenidos
en 2023). Son prácticamente los mismos votos los que ha
perdido el PSOE (106.642) que las personas que este domingo, a
diferencia de 2023, se quedaron en casa y no fueron a votar (en 2023
acudieron a las urnas 623.731 extremeños y este 21 de diciembre
539.251 ciudadanos; es decir, 84.480 menos).
Para conseguir que tantos socialistas se quedaran en casa, el PP convocó las elecciones autonómicas al inicio de las navidades y apenas mes y medio después de la muerte del principal referente de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara. Los populares también aprovecharon la grave crisis interna que atraviesan los socialistas tras 36 años de gobierno en la Junta de Extremadura y la debilidad de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, al que obviamente ha afectado el ruido mediático que supone el juicio injusto al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Además, para conseguir la desmovilización de los socialistas, el PP ha utilizado a sus medios más afines para sembrar dudas sobre la honorabilidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Bulos y más bulos para conseguir que como en otras ocasiones, Zapatero no movilizase a los suyos.
Paralelamente, el PP jugaba en campaña con la peligrosa teoría del pucherazo electoral convirtiendo el robo fortuito por parte de unos delincuentes comunes de 124 votos en un ataque a la democracia.
Y el PP ha montado todo este lío para conseguir un escaño
más. En Génova 13 les conviene preguntarse si todo lo
ocurrido mereció la pena conseguir que miles de socialistas esta vez
no acudiesen a las urnas.
José María
Garrido es director de ElPlural.com
