martes, 30 de diciembre de 2025
Mercedes Rodríguez
Lo vengo diciendo desde hace muchos días: o existe una política valiente dentro del Gobierno y, por añadidura, del PSOE, o vamos a salir de él humillados y, para muchos, con la duda de si será verdad todo lo que se está diciendo.
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En primer lugar, hay que apartar a todos estos dinosaurios del partido. Son quienes son y han llegado donde han llegado gracias al PSOE, partido que ahora tratan de hundir. De lo contrario, serían simples politiquillos con mayor o menor reputación en los bares que frecuentan.
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No es de recibo que, un día sí y otro también, tengamos que escuchar declaraciones de una mal llamada oposición “amiga” y que, pese a ello, sigan perteneciendo al partido como si no pasara nada. El derecho a la libertad de expresión existe, por supuesto, pero no desde las tripas de nuestra casa. Si quieren hacer oposición, es asunto suyo, pero deben hacerlo desde fuera y no desde dentro, donde nos vemos representados afiliados y simpatizantes que no los queremos ni en pintura. Dicho sin rodeos: todos estos, a la calle sin demora, y entonces que digan lo que quieran.
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Si se pierden unas elecciones o el Gobierno, puede ocurrir. Lo que no podemos permitirnos es perder con el “enemigo” desgarrándonos desde dentro y, encima, llamándoles camaradas.
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Uno ya no sabe cuántas atrocidades ha cometido la derecha. Ahí tienen a sus dos expresidentes y a toda la gama de ministros y altos cargos, todos alineados, sin poner nada en cuestión dentro de su partido; más bien al contrario: “el que pueda hacer, que haga”.
Nada de cuestionar lo que dice o hace su presidente, aquel que vino a prometer política para adultos y sin insultos y que se ha convertido en uno de los personajes más mentirosos y trileros de la España política.
Sin embargo, ahí lo tienen, tragándose todo lo que le pone encima de la mesa VOX, sin que nadie le contradiga. Ha hecho balance del año y solo ha propuesto barro, mentiras y trileradas. La última, decir que él no borra los mensajes de su móvil. No, claro: si hay algo comprometido, se rompe a martillazos. Y, aun así, repito, nadie pone en cuestión sus deslices, a veces de un calado infumable.
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Y mientras tanto tenemos a un personaje en las filas del PSOE que, solo con ver a qué medios se acerca cuando va a decir algo contra el Gobierno, ya nos está diciendo qué clase de persona es.
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Decía Chesterton —que hizo la mili conmigo—: “Es difícil dar una definición de la lealtad, pero quizá nos acerquemos a ella si la interpretamos como el sentimiento que nos guía ante una obligación”.
Y al lado, el cabo furriel Espinel añadía: “La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura”.
¿Cuál de las dos definiciones se les puede aplicar a estos dinosaurios resabiados? Ahí lo dejo.
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El Bellotero .
Miguel Ángel Rodríguez ha gastado estos cuatro años más de mil euros al mes en comidas y cenas
En los últimos cuatro años, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha gastado más de 50.000 euros en estas citas a las que se atribuye un motivo institucional
Rodrigo de la Torre
30-12-25
ElPlural
La progresión de gasto en comidas y cenas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha ido en evolución desde el 2021. Aquel primer año, la cantidad de dinero dedicada por Miguel Ángel Rodríguez fue de más de 800 euros, pasando a casi 1.100 en el 2022, disminuyendo un poco en el 2023 para caer a los 950 y superando los 1.100 en el 2024. No obstante, en el 2025, tal y como reflejan las cuentas correspondientes al tercer trimestre de la Comunidad de Madrid, que publica los gastos protocolarios de sus altos cargos, la partida económica dedicada ha sido de 1.400 euros mensuales. Esta última es una cifra a la que todavía queda por sumar el cuarto trimestre del año, por lo que la media final podría consolidarse como la más alta en este tiempo.
De esta manera, Miguel Ángel Rodríguez, cuyo salario anual de 100.000 euros es similar al de Isabel Díaz Ayuso y superior al del presidente del Gobierno de España, ha dedicado en estos cuatro años hasta 53.000 euros a comidas y cenas que, según se indica, han gozado de un carácter institucional. La cifra se distribuye en un total de 360 citas, lo que vendrían a ser unas 90 por año, dedicando una media de 147 euros a cada una.
Miguel Ángel Rodríguez, una figura notable que despierta asperezas
Son distintos los momentos en los que, a lo largo de su trayectoria, Miguel Ángel Rodríguez ha despertado polémica. Por ejemplo, ha sido cuestionado por su papel como jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por la difusión de mensajes y posiciones muy críticas en redes sociales que algunos consideran confrontadores; también ha sido objeto de debate por cómo ha manejado y filtrado información confidencial de casos judiciales en los medios; e incluso ha generado críticas dentro del propio PP por su estilo combativo y su relación con periodistas. No obstante, en los últimos meses su figura ha despertado gran controversia por el papel que ha jugado en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde él mismo reconocía haber difundido a los medios de comunicación una información de la que no tenía certezas, lo que vendría a ser el famoso bulo del correo de Alberto González Amador.
La polémica se centra en que Rodríguez, en la noche del 13 de marzo de 2024, difundió entre periodistas un mensaje sugiriendo que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso y que este pacto se había sugerido “por órdenes de arriba”, información que después se demostró falsa y que lo sucedido fue al contrario, fue Alberto González Amador quien reconocía ante la Fiscalía haber cometido un doble fraude a la Hacienda Pública. No obstante, aquello fue lo que desembocó en el juicio al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, cuyo final es de sobra conocido a día de hoy. En aquel proceso ante el Tribunal Supremo, el jefe de gabinete de Ayuso, finalmente, reconoció en sede judicial que parte de ese mensaje era inventado o producto de “intuiciones” sin base documental, generando una enorme polémica en medios y foros políticos sobre su responsabilidad ética y periodística en un caso de tanta relevancia. Periodistas de distintos medios comparecieron ante los jueces para desmentir el bulo que Miguel Ángel Rodríguez propagó y desmontar esa versión errónea de los hechos.
Un episodio del que, por el momento, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha salido airoso, no sin provocar un gran debate por la ausencia de consecuencias que han tenido sus actos, a pesar de que reconoció ante los jueces que el mensaje que difundió entre los medios no gozaba de solidez.
¿Y cuanto en alcohol?
Tenía seis años cuando su madre la dejó en una estación de lavandería automática… y no volvió.
Estaba sentada en el suelo, junto a las secadoras encendidas, viendo girar la ropa ajena como si eso fuera el tiempo pasando. Miraba la puerta. Esperaba. La gente entraba y salía. Nadie se detenía.
Hasta que una mujer lo hizo.
Se llamaba Kate.
—“Cariño… ¿dónde están tus padres?” —le preguntó.
La niña no supo qué responder. Solo sabía que estaba sola.
Kate se sentó a su lado. Esperó con ella. Llamaron a números que no existían. Buscaron nombres que no estaban en ningún registro. Pasaron horas. Nadie llegó.
Kate se fue esa noche.
Y volvió al día siguiente.
Y al siguiente.
Trajo bocadillos. Trajo una manta. Trajo una libreta para dibujar. Le dijo a los empleados que se haría cargo “hasta que sucediera lo correcto”.
Y lo correcto terminó siendo esto:
Kate firmó los papeles.
No era rica. No tenía pareja. Tenía dos trabajos y muy poco tiempo. Pero tenía algo que pesa más que todo eso: la decisión de no pasar de largo.
La crió sola.
Estuvo en cada festival escolar, en cada noche con fiebre, en cada miedo infantil que pide una voz cerca. No salvó al mundo. Salvó a una niña.
Años después, esa niña eligió ser oficial de policía.
No por la placa. No por la autoridad. Sino para ser lo que Kate fue para ella: alguien que se detiene cuando ve a un niño perdido.
Hoy, adulta, dice una frase que lo resume todo:
“Todavía me considera su mejor decisión.”
No fue un gesto heroico.
No fue una campaña.
No fue una misión.
Fue una mujer que se sentó en el suelo junto a una niña… y decidió no levantarse nunca del todo.
Y a veces, eso es exactamente cómo cambia la historia.
lunes, 29 de diciembre de 2025
El Supremo da la razón al abogado que pide repetir el juicio al fiscal general con distinto tribunal
El alto tribunal avala que la recusación era la vía correcta tras adelantarse el fallo condenatorio
29-12-25
ElPlural
El Tribunal Supremo ha avalado que la recusación era el cauce legal adecuado para denunciar la falta de imparcialidad del tribunal que juzgó al exfiscal general Álvaro García Ortiz, un pronunciamiento que refuerza la tesis de que el proceso quedó viciado desde el momento en que se adelantó el fallo condenatorio. Así lo sostiene el abogado canario José Manuel Rivero, que ya en noviembre defendió públicamente que la única vía correcta para cuestionar la actuación de los magistrados pasaba por su recusación formal y no por una querella penal posterior.
La resolución procede de la Sala del artículo 61 del alto tribunal, que ha inadmitido la querella presentada por Catalunya en Comú contra el presidente del tribunal sentenciador, Andrés Martínez Arrieta, por un presunto delito de revelación de secretos. Al hacerlo, el Supremo no entra a valorar el fondo de la denuncia sobre imparcialidad, pero deja claro que, si se pretendía cuestionar la neutralidad de los magistrados, debía haberse activado el mecanismo procesal de la recusación. “Si la formación política quiere denunciar la falta de imparcialidad de magistrados, debe hacerlo a través de la recusación”, afirma el auto, subrayando que, al no haberse solicitado, la Sala no puede pronunciarse sobre esa cuestión.
Este razonamiento coincide plenamente con el planteamiento que Rivero había formulado semanas antes, cuando el tribunal hizo público el fallo condenatorio contra García Ortiz el 20 de noviembre, quince días antes de que se notificara la sentencia íntegra. En un artículo de opinión publicado dos días después del anuncio del fallo en 'Canarias Ahora', el letrado calificó de “anomalía procesal” que se adelantara públicamente la conclusión del juicio sin que estuviera redactado el razonamiento que debía sustentarla, y sostuvo que esa práctica comprometía una garantía constitucional básica: el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
Rivero recomendó entonces al propio García Ortiz que promoviera la recusación de los cinco magistrados que habían firmado el fallo anticipado, al considerar que anunciar la condena antes de completar la sentencia generaba “una situación procesal insostenible” que solo podría corregirse mediante la repetición del juicio ante un tribunal distinto. Su posición, además, fue formulada antes de que trascendieran otros elementos que posteriormente alimentaron la polémica, como las relaciones académicas y profesionales de algunos de los magistrados con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que había actuado en el proceso como acusación popular.
Precisamente esos vínculos fueron esgrimidos por Catalunya en Comú en su querella, junto con comentarios realizados por magistrados en cursos organizados tras el juicio, para sostener que se había producido una “quiebra de la imparcialidad objetiva”. Sin embargo, el Supremo concluye que la vía elegida no era la correcta y que, para denunciar ese tipo de circunstancias, el ordenamiento jurídico prevé la recusación como mecanismo específico.
Para Rivero, este pronunciamiento tiene “consecuencias jurídicas de primer orden”. En su análisis, el abogado destaca la paradoja que encierra el auto: al rechazar la querella por revelación de secretos, el Supremo confirma implícitamente que la recusación era el instrumento adecuado incluso en un escenario tan excepcional como el creado por el propio tribunal al adelantar el fallo sin sentencia escrita durante más de dos semanas. “La Sala abre implícitamente una vía procesal como viable: plantear recusación durante la redacción de la sentencia”, sostiene el letrado.
El núcleo del debate, según Rivero, reside en determinar en qué momento procesal debe activarse esa recusación cuando el tribunal hace público el sentido del fallo pero aún no ha formalizado la sentencia. A su juicio, el alto tribunal “creó un escenario inédito” y, al mismo tiempo, acaba de señalar que, en ese contexto, el cauce correcto para denunciar la falta de imparcialidad seguía siendo la recusación. Esa interpretación, afirma, “abre una rendija procesal” que podría permitir controlar la imparcialidad judicial en casos presentes y futuros, especialmente cuando surgen hechos nuevos durante la fase de redacción de la sentencia.
El abogado subraya que lo relevante del auto no es tanto la inadmisión de la querella como el razonamiento que la sustenta. En particular, destaca que la Sala reconoce que el querellante realizó “reiteradas referencias” a las relaciones de los magistrados con letrados de parte y a su participación en actividades académicas, pero insiste en que esas alegaciones debieron canalizarse por la vía legalmente prevista. Para Rivero, este reconocimiento refuerza la idea de que la cuestión de la imparcialidad no es menor ni meramente retórica, sino un elemento central del debate jurídico.
Desde esta perspectiva, la resolución del Supremo viene a respaldar la tesis de que el proceso contra el exfiscal general quedó marcado desde el momento en que se hizo público el fallo condenatorio antes de la sentencia. Aunque el auto no ordena repetir el juicio ni entra a valorar directamente la actuación de los magistrados, sí fija doctrina sobre el instrumento procesal idóneo para cuestionar su imparcialidad, una doctrina que podría tener efectos más allá del caso concreto de García Ortiz.
Sale a la luz un vídeo que deja serias pruebas de un presunto 'lawfare' contra Podemos
La declaración de un inspector jefe de la Policía Nacional evidencia actuaciones no enmarcadas en un protocolo y que se dirigieron contra Pablo Iglesias
Rodrigo de la Torre
29-12-25
ElPlural
La Audiencia Nacional avanza en la investigación que realiza sobre las llamadas "maniobras de guerra sucia" que, presuntamente, se dirigieron contra el partido político Podemos y sus dirigentes durante 2016. Según ha publicado elDiario.es, el pasado 3 de julio declaró ante el juez Santiago Pedraz un inspector jefe de la Policía Nacional perteneciente a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), imputado porque su identificador figura en una consulta de la base de datos policial en la que se escribió el nombre de Pablo Iglesias.
Un hecho que no se había conocido hasta ahora y que ha salido a la luz con la difusión del vídeo de su declaración, que elDiario.es ha reproducido. La comparecencia de este inspector se ha producido como parte de la causa que investiga si ciertos mandos policiales realizaron búsquedas de antecedentes arbitrarias o injustificadas en torno a líderes y cargos de Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
¿Qué motivó investigar a Pablo Iglesias en la base de datos?
El inspector explicó que en marzo de 2016 usó su clave para consultar datos de Pablo Iglesias porque, según él, estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán. La investigación se ejecutaba, según afirmó en la comparecencia, por un supuesto delito de narcotráfico. Urbán había sido vinculado en informes policiales, que posteriormente se evidenciaron como carentes de fundamento, con la venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña para financiar a Podemos.
En este contexto, el agente defendió que su actuación se ajustaba a la práctica habitual de “mirar el entorno más cercano” de una persona sobre la que pesan diligencias. Por ello, según explicó, se debía ahondar en la figura de Pablo Iglesias, como cofundador del partido, y, por ende, hallado como alguien que entraba en ese entorno.
Una respuesta que derivó en una pregunta por parte del fiscal del caso que se tornó en una cuestión clave. Vicente González Mota pidió al inspector que explicara si había algún protocolo que obligara a consultar la ficha policial del líder de un partido político cuando se investiga a alguno de los miembros de la formación. El fiscal quiso saber si, en un caso de esa naturaleza, existía una norma o procedimiento que justificara la búsqueda de antecedentes de un dirigente político.
Tal y como respondió el inspector, no existe un protocolo que justifique esa actuación, algo por lo que González Mota lanzó una pregunta que ha dado lugar a debate: “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy en el caso Gürtel?” El inspector jefe concluyó rápidamente con un “lo desconozco”. Ese interrogante ha despertado controversia a la hora de cuestionar si existe una posible doble vara de medir en el uso de las bases de datos policiales según el sujeto político investigado.
Contexto de la investigación
La causa en la Audiencia Nacional se originó a partir de la denuncia presentada por Podemos y los hallazgos que revelan diversas consultas policiales sobre miembros de la formación, muchas de ellas sin una clara justificación. Entre esos hechos figura la famosa Operación Cardenal, una maniobra policial y mediática que implicó a Urbán en un montaje relacionado con el tráfico de cocaína.
La investigación ha sacado a la luz la existencia de numerosas consultas de datos personales de parlamentarios y líderes sin vínculo comprobado con una causa penal concreta, lo que ha alimentado la tesis de que parte de ese trabajo policial obedecía a intenciones políticas más que a investigaciones legítimas.
Además, la causa ha recuperado otras piezas que apuntan a una estructura de “guerra sucia” institucional contra la oposición. Por ejemplo, una de las conversaciones intervenidas en el caso Kitchen es citada en la causa, donde se ve al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez solicitando antecedentes de parlamentarios de Podemos por WhatsApp y recibiendo la respuesta de que no había resultados.
¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta
Reacciones judiciales y próximas diligencias
Tras la declaración del inspector jefe, su defensa solicitó el archivo de la causa en su contra, y el juez Pedraz lo acordó. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por Podemos, recurrió la decisión, lo que llevó a que la Sala de lo Penal ordenara volver a imputar al agente. De esta forma, su situación procesal se mantiene activa en la investigación.
El juez también ha impulsado una batería de diligencias recientes para avanzar en la causa. Entre ellas se encuentra la citación de Miguel Urbán como víctima del montaje relacionado con la cocaína, programada para enero, así como la declaración de otros mandos policiales a quienes José Luis Olivera, considerado uno de los artífices del montaje, ha señalado como partícipes en 2016.
El impacto del caso
El interrogatorio ocurrido en julio y ahora divulgado por elDiario.es cuestiona directamente el uso de las herramientas policiales en tiempos donde la política nacional estaba convulsionada por la irrupción de nuevas fuerzas políticas. El hecho de que no exista un protocolo para determinar cuándo es pertinente consultar antecedentes de un líder político ha puesto de manifiesto una laguna legal que, en este caso, alimenta las sospechas de una instrumentalización política de la policía.
La pregunta sobre si se habría actuado de igual forma con un dirigente como Mariano Rajoy sigue abierta, no siendo cualquier cosa para muchos, sino tornándose en una llamada a reflexionar sobre los límites entre investigación y persecución, entre vigilancia legítima y vigilancia política.
domingo, 28 de diciembre de 2025
Palizas, frío y hambre en Tefía: la cárcel franquista donde se encerró a decenas de "maricones"
"Era como un campo de concentración pero sin cámara de gas", lo definieron, décadas después, algunas de sus víctimas.
A principios de 2026, Fuerteventura acogerá el acto de desagravio a la comunidad LGTBIQ+, precisamente por el simbolismo de Tefía.
Público
Inés García Rábade
27-12-25
"Frío, miseria, hambre, humillación, palos y más palos". Habla Octavio García Hernández. Nos remontamos a 2004, a una entrevista para El País, en la que, por primera vez en casi tres décadas de democracia, un superviviente de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, cuenta lo que vivió al otro lado de los muros del penal. No es cualquier superviviente. A Octavio no le condenaron por su militancia política, ni por un delito menor. A Octavio le condenaron, simple y llanamente, por ser "maricón", término despectivo con el que se les llamaba en aquella época.
Ocurrió en 1954, quince años después de la derrota republicana en la Guerra Civil, con Franco ya establecido en el poder. "El Gobierno se dijo: Vamos a limpiar de maricones Las Palmas", denunciaba Octavio, fallecido en 2018, en esa primera confesión pública. Las Palmas, Canarias y toda España. Una limpieza que el régimen orquestó a través de un engranaje legislativo y jurídico con el que institucionalizó la persecución y represión de "invertidos". A partir de una pieza clave: la Ley de Vagos y Maleantes.
"La norma se aprobó en realidad en el 33, durante la Segunda República", apunta Víctor Ramírez, activista e investigador de la memoria del colectivo LGBTIQ+. "Lo que hizo fue establecer una serie de mecanismos de control para todas aquellas personas que, de alguna forma, se salían de los márgenes de la sociedad", continúa el escritor de Peligrosas y Revolucionarias (Ediciones Tamaimos, 2019). Mendigos, toxicómanos, jugadores, proxenetas, delincuentes habituales... Un cajón de sastre para castigar, sin miramientos, la marginalidad. Para limpiar las calles.
El régimen franquista nunca la derogó. "Todo lo contrario, supo ver su potencial", confirma en conversación con Público Ramírez. Incluyendo una categoría criminal más: la homosexualidad. Que, a partir del 54, pasó a ser considerada un peligro social. "Un delito, una enfermedad, una perversión contraria a la moral nacionalcatólica", enumera Federico Armenteros, también activista y presidente de la Fundación 26 de Diciembre. No era, sin embargo, la primera vez que Franco ponía la homosexualidad en el punto de mira. "En el 45, la dictadura ya la había tipificado como delictiva dentro del Código de Justicia Militar", recuerda Armenteros. Bajo pena de prisión de entre seis meses y seis años.
Un encarcelamiento que se sistematizó con la Ley de Vagos y Maleantes. Con frecuencia en módulos o galerías de invertidos, separados del resto de presos. Así sucedió, por ejemplo, en las cárceles de Carabanchel o Badajoz. "Sufríamos una doble estigmatización", apunta Armenteros. Primero, al entrar en prisión; una vez dentro, al ser señalados y separados de los demás reclusos. "Éramos contagiosos, unos depravados", denuncia a Público el activista. Otra posibilidad era el internamiento en colonias agrícolas, donde los presos, en régimen de trabajo forzado, podían permanecer hasta tres años.
Una cárcel perdida en medio del desierto
Tefía fue una de ellas. "Era como un campo de concentración pero sin cámara de gas", llegó a verbalizar Octavio, que vivió allí un absoluto infierno. "Sufrieron todo tipo de humillaciones, malos tratos y palizas", explica Ramírez. A lo que había que sumar las propias condiciones de vida del penal, empezando por la disciplina de trabajo. "Estaban obligados a trabajar de sol a sol en una cantera de piedra, levantando muros y todo tipo de obra pública", desarrolla el investigador. Sin descanso, sin compasión.
Octavio pasó allí un total de 16 meses, cuando tenía apenas 19 años. Una experiencia que le dejó un recuerdo imborrable. "Algo así te transforma, te quita la mente, te la estropea toda", explicaba en una entrevista en 2016. "Aquella tierra es inhóspita. Todo el día haciendo gavias, quitando muros. Lleva esta piedra allí, llévala allá", seguía contando el superviviente. Bajo un sol abrasador durante el día y un frío penetrante por las noches, obligado a dormir en un petate sobre el suelo de tierra y con las ventanas abiertas. Y, sobre todo, con hambre, mucha hambre. "En ocasiones, incluso les retenían la comida durante días, hasta que se pudiese, y era entonces cuando se la entregaban", asegura Ramírez. ¿El resultado? Hombres que llegaban allí pesando cerca de 80 kilos salían sin llegar a los 50.
Octavio no fue el único preso homosexual que contó lo que había vivido en Tefía. También lo hizo Juan Curbelo Oramas, que pasó tres años, la pena máxima, internado en la colonia. "Que este daño lo conozca el mundo, porque yo soy maricón, invertido, pero no vago ni maleante", se desahogaba hace más dos décadas el superviviente en una entrevista con el escritor Miguel Ángel Sosa, autor Viaje al centro de la infamia (Anroart Ediciones, 2006), uno de los primeros trabajos que dieron cuenta, en clave de ficción, de la existencia del campo.
Pero fueron muchos más los que pasaron por los barracones de Tefía. En funcionamiento entre 1954 y 1966, la colonia encerró entre sus muros a entre 300 y 350 presos. De ellos, por lo menos 22 eran homosexuales. Y quien dice homosexuales dice también hombres "afeminados" o incluso lo que se llamaba entonces travestis. Así lo corrobora Ramírez, que ha dedicado meses de investigación a bucear entre los expedientes de la época. "Llegué a contabilizar 192 expedientes abiertos en Canarias por homosexualidad hasta los años 70", sostiene el activista. 161 en Gran Canaria, 28 en Tenerife y tres en Lanzarote. De entre ellos, además de la veintena que acabó en Tefía, otros 68 fueron condenados a penas de reclusión, que cumplieron en las prisiones de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
La violencia no terminaba una vez salías de la cárcel. "Por ley, tenías que residir un año fuera de tu lugar de origen, por lo que muchos presos terminaron sufriendo un destierro en otra isla", explica Ramírez. Después de esta segunda condena -amplía el investigador- tenías que seguir presentándote mensualmente en comisaría. Un tiempo durante el que una sola ausencia podía considerarse motivo suficiente para hacer saltar las alarmas y pasar a estar en búsqueda y captura. "Para acabar de complicar las cosas, arrastrabas para siempre tus antecedentes penales, con los que era muy difícil conseguir trabajo y vivir con normalidad", añade el activista. "Vamos, que te jodían la vida", sentencia Armenteros.
Juan Curbelo, superviviente: "Yo soy maricón, 'invertido', pero no vago ni maleante"
A la Ley de Vagos y Maleantes le siguió, ya en los 70, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que también aplicaba a la homosexualidad. "Esta última se derogó parcialmente en el 78 y totalmente ya en el 95, hace apenas 30 años", señala el presidente de la Fundación 26 de diciembre. Como consecuencia, los presos homosexuales no empezaron a salir de las cárceles hasta principios del 79, más de un año después de la Ley de Amnistía que dejó en libertad a los últimos presos políticos de la dictadura.
La homofobia no murió con Franco
"Pero lo peor es lo que ha venido después", pone sobre la mesa Armenteros. El silencio, la condena al olvido. "Estamos hablando de miles de personas por toda España que han vivido décadas en una situación de estrés postraumático. Con vergüenza, con miedo. Personas a las que nadie ha reconocido públicamente todo lo que sufrieron, todo lo que el Estado les hizo", subraya el activista. Ni a ellas ni a sus familias. Porque no, la homofobia no murió con Franco. "Buen ejemplo de ello es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no descatalogó la homosexualidad como enfermedad hasta 1990", apunta el activista. Y que la Ley de Matrimonio Igualitario no llegó a España hasta el año 2005, hace ahora 20 años. "Antes de ayer", valora Armenteros. Una norma que, además, terminó con un recurso en el Tribunal Constitucional.
Falta mucho por hacer. Y es que en el mundo sigue habiendo muchas Tefías. "Todos esos países en los que la homosexualidad se sigue castigando, incluso con la pena de muerte; los recortes en derechos de las personas trans en EEUU; las terapias de conversión que siguen pululando por España, a menudo vinculadas a la Iglesia o la ola reaccionaria que recorre Europa, criminalizando al colectivo”, enumera Ramírez. Contra ello, disponemos de un arma fundamental: la memoria. "Conocer lo que ha pasado, lo que hemos sido, es la mejor forma de que no vuelva a repetirse", coinciden los activistas. Y eso implica contarlo todo. Las terapias con electroshocks, las lobotomías, las pruebas de virginidad, la reclusión en psiquiátricos y en centros adscritos al Patronato de Protección de la Mujer. "Todas las barbaridades que se nos han hecho durante décadas, durante siglos, por el mero hecho de existir, de ser", denuncia Armenteros.
En este sentido, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado un paso en la buena dirección. Fuerteventura acogerá a principios de 2026 el acto de desagravio a la comunidad LGTBIQ+. Un evento, organizado como parte del programa España en libertad, que se celebra en la isla canaria precisamente por el simbolismo de Tefía. Los gestos de reparación no terminan ahí. En los próximos meses, la antigua colonia penitenciaria pasará a declararse Lugar de Memoria Democrática, además de convertirse en la sede de un nuevo centro de memoria que explique lo que fue la represión del colectivo durante la dictadura. Y también su historia de resistencia. Una petición por la que lleva décadas luchando la asociación majorera Altihay.
Redactora de Vivienda y Memoria Histórica.
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