jueves, 8 de enero de 2026
Joaquín Alvarez Gonzalez
En una rueda de prensa sorpresa que ha pillado a todos los medios a contrapié, el Partido Popular acaba de anunciar esta mañana su disolución inmediata tras quedarse sin sus dos principales pilares programáticos: ETA y Venezuela. Fuentes internas confirman que, al no poder mencionar ninguno de los dos en ruedas de prensa, mítines o debates parlamentarios, sus portavoces han entrado en un estado de catarsis.
Según el comunicado oficial, redactado en un folio en blanco “por coherencia ideológica”, la dirección del partido reconoce que la desaparición de ETA y el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos han provocado un “vacío argumental insalvable”. “Hemos intentado probar con ideas propias, pero no ha funcionado”, admite el texto con visible desánimo tipográfico.
La crisis se desencadenó a primera hora de la mañana, cuando un dirigente popular intentó iniciar una entrevista diciendo “ETA, Bildu, Venezuela…” y, al darse cuenta de que ninguna de esas palabras servía ya como comodín universal, pidió un vaso de agua, un receso publicitario y un máster acelerado en propuestas políticas.
En la sede de Génova, el ambiente es de luto. Varias fotos enmarcadas de titulares de los últimos veinte años han sido cubiertas con crespones negros, mientras militantes veteranos se preguntaban en voz baja si “economía”, “sanidad” o “vivienda” son temas de los que se puede hablar, pero no contemplan de momento entrar en terreno desconocido. “Habría que estudiarlo”, señaló un asesor con gesto preocupado.
Los equipos de estrategia trabajan ahora a contrarreloj para encontrar nuevos conceptos que sustituyan a los clásicos. Entre las opciones sobre la mesa figuran otros comodines más recinetes como “woke”, “okupa” o “menores extranjeros”, aunque los expertos advierten de que ninguno ofrece la versatilidad narrativa de ETA o Venezuela, capaces de explicar desde una subida de impuestos hasta un resfriado.
Mientras tanto, el PP ha recomendado a sus cargos públicos mantener un perfil bajo y evitar micrófonos hasta nuevo aviso, por riesgo de tener que hablar de gestión. “Es una etapa difícil”, reconocen desde la dirección, “pero confiamos en que, tarde o temprano, aparezca otra amenaza eterna que nos devuelva el sentido… y los argumentarios”.
A este asesino golpista lo único que le importa son los recursos naturales y el petróleo de Venezuela.
El ultraderechista Donald Trump se convierte en el primer presidente del imperio de EEUU en bombardear en un solo año a 7 países (Venezuela, Irán, Irak, Siria, Somalia, Nigeria y Yemen). El mayor criminal de la historia reciente y al que votaron 77,5 millones de estadounidenses, gente pobre votando a ricos.
LOS QUE PEDÍAN ELECCIONES
LA
IGLESIA PAGA y EL GOBIERNO SUPERVISA.
Los obispos ceden y firman el plan antiabusos del Gobierno, con participación de las víctimas en el proceso y decisión final del Defensor del Pueblo.
Acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de la pederastia clerical. Tal y como puede avanzar elDiario.es
, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los presidentes de la Conferencia Episcopal (Luis Argüello) y CONFER (Jesús Díaz Sariego) han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En la práctica, supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a la vía judicial. El pacto será sellado esta mañana con la firma de las partes.
Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia, que este viernes serán recibidas por Bolaños en la sede del ministerio para ser informadas de los detalles del acuerdo, que, sostienen las fuentes consultadas, facilitará que las reparaciones vayan a buen ritmo.
Fuentes de la negociación han mostrado su satisfacción tras la firma del acuerdo, que supone el cuarto al que el Ministerio liderado por Bolaños llega con los obispos, después de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el pacto para las inmatriculaciones y el acuerdo de modificación del Concordato para que las instituciones religiosas pagaran el ICIO (impuesto de contribuciones especiales y sobre construcciones). Un acuerdo para el que Bolaños ha contado con el respaldo del secretario de Estado, Pietro Parolin, y que podría allanar el camino para el viaje de León XIV, el próximo mes de junio, a España.
CLAVES DEL ACUERDO
El acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es
, ofrece varios ámbitos de seguridad para los supervivientes. El primero, que las víctimas no tendrán que volver a pasar, si no lo desean, por el filtro de la comisión episcopal y su polémico plan PRIVA ( que en más de un año de funcionamiento apenas ha reparado a medio centenar de supervivientes de la pederastia, con indemnizaciones que han ido de los 3.000 a los 100.000 euros, unos formularios revictimizantes y sin la participación de las víctimas ni de sus representantes en el proceso. En principio, se establece el plazo de un año (prorrogable) para que los casos prescritos puedan presentarse ante las instituciones. También podrán reclamar una revisión de las cantidades abonadas aquellas víctimas que, acogiéndose al plan PRIVA, no hayan quedado satisfechas con la resolución final.
En segundo lugar, la rúbrica, por parte de obispos y religiosos de que, en caso de discrepancia, la decisión final recaerá en el Estado, a través de la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, encargado de tomar una decisión definitiva. En tercer lugar, que tanto CEE como CONFER se comprometen a abonar las cantidades acordadas en el caso de que la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no lo hicieran.
El nuevo sistema, acordado después de más de un año de duras negociaciones (y filtraciones interesadas) entre Gobierno e Iglesia, y cumple con las recomendaciones incluidas en el informe llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación integral de las víctimas. El acuerdo, tal y como reclamaba la institución dirigida por Ángel Gabilondo, se refiere a las víctimas cuyos procesos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la vía judicial.
¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ EL NUEVO MECANISMO DE REPARACIÓN?
A diferencia de lo ocurrido hasta la fecha, en la que la víctima debía pasar, obligatoriamente, por el filtro de la Iglesia, a partir de ahora el procedimiento arrancará ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Será este organismo público el que realizará una propuesta de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica), en función de lo solicitado por la víctima, que desde el principio podrá plantear sus necesidades.
Una vez elaborada la propuesta, se enviará al plan PRIVA ( Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos ) dependiente de la Iglesia, que hará su propia evaluación.
Si hay conformidad entre las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo.
Si la víctima o la Iglesia muestran su disconformidad con la misma, se convocará una Comisión Mixta, con la participación de las asociaciones de víctimas (otro gran logro del acuerdo), que deliberará hasta alcanzar un acuerdo unánime.
Si persiste el desacuerdo, será el Defensor del Pueblo, a través de la Unidad de Víctimas, adoptar una resolución definitiva, a la que la Iglesia habrá de dar cumplimiento en plazo.
Del "POCOS CASOS, o NINGUNO", a la aceptación de la realidad
Por parte de la Iglesia, la firma del pacto supone el reconocimiento del fracaso de su gestión respecto al drama de la pederastia. Y es que los obispos han pasado, en los últimos años, de negar la existencia del problema (“hay pocos o ningún caso”, llegó a decir el hoy presidente Argüello) a encargar una auditoría –nunca publicada, pese a haber costado 1,2 millones de euros– a Cremades, mientras impedían sistemáticamente la participación de las víctimas, o que el Estado pudiera intervenir en las indemnizaciones de supervivientes de abusos en la Iglesia.
Finalmente, aprobaron por unanimidad el plan PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) para indemnizar a los supervivientes de la pederastia cuyos casos hubieran prescrito.
Un plan que se puso en marcha sin contar con las víctimas, que no estaban representadas en el mismo ni forman parte del proceso de decisiones, y en el que tampoco participaba el Gobierno, porque los obispos entendían que la suya debía ser una vía “unilateral”, sin atender (como pedía la auditoría de Cremades, el Ejecutivo y las víctimas) a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, quien propuso la creación de un órgano administrativo especial, una suerte de comisión mixta Iglesia-Estado para reconocer y reparar a las víctimas. En definitiva, la propuesta finalmente acordada.
Desde el principio, la Iglesia se negó a colaborar aportando recursos. A comienzos del pasado año, Félix Bolaños advirtió a la CEE que el Ejecutivo no consentiría que los obispos indemnizaran de manera unilateral a las víctimas de abusos. Sin embargo, pasaron los meses y las víctimas seguían sin respuestas. De hecho, las principales asociaciones de víctimas optaron por dejar de considerar a la Iglesia española un interlocutor válido tras una reunión con la Comisión de Tutela Minorum del Vaticano, que aceptó negociar directamente con ellas. Ahora, por fin, logran una comisión mixta en la que estarán representadas desde el principio, y la garantía de que, en caso de discrepancia, será el Defensor del Pueblo quien tome una decisión que la Iglesia estará obligada a cumplir.
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https://www.eldiario.es/.../gobierno-e-iglesia-firman...
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Melania
T.r.u.m.p es DEMANDADA por un periodista que promete exponer sus
secretos sobre Epstein
Melania T.r.u.m.p podría haber cometido el mayor error de su vida. Amenazó al periodista Michael Wolff con una demanda de mil millones de dólares por comentarios que la vinculaban a ella y a Donald T.r.u.m.p con Jeffrey Epstein. En lugar de dar marcha atrás, Wolff la demandó primero, amparándose en las potentes leyes anti-SLAPP del estado de Nueva York.
Ahora, la jugada se le ha vuelto completamente en contra. Esta demanda le otorga a Wolff poderes de descubrimiento, lo que significa que puede citar documentos, fotografías, registros de vuelos e incluso obligar a Melania y a Donald T.r.u.m.p a declarar bajo juramento sobre su pasado y sus vínculos con Epstein.
Wolff afirma que entrevistó a Epstein durante más de 100 horas, que vio fotografías de T.r.u.m.p con mujeres jóvenes y que escuchó relatos detallados de la estrecha amistad entre T.r.u.m.p y Epstein. También planea investigar la visa por habilidades extraordinarias de Melania y la red de modelaje que la presentó a T.r.u.m.p.
Lo que comenzó como intimidación se ha convertido en una pesadilla legal. Si los T.r.u.m.p mienten bajo juramento, sería perjurio. Melania encendió la mecha, y ahora todo podría salir a la luz.
La cárcel sin muros: la autocensura en el franquismo
La autocensura como herramienta clave de la dictadura más allá de las prisiones
Suren Gasparyan
8-1-26
ElPlural
Toda dictadura necesita represión, pero las más duraderas logran algo más: que la represión se interiorice. En la España franquista, la autocensura fue un instrumento central de control social. No hacía falta castigar constantemente; el miedo ya había aprendido a funcionar solo. Convertido en hábito, el silencio acabó siendo una forma de obediencia cotidiana, una disciplina invisible que ordenaba la vida sin necesidad de uniformes ni órdenes explícitas.
El franquismo, encabezado por Francisco Franco, entendió pronto que el control total no podía sostenerse únicamente a base de cárceles, tribunales y policía. La represión abierta fue brutal, especialmente en los primeros años de la dictadura, pero su verdadero éxito llegó cuando dejó de ser necesaria en cada gesto. Cuando la amenaza ya no tenía que formularse porque estaba asumida. Cuando la sociedad aprendió, casi sin darse cuenta, a vigilarse a sí misma.
La autocensura se instaló en la vida cotidiana como una segunda piel. Estaba en las conversaciones familiares que se cortaban de golpe al entrar un desconocido. En las sobremesas donde la política era un tema prohibido. En las frases inacabadas, en los silencios densos, en los “mejor no hablar de eso”. No hacía falta haber sido detenido ni militante para aprender la lección. Bastaba con observar, con escuchar historias ajenas, con conocer a alguien que había “tenido problemas”.
Hablar se convirtió en un riesgo potencial. No por lo que se decía, sino por quién podía estar escuchando. El vecino, el compañero de trabajo, el sacerdote, el jefe, incluso un familiar lejano. La sospecha impregnó las relaciones sociales y convirtió la palabra en un territorio minado. La autocensura no fue solo un mecanismo político; fue una forma de supervivencia. Callar era protegerse.
Ese silencio no fue neutro. Modeló la manera de pensar, de recordar y de transmitir el pasado. La autocensura actuó como una cárcel mental que limitó el horizonte de lo posible. No solo se evitaban determinadas opiniones; se evitaban determinadas preguntas. La curiosidad se volvió peligrosa. La duda, sospechosa. Pensar demasiado podía llevar a decir demasiado, y decir demasiado podía tener consecuencias imprevisibles.
El régimen no necesitó censurar todas las palabras porque logró algo más eficaz: que muchas nunca llegaran a pronunciarse. La censura oficial —en la prensa, en los libros, en el cine— convivió con una censura íntima, mucho más profunda y duradera. Una censura que no dejaba rastro administrativo, pero sí una huella persistente en la memoria colectiva. El franquismo encarceló palabras antes incluso de que salieran de la boca.
Cuando el silencio se educa
La autocensura fue también una herencia. Padres y madres enseñaron a hijos e hijas a callar “por su bien”. El miedo se transmitió como una norma educativa. No destacar, no opinar, no preguntar demasiado. Así, la cárcel sin muros se reprodujo de generación en generación, incluso entre quienes no habían vivido directamente la represión más dura. El silencio se convirtió en una forma de cuidado, aunque ese cuidado tuviera un alto coste emocional y político.
Esta cárcel interior afectó de manera especial a quienes habían perdido la guerra o pertenecían a los sectores señalados como enemigos del régimen. Pero su alcance fue mucho más amplio. Incluso quienes se consideraban ajenos a la política aprendieron a moverse dentro de límites invisibles. La autocensura no distinguía entre culpables e inocentes: era una condición general del vivir bajo dictadura.
Con el paso del tiempo, esa forma de autocontrol se naturalizó. Ya no se percibía como miedo, sino como prudencia. Como sentido común. Como una manera “normal” de comportarse. Esa normalización fue, quizá, uno de los mayores triunfos del franquismo. Cuando el silencio deja de sentirse impuesto y pasa a asumirse como propio, la cárcel ha cumplido su función.
La llegada de la democracia no desmanteló automáticamente esa prisión interior. Muchas personas siguieron callando durante años, incluso cuando ya no había un aparato represivo que las persiguiera. El miedo había echado raíces profundas. La autocensura sobrevivió al régimen porque no dependía de él de forma directa: dependía de la experiencia acumulada, de la memoria del castigo, de la costumbre del silencio.
Por eso, hablar hoy de la autocensura durante el franquismo no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una reflexión sobre el poder del miedo para moldear sociedades enteras. La dictadura no solo encerró cuerpos; encerró palabras, ideas y conversaciones. Y esa forma de cárcel, precisamente por ser invisible, fue una de las más eficaces.
Vestir igual, pensar igual, callar igual
La obediencia como falsa igualdad en el franquismo
Suren Gasparyan
6-1-26
ElPlural
La dictadura confundió deliberadamente igualdad con uniformidad. Vestir igual, pensar igual, callar igual. Bajo Francisco Franco, la homogeneidad no era un efecto secundario del régimen, sino su objetivo. La diversidad no se entendía como riqueza, sino como peligro. Y la igualdad, reducida a obediencia colectiva, dejó de ser un derecho para convertirse en una obligación.
Ese desplazamiento no fue casual ni retórico. El franquismo nació de una guerra y se estructuró como un sistema obsesionado con eliminar cualquier forma de diferencia que pudiera convertirse en disidencia. La igualdad democrática —basada en derechos compartidos— era incompatible con un régimen que se sostenía sobre jerarquías rígidas: vencedores y vencidos, hombres y mujeres, fieles y sospechosos, patriotas y “antiespañoles”. En ese contexto, hablar de igualdad solo tenía sentido si se vaciaba de contenido político.
La solución fue sustituirla por obediencia. Todos iguales no ante la ley, sino ante la autoridad. Todos sometidos al mismo discurso, a los mismos símbolos, a los mismos rituales. La igualdad ya no significaba tener los mismos derechos, sino cumplir las mismas normas sin cuestionarlas. La diferencia —ideológica, cultural, sexual o social— dejó de ser una expresión legítima de pluralidad para convertirse en una anomalía a corregir.
La escuela fue uno de los principales laboratorios de esa falsa igualdad. Desde la infancia, se enseñó a aceptar el orden como algo natural. Los libros de texto transmitían una visión jerárquica del mundo, donde cada cual tenía un lugar asignado y salirse de él equivalía al caos. Niños y niñas aprendían no solo materias distintas, sino expectativas vitales opuestas. No se trataba de ofrecer las mismas oportunidades, sino de formar sujetos obedientes, previsibles y adaptados al papel que el régimen les había reservado.
La uniformidad también se impuso en el espacio público. La censura no solo eliminaba opiniones contrarias al régimen, sino cualquier matiz que rompiera la sensación de unanimidad. La prensa, la radio y el NO-DO no informaban sobre una sociedad plural, sino que proyectaban una imagen monolítica del país. Una España sin conflicto, sin discrepancia y sin desigualdad visible. La obediencia colectiva se presentaba como consenso nacional.
En ese marco, la ley tampoco funcionaba como garantía de igualdad. Lejos de ser universal, se aplicaba de forma selectiva. La pertenencia política, los antecedentes familiares o la moral privada determinaban el trato del Estado. Los tribunales especiales, las depuraciones profesionales y los expedientes ideológicos crearon un sistema en el que no todos eran iguales ante la justicia, pero todos debían mostrarse igual de sumisos. La igualdad no protegía: vigilaba.
La situación de las mujeres ilustra con especial claridad esta lógica. El franquismo no ocultó su rechazo frontal a la igualdad de género. La desigualdad estaba escrita en las leyes y justificada por el discurso moral y religioso. Las mujeres eran legalmente dependientes, socialmente tuteladas y políticamente invisibles. Pero incluso ahí operaba la falsa igualdad del régimen: todas debían aspirar al mismo modelo de feminidad, obediente, doméstico y sacrificado. La uniformidad femenina era una pieza clave del orden social.
También en el ámbito laboral y social, la igualdad fue sustituida por una retórica de armonía que ocultaba desigualdades profundas. El régimen negaba el conflicto de clase y criminalizaba cualquier intento de organización colectiva. Obreros y empresarios aparecían unidos bajo el mismo proyecto nacional, aunque sus condiciones materiales fueran radicalmente distintas. La obediencia al Estado se presentaba como punto de encuentro, mientras la desigualdad económica se normalizaba como algo inevitable.
Con el paso del tiempo, esa confusión entre igualdad y uniformidad dejó una huella duradera. Generaciones enteras crecieron sin experimentar la igualdad como derecho exigible. La idea de que todos debían adaptarse, callar y no destacar se interiorizó como norma social. Cuando llegó la democracia, el lenguaje de los derechos tuvo que abrirse paso sobre una cultura política acostumbrada a confundir orden con justicia y consenso con silencio.
Por eso, analizar la igualdad en el franquismo no consiste solo en señalar su ausencia, sino en entender su inversión. La dictadura no fue un sistema simplemente desigual, sino activamente antiigualitario. No solo negó derechos, sino que construyó un modelo alternativo en el que la obediencia ocupó el lugar de la igualdad. Un modelo que no desapareció de un día para otro y cuyos ecos todavía resuenan cuando la diversidad se percibe como amenaza o la igualdad como privilegio indebido.
Recordar ese mecanismo es clave para el presente. Porque la igualdad no se pierde solo cuando se recortan derechos, sino también cuando se vacía de significado. El franquismo enseñó que todos podían ser “iguales” siempre que nadie reclamara nada. Y esa es, quizá, una de sus herencias más profundas: la sospecha hacia la igualdad entendida no como uniformidad, sino como libertad compartida.
El Gobierno firma un plan antiabusos con la Iglesia para reparar a las víctimas de pederastia
El acuerdo supone la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado que además incluye la participación de las víctimas
Andrea Cabanillas
8-1-26
ElPlural
El Gobierno y la Iglesia católica han firmado un acuerdo histórico para poner en marcha un nuevo sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones religiosas. El pacto, suscrito por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y los máximos representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), supone un cambio profundo en la forma en que se gestionan estas reparaciones en España.
El acuerdo, que supone la creación de la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado y será sellado a lo largo de la mañana de este jueves, como avanza elDiario.es, llega tras meses de negociación y después de duras críticas al plan PRIVA, el mecanismo impulsado por la Iglesia en 2022, que dejaba todo el proceso en manos de la propia institución eclesiástica. Las asociaciones de víctimas denunciaron entonces la falta de transparencia, la lentitud, la revictimización y unas indemnizaciones que consideraban insuficientes. Con el nuevo modelo, el Estado pasa a desempeñar un papel central como garante del proceso.
El objetivo del pacto es dar respuesta a miles de víctimas cuyos casos no pueden resolverse ya por la vía penal o civil, en muchos casos por prescripción, pero que reclaman reconocimiento, reparación y una respuesta institucional tras décadas de silencio.
Un sistema mixto con supervisión pública
El eje principal del acuerdo es la creación de un sistema de reparación mixto, en el que participan tanto el Estado como la Iglesia, aunque con funciones claramente diferenciadas. La Iglesia asume la responsabilidad económica de las compensaciones, mientras que el Estado garantiza la supervisión y el control del procedimiento.
Las víctimas podrán iniciar el proceso a través de la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo, que se convierte en la puerta de entrada al sistema. Este organismo analizará los casos, escuchará a las víctimas y elaborará una propuesta de reparación basada en criterios objetivos y en las recomendaciones del informe del propio Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia.
Esa propuesta será trasladada a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
En caso de desacuerdo, se activará una comisión mixta en la que participarán representantes del Gobierno, de la Iglesia y de las asociaciones de víctimas. El objetivo de esta comisión es alcanzar una decisión consensuada. Si no fuera posible, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo tendrá la última palabra, actuando como árbitro independiente.
La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento. De este modo, se evita que las víctimas queden desprotegidas por falta de recursos o por conflictos internos dentro de la institución eclesiástica.
El pacto también contempla la posibilidad de revisar los casos ya tramitados por el plan PRIVA. Las víctimas que no estén conformes con la resolución o la cuantía recibida podrán solicitar que su caso sea reexaminado dentro del nuevo sistema.
Las indemnizaciones no quedan fijadas de manera cerrada, pero se moverán en horquillas similares a las ya existentes, que pueden ir desde varios miles hasta decenas de miles de euros, teniendo en cuenta la gravedad de los abusos, su duración, el impacto psicológico y las consecuencias personales sufridas por la víctima.
Un paso adelante, con retos pendientes
Desde el Gobierno se ha defendido el acuerdo como un paso imprescindible para saldar una deuda histórica. Félix Bolaños subrayó que el Estado no podía seguir al margen de una realidad que, según el informe del Defensor del Pueblo, habría afectado a más de 400.000 personas en España. El nuevo sistema, afirmó, busca una reparación no solo económica, sino también moral y simbólica.
Las asociaciones de víctimas han valorado positivamente que se rompa el control exclusivo de la Iglesia sobre el proceso y que se garantice la intervención de una autoridad independiente. No obstante, advierten de que el éxito del acuerdo dependerá de su aplicación práctica, de la agilidad en la resolución de los casos y del trato que reciban las víctimas durante el procedimiento.
Aunque el pacto no cierra el debate ni repara por sí solo décadas de sufrimiento, sí marca un antes y un después en la respuesta institucional a los abusos en el seno de la Iglesia católica. Por primera vez, el Estado asume un papel activo para garantizar que las víctimas sean escuchadas y reparadas con criterios de justicia y transparencia.
Con éste, ya son cuatro los que ha firmado el ministro Bolaños con la Iglesia en las últimas dos legislaturas: el pacto sobre inmatriculaciones de bienes (enero de 2022), el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (marzo de 2023), la resignificación el valle de Cuelgamuros (marzo de 2025) y, desde hoy, el de reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos.
El Cártel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
Estados Unidos deja vendida a la oposición española en su acusación contra Maduro
Roberto Ugena
8-1-26
ElPlural
La derecha española presume de ser una de las más genuflexas ante Estados Unidos del continente europeo. Desde el ámbito de la política, encarnada por el extremismo de Partido Popular (PP) y Vox; los medios de comunicación, con decenas de cabeceras interesadas en difundir las tesis trumpistas; y la judicatura, mediante querellas infames admitidas a trámite con la connivencia de los togados, la reacción ultra insiste en dar veracidad a los bulos difundidos por la administración estadounidense para justificar su agresión ilegal a Venezuela, pese a que el propio Gobierno de Donald Trump ha reconocido que todo es un montaje.
Que la única intención que ha llevado a Estados Unidos a bombardear y asesinar a civiles venezolanos y a secuestrar a Nicolás Maduro y Cilia Flores es el petróleo venezolano es una realidad que no era necesario ser muy listo para conocer. Sin embargo, esta tesis ya asumida por Trump parece endeble para justificar la vulneración del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas (ONU), razón que ha llevado a airear una supuesta red de narcotráfico, a través del inventado Cártel de los Soles, que se ha sumado a las habituales alusiones a la libertad y la democracia.
Vox ha sido el partido que más ha luchado porque se incluya, tanto en la Unión Europea (UE) como en España, el Cártel de los Soles en la lista de grupos terroristas. El PP no dudó en unirse rápidamente a la propuesta, señalando a los socialistas por no sumarse. “El PSOE ha vuelto a ponerse del lado equivocado de la historia […] No sorprende si tenemos en cuenta las estrechas relaciones del expresidente Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro”, pronunció sin titubear la eurodiputada y vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra.
Ahora que la Justicia y el Gobierno estadounidense han reconocido que el Cártel de los Soles no existe, sino que fue una inventiva que ha desaparecido del escrito de acusación de la Fiscalía de la potencia norteamericana contra Maduro y su mujer, PP y Vox no solo no se han retractado ni disculpado con todos aquellos a los que acusaron de connivencia con el narcotráfico, sino que insisten en una mentira que ya se ha derrumbado. Tampoco han retrocedido sus medios de comunicación afines, más trumpistas que Trump.
“Qué es el Cártel de los Soles: de dónde es, quién lo controla, por qué se llama así y su relación con Nicolás Maduro”, recogía OK Diario el sábado. “La dimensión millonaria del cártel de Los Soles: la red del narcoestado de Maduro y Cabello”, presentaba el domingo vozpopuli. “Washington vincula con España a uno de los cabecillas del llamado Cártel de los Soles”, insistía este miércoles El Confidencial, cuando la Casa Blanca ya había abandonado el bulo. “La captura de Maduro parece bastar al presidente norteamericano para decretar el desmantelamiento del llamado Cártel de los Soles”, persistía La Razón con la mentira ya desmontada.
La lista de cabeceras que compraron este marco es larga, pero la de medios que han retrocedido o rectificado sus informaciones, una vez destapada la farsa estadounidense, no tanto. Una línea de opinión sincronizada que, junto con el empuje política, preparan el terreno para la tercera línea estratégica: la judicial. Esta la comandan organizaciones ultras como Hazte Oír, que ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zaptatero por "colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro", pretendiendo imputarle los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La asociación ultraconservadora, financiada por grandes fortunas empresariales y aristocráticas y sectas católicas, es especialista en este tipo de trabajos, con los que acostumbra a acosar y hostigar a personalidades políticas y mediáticas de izquierdas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, son últimamente sus víctimas favoritas, a las que se suma ahora el expresidente Zapatero, al que ya persiguieron durante sus años de Gobierno. Y para que esto funcione necesita de jueces que, de vez en cuando, acepten alguna de sus delirantes querellas.
Un entramado interrelacionado en el que se requiere que todas las partes desempeñen su labor para trasladar una crisis internacional a la política nacional. Venezuela, un comodín habitual para la estructura derechista española, que en las últimas décadas solo se ha preocupado del país y de sus ciudadanos en la antesala de procesos electorales. Siempre en balde. La subida al carro trumpista, que ahora amenaza con embestir también a Groenlandia, puede salir caro a las formaciones políticas y sus terminales, que negarán la mayor si el monstruo al que han apoyado se revuelve contra España y Europa. O culparán a Sánchez.
miércoles, 7 de enero de 2026
Luis Quiñones
Hoy he visto a Juan Soto Ivars en la tele. Ahí estaba, con Iker Jiménez, fenómenos paranormales y otras zarandajas. Así es la vida y el aburrimiento de estos días posnavideños. Y tengo que decir que no he oído una concatenación más grande de mamarrachadas en mucho tiempo. El muchacho este, Juan, estaba dando una supuesta clase magistral para el docto público que ve Cuarto Milenio, entre el cual me encuentro.
El fulano este del flequillo, haciéndose el interesante, creyéndose a sí mismo en su papel de sabihondo, ha dado una muestra incomparable de falta de rigor y de cultura general. Sí, cultura general. Me explico:
1. Ha comparado a José Antonio con Lorca, como víctimas de la misma intolerancia. No es lo mismo, señor Soto. Lorca era un artista. José Antonio, un fascista. De él sabemos dónde está enterrado, de Lorca no. José Antonio apeló a la violencia para alcanzar el poder e implantar un régimen totalitario. Lorca, no. Comparar a ambos no solo es un ejercicio indigesto y malintencionado. Diría que es hasta de mal gusto. Repugnante.
2. El señor Soto tampoco sabia quién era Ricardo Zamora, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español. Y como no tiene ni idea de lo que habla, ha llegado a afirmar que le salvó la vida un escritor segundón cuando este estaba en una checa. Falso: a Zamora lo salvó la intercesión del anarquista Melchor Rodríguez, mientras estaba en la cárcel de Alcalá de Henares. Y la cárcel de Alcalá no era una checa.
3. El señor Soto ha afirmado, imagino que movido por su ignorancia, y por tanto sin mala intención, que Muñoz Seca estaba en una checa durante la guerra. Falso: estaba en la cárcel de San Antón, dependiente del Gobierno (como lo era la cárcel de Alcalá) cuando fue sacado y después fusilado en Paracuellos.
4. El señor Soto no sabía qué era la quinta columna. Y el término lo acuña el general Mola, en una de sus alocuciones radiofónicas, no Yagüe (como afirma un subtítulo que aparece en pantalla y como no ha sabido explicar el insgine intelectual invitado), refiriéndose a aquellos madrileños leales al movimiento nacional que defenderán el alzamiento desde dentro de Madrid de manera subrepticia.
Así las cosas. Cuando hasta el más tonto hace bolillos, la cultura, la cultura de verdad, es decir, saber cosas, se deja en manos de titiriteros de la palabra, en manos de vendedores de humo y de mequetrefes salidos de no se sabe dónde, que convierten el conocimiento en palabrería barata. El opinólogo que va a programas matinales ha pretendido ser culto por la noche y le ha aflorado el anarrosismo, que no es tener el nivel de un colaborador del programa de Ana Rosa, sino tirarte pedos y pensar que lo que sale de tu ano son rosas de Damasco.
