lunes, 23 de febrero de 2026
Pablo Iglesias analiza las claves de la desclasificación de los documentos del 23F: "Hubo un error de cálculo..."
El analista político lanzaba la siguiente pregunta: "¿Por qué un Estado decide hacer una ley para no contarle determinadas cosas a la ciudadanía?"
Andrea Cabanillas
23-2-26
ElPlural
Justo cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado de Estado del 23 de febrero, el Gobierno de España anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes, 24 de febrero, la desclasificación de los documentos relacionados con el levantamiento militar, saldando así "una deuda histórica con la ciudadanía". Antes de que se produzca, Pablo Iglesias ha analizado algunas claves desde la ondas de Radio Nacional de España (RNE).
El ex de Podemos recordaba cuando, en 2011, entrevistó a Santiago Carrillo y le preguntó, con respecto al 23F, "si Ramón Tamames sabía y dijo sí". Entonces, Iglesias aseguraba que el "problema de las leyes de secretos es que los secretos son por algo": "Es decir, ¿por qué un Estado decide hacer una ley para no contarle determinadas cosas a la ciudadanía?". "Básicamente porque si esas cosas se contaran habría sectores muy importantes del poder que serían cuestionados. El propio relato de la democracia en España sería cuestionado si hay determinadas cosas que se saben. Que en realidad se saben porque para un historiador profesional hay cosas que son fáciles de deducir", respondía él mismo.
Iglesias recordaba que el "relato oficial" dice que "unos militares muy malos querían dar un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y vino un rey demócrata, que habló con su familia, se dio un abrazo con ellos y salió a salvarnos a todos": "Para cualquier historiador profesional es una gilipollez como un piano", atizaba. "Todo el mundo sabe que la figura política principal que quería destruir a Adolfo Suárez, otra figura que ha sido cuestionada hace poco por una denuncia gravísima de una agresión sexual que ha sido inexplicablemente archivada, era Juan Carlos I. Y resultaba inverosimil que una figura como Armada, que había sido el preceptor del rey y una figura del poder vinculada a la monarquía, no jugara sus cartas en esa partida", proseguía el de Canal Red.
El analista política afirmaba que el 23F "fue un movimiento desde dentro del poder en el que, seguramente, hubo un error de cálculo al enviar a un ultra como Tejero a hacerse con el Congreso pensando que eso iba a ser el 18 de julio, cuando en realidad era un movimiento dirigido a hacer un Gobierno de concentración con figuras del PSOE, incluso eventualmente con Tamames, que estaba dirigido a un objetivo que además se logró, que era detener el proceso autonómico en un punto muy determinado y recordar quién mandaba en España".
De nuevo, Iglesias insistía en que el "problema" de los secretos es que "están para que no se cuestionen una serie de relatos oficiales de nuestra historia que se han repetido hasta la saciedad". "Ojalá esto vaya más allá de una medida de cosmética y sirva para entender que los relatos que se han hecho sobre nuestra historia democrática tienen más de propaganda que de rigor histórico", decía, sobre la desclasificación de este martes.
El invitado aseguraba que los "relatos oficiales que se han hecho sobre nuestra historia política son básicamente mentira y es algo que conviene decir": "No se han contado muchas cosas sobre el funcionamiento real de nuestro poder. El marketing histórico que hubo en nuestro país con respecto a la monarquía, toda una estructura cultural que se viene abajo cuando conocemos quién es Juan Carlos I, y asistimos a otra operación que consiste en matar a Juan Carlos I para revivir a Felipe VI y tratar de disociar al uno del otro nos habla de muchas claves de la historia de nuestro país que hay que conocer".
El cruel Patronato de Protección a la Mujer, organismo franquista encargado del adoctrinamiento moral de las mujeres caídas
Carmen Guillén rescata del silencio la institución que encerró a miles de mujeres sin juicio como una maquinaria silenciosa al servicio de la moral oficial
Juan Luis Valenzuela
23-2-26
ElPlural
Durante décadas, el Patronato de Protección a la Mujer fue una maquinaria silenciosa al servicio de la moral oficial del régimen. Creado en 1941 y activo hasta bien entrada la democracia, este organismo franquista se convirtió en uno de los dispositivos más longevos —y menos conocidos— de control y represión sobre las mujeres en la España del siglo XX.
El nuevo libro de Carmen Guillén, doctora en Historia Contemporánea y autora de la primera tesis doctoral dedicada íntegramente a esta institución, arroja luz sobre una realidad que durante años permaneció oculta tras el lenguaje de la caridad y la redención. Bajo los principios de “trabajo y oración” como vías de expiación, y “disciplina y castigo” como método de adoctrinamiento, el Patronato articuló un sistema que permitió el internamiento de miles de mujeres sin necesidad de delito ni juicio previo. Bastaba una etiqueta: “inmoral”.
La autora, esta obra publicada por Editorial Crítica (Planeta), reconstruye con rigor documental cómo Iglesia y Estado confluyeron en un proyecto común de vigilancia del cuerpo y la conducta femenina. Jóvenes consideradas “descarriadas”, chicas que “suspiraban demasiado por los hombres”, menores embarazadas, víctimas de abusos o simplemente mujeres que no encajaban en el ideal nacionalcatólico fueron enviadas a centros donde el silencio era norma y el castigo, cotidiano.
El libro no se limita al análisis institucional. Su mayor fuerza reside en la incorporación de testimonios directos que revelan la dimensión humana del drama. Las páginas recogen relatos de castigos físicos extremos, humillaciones, trabajos forzados y amenazas constantes. Una de las supervivientes recuerda: “El silencio es lo que me marcó más. Hay varias capas de silencio como el que había en los centros, el silencio propio, el silencio de mi casa y el que ha habido en general sobre el tema”. Ese silencio —apunta Guillén— no fue solo una consecuencia, sino también una herramienta de poder.
Especialmente revelador resulta el análisis del concepto de “inmoralidad”, convertido en categoría jurídica difusa que legitimaba la denuncia, el ingreso y la duración del encierro. No hacían falta pruebas ni hechos comprobables: el juicio moral bastaba para privar de libertad a una joven. La autora demuestra que el Patronato fue una pieza clave en la arquitectura política del franquismo, destinada a modelar el comportamiento femenino y reforzar un orden social profundamente patriarcal.
Se aborda el tema desde la investigación académica y la vocación divulgativa
Carmen Guillén, profesora en la Facultad de Medicina de Albacete (UCLM) y especialista en historia de la medicina y de la sexualidad, aborda el tema con un enfoque que combina investigación académica y vocación divulgativa. Su trabajo, reconocido en 2021 con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en materia de violencia de género, aporta no solo datos inéditos, sino también una reflexión sobre la memoria colectiva y las deudas pendientes con las víctimas.
Este libro no es únicamente una reconstrucción histórica: es una invitación a escuchar lo que durante décadas fue acallado. Al rescatar las voces de quienes padecieron el Patronato, la obra interpela al presente y recuerda que el control sobre el cuerpo de las mujeres fue política de Estado. Y que asumir ese pasado es condición necesaria para que no vuelva a repetirse.
Coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo desclasificará los documentos oficiales relacionados con el 23-F.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el jefe del Ejecutivo ha afirmado: “La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Aunque no ha querido aclarar de qué se trata.
Según fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero, que irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en 1981.
Rubén
Fernández
El Gobierno desclasifica todos los documentos del 23-F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía"
El paso dado por el Gobierno abre la puerta a un mayor conocimiento sobre uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España
S. Gasparyan
23-2-26
ElPlural
El Consejo de Ministros aprobará mañana martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23-F, una decisión que el Ejecutivo enmarca como el cumplimiento de una deuda histórica con la ciudadanía y con la memoria democrática del país.
Según fuentes gubernamentales, la medida se hará efectiva el próximo miércoles 25 mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento, toda la documentación estará disponible para su consulta pública a través de la página web oficial de La Moncloa, facilitando el acceso a investigadores, periodistas y cualquier persona interesada.
El paso dado por el Gobierno abre la puerta a un mayor conocimiento sobre uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, manteniendo retenidos a los parlamentarios durante horas en un intento de frenar el proceso democrático iniciado tras la muerte de Francisco Franco.
La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecerá mañana todos los detalles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Está previsto que explique el alcance exacto de la desclasificación, el volumen de documentos afectados y los criterios aplicados para su puesta a disposición pública.
Con esta decisión, el Ejecutivo da un paso más en su política de transparencia y memoria democrática, en un momento en que el debate sobre el acceso a archivos oficiales y la revisión crítica del pasado reciente sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.
Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como "alto secreto"; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.
El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.
En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como "alto secreto"; a los 35 años para los clasificados como "secreto"; entre 7 y 9 años para la información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la información "restringida". Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
domingo, 22 de febrero de 2026
El juez Castro destroza al rey emérito y las “falsedades objetivas” que cuenta en sus memorias: “¿Se ha documentado?”
El instructor del caso Nóos acusa a Juan Carlos I de deslizar una imputación de prevaricación sin y rebate punto por punto su versión sobre la infanta Cristina y Urdangarin
ElPlural
22-2-26
El que fuera juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha respondido con contundencia a las memorias publicadas por el rey emérito, Juan Carlos I, bajo el título Reconciliación. En el programa laSexta Xplica, el magistrado ha asegurado que el libro recoge “falsedades objetivas” sobre el proceso judicial que afectó a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.
“Cuando alguien lee un libro tiende a dar por bueno, por veraz, todo lo que diga”, ha comenzado señalando Castro, advirtiendo de que el lector presupone - “en este caso mal supuesto” - que el autor se ha documentado antes de escribir. A su juicio, eso no ha ocurrido. “El libro del señor emérito narra una serie de falsedades objetivas”, ha insistido.
El magistrado ha ido un paso más allá y ha acusado al exjefe del Estado de deslizar una imputación muy grave contra él. Según ha explicado, Juan Carlos I lo define en sus memorias de una forma que encajaría con el delito de prevaricación, aunque sin utilizar la palabra. “Es lo peor que se le puede llamar a un juez”, ha dicho, visiblemente molesto.
Castro ha reconocido que se ha planteado distintas opciones tras
leer el libro: desde responder en los
mismos términos hasta interponer
una querella por calumnia. Sin embargo, ha descartado acudir
al Tribunal Supremo porque, a su entender, “está para otras cosas”
y no merece la pena “perder el tiempo y el dinero”.
Por ello, ha optado por enumerar públicamente lo que considera
inexactitudes.
Las “falsedades objetivas” que señala Castro
En primer lugar, el juez ha cuestionado la afirmación de que la infanta Cristina fue declarada inocente. “Sí, si entendemos que fue absuelta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales del marido”, ha concedido, pero ha subrayado que el emérito omite que fue condenada como partícipe a título lucrativo. Es decir, que se benefició del dinero ilícitamente obtenido por su esposo.
También ha negado que el Tribunal Supremo avalara esa supuesta inocencia. “Eso es totalmente falso”, ha afirmado, recordando que el caso de la infanta no llegó al alto tribunal.
En cuanto a Urdangarin, Castro ha rechazado la tesis de que fuera condenado simplemente por firmar sin reflexionar lo que le presentaba su socio, Diego Torres. “Por firmar con alegría no te caen cerca de seis años de prisión”, ha zanjado.
Otro de los puntos que ha rebatido es la supuesta imposibilidad de que Urdangarin contratara a un abogado de prestigio por tener su patrimonio embargado. Según el magistrado, cuando fichó a Mario Pascual Vives “tenía la plena disponibilidad de todo su patrimonio” y las medidas cautelares patrimoniales llegaron casi un año después. Incluso ha añadido que, de haber querido cambiar de letrado tras el embargo, él mismo habría autorizado la liberación de fondos, como hizo en otros casos.
“Hasta donde yo sé”, ha explicado, el exduque de Palma acudió a un despacho de reconocido prestigio y le exigieron poner sobre la mesa “dos o tres millones de euros”. Según ha relatado, no como simple provisión de fondos, sino con otro objetivo que, de haberse producido en una fase temprana del procedimiento, podría haber influido en el devenir del caso.
Por último, Castro ha respondido a la acusación de que imputó deliberadamente a la infanta para ganar notoriedad. Ha recordado que Cristina de Borbón era socia al 50% con su marido de la entidad Aizoon y que fue la propia Agencia Tributaria la que calificó la sociedad como “una auténtica máquina defraudadora”. “Yo le voy a contar quién es su hija”, ha dicho dirigiéndose al emérito, defendiendo que su actuación se basó en los indicios existentes y no en intereses personales.
El trasfondo del caso Nóos
El caso Nóos, abierto en 2010, supuso un hito judicial al sentar por primera vez en el banquillo a un miembro de la Familia Real. La investigación desembocó en la condena de Iñaki Urdangarin y en la declaración de la infanta Cristina como acusada, un episodio que marcó un antes y un después en la percepción pública de la Corona.
Las memorias de Juan Carlos I, publicadas en diciembre de 2025, reabren ahora aquel capítulo desde la perspectiva del exmonarca.
LO
QUE ESTÁ PASANDO EN ESPAÑA NO ES SOLO UNA PROTESTA, ES UNA LLAMADA
DE ATENCIÓN
En distintas ciudades de España, miles de médicos y profesionales de la salud han salido a las calles para alzar la voz. No lo hacen por intereses personales ni por confrontación, lo hacen por algo mucho más grande: la defensa de una sanidad pública digna, fuerte y sostenible.
Los doctores alertan sobre la sobrecarga laboral, la falta de recursos, la escasez de personal y unas condiciones que, con el tiempo, ponen en riesgo la calidad de la atención médica. Cuando un sistema sanitario se debilita, no solo se resiente el profesional, se resiente toda la sociedad.
LOS
MÉDICOS SON UN PILAR DE LA SALUD MUNDIAL
La experiencia de España refleja una realidad que se repite en muchos países:
• Médicos agotados
• Hospitales saturados
• Menos tiempo por paciente
• Mayor presión asistencial
Cuidar a quienes nos cuidan es una responsabilidad colectiva. Los médicos son un factor esencial para la salud mundial, para la prevención de enfermedades, para la atención en emergencias y para garantizar una vida digna a millones de personas.
APOYAR
A LOS MÉDICOS ES DEFENDER NUESTRO FUTURO
Defender la sanidad pública no es ideología, es sentido común.
Sin médicos no hay salud.
Sin salud no hay trabajo, educación ni bienestar.
Hoy más que nunca, el mensaje es claro: escuchar a los profesionales de la salud es proteger a toda la sociedad.
Apoyemos
a quienes están en primera línea cada día.
Porque la sanidad no es un gasto, es una inversión en vida.
España suma más empleo, baja la inflación y marca récord económico frente a los bulos de Feijóo y Abascal
La economía española creció un 2,8%, el doble que la media de la eurozona, consolidándose como el principal motor de crecimiento entre las grandes economías avanzadas
Miguel Angel Hernandez Diaz
21-2-26
ElPlural
Mientras Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal insisten en que España se encamina hacia el desastre económico, los datos oficiales dibujan una realidad radicalmente distinta. España ha superado por primera vez en su historia los 2 billones de dólares de Producto Interior Bruto (PIB), un hito que sitúa al país en la élite de las grandes economías mundiales y que desmonta, cifra a cifra, los bulos económicos difundidos por la oposición.
El cierre de 2025 confirma esa fortaleza. La economía española creció un 2,8%, el doble que la media de la eurozona, consolidándose como el principal motor de crecimiento entre las grandes economías avanzadas. Lejos del estancamiento que algunos auguraban, el PIB aceleró hasta un 0,8% en el último trimestre del año, dos décimas más que en el trimestre anterior, mostrando una inercia positiva que anticipa un sólido arranque de 2026.
A este dinamismo se suma otro dato clave: la moderación de la inflación. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en enero de 2026 en el 2,4%, cinco décimas menos que en diciembre. Se trata del mayor descenso mensual desde marzo de 2025 y consolida la senda de estabilidad de precios en línea con los objetivos del Banco Central Europeo. En un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y desaceleración en otras economías europeas, España no solo resiste, sino que lidera.
El Fondo Monetario Internacional ha confirmado esta tendencia. Según sus últimas estimaciones, España alcanza ya los 2,04 billones de dólares de PIB al inicio de 2026, duplicando el tamaño de su economía en apenas dos décadas. En 2003, el PIB español apenas superaba el billón de dólares. Hoy, el país se sitúa como la duodécima economía del mundo y consolida su posición como cuarta economía de la eurozona.
Medido en euros, el PIB alcanza los 1,6 billones, con un crecimiento del 5,7% a precios corrientes respecto a 2024. No se trata solo de una cifra simbólica. Superar los 2 billones de dólares implica mayor peso internacional, más capacidad de atracción de inversión y una mejora estructural de la competitividad. Es también un indicador de estabilidad macroeconómica que contrasta con el relato de crisis permanente que defienden Feijóo y Abascal.
Las previsiones para los próximos años refuerzan esta perspectiva. El FMI estima un crecimiento del 2,3% para 2026 y del 1,9% para 2027, situando nuevamente a España por encima de sus principales socios europeos. Además, el PIB per cápita supera ya los 40.000 dólares, reduciendo progresivamente la brecha con las economías más avanzadas y consolidando la mejora del bienestar medio.
El empleo es uno de los pilares fundamentales de esta evolución. En 2025, la mitad de todo el empleo creado en la eurozona se generó en España. La tasa de paro descendió por debajo del 10% por primera vez desde 2008, un umbral simbólico tras más de una década marcada por las consecuencias de la crisis financiera. No solo se crea empleo, sino que se hace con mayor estabilidad y calidad, como reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa. La reforma laboral ha contribuido a reducir la temporalidad y a fortalecer la contratación indefinida.
Este comportamiento del mercado laboral tiene un efecto directo sobre las familias. El consumo de los hogares creció un 3,4% en 2025, impulsado por la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo. Las familias ganaron un 1,5% de capacidad de compra gracias a incrementos salariales por encima de la inflación y a la moderación de los precios. Frente a los mensajes de empobrecimiento generalizado, los indicadores muestran una mejora tangible en la economía cotidiana.
La inversión también refleja confianza en el futuro. En 2025 creció un 6,3%, la tasa más elevada desde 2018. Destaca especialmente la inversión en bienes de equipo, con un aumento del 9%, así como la inversión en construcción, que avanzó un 5,2%. Estos datos apuntan a expectativas empresariales positivas y a una apuesta por ampliar capacidad productiva y modernizar infraestructuras.
El crecimiento ha sido además equilibrado entre sectores. La construcción lideró el avance con un 5,6%, seguida de los servicios (+3,2%), la industria (+2,3%) y la agricultura (+0,5%). Esta diversificación reduce vulnerabilidades y fortalece la resiliencia frente a posibles shocks externos. La demanda interna aportó 3,6 puntos al crecimiento del PIB, compensando el impacto negativo del sector exterior en un año marcado por tensiones comerciales globales.
Especialmente relevante es la aceleración registrada en la recta final del año. El avance del 0,8% en el cuarto trimestre no solo fue el más elevado de 2025, sino que deja una inercia de crecimiento cercana al 1,1% para el inicio de 2026. Este dinamismo confirma que la economía española mantiene un ritmo sólido incluso en un entorno internacional menos favorable.
Parte de este desempeño se explica por la transformación estructural impulsada en los últimos años. Los fondos europeos Next Generation han actuado como catalizador de inversión en digitalización, transición energética e innovación. España ha incorporado nuevos motores de crecimiento vinculados a la inteligencia artificial, la modernización industrial, la sostenibilidad y la mejora de la productividad en sectores estratégicos como la logística, la energía o los servicios avanzados.
Informes internacionales sitúan a España entre las economías que mejor han integrado la innovación en su modelo productivo. No se trata de depender exclusivamente de grandes gigantes tecnológicos, sino de una digitalización transversal que alcanza a pequeñas y medianas empresas, administración pública y tejido industrial. Esta modernización contribuye a elevar el potencial de crecimiento a medio plazo.
En este contexto, el contraste entre los datos oficiales y el discurso catastrofista resulta evidente. Mientras Feijóo y Abascal alertan de un supuesto colapso económico, el país supera los 2 billones de PIB, lidera el crecimiento en Europa, reduce el desempleo, modera la inflación y aumenta la inversión. Los datos del INE, el FMI y otros organismos internacionales coinciden en señalar una etapa de expansión sostenida.
España encara retos importantes, desde la consolidación fiscal hasta la mejora de la productividad a largo plazo. Pero la fotografía actual dista mucho del escenario de crisis permanente que describen algunos dirigentes políticos. El avance del PIB, la mejora del empleo y la estabilidad de precios dibujan una economía que gana peso internacional y refuerza su posición en Europa.
Superar los 2 billones de dólares de PIB no es solo una cifra redonda. Es la constatación de un cambio de escala económica y de una trayectoria de crecimiento sostenido en un entorno complejo. En un momento en que otras grandes economías europeas muestran síntomas de estancamiento, España encabeza la expansión y consolida su recuperación estructural.
En definitiva, la economía española atraviesa una fase de crecimiento robusto y diversificado. Las cifras oficiales no avalan el relato de declive, sino que apuntan a liderazgo, estabilidad y transformación. España supera los 2 billones de PIB y los principales indicadores macroeconómicos desmontan, uno tras otro, los bulos económicos de Feijóo y Abascal.
¿Quién tiene las competencias en Sanidad?: el Estado legisla y la comunidad autónoma contrata, previene y financia
En mitad de la huelga convocada por los médicos del país, ¿cuáles son las competencias que deben asumir los gobiernos autonómicos en Sanidad?
Lirios Arques
22-2-26
ElPlural
En las últimas semanas los profesionales sanitarios del país han alzado la voz ante lo que consideran un Estatuto Marco que queda lejos de las necesidades reales del sector, lo que ha llevado a una semana de huelga médica y a exigencias de un texto propio que reconozca las singularidades de estos profesionales. Un complicado escenario que sufren los profesionales sanitarios y que ha protagonizado también los reproches del Partido Popular (PP) hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien exigen que dimitan.
Sin embargo, lejos de las quejas que llevan entonando durante este semana médicos y facultativos y las acusaciones en cascada de los populares, conviene destacar en este punto que en materia de Sanidad las competencias no las asume por completo el Estado. Volviendo atrás en el tiempo hasta la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, de estos se desprende que las competencias en sanidad se distribuyen entre el Estado y las comunidades autónomas, aunque la mayor parte de estas recaen sobre cada uno de los Ejecutivos regionales.
Con este telón, en lo que concierne al Estado, este debe asumir la legislación básica, es decir, todo aquello relacionado con el establecimiento de leyes y regulaciones que velan por la coordinación entre las diferentes autonomías. En línea con ello, el Estado también debe trabajar por coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de garantizar la cohesión entre los diferentes servicios sanitarios que se extienden por todo el país. Entre otras cosas, ante escenarios extremos que pongan en riesgo la salud en el conjunto del país, como una emergencia o crisis sanitaria -como fue el caso de la pandemia de Covid-19- es también el Estado el encargado de aplicar las medidas necesarias y responder ante ello.
En este mismo orden de cosas, entre otras competencias que pertenecen al órgano estatal se encuentra la regulación y financiación de medicamentos y productos sanitarios; así como velar por la seguridad sanitarias internacional que comprende la vigilancia de enfermedades infecciosas y los acuerdos internacionales en esta materia.
Sin embargo, al margen de todo ello, los Gobiernos de cada comunidad autónoma también son responsables de la gestión de diferentes aspectos. En esta línea, a los Ejecutivos autonómicos les compete la gestión de los hospitales y los centros de salud de su territorio, lo que supone también la contratación de personal, la gestión de las infraestructuras y la prestación de los servicios asistenciales.
Asimismo, en términos de financiación, también son las comunidades autónomas quienes deben hacerse responsables de sus sistemas sanitarios a través de las transferencias del Estado y de sus propios recursos. Además de ello, la planificación y gestión de sus sistemas de salud con los correspondientes programas de prevención, promoción de salud, vacunación y atención primaria también le compete a cada gobierno regional.
Es decir, el Estado es el encargado de legislar y coordinar y las autonomías son las responsables de prestar servicios sanitarios y políticas de salud en sus territorios.
Los salarios y las jornadas, competencia autonómica
A razón de todo ello y fruto de las réplicas que se han vertido desde el ala popular a la cartera de Mónica García, la ministra se ha visto forzada a responder en los últimos días recordando, precisamente, que las autonomías también son responsables de este escenario. Entre las voces más críticas ha destacado la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien exigía a la ministra a "sentarse a negociar". "Pedimos un esfuerzo decidido para evitar el conflicto y que afecta a nuestra sanidad”, señaló el presidente de la Junta.
Pero la ministra contestaba rápidamente a Moreno Bonilla recordándole el escenario en el que se encuentra la sanidad en su territorio y las competencias que le corresponden. Así, la ministra le recordaba que se ha reunido “en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos”, a la vez que señaló que con el Estatuto Marco se eliminaron “las guardias de 24 horas” y se mejoraron las condiciones laborales “tras 23 años”. “Los salarios, las plantillas y jornadas los decide usted. Dependen de la comunidad autónoma. 500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones, muchos tienen más de 1.800 pacientes asignados”, recordó la titular del ramo.
Con todo ello, la ministra de Sanidad subrayó que, detrás de este marco, más de 500 millones de euros se han repartido desde la Consejería de Salud a “empresas privadas”, mientras que “otros tantos millones en vez de subir salarios y contratar profesionales, se van a bonificar los impuestos a los ricos”.“La mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza. Pero no eche balones fuera ni oculte sus prioridades”, zanjaba la ministra.
Abascal deja claro que ni sus más cercanos le discuten: ni Ortega Smith, ni Olona, ni Espinosa de los Monteros
El cese de Ortega Smith, el último de los fundadores, confirma la 'bunkerización' de Abascal como líder
Jaime fernandez
22-2-26
ElPlural
El cierre del nucleo de Vox en torno a la figura del líder, Santiago Abascal, se ha consumado esta semana con el cese de uno de los nombres más importantes en la historia del partido ultra. Javier Ortega Smith, que participó en la fundación de Vox y ha sido una de las personas más cercanas a Abascal, fue primero despojado de todos sus cargos en la Ejecutiva nacional, para ser después expulsado definitivamente del partido este miércoles. El cese, amparado por Vox en un "desacato" del hasta entonces portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, consuma una dinámica de limpia de cualquier voz mínimamente discordante con Abascal, que se ha ido cobrando víctimas con el paso de los años.
Ortega Smith es el último de los pesos pesados de Vox en caer. De aquel grupo que encumbró a Santiago Abascal como esperanza de la ultraderecha ya solo queda el propio líder, que ha purgado hasta a sus más cercanos en el ámbito personal. No era un secreto que la relación entre ambos se había roto con el paso de los años. Los tiempos en los que Ortega Smith -según El Confidencial- apadrinó a las hijas de Abascal pasaron a la historia cuando el ahora cesado empezó a criticar ciertas dinámicas de la directiva del partido.
Aquello de que Vox no puede convertirse en "una agencia de colocación de amigos", sus elogios a otros purgados como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros, o críticas a la gestión económica del partido. El que fuera vicepresidente y secretario general de los ultras no ha ocultado su disconformidad con las decisiones de Abascal. Otros nombres que abandonaron Vox por el mismo motivo apuntan a ElPlural.com que las "tiranteces" entre Ortega Smith y la cúpula de Vox fueron lo que le llevó a ser sustituido por Ignacio Garriga, que ocupa ahora sendos cargos.
"Javier era bastante crítico internamente", cuentan. Ortega Smith ha ido cayendo en el ostracismo gradualmente en los últimos años, desde que empezó a ir a contracorriente de la cúpula de Vox: "Entiendo que lo fueron apartando de tal forma que llegara un momento que pudieran echarlo si era necesario, o esperando que se marchase él más bien", explica esta fuente.
Abascal saca pecho: "No temo a nada ni nadie"
El partido de Abascal ha visto llegar esta oportunidad con la negativa de Ortega Smith a ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. La dirección del partido ultraderechista decidió este miércoles apartarle de forma cautelar, al considerar que “desacató" las órdenes que el alto mando aprobó el pasado 12 de febrero. Este jueves, Santiago Abascal valoraba su movimiento como una forma de reafirmar su liderazgo: "No temo a nada ni nadie", dijo el presidente de Vox, que añadió que la cúpula del partido es la que "manda".
Y no es, ni mucho menos, la primera vez que lo deja claro. Ortega Smith solo es el último de una lista de nombres que han ido cayendo en los últimos años por discutir a Abascal. La fuente consultada por este medio sitúa el inicio de la ruptura de relaciones entre ambos en "la época de Macarena Olona", otra de los pesos pesados purgados por discutir su hegemonía como líder. Olona, que llegó a ser candidata de Vox en Andalucía y secretaria general de su grupo parlamentario en el Congreso, pero abandonó el partido en 2022.
La ruptura de Olona con Vox se fraguó a partir de las elecciones andaluzas de ese año, en las que la mayoría del PP de Juanma Moreno Bonilla impidió al partido ultra ser decisivo para formar Gobierno. Unos días después, Olona se retiró de la vida política por "motivos de salud", y cuando trató de regresar a los meses, ya no se lo permitieron. Fue entonces cuando Olona empezó a renegar de Vox, asegurando que sus posiciones sobre temas como la homosexualidad son "demasiado ultras", y criticando "la autocracia de Abascal".
Olona inició en 2022 la desbandada del núcleo de Vox
El movimiento de Olona, que contó a ElPlural.com el que llegó a ser acosada y amenazada en redes sociales por un sector del partido, fue el detonante de la desbandada de miembros del núcleo duro de Vox. Figuras del búnker de Abascal que, por criticar decisiones del partido, terminaban cayendo en desgracia, como les ocurrió a Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.
Ambos formaban parte del bando más liberal del partido, que inició una guerra de poder con el sector más ultra. En el caso del primero, llegó a ser secretario general de Vox, mano derecha de Abascal, y su portavoz en el Congreso. Espinosa de los Monteros alegó motivos personales para abandonar la política, pero sus choques con el bunker de Abascal, que encabezaba el entonces vicepresidente Jorge Buxadé.
Rocío Monasterio fue la presidenta de Vox en Madrid hasta octubre de 2024, cuando fue cesada, en teoría, porque su mandato había expirado. La realidad es que la dirección del partido llevaba tiempo buscando la manera de apartarla. En las elecciones autonómicas del año anterior, Abascal apenas la apoyó en su campaña, y desde Bambú le impusieron varios nombres en las listas.
A la salida en cascada de miembros del nucleo duro de Abascal en la fundación de Vox hay que sumar las de Carla Toscano, que abandonó su escaño en 2024; Víctor Sánchez del Real, muy próximo a Espinosa de los Monteros y Monasterio y que se fue tras las elecciones de 2023; o José Luis Ruiz Bartolomé, también del entorno de Monasterio y que renunció en enero de 2024.
viernes, 20 de febrero de 2026
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