2025, el año en el que la derecha activó todas sus palancas para asaltar el poder: medios, curas y toga
La maquinaria ha funcionado a pleno rendimiento este año, con muchos frentes abiertos y un objetivo común
R.B.
28-12-25
ElPlural
Medios, curas y toga. Han sido las tres vías por las que la derecha ha intentado desgastar al Gobierno de coalición y acelerar la recuperación de un poder político en manos del progresismo desde 2018. La publicidad institucional a medios afines, la actividad judicial bajo términos dudosos y hasta la entrada en escena del Clero han sido las bazas que se han jugado desde el conservadurismo para mellar a un Ejecutivo que, no tanto por estas presiones sino por otros reveses parlamentarios e internos, aqueja actualmente una difícil situación que pone en entredicho la gobernabilidad y abre el debate para un posible adelanto electoral en 2026. Pero todo suma, claro, y tampoco puede negarse el efecto político, mediático y social que estas artimañas han tenido sobre el gabinete que lidera Pedro Sánchez.
La vía mediática
En primer lugar, la publicidad institucional. Son muchos los medios escorados a la derecha que reciben cientos de miles de euros de las administraciones que rige el Partido Popular, como The Objective, Estado de Alarma (EDATV) o el grupo Libertad Digital de Federico Jiménez Losantos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid destina en campañas publicitarias una gran cantidad de dinero a The Objective, concretamente 93.170 euros en 2023 (se desconoce la de 2024), una cantidad muy superior a la percibida por periódicos con mayor audiencia. Este mismo medio publicó, el 7 de abril del pasado curso, un bulo incluido en la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez que aceptó el juez Peinado, en el que aseguraba que la mujer del presidente ocultaba una subvención, pero que resultó que correspondía a otra María Begoña Gómez Fernández (apellidos comunes) y la justicia obligó a rectificar. Las vías judicial y mediática se entrelazan constantemente.
Por otro lado, también se hizo público, por medio de El Salto, que el PP pagó 680.000 euros de dinero público a EDATV, el canal que catapultó a la fama a Vito Quiles Javier Negre y Bertrand Ndongo. En concreto, 172 contratos públicos entre 2021 y 2022, con entidades dependientes de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo, la Junta de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco y la Diputación de Almería del recién detenido por corrupción Javier Aureliano García. Cuatro feudos del Partido Popular alineados para financiar con dinero público una web de noticias y un canal de Youtube de extrema derecha sin apenas visitas ni repercusión en aquel momento.
Este verano, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de la Gobernanza Democrática de los Servicios Digitales y de Ordenación de los Medios de Comunicación, norma con la que el Gobierno de coalición buscaba exigir una mayor transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios de comunicación. "Consiste en reforzar los derechos digitales y nuestra Democracia", sostenía el ministro de Transformación Digital, Óscar López, al explicar la norma.
La vía judicial
La financiación a medios de comunicación de derecha y extrema derecha para que mellen la confianza ciudadana en el Gobierno era la primera vía de la estrategia de desgaste. La segunda, la judicial, entrelazada con la primera en los casos que se terminan mediatizando, como el de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En estos dos ejemplos existen investigaciones judiciales que o bien se dan con carácter prospectivo (investigando de manera indiciaria y no en base a hechos demostrados), como en el caso de Gómez, o bien han dejado una sensación de incredulidad en la ciudadanía ante un veredicto sorprendente, como en el el caso de García Ortiz.
Las investigaciones prospectivas, de hecho, son un tipo de proceso judicial que está prohibido en España. Están basadas en futuribles, en 'por si acasos', en investigar por ver si se encuentra algo, sin que haya motivos legales para ello y sin que existan indicios delictivos. Un término, a su vez, enarbolado reiteradamente por el Gobierno para referirse a las investigaciones del juez Peinado. Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), el término prospectivo/a tiene dos significados:
1. adj. Que se refiere al futuro.
2. f. Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia.
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco (UPV) Norberto J. De la Mata, argumentaba que es aquella que se produce cuando "no hay un hecho delictivo claro, por lo que no debería hacerse". Como ejemplo, De La Mata menciona casos que se conocen a través de los medios de comunicación y que un juez decide investigarlos sin existir denuncias previas. "Es como si nos investigan a cualquiera de nosotros sin pruebas pero por si acaso hemos cometido o vamos a cometer algún delito”, explicaba el experto en declaraciones a Newtral. En el caso de Begoña Gómez, el caso dinamitó por unos recortes de prensa provenientes de Manos Limpias que el juez aceptó.
La esposa del presidente también trasladó su asombro por la justificación del juez, quien lamentaba esa búsqueda de indicios al ver en esta actitud una forma de revisar de manera general las actuaciones de los investigados con la esperanza de descubrir elementos incriminatorios. "El juez está buscando un pretexto para abrir la investigación", afirmaba Gómez.
Por otro lado, el fiscal general del Estado, un puesto de responsabilidad de nombramiento directo del Gobierno, tuvo que afrontar una denuncia por revelación de secretos procedente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por la presunta filtración de su petición de acuerdo fiscal con Hacienda y la trascendencia mediática del mismo. El Tribunal Supremo se saltó su propia jurisprudencia y decidió condenarle a dos años de inhabilitación a pesar de no haber impuesto penas en casos similares anteriores y de los testimonios de los periodistas determinaban que habían obtenido la información antes que él y por otra fuente, lo que le eximiría teóricamente de la responsabilidad. Un caso fuertemente mediatizado, que le daba un golpe al Ejecutivo y que continuaba la tendencia de que aquel que remase contra los intereses de Isabel Díaz Ayuso y su entorno lo pagaría especialmente caro, como ya le ocurrió a Pablo Casado.
La vía clerical
Para más inri (nunca mejor dicho), los curas también han entrado en escena este año. No suele ser habitual que los altos representantes de la Iglesia se pronuncien sobre cuestiones políticas, al menos no más allá de los mantras más tradicionales asociados a la religión como pueden ser el aborto, la homosexualidad o la inmigración. La política parlamentaria pertenece a otro plano que no suele entremezclarse con el Clero. Pero como siempre, hay excepciones: el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, concedió este mes de diciembre una entrevista con La Vanguardia en la que reflexionó sobre el actual momento político y social, y en la que, en esencia, abogó por el adelanto electoral o por la moción de censura a Pedro Sánchez.
En el mes de julio, Argüello hizo un primer pronunciamiento en el que pidió la convocatoria inmediata de elecciones, que ya podía leerse como una petición de dimisión al Gobierno. Al ser preguntado si mantiene ese clamor unos meses después, el arzobispo exponía que cuando hizo esa reivindicación nació de que "queríamos impulsar, junto a Cáritas, una iniciativa legislativa popular sobre la regularización de inmigrantes, pero no prosperó". "El grupo socialista nos dijo que la situación está bloqueada y sin perspectiva de que haya presupuesto. Hoy se confirma ese diagnóstico y la situación está más bloqueada aún. Así que reitero lo que dije en julio: cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución", argumentaba el religioso, con unas declaraciones que suponían la primera vez desde 1977 que un presidente de la Conferencia Episcopal pedía la salida de un Gobierno. "El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto", señalaba Argüello.
Al ser preguntado si ha valorado la posibilidad de trasladar estos pensamientos a los órganos de la Conferencia Episcopal para materializar un pronunciamiento colectivo, el arzobispo desecha la idea, porque no lo considera un asunto de la primera fila de su reflexión. "No es un asunto que haya estado nunca en nuestra primera línea, como sí lo están otras cuestiones como la vivienda o la inmigración", valoraba. Pero la piedra estaba tirada.
Tres palancas y tres frentes diferentes con un objetivo común: la debilitación de un Gobierno progresista que, aunque no esté en sus mejores momentos y cuya acción también ha sido criticada por los propios votantes de izquierda, se ha erigido como contrapoder de un conservadurismo al que no le gusta que le busquen las cosquillas en exceso. 2026 aguarda con un posible adelanto electoral ante el que el Gobierno se niega, centrados en agotar la legislatura, y con una situación de desgaste contra la que habrá que remar del mismo modo que rema contra los citados frentes de presión.
