Víctimas del franquismo, ante la última de Ayuso sobre Memoria Democrática: “El conocimiento nos salva de la gentuza de Vox”

La Comunidad de Madrid intenta impedir que Moncloa recuerde que la Real Casa de Correos (la Puerta del Sol) fue sede de torturas durante la dictadura

ElPlural

Rubén Rozas

1-12-24

El PP de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, plantea un nuevo golpe a la Memoria Democrática y en detrimento del Gobierno de España.

En esa pugna particular que la presidenta mantiene con su homólogo en Moncloa y del lado del paso del tiempo, el Ejecutivo de Sol está dispuesto a emplear “todos los resortes legales” de los que pueda disponer para evitar que el Estado culmine con el proyecto de declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, ahora sede de Presidencia pero, no hace tanto, punto de torturas bajo el nombre de Dirección General de Seguridad (DGS).

En concreto, la autonomía ha presentado alegaciones sobre la decisión del Gobierno estatal hacia un lugar que fue clave en el franquismo y sin el cual no se entendería del todo lo que supuso la dictadura. El paso, uno de ellos, a seguir por parte del Ejecutivo era simple, aunque demasiado para el PP: colocar una placa que recordase que allí se torturó a gente que pensaba diferente. Asimismo, el partido de Ayuso ha presentado enmiendas a una ley que ya se tramitaba en la Asamblea y no tiene nada que ver con este asunto.

Lo que pretenden los conservadores es que la instalación del distintivo requiera de “la previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Dicho de manera más fácil: se intenta aprobar una normativa para que la formación que dispone de mayoría absoluta en la Asamblea pueda vetar su instalación.

"Las nuevas generaciones se merecen saber"

Víctimas del franquismo y asociaciones memorialistas han demostrado su malestar por este hecho, uno más que va en contra de la reparación y la Justicia de quienes sufrieron el régimen totalitario. ElPlural.com ha hablado con Julio Pacheco, la primera persona que declaró ante una jueza por las torturas después de una denuncia contra el excomisario Villarejo y otros tres policías de la Brigada Político Social.

Pacheco, quien fuera víctimas de estas prácticas cuando tenía son solo 19 años emite que, antes de todo, parece que las pretensiones del Gobierno de Madrid van contra la ley de memoria democrática. Pero a más a más, alude a los sentimientos que deberían primar para cuestiones de este tipo: la ética y la moral.

En este sentido, insiste en que lo que se hacía en la Real Casa de Correos es algo que “se necesita saber”, especialmente “las nuevas generaciones”. “Tienen que conocer su historia; y esto además es historia reciente”, dicta apuntando que el edificio fue uno de los ejemplos “más palpables de lo que fue la dictadura” en este caso en Madrid. “Si queremos combatir a los Vox y esa gentuza de extrema derecha las herramientas son el conocimiento, la historia real, saber (…)”, apostilla.

En una línea similar, la asociación CEAQUA muestra su descontento con esta decisión. “Está totalmente constatado que en ese sitio se cometieron graves violaciones de los derechos humanos (…) Nos opondremos con los medios que tengamos al alcance a cualquier actitud negativa de la Comunidad”.

El Partido Popular justifica que “intentar vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad”. Estas declaraciones era las que pronunciaba el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, desde Corea del Sur, donde ha estado buena parte de esta semana junto a Ayuso, en un nuevo viaje sin apenas atención mediática. Así las cosas, Martín confirmaba que iban a presentar alegaciones porque se trata de un sitio de “más de 250 años de historia y distintos usos”. “Es un espacio de concordia, de encuentro, de todos los madrileños”, aseveraba. En consecuencia, defendía “utilizar todos los resortes legales a nuestro alcance para tratar de parar lo que a todas luces atenta contra la capacidad de autoGobierno y las competencias exclusivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

El PP, con todo contra la Memoria

El Ejecutivo ‘popular’ dice en sus alegaciones que “el acuerdo vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno”. El partido conservador ha llegado a indicar que Moncloa “ha actuado con una total falta de lealtad institucional”, porque no le comunicó su decisión de declarar el edificio como lugar de Memoria hasta que la publicó en el BOE. E indica que también ha sido sede de otras cosas (como la Capitanía General, el Gobierno Militar u oficina central de Correos).

El PP va con todo, y es que los de Ayuso tienen un plan B aprovechándose de su mayoría absoluta, como ha hecho para controlar activos importantes del buen funcionamiento de las instituciones en la autonomía. En este sentido, en el supuesto de que las alegaciones no cumplan su objetivo, la derecha se servirá de los números para registrar una enmienda en la Proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública que se tramita en Parlamento regional.

Por último, este medio también se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD). Sin embargo, esta entidad se ha limitado a señalar que no "emiten opinión", remitiéndose a la siguiente información: 

"Las declaraciones de lugares de memoria pueden plantearse por dos vías: a petición de asociaciones o instituciones; y por oficio, por decisión propia de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En este caso ha sido fruto de los dos supuestos, de oficio por decisión propia de la SE de memoria democrática y además por múltiples peticiones de asociaciones y de una Proposición No de Ley del Congreso de Diputados. En estos casos, una vez incoado el expediente y hecho público a través del BOE, lo preceptivo es informar a las entidades que tienen que ver con la propiedad del lugar de memoria para que emitan informe al respecto si lo tienen a bien  o presenten alegaciones como ha realizado la Comunidad de Madrid".