Entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896 se realiza a puerta cerrada en el castillo de Montjuïc de Barcelona el primero de los juicios celebrados contra más de un centenar de anarquistas catalanes en una de las maniobras represivas por parte del Estado más importantes contra el movimiento anarquista europeo.

Tras la explosión el 7 de junio de 1896 de una bomba en la calle Canvis Nous de Barcelona, ​​al paso de una procesión religiosa, en la que resultaron muertas 6 personas y 42 heridas, las autoridades detuvieron a más de 400 personas, entre ellas destacados militantes obreros y teóricos anarquistas (como, Josep Lluís Claramunt, Juan Alsina, Baldomer Oller, Anselmo Lorenzo, Tarrida del Mármol, Sebastià Sunyé, Juan Bautista Esteve, etc.), así como el escritor Pere Corominas –por unas conferencias sobre sociología impartidas en el Centro de Carreteros de Barcelona.

Para poder desarrollar esta labor represiva, atizada por asociaciones reaccionarias, sectas religiosas integristas y los jesuitas, las autoridades suprimieron las garantías constitucionales entre el 8 de junio de 1896 y el 17 de diciembre de 1897.

Muchos de los detenidos fueron deportados a presidios de África y otros llevados al castillo de Montjuïc, donde se celebrara un juicio militar contra 87 personas.

Las diligencias fueron llevadas a cabo sin ninguna garantía jurídica, y las declaraciones de los acusados ​​fueron obtenidas con torturas de todo tipo, que llevaba a cabo el teniente de la guardia civil Narciso Portas y el inspector de policía León Antoni Tressols ( El Vinagret), con la aquiescencia del juez Enrique Marco.

Incluso los acusados ​​fueron juzgados por la Ley de 2 de septiembre de 1896, es decir, posterior a los hechos, que establecía pena de muerte por los autores y cómplices y cadena perpetua para los encubridores

El fiscal pidió 28 penas de muerte y 57 cadenas perpetuas. Revisada la causa por el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se dio una sentencia definitiva el 1 de mayo de 1897: cinco condenas a muerte, 10 a 20 años de cárcel, 12 de más de 10 años y 30 entre ocho y nueve años.

En los fosos del castillo fueron fusilados, el 4 de mayo de 1897, Tomás Ascheri, Luis Mas, Josep Molas, Joan Alsina y Antoni Nogués. Ante la protesta internacional, que recogía testimonios de las torturas contra los detenidos y ponía en duda la culpabilidad de los acusados, el capitán general de Barcelona desterró, en julio de 1897, a 63 de los presos hacia Reino Unido (Josep Prats, Ramon Vidal, Clemente, Esteve, Pitchot, Salud Borràs, Ramon Confa Borràs, Adbon Navarro, Roman Archs, Vidal, Rull, Magí Fenoll, Jaime Torrens, Piferrer, López Montenegro, Corominas, Francesca Saperas, Joan Montseny, Teresa Claramunt, etc.).

La reacción a todo esto no se dejó esperar y el 8 de agosto de 1897 Michele Angiolillo asesinó al presidente del Consejo de Ministros español, Antonio Cánovas del Castillo; pocos días después, el 4 de septiembre de 1897, Ramon Sempau atentó en Barcelona contra Narciso Portas y tal era el ambiente que fue absuelto.

En 1898 se puso en marcha una campaña en pro de la revisión del proceso, en la que alcanzó notoriedad el entonces joven periodista republicano Alejandro Lerroux.

En abril de 1900 se decreta la conmutación de la pena y se destierra a los presos en el Reino Unido, evitando así la amnistía, el indulto o la revisión del proceso.

Sobre este proceso se escribió mucho y en unos términos tan bastante duros que fomentó el cliché de la «España Negra» y la vuelta de la Inspección:

La Inquisición de fin de siglo, The modern Inquisition of Spain, Justicia, Revivre of the Inquisition (Max Nettlau), Los inquisidores de España (Tarrida del Mármol), Los victimarios (Ramon Sempau), La barbario gubernamental en España (Ricardo Mella i Josep Prat), El proceso de un gran crimen i El castillo maldito (Federico Urales), etc.

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