Sale a la luz un vídeo que deja serias pruebas de un presunto 'lawfare' contra Podemos

La declaración de un inspector jefe de la Policía Nacional evidencia actuaciones no enmarcadas en un protocolo y que se dirigieron contra Pablo Iglesias

Rodrigo de la Torre

29-12-25

ElPlural

La Audiencia Nacional avanza en la investigación que realiza sobre las llamadas "maniobras de guerra sucia" que, presuntamente, se dirigieron contra el partido político Podemos y sus dirigentes durante 2016. Según ha publicado elDiario.es, el pasado 3 de julio declaró ante el juez Santiago Pedraz un inspector jefe de la Policía Nacional perteneciente a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), imputado porque su identificador figura en una consulta de la base de datos policial en la que se escribió el nombre de Pablo Iglesias. 

Un hecho que no se había conocido hasta ahora y que ha salido a la luz con la difusión del vídeo de su declaración, que elDiario.es ha reproducido. La comparecencia de este inspector se ha producido como parte de la causa que investiga si ciertos mandos policiales realizaron búsquedas de antecedentes arbitrarias o injustificadas en torno a líderes y cargos de Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. 

¿Qué motivó investigar a Pablo Iglesias en la base de datos?

El inspector explicó que en marzo de 2016 usó su clave para consultar datos de Pablo Iglesias porque, según él, estaba investigando a otro fundador de Podemos, Miguel Urbán. La investigación se ejecutaba, según afirmó en la comparecencia, por un supuesto delito de narcotráfico. Urbán había sido vinculado en informes policiales, que posteriormente se evidenciaron como carentes de fundamento, con la venta de 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña para financiar a Podemos.

En este contexto, el agente defendió que su actuación se ajustaba a la práctica habitual de “mirar el entorno más cercano” de una persona sobre la que pesan diligencias. Por ello, según explicó, se debía ahondar en la figura de Pablo Iglesias, como cofundador del partido, y, por ende, hallado como alguien que entraba en ese entorno.

Una respuesta que derivó en una pregunta por parte del fiscal del caso que se tornó en una cuestión clave. Vicente González Mota pidió al inspector que explicara si había algún protocolo que obligara a consultar la ficha policial del líder de un partido político cuando se investiga a alguno de los miembros de la formación. El fiscal quiso saber si, en un caso de esa naturaleza, existía una norma o procedimiento que justificara la búsqueda de antecedentes de un dirigente político. 

Tal y como respondió el inspector, no existe un protocolo que justifique esa actuación, algo por lo que González Mota lanzó una pregunta que ha dado lugar a debate: “¿Se investigó la ficha policial de don Mariano Rajoy en el caso Gürtel?” El inspector jefe concluyó rápidamente con un “lo desconozco”.  Ese interrogante ha despertado controversia a la hora de cuestionar si existe una posible doble vara de medir en el uso de las bases de datos policiales según el sujeto político investigado.

Contexto de la investigación

La causa en la Audiencia Nacional se originó a partir de la denuncia presentada por Podemos y los hallazgos que revelan diversas consultas policiales sobre miembros de la formación, muchas de ellas sin una clara justificación. Entre esos hechos figura la famosa Operación Cardenal, una maniobra policial y mediática que implicó a Urbán en un montaje relacionado con el tráfico de cocaína.

La investigación ha sacado a la luz la existencia de numerosas consultas de datos personales de parlamentarios y líderes sin vínculo comprobado con una causa penal concreta, lo que ha alimentado la tesis de que parte de ese trabajo policial obedecía a intenciones políticas más que a investigaciones legítimas. 

Además, la causa ha recuperado otras piezas que apuntan a una estructura de “guerra sucia” institucional contra la oposición. Por ejemplo, una de las conversaciones intervenidas en el caso Kitchen es citada en la causa, donde se ve al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez solicitando antecedentes de parlamentarios de Podemos por WhatsApp y recibiendo la respuesta de que no había resultados.

¿Aquellos de Podemos no tenían antecedentes? Me cagüen la puta

 Reacciones judiciales y próximas diligencias

Tras la declaración del inspector jefe, su defensa solicitó el archivo de la causa en su contra, y el juez Pedraz lo acordó. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por Podemos, recurrió la decisión, lo que llevó a que la Sala de lo Penal ordenara volver a imputar al agente. De esta forma, su situación procesal se mantiene activa en la investigación. 

El juez también ha impulsado una batería de diligencias recientes para avanzar en la causa. Entre ellas se encuentra la citación de Miguel Urbán como víctima del montaje relacionado con la cocaína, programada para enero, así como la declaración de otros mandos policiales a quienes José Luis Olivera, considerado uno de los artífices del montaje, ha señalado como partícipes en 2016.

El impacto del caso

El interrogatorio ocurrido en julio y ahora divulgado por elDiario.es cuestiona directamente el uso de las herramientas policiales en tiempos donde la política nacional estaba convulsionada por la irrupción de nuevas fuerzas políticas. El hecho de que no exista un protocolo para determinar cuándo es pertinente consultar antecedentes de un líder político ha puesto de manifiesto una laguna legal que, en este caso, alimenta las sospechas de una instrumentalización política de la policía. 

La pregunta sobre si se habría actuado de igual forma con un dirigente como Mariano Rajoy sigue abierta, no siendo cualquier cosa para muchos, sino tornándose en una llamada a reflexionar sobre los límites entre investigación y persecución, entre vigilancia legítima y vigilancia política.