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sábado, 3 de abril de 2021

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 Foto: Luis Viadel

viernes, 2 de abril de 2021


 


 









 

Manual de la Iglesia Católica para encubrir la pederastia


Ocurrió sistemáticamente desde 1947. Unos 300 sacerdotes de seis diócesis de la Iglesia Católica en Pensilvania (EE.UU.) abusaron sexualmente de más de 1.000 niños. Así lo confirma un extenso informe del Tribunal Supremo del estado que durante más de dos años ha llevado a cabo una investigación de la que ahora se conocen los detalles más escabrosos.

Entre los incidentes descritos existe la confesión de un sacerdote que violó a 15 niños o el caso de una infante de siete años que fue abusada en el hospital cuando su agresor fue a visitarla tras ser operada de amigdalitis. Un cura limpió con agua bendita la boca de un niño después de obligarle a practicarle sexo oral y otro hizo que su víctima posara desnudo como Jesucristo crucificado mientras le fotografiaba con una Polaroid. Después, les entregaban a sus víctimas un colgante con una cruz dorada; así sabían que esos niños ya habían sido violados.

El informe denuncia la existencia de una "red pornográfica" donde los sacerdotes se intercambiaban decenas de fotos y videos de los abusos, que incluían, en ocasiones, prácticas fetichistas con "fustas, violencia y sadismo", todo ello, con el consentimiento de los líderes de la iglesia católica de Pensilvania. Pero, ¿cómo lograron ocultarlo?

El Tribunal considera probado la existencia de unos patrones de conducta elaborados por la jerarquía eclesiástica para evitar que las agresiones salieran a la luz pública, una especie de manual para proteger a los agresores y silenciar a sus víctimas. Nunca se hablaba de violación o abuso, sino que se utilizaban eufemismos como "contacto inapropiado"; no se realizaban investigaciones con personal especializado e independiente, sino con sacerdotes que sacaban conclusiones parciales favorables al agresor; para dar una apariencia de integridad enviaban a los curas a centros psiquiátricos administrados por la propia iglesia donde se elaboraban informes basados únicamente en los testimonios de los religiosos;  si finalmente decidían apartar al sacerdote alegaban como excusa una falsa enfermedad o un problema nervioso; aun sabiendo a ciencia cierta que se estaban cometiendo abusos, las diócesis seguían sufragando los  gastos de los agresores, incluso cuando utilizaban esos recursos para continuar con sus prácticas pederastas; cuando un caso trascendía los límites de la privacidad se trasladaba al religioso a otra parroquia donde los fieles desconocían su pasado, y por último; nunca se daba parte a la policía.

A pesar de la crudeza de los hechos,  Josh Shapiro, Fiscal General del Estado, reconoce que la mayoría de los asaltantes nunca serán juzgados. Más de cien ya han fallecido mientras que los que siguen vivos se verán beneficiados por la legislación actual. En Pensilvania, las víctimas menores de edad sólo tienen hasta los 30 años para interponer demandas civiles y hasta los 50 para presentar cargos criminales. Así las cosas, un gran número de agresiones ya han prescrito. Si bien parece que la tarea del Tribunal Supremo apenas acarreará consecuencias penales, el mismo ha servido para volver a situar los abusos sexuales en la iglesia en el centro del debate público.

Todas las miradas apuntan ahora al cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Pittsburgh (Pensilvania) durante 18 años y que en la actualidad ejerce la misma función en Washington, donde llegó tras la renuncia de su predecesor, precisamente, tras ser acusado de abuso sexual. Aunque Wuerl ha negado cualquier implicación en los hechos y descarta dimitir, resulta difícil creer que el máximo responsable de la iglesia en Pensilvania durante casi dos décadas no supiera nada de lo que sucedía entre las bambalinas de su negociado.

La otra pata de este banco es el Vaticano, cuyo nombre sale mencionado hasta en 43 ocasiones en el informe elaborado por el Tribunal Supremo. Los investigadores sostienen que la Santa Sede tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo al menos desde 1963 y que se mostró "tolerante" con algunos casos.

El primer episodio del que tuvieron constancia fue el relativo al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. A principios de los años 60, Lukac había sido acusado en tres ocasiones por tocamientos inapropiados a menores de edad y la violación de una niña de 11 años. Además, mantuvo una relación con un organista de 18 años, contrajo matrimonio estando en el ejercicio del sacerdocio y tuvo un hijo con una adolescente a la que conoció cuando ella tenía 17 años. Cuando se percató de lo que estaba aconteciendo, el obispo de Greensburg, inmediato superior de Lukac,  se lo comunicó al Vaticano, que decidió apartarle en un centro religioso a las afueras de Chicago. Sin embargo, poco tiempo después, la Santa Sede autorizó que volviera a retomar todas sus funciones como párroco.  

Tras conocerse las duras revelaciones del informe, la conferencia episcopal estadounidense ha reaccionado a través de un comunicado en el que califica lo sucedido de "catástrofe moral" y apunta al "fracaso del liderazgo episcopal" como una de las raíces del problema. Danel DiNardo, máximo responsable de la institución que aglutina a los obispos de los Estados Unidos, solicita una mayor transparencia a la hora de responder a las constantes acusaciones de abusos sexuales en el seno de la iglesia y apunta al Papa como el único capaz de poner en  marcha los mecanismos necesarios para atajar de una vez por todas una problemática que está corroyendo los cimientos de la Iglesia Católica en todo el mundo.

El Pontífice se ha manifestado en las últimas horas con una carta abierta donde asume que "no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas". Francisco califica los hechos ocurridos en Pensilvania como "un crimen que genera hondas heridas de dolor e importancia" y concluye aseverando que "nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado".

Pablo MM 2.018


IGLESIA CATÓLICA

PEDERASTIA


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

jueves, 1 de abril de 2021




 


 


 


 

Juan Genovés


 


 


 

Libro recomendado


 


 Foto: Luis Viadel                            Pekin (China)

miércoles, 31 de marzo de 2021


 

Libro recomendado



 


Nazis nunca más.

Son pocos
son bobos
pero organizados.
Si no estamos al loro

ya te la han liao.

Defienden racismo, machismo,
violencia irracional,
orden, moralidad, raza, castidad,
obediencia ciega.

Hay que andar espabilao
no estamos equivocaos
¡que no vuelvan nunca más!

Machacar sin compasión
quien da primero da mejor.
¡Nazis nunca, nunca más!

Se hace
urgente
es necesidad
pararles los pies
a esos gilipollas.

Convienen al poderoso
son pa despistar, pa no protestar
y para asustar;
construyamos pues alternativas.

Hay que andar espabilao
no estamos equivocaos
¡que no vuelvan nunca más!

Machacar sin compasión
quien da primero da mejor.
¡Nazis nunca, nunca más!

 

Las víctimas de la pederastia clerical denuncian "trato degradante" en las oficinas antiabusos de la Conferencia Episcopal

Manifestación de las víctimas de abusos ante el Obispado de Astorga

“A ustedes no les interesa ni los abusos que sufrió él, ni los abusos que sufrió su hermano, ni el calvario que sufre día a día por este motivo, ni el hecho de que necesita que la Iglesia reconozca los abusos para poder respirar por las mañanas porque el asunto le está matando”. Las víctimas de la pederastia en España han dicho basta, y han exigido, oficialmente, una reunión “urgente” con la cúpula de la Conferencia Episcopal para denunciar los “tratos degradantes” que desde las algunas comisiones de abusos se están dando a los supervivientes de los abusos a menores en la Iglesia española.

La gota que ha colmado el vaso fue el encuentro mantenido este lunes entre la responsable de la Oficina Antipederastia del Obispado de Astorga, María Jose Diez Alonso, acompañada de una abogada (y miembro de la comisión) Ana Belén Fraile, con ‘Javier’, la víctima de los abusos del sacerdote Ramos Gordon en el seminario de La Bañeza a finales de los 80. Tanto ‘Javier’ como su hermano, y varios niños más, sufrieron violaciones por parte de clérigo, quien admitió los hechos y que, actualmente -tras un proceso cargado de polémica- se encuentra en algún monasterio del norte de España haciendo penitencia. El caso ha prescrito penalmente.


La ‘reunión’ duró apenas cinco minutos y, según se recoge tanto en el burofax enviado al día siguiente por la víctima, como en el escrito enviado por su abogada -y representante legal de Infancia Robada-, Leticia de la Hoz, a la Conferencia Episcopal (y al que ha tenido acceso elDiario.es), “el trato no pudo ser más degradante”.

De la Hoz estuvo presente telefónicamente en la misma por las restricciones derivadas de la COVID-19. “Llama la atención que le hagan viajar 400 km de ida y otros 400 km de vuelta para no hacer ni siquiera el intento de disimular y hacer como que su historia les interesa aunque sea un poco”, señala.

Como confirma a este diario el propio Javier, el encuentro comenzó con las dos responsables de la diócesis “atacándome y recordándome que en anteriores ocasiones había grabado conversaciones y las había filtrado a la prensa”. El resto del tiempo sirvió para que la delegación de víctimas se negara a siquiera recoger la documentación que la víctima quería entregarles con un doble objetivo: ofrecer nuestros testigos para su causa, y reivindicar la indemnización que se le prometió durante el proceso (unos 300.000 euros), y que finalmente cayó en saco roto. Del mismo modo, la víctima reclamó, como exigen las normas vaticanas, su propio expediente, que tampoco se le entregó.

Ni el esfuerzo de recoger la documentación

“En los escasos 5 minutos que duró la reunión -se lee en el escrito enviado a la Conferencia Episcopal- ustedes respondieron que era oir a las víctimas y prevenir futuros abusos en la Iglesia”. Lo de oír era “en el sentido más literal de la palabra, pues si el relato lo presentaba por escrito ustedes no iban a hacer el esfuerzo de leerlo, ni de recogerlo siquiera para aparentar por lo menos que alguien lo iba a leer”. No podía quedar nada por escrito en los archivos.

“Como profesionales en la materia saben de sobra que cuando se pide a una víctima que cuente su relato por millonésima vez, se le está revictimizando, y sobre todo saben que es imposible que una persona relate detalles de abusos sexuales si no está en un ambiente en el que se sienta cómodo. Pero ustedes eso lo conocen de sobra, y quizás por ello propiciaron tanta hostilidad y pusieron las condiciones a cómo tiene que contar su historia una víctima para que merezca unos minutos de su tiempo: Ustedes decidieron el día, decidieron el sitio a 400 km del domicilio de la víctima (el hecho de que a la entrada y salida estuviera un sacerdote compañero del abusador supongo que también formaba parte del atrezzo), decidieron que iba a haber un abogado presente para decirle lo que no podía hacer retorciendo la ley a su conveniencia, y decidieron la forma: si era hablado sí, si era por escrito no”, lamentan los representantes de la víctima.

Revictimizar a los supervivientes

Por ello, Infancia Robada ha reclamado a los obispos una reunión urgente para abordar “el rumbo que pueden tomar estas delegaciones en teoría de atención a las víctimas, y para evitar futuras revictimizaciones y tratos degradantes a víctimas”, a la que las víctimas quieren asistan tanto el presidente de la CEE, Juan José Omella; como su secretario general, Luis Argüello.

Para su presidente, Juan Cuatrecasas, “el problema es que no miran a los ojos de las víctimas y supervivientes de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Miran solo a las consecuencias lógicas y legítimas que a ellos como institución les sobrevienen por cometer un acto de violencia sexual contra un niño o una niña perpetrado por un delincuente depredador sexual”.

“Trampas y mentiras, actos canallas de doble victimización, ninguneo y boicot a la credibilidad de sus víctimas”, lamenta el ‘padre coraje’ del caso Gaztelueta, quien señala cómo muchas de las delegaciones de atención a las víctimas “no son más que una burda justificación de hacer un trabajo que no es tal”. “Es un lamentable espectáculo de indignidad y perversión, la iglesia tiene que cumplir con sus víctimas porque lo contrario, lo del lunes en Astorga, es una absoluta infamia, se grabe o no”.

Toda la información en www.religiondigital.org