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martes, 14 de noviembre de 2023

 


Feijóo, ¿cuándo respetarás la democracia?

El PP sigue empeñado en deslegitimar todos

 los gobiernos que no están en su poder

ElPlural

Miguel Ángel Heredia Díaz

14-11-23


Todo lo que está sucediendo en los últimos días en España está basado en una gran mentira del PP. Las manifestaciones con banderas anticonstitucionales, las barbaridades que dicen, la violencia en las calles y los ataques en redes a los socialistas no son por la amnistía, son por el enfado de la derecha que no ha podido gobernar tras el 23J. Al PP la amnistía le importa poco, a Feijóo no le importa absolutamente nada, es solo la excusa. ¿La excusa para qué? La excusa para evitar otros cuatro años de gobierno progresista. Por eso solo quiere que haya nuevas elecciones.

El PP sigue empeñado en deslegitimar todos los gobiernos que no están en su poder. Siguen empeñados en que solo pueden gobernar ellos. Sr. Feijóo, ¿por qué no respeta nuestra democracia y nuestra Constitución? ¿En qué parte de la Constitución ha leído usted que siempre el presidente del gobierno es el que ha ganado las elecciones como dijo el domingo en el acto convocado por el PP? Ayuso perdió las elecciones y gobernó; Moreno Bonilla perdió las elecciones y gobernó, Guardiola perdió las elecciones y gobierna. ¡No más manipulación!

¿Y por qué el PP teme otros cuatro años más de gobierno de Pedro Sánchez? En primer lugar, porque Feijóo desaparecería de la escena política, su partido político, el PP, lo mandaría con Casado. En segundo lugar, porque el PP se destrozaría como organización política entre la ambición de Ayuso y la falsa moderación de Moreno Bonilla, no sabemos quién ganaría, pero sí que habría una guerra cainita. En tercer lugar, los poderes fácticos de la derecha no están dispuestos a más medidas progresistas, no quieren pagar más impuestos ni quieren aumentar los salarios a los trabajadores ni están dispuestos a reducir la jornada laboral. Por eso están dispuestos a destrozarlo todo, incluso poniendo en riesgo la convivencia en nuestro país.

Hagamos una reflexión. ¿Qué hubiese ocurrido en España si la pandemia nos hubiese pillado con un gobierno del PP? Pues habría niveles altos de paro, la economía estaría hundida y cientos de miles familias pasarían dificultades e incluso hambre. Y lo argumento. No habrían llegado miles de millones de fondos europeos; no se habría protegido a millones de trabajadores y de autónomos con ERTE y ayudas en los momentos más difíciles, con lo que muchos de ellos estarían en paro con su empresa cerrada; no se habría aprobado una reforma laboral y mejorado los contratos; no se habría subido el salario mínimo y los salarios serían indecentes; los pensionistas no llegarían a fin de mes. Podríamos seguir un buen rato con ejemplos rotundos para mostrar lo que algunos prefieren no ver.

Entonces, ¿es mejor para España y para los españoles un gobierno que cree más empleo que nunca con una economía que es el motor de Europa o es mejor un Abascal de vicepresidente para que haya salarios más bajos y menos derechos para los trabajadores? ¿Es mejor fortalecer el Estado del Bienestar con más recursos o es mejor que Feijóo gobierne con la ultraderecha recortando sanidad, educación, becas, dependencia o pensiones? ¿Es mejor aumentar derechos y libertades o es mejor que la suma PP-Vox los recorte?

¡Vale, vale! ¿Pero qué pasa con la amnistía? ¿Se va a romper nuestro país? España solo se rompe cuando gobierna el PP porque favorece siempre que los ricos sean más ricos y se olvida siempre de los que más lo necesitan. Pero el PP además siempre que gobierna tensiona los territorios. Del Plan Ibarretxe ya casi nadie se acuerda, pero yo sí, porque estaba como diputado en el Congreso. Con Aznar como presidente se gestó un problema de alto voltaje, el entonces lehendakari planteó una propuesta de consultar a los ciudadanos vascos sobre su futuro, ¿Y a quién le tocó solventar el problema? A otro presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Con el PP se creó el problema y con el PSOE se solucionó.

Igual ha ocurrido en Cataluña, fue en 2017, con Rajoy de presidente, cuando hubo dos referéndum y una Declaración Unilateral de Independencia. Hoy 5 años después, con gobierno de Pedro Sánchez, ha mejorado sustancialmente la convivencia en Cataluña y lo seguirá haciendo. Con el PP se generan las crisis, mientras con el PSOE se resuelven. ¡Aunque a Feijóo no le guste, esta es la realidad!

Leía a un magistrado decir que “Cuando se indulta a alguien, no significa que ha habido algo raro o malo. Significa que por determinadas razones de interés público se acuerda la medida de gracia”. Pero PP y Vox aseguran que jamás habrá perdón para los nacionalistas ¡Oiga, señores de la derecha les recuerdo que para que hubiese democracia, nuestro país tuvo que perdonar las barbaridades cometidas por la dictadura franquista; y se hizo por el bien de nuestra democracia y de nuestro futuro! Esa generosidad ha permitido ser lo que hoy somos como país, no lo olviden nunca.

Por mucho que pataleen y que algunos añoren a Franco y a Tejero, la realidad es que saben que no van a gobernar, saben que hay un acuerdo de investidura y que el PP estará cuatro años más en la oposición. Por eso casi cuatro meses después aún les dura el cabreo por el resultado del 23J. Y no mejoran. Pero el PP debería hacer una reflexión profunda, de por qué hoy está más solo y aislado que nunca y en los brazos de la ultraderecha.

El PSOE ha hablado, dialogado, acordado. En esto consiste la política. Y PSOE, Sumar, PNV, BNG, ERC, Junts, EH Bildu y hasta con Coalición Canaria apoyarán la investidura de Sánchez, que cuenta con el apoyo de 179 votos, mientras Feijóo está solo con Vox y tiene 171. Y la democracia significa que gobierna la mayoría respetando a la minoría.

Por mucho que Feijóo y Abascal inciten las manifestaciones, mientan a conciencia permanentemente y clamen que llegaran las diez plagas de Egipto a España, seguirán en la oposición. Y termino para quien le guste las estadísticas. El pacto obtenido por Pedro Sánchez representa 1.340.000 votos más que lo que obtuvo Feijóo-Vox en las elecciones generales del 23J y supone 5,4 puntos porcentuales más.

Además Pedro Sánchez será investido con más votos que Calvo Sotelo en 1981, González en 1989, Zapatero en 2004-2008 y Rajoy en 2016. Que ocho partidos políticos de diferentes ideologías logren un objetivo común, es todo lo contrario a una dictadura o una demolición del estado de derecho. A esto se le llamada diálogo político en democracia. Pero algunos no saben aún ni lo que es diálogo político ni tampoco lo que significa la democracia. Ahí lo dejo.


 

lunes, 13 de noviembre de 2023

domingo, 12 de noviembre de 2023

La Justicia 





 Los seis primeros grandes bancos de España tienen un “beneficio” DIARIO de 60 millones de Euros.

Que cada uno saque sus proias consecuencias y le ponga

 nombre a esta aberración.






 Macrooperación policial contra la pornografía infantil: 121 detenidos y 500 terabytes de contenido incautados

La operación, iniciada por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, es una de las más importantes llevadas a cabo en España


ElPlural

Paloma García

11-11-23

Un total de 121 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en distintos puntos del país por distribución de pornografía infantil a través de una plataforma digital. La operación, iniciada por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y que ha sido clasificada como una de las más importantes llevadas a cabo en España, ha servido también para incautar 500 terabytes (TB) de contenido pornográfico de extrema dureza protagonizado por menores de edad. 

Los agentes han llevado a cabo 125 registros por toda el país en los que se han intervenido 368 discos duros, 114 memorias usb, 100 DVD's, 60 ordenadores y otro material informático. 

De los arrestados, 118 son hombres y tres mujeres. Todos ellos, apunta la Policía Nacional, hacían uso de la misma plataforma digital para obtener y compartir el contenido ilícito.

A uno de ellos, en Madrid, se le han intervenido más de dos millones de archivos de abusos sexuales cometidos sobre niñas de muy corta edad. Según apuntan los agentes, muchos de los vídeos, que estaban repartidos en diez discos duros de gran capacidad, se caracterizan por el alto grado de violencia empleado sobre las víctimas.

En Alicante, donde se ha arrestado a un varón, se ha incautado gran cantidad de archivos multimedia con imágenes explícitamente sexuales de dos niños chicos de edad. Los vídeos habían sido grabados en la propia vivienda del detenido. 

En Cáceres y Almería han sido arrestadas tres personas. Dada la cantidad de contenido encontrado, el juzgado ha determinado su ingreso en prisión y uno de los detenidos ya ha llegado a un acuerdo de conformidad por cinco años de prisión por un delito de posesión y distribución de material de explotación sexual infantil.

Un millar de dispositivos de almacenamiento

Los registros se han llevado a cabo en los domicilios o puestos de trabajo de los arrestados, donde se han intervenido 946 dispositivos de almacenamiento electrónico (368 discos duros, 427 CD's y DVD's, 114 usb, 37 tarjetas de memoria) 60 ordenadores, 47 teléfonos móviles, seis tabletas, una videocámara y otros dispositivos.

Todo el material se encuentra sometido a un análisis técnico policial, en busca de nuevas evidencias que permitan continuar gestiones de investigación para identificar nuevas víctimas de abuso sexual, o contactos de los detenidos que conformen una red de pederastas.

La operación, en la que han participado 46 unidades territoriales de agentes especializados en ciberdelincuencia, se inició a partir de las labores preventivas de la Policía Nacional de ciberpatrullaje para la lucha contra las redes pedófilas. 




 

La reflexión del magistrado Joaquim Bosch sobre la amnistía que triunfa en redes




El magistrado ha puesto de ejemplo lo

 ocurrido en Portugal


C.G.

ElPlural

11-11-23


La amnistía se ha convertido en el término del mes y ha generado un gran revuelo en el país. Tras el acuerdo del PSOE con ERC y Junts per Catalunya para la investidura, acordando términos relativos al independentismo y la comunidad autónoma, la derecha y ultraderecha han salido a la calle a protestar, haciendo concentraciones frente a las sedes del PSOE a lo largo del país, siendo las que se organizan en la sede nacional, en la calle Ferraz de Madrid, las más seguidas.

Así, han sido varios los rostros conocidos que se han pronunciado con respecgto a este asunto. Uno de los más contundentes, en relación al término lawfare o judicialización de la política, ha sido el magistrado Joaquim Bosch.

El que es uno de los jueces más mediáticos del panorama nacional ha querido pronunciarse sobre ello en el programa Todo es Mentira. El momento de su intervención ha sido compartido en redes sociales y se ha corrido rápidamente como la pólvora.


Yo me remito a la literalidad de lo que dice la Constitución. Lo que dice es que se ejercerá el derecho de gracia, de acuerdo con la ley. Derecho de gracia, eso ha dicho el Tribunal Constitucional, es indulto y amnistía. Lo dice hasta la Real Academia Española (RAE)”, ha dicho. además, ha justificado que “mientras esté vigente en la ley el derecho de gracia, esto es lo que tenemos”.

Cuando se indulta a alguien, no significa que ha habido algo raro o malo. Significa que por determinadas razones de interés público se acuerda la medida de gracia”, ha razonado posteriormente.

Asimismo, Bosch ha puesto de ejemplo lo que pasó en Portugal el pasado mes de julio: “Amnistió a todos los jóvenes menores de 30 años por delitos menos graves, con el argumento de que era positivo para el estatus social. Claro, el que tiene 35 años, se puede quejar. Pero, por razón de interés público, se aprobó esa medida de gracia”.

Si no se quiere que sea así, que se reforme la Constitución. Mientras no se reforme, mi impresión es que el Tribunal Constitucional convalidará una ley de amnistía, siempre y cuando no tenga elementos arbitrarios. Si incluye condenados por corrupción sin motivos, no lo va a aceptar”, ha zanjado.


¿Qué es el lawfare o judicialización de la política?

El término lawfare surge de dos palabras en inglésLaw, que significa ley y warfare, cuya traducción literal sería ir a la guerra. De esta fusión surge lo que en castellano se denominaría como guerra jurídica, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se registra una profunda instrumentalización de la justicia y sus respectivas instituciones para atacar, debilitar o neutralizar a un oponente político. Dentro de una definición algo más gruesa, consiste en el uso de procesos legales para cesar a cargos públicos. O lo que es lo mismo, valerse del sistema judicial de un país para intereses partidistas.

Este concepto se le conoce también como “judicialización de la política”, una locución que en estos últimos tiempos está en el orden del día, especialmente para referirse al procés independentista y sus derivadas judiciales. El lawfare, también conocido como persecución judicial, contempla el uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, violando por completo la separación de poderes y la independencia judicial que se le suponen a un estado democrático y de derecho.

La persecución judicial tiene diversos ámbitos de aplicación, siendo la más habitual la manipulación de la Justicia desde el terreno político para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el fin de influir en la opinión pública. De este modo, se deslegitima y neutraliza al adversario político, provocando incluso la destitución de cargos públicos. No obstante, también conlleva torpedear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.

El término lawfare, a menudo empleado en países latinoamericanos, se ha hecho notable en situaciones como la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, siendo frecuentemente mencionado por la prensa y los círculos políticos en estos contextos.


 

viernes, 10 de noviembre de 2023

 ¿Qué es el lawfare al que PSOE y Junts hacen referencia en su acuerdo de investidura?

El pacto pretende detectar los casos en los que se ha podido incurrir en una

 persecución política

ElPlural

10-11-23



El concepto lawfare se ha convertido en el interrogante más buscado este viernes tras el pacto alcanzado por PSOE y Junts. En el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para atar la investidura y la futura ley de amnistía se hace referencia a este anglicismo más común en términos doctrinales y teóricos que prácticos, al menos en la normalidad española, y las asociaciones judiciales han encendido la mecha al criticar su inclusión. Pero ¿qué es lawfare y qué antecedentes tiene?

¿Qué es el lawfare o judicialización de la política?

El término lawfare surge de dos palabras en inglésLaw, que significa ley y warfare, cuya traducción literal sería ir a la guerra. De esta fusión surge lo que en castellano se denominaría como guerra jurídica, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que se registra una profunda instrumentalización de la justicia y sus respectivas instituciones para atacar, debilitar o neutralizar a un oponente político. Dentro de una definición algo más gruesa, consiste en el uso de procesos legales para cesar a cargos públicos. O lo que es lo mismo, valerse del sistema judicial de un país para intereses partidistas.

Este concepto se le conoce también como “judicialización de la política”, una locución que en estos últimos tiempos está en el orden del día, especialmente para referirse al procés independentista y sus derivadas judiciales. El lawfare, también conocido como persecución judicial, contempla el uso de la Justicia como arma arrojadiza contra el adversario político, violando por completo la separación de poderes y la independencia judicial que se le suponen a un estado democrático y de derecho.

La persecución judicial tiene diversos ámbitos de aplicación, siendo la más habitual la manipulación de la Justicia desde el terreno político para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas con el fin de influir en la opinión pública. De este modo, se deslegitima y neutraliza al adversario político, provocando incluso la destitución de cargos públicos. No obstante, también conlleva torpedear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.

El término lawfare, a menudo empleado en países latinoamericanos, se ha hecho notable en situaciones como la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y el impeachment de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en 2016, siendo frecuentemente mencionado por la prensa y los círculos políticos en estos contextos.

¿Cómo se aplica en el ámbito de la amnistía?

Las llamadas a lawfare en el acuerdo de investidura firmado por Junts y PSOE vienen desde la parte neoconvergente. Los de Carles Puigdemont han presionado para incluir este concepto con calzador en la medida de gracia a todas aquellas personas enjuiciadas por causas ajenas al procés. A su parecer, sus imputaciones son más una consecuencia del reto que comenzó con las leyes de desconexión en el Parlament. Es el caso de Laura Borràs, que fue condenada por falsedad documental y prevaricación, o de Gonzalo Boye, investigado por blanqueo de capitales. Ambos tienen cuentas con la Justicia por causas ajenas al procés.

Sin embargo, el poder negociador de Junts ha permitido introducir este término en el acuerdo entre sendas formaciones en el marco de la ley de amnistía. El texto incluirá “tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Así se recoge en el documento del pacto, donde se establece que se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta situaciones de persecución judicial susceptibles de aplicar el articulado.

Críticas de los jueces al lawfare

Con todo, tras la firma del acuerdo, no sólo la derecha política y mediática se ha pronunciado en contra, sino que también las asociaciones de jueces y fiscales -progresistas y conservadoras- han salido al paso. En documento suscrito por la totalidad de ellas, criticaron especialmente “las referencias al lawfare y sus consecuencias”, precepto que posibilita a la Cámara Baja a la creación de comisiones de investigación para determinar si se han producido este tipo de manipulación judicial contra fuerzas independentistas.

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", han advertido. Frente a ello, han recordado que "los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".

De este modo, rechazan que se ponga en duda el funcionamiento del Poder Judicial, al que catalogan como "independiente, no sometido a presiones políticas y con un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".

Por su parte, Sergio Oliva, miembro del comité nacional de la AJFV, exhibe su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo". "En ese acuerdo, se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", precisa.



 

Cuando el PP acusaba a la izquierda de querer ganar en la calle lo que no ganaron en las urnas

La tibieza del PP ante las concentraciones en Ferraz contrasta a las

 manifestaciones que se han producido en sus sedes



M.N.

ElPlural

10-11-23

Hubo un tiempo en el que el PP criticaba que la izquierda saliera a la calle. Exactamente igual que ahora la derecha protesta contra la amnistía que permite que Sánchez sea investido la próxima semana, la izquierda ha salido a la calle en varias ocasiones entre críticas del PP por considerar lo que consideraba legítimo.

Una de las últimas fue hace un año, cuando el plan de las urgencias extrahospitalarias de Isabel Díaz Ayuso fracasó. Un millón de personas partieron de diferentes puntos de Madrid para converger en la plaza de Cibeles. Por entonces, el mensaje trasladado desde Sol era que era una manifestación "política". "Cuando me llamaron asesina, supe que no eran sólo médicos", indicó Isabel Díaz Ayuso, que acabó modificando el plan en las urgencias por la presión social. "La manifestación de ayer no fue en defensa de la Sanidad Pública, sino para defender un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierdas, debido a la debacle que va a sufrir el PSOE. Si hubiera sido una manifestación por la sanidad pública hubieran acudido dos millones de madrileños, no conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública", indicó. A día de hoy sigue costando encontrar un centro de estas características con médico provocando que se saturen las urgencias de los hospitales con pacientes con patologías menores que no pueden esperar a que abra su centro de salud o encuentran una cita con su médico de familia.

En 2016, miles de personas participaron en la manifestación "Rodea el Congreso", convocada por la Coordinadora 25-S, para protestar contra lo que consideraban una "investidura ilegítima" de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. El evento transcurrió de manera pacífica hasta que, al concluir la protesta en Sol, algunos manifestantes lanzaron objetos e insultaron a diputados.

Antes de eso, la protesta contra la "mafia golpista" que, según ellos, facilitó la investidura del candidato del PP, fue recibida con abucheos y cánticos de "sí se puede" cuando Rajoy fue proclamado presidente del Gobierno después de las 20:15h. En ese momento, la manifestación, que había comenzado en la plaza de Neptuno, llegó a la Puerta del Sol sin incidentes.

Fue después de levantar parcialmente las restricciones de circulación cerca del Congreso que un grupo de manifestantes se trasladó al acceso a la Cámara Baja desde la calle de Cedaceros. A la salida de diputados, especialmente de Ciudadanos, alrededor de un centenar de manifestantes los abuchearon, insultaron y lanzaron objetos, incluso alcanzando a periodistas.

La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes compartió en Twitter: "Hoy a la salida del Congreso me han llamado puta y me han tirado una lata de cerveza. Me quedo con la democracia y no con la violencia."

Antes de estos incidentes, la manifestación, que según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contó con alrededor de 6.000 personas (3.000 según él y 150.000 según los convocantes), vio al PP y a los "traidores" del PSOE recibir cánticos de rechazo por lo que consideraban una legislatura "ilegítima".

El expresidente del Gobierno Felipe González y la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, fueron objeto de señalamientos. Entre carteles con el 'NO' mayúsculo "a la mafia golpista", se produjeron abucheos frecuentes a la Policía, intensificándose cuando el helicóptero de este Cuerpo sobrevolaba a los manifestantes.

Las críticas al Rodea el Congreso siguen en pleno 2023. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo comparó a principios de este 2023 con el intento de golpe de Estado en Brasil tras la victoria electoral de Lula da Silva.

Unos años antes, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, expresó su percepción del movimiento 15M como una "extrema izquierda marginal antisistema". Aznar, aludiendo a la situación española afectada por una crisis intensa, señaló que aunque la democracia española tiene áreas de mejora, está consolidada y tiene sus propios cauces.

En sus declaraciones, Aznar caracterizó al 15M como un movimiento marginal antisistema vinculado a grupos de extrema izquierda, subrayando que su representatividad no era significativa en la vida española. El exmandatario reconoció la existencia de aspectos a mejorar en la democracia española, pero enfatizó que la naturaleza del 15M era más bien una expresión periférica, con diversas participaciones, que no tenía un impacto relevante en la dinámica política del país.

Aznar y su gobierno fueron partícipes también de cómo tras el 11-M y la versión falsa de que los atentados fueron cometidos por ETA, sus sedes se llenaron de manifestantes pidiendo que se contara la verdad. Quedaban días para las elecciones y Aznar culpó a ETA como autor del peor atentado que se ha vivido en España para ocultar que fue un ataque yihaidista. 

La autoría islámica era ya la única en la que trabajaban los investigadores a las veinticuatro horas del atentado. Pese a ello, el por entonces portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, señaló en público que ETA seguía siendo la principal teoría. Esta misma tesis fue sostenida por los medios de comunicación afines al Ejecutivo de Aznar en los informativos de ese día.

El PP reaccionó con virulencia ante lo que consideró un ataque a sus sedes tras la mentira contada por Aznar y Mariano Rajoy compareció en la sede nacional del PP, donde dijo que las manifestaciones eran “ilegales e ilegítimas”, y reclamó que se disolvieran por ser “antidemocráticos actos de presión sobre las elecciones” previstas para el día siguiente.

Rajoy también pidió que nadie acudiera a las concentraciones que se estaban produciendo hablando de “manifestación ilegal e ilegítima que rodea todas nuestras sedes imputando graves delitos”. De hecho, calificó los hechos de “gravemente antidemocráticos”.

Ahora, casi veinte años después, el PP acusa al PSOE de "obligar” a la Policía a “tratar como CDR” y de forma “injusta” a los manifestantes en la sede del PSOE en Madrid. De hecho, comparan ambas concentraciones en las sedes, tanto las de 2004 como las de 2023. "Es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer delante la sede del PSOE, en noviembre de 2023, lo hiciera también ante la sede del PP en marzo de 2004”. Y de hecho señalan que "fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar a Génova diciendo 'España no merece un Gobierno que le mienta”, en referencia a las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba. No obstante, omiten y mienten en que aquella frase ya se produjo cuando miles de personas se manifestaban ya contra el PP tras una de las mayores mentiras de la democracia.



 Sección Femenina de la Falange Española y de las JONS. Editado en 1.958






 

Santa Pederastia




Formación del Espíritu Nacional

 (1.940)


 






 


 

Las redes recuerdan los pactos de Aznar y González con Pujol ante las críticas del acuerdo PSOE-Junts


Los socialistas y la formación de Carles

 Puigdemont han sellado este jueves el pacto

 para la investidura de Pedro Sánchez

ElPlural

Redacción

9-11-23



José María Aznar, expresidente del PP, y Jordi Pujol, expresidente de CiU, dándose la mano para sellar simbólicamente el Pacto del Majestic

El pacto del Majestic de Aznar y las críticas contra la amnistía

En el marco de las negociaciones de los socialistas con Junts desde que Pedro Sánchez recibió el encargo del rey para la investidura, los populares han encauzado con mayor tono crítico los pactos que ha ido sellando el presidente del Gobierno y, entre los puntos más destacados, sobre la ley de amnistía. Por este motivo, la hemeroteca vuelve a tomar un papel relevante volviendo a lanzar sobre la mesa otros momentos de la historia democrática del país.

En primer lugar, en 1996, el Gobierno de Aznar indultó a 16 condenados por el Terra Lliure, los últimos presos de la organización terrorista. A la par, el dirigente popular necesitó apoyos para revalidar su mandato en La Moncloa: los de PNV, Coalición Canaria y, en especial, los de Convergència i Unió (Ciu), del cual resultó el Pacto del Majestic que acordó con Jordi Pujol, entonces presidente de la Generalitat catalana, uno de los antecesores de Carles Puigdemont en el cargo autonómico.

En este punto, cabe recordar que Aznar ha sido en estos últimos meses una de las voces más críticas de Génova ante las negociaciones del POSE, ya que llamó a una “contienda” nacional y “democrática” para acabar con la amnistía. Unas declaraciones que se vieron respaldadas por el conjunto de su partido y, por ende, rechazadas por el Gobierno en funciones.

González y Pujol, reunión en Moncloa

En otro orden de ideas, aunque bajo unas circunstancias similares, fue a principios de la década de los 90 cuando Felipe González también tuvo que buscar apoyos en otras formaciones políticas para volver a revalidar su cargo en el Ejecutivo nacional tras varios mandatos de mayorías absolutas.

En conversaciones mantenidas con el partido de Pujol, se pactó una cesión del 15% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), además del acceso a los fondos europeos de cohesión. A la par, el apoyo por parte del PNV le llegó a cambio de unas transferencias para Euskadi.

Breves claves del acuerdo entre PSOE y Junts

Ante estas puntualizaciones históricas, cabe volver al marco actual. PSOE y Junts han sellado este jueves el pacto definitivo para hacer presidente a Pedro Sánchez, con el que se han comprometido a abrir una nueva etapa para resolver el conflicto político en Cataluña a través de una mesa de negociación.

Uno de los puntos clave del mismo es que la formación de Puigdemont renuncia, con este pacto, a llevar a cabo un referéndum de independencia de carácter unilateral, tal y como el que sí se produjo en 2017. En segundo lugar, el escrito también promete la “superación de los déficits y limitaciones de autogobierno”. El documento destaca que ambas formaciones parten de "posiciones divergentes" pero se comprometen a desarrollar "una dinámica para la resolución" del conflicto en términos diferentes a los de la última legislatura, procurando la gobernabilidad durante la XV legislatura.


jueves, 9 de noviembre de 2023

 

PSOE y Junts firman el acuerdo para la investidura de Sánchez y se comprometen a “abrir una nueva etapa” en Cataluña

Lo más probable es que la

 presidenta del Congreso,

 Francina Armengol,

 ponga fecha este viernes

 a la sesión de investidura,

 que se celebraría la

 semana que viene

José María Garrido

ElPlural

9-11-23


PSOE y Junts han firmado ya el acuerdo de investidura para hacer presidente al candidato socialista. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que lleva en Bruselas desde el pasado domingo encabezando la negociación, ha expuesto en rueda de prensa dede el hotel Sofitel de la capital belga, las claves del acuerdo, que él mismo ha firmado con el secretario general del Jutns, Jordi Turull.

El acuerdo 

En el acuerdo, PSOE y Junts se comprometen a abrir una nueva etapa y contribuir a la resolución del conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya. El pacto incluye la creación de una mesa de negociación con un mecanismo para acompañar, verificar y dar seguimiento al proceso de negociación y a los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones.

En el acuerdo político firmado durante la pasada madrugada, PSOE y Junts también abordan los desacuerdos surgidos tras intensas negociaciones y presentan un relato diferente de los hechos relacionados con el procés. Mientras Junts considera "legítimo el resultado y el mandato" del referéndum del 1-O, los socialistas expresan su rechazo a la "legalidad y validez" de dicho referéndum y de la declaración de independencia.

La negociación política que se comprometen a llevar a cabo abordará dos grandes asuntos según el acuerdo: la "superación de los déficits y limitaciones del autogobierno" y las cuestiones relacionadas con el reconocimiento nacional de Catalunya. Junts adelanta su intención de reclamar un referéndum pactado y un pacto fiscal para Catalunya.

El documento destaca que ambas formaciones parten de "posiciones divergentes" pero se comprometen a desarrollar "una dinámica para la resolución" del conflicto en términos diferentes a los de la última legislatura, procurando la gobernabilidad durante la XV legislatura.

El texto del acuerdo, que aún no incluye los detalles de la ley de amnistía a presentar la próxima semana, señala que el ciclo de movilizaciones independentistas tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que anuló el estatuto catalán. Se critica la falta de negociación política por parte de los gobiernos de entonces y se menciona la consulta popular de 2014 y el referéndum de independencia de 2017, suspendidos y anulados por el Tribunal Constitucional.

El acuerdo se presenta como una "oportunidad histórica" para abordar el conflicto a pesar de las "profundas divergencias" y destaca que solo la política democrática puede encontrar una solución. Se subraya la necesidad de una negociación y acuerdo en contraposición a la vía unilateral que caracterizó el desenlace del procés en 2017.

El pacto, anunciado 15 semanas después de las elecciones y a 18 días del plazo límite para evitar nuevas elecciones, incluye el compromiso de investidura para Pedro Sánchez y la presentación de la ley de amnistía la próxima semana. 

Duras negociaciones

Las negociaciones se han prolongado más de lo previsto y han estado “encalladas” desde que comenzaron los inicios de los contactos después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibiera el encargo del rey para intentar conseguir los avales en la investidura y revalidar el cargo en Moncloa.

Cerdán, encargado de tratar con el equipo directo del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya prometió que no abandonaría la sede europea hasta alcanzar el pacto definitivo con Junts.

Queda por ver cuándo se celebrará la sesión de investidura, un anuncio que deberá dar la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, lo antes posible para ultimar los preparativos. El 27 de noviembre es la fecha límite para celebrarla.

La investidura, la semana que viene

Así las cosas, lo más probable es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ponga fecha este viernes a la sesión de investidura, que se celebraría la semana que viene.

Necesidad de acuerdo 

En contra de lo sostenido por la derecha mediática, las manifestaciones en Madrid de Vox y demás grupos ultra en contra de la amnistía y la contestación de parte de la judicatura vinculada al Partido Popular, (desde la declaración institucional contra la amnistía promovida por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las acciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón), también han contribuido a que PSOE y Junts viesen la necesidad de llegar a un acuerdo.