Hurtado y Peinado, cortados por el mismo patrón: conexiones con el PP de los dos jueces de moda para Feijóo y Abascal

Sus trayectorias, marcadas por decisiones controvertidas y vínculos estrechos con el Partido Popular, los posicionan como referentes clave para los líderes de la derecha española

ElPlural

S.G.

8-12-2-4

Ángel Luis Hurtado y Juan Carlos Peinado, dos figuras del ámbito judicial con una marcada orientación conservadora, han adquirido protagonismo en un contexto político donde el peso de la justicia resulta crucial. Sus trayectorias, marcadas por decisiones controvertidas y vínculos estrechos con el Partido Popular, los posicionan como referentes clave para los líderes de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Aunque operan en ámbitos diferentes, sus perfiles y actuaciones muestran un patrón común de afinidad con la estrategia del PP, lo que ha generado debate sobre la independencia de sus acciones.

Ángel Luis Hurtado: el juez que defendió a Rajoy

Ángel Luis Hurtado cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la judicatura, habiendo ingresado en 1983 y alcanzado la Audiencia Nacional en 2006 tras pasar por Canarias, el País Vasco y Madrid. Durante años, estuvo vinculado a causas relacionadas con el terrorismo de ETA, pero fue en 2017 cuando su figura ganó relevancia mediática al asumir el caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción que afectaron al Partido Popular.

En aquel proceso, Hurtado defendió con vehemencia que Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, no debía declarar como testigo. Alegó que la comparecencia del líder del Ejecutivo no aportaría nada al caso y que podría utilizarse con "motivaciones políticas". Incluso llegó a sostener que Rajoy desconocía los hechos de corrupción en municipios clave como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, donde el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría del tribunal decidió que Rajoy debía declarar.

Cuando, en 2018, la Audiencia Nacional condenó al PP a devolver más de 240.000 euros, Hurtado optó por no firmar la sentencia, lo que marcó su postura de disidencia frente a una resolución que contribuyó a la caída del Gobierno de Rajoy. Ese posicionamiento no pasó desapercibido: en 2020, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún estaba dominado por una mayoría designada por el PP, Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo con 19 votos a favor.

Desde su llegada al Supremo, su actuación ha seguido generando polémica. Una de sus sentencias en la Audiencia Nacional, que condenaba a cinco años de prisión a un supuesto yihadista, fue anulada por el Alto Tribunal, que lo acusó de modificar unilateralmente los hechos probados. Además, Hurtado ha intervenido en causas promovidas por sectores ultraconservadores, como HazteOír, incluyendo investigaciones contra figuras de la izquierda como Pedro Sánchez o Irene Montero.

Juan Carlos Peinado y sus raíces en el entorno del PP

Por su parte, Juan Carlos Peinado, actualmente titular del Juzgado 41 de Madrid, ha seguido un camino diferente, pero con similares lazos con el PP. Su carrera incluye pasos por juzgados de Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Getafe y Madrid, y ha intentado acceder a cargos de relevancia, como vocal del CGPJ en 2013 y juez de refuerzo en la Audiencia Nacional en 2019, sin éxito.

Una de las características más destacadas de Peinado es su conexión personal y familiar con figuras históricas del PP. Desde niño mantiene una relación de amistad y parentesco con Sebastián González Vázquez, exdiputado, exsenador y tesorero nacional durante la etapa de Pablo Casado. Además, su hija es concejala del PP en Pozuelo de Alarcón, un municipio históricamente asociado a casos de corrupción vinculados al partido.

Peinado también cuenta con vínculos profesionales significativos. En los años 80 y 90, trabajó en un despacho de abogados en Ávila junto a Sebastián González y Ángel Acebes, exministro de Justicia y del Interior. Este despacho, que posteriormente se fusionó con el del también exministro José María Michavila, evidencia una larga relación con las altas esferas del PP.

En su etapa más reciente, Peinado ha participado en actividades organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de línea conservadora, y ha colaborado con figuras como Manuel García Castellón, instructor de casos relevantes que afectan a la izquierda. Además, fue incluido en la terna de candidatos apoyados por el PP para formar parte del CGPJ en junio de 2024.

En un momento en el que las decisiones judiciales tienen implicaciones directas en la agenda política, la figura de estos jueces trasciende el ámbito técnico para convertirse en un símbolo de cómo el poder judicial puede influir en el equilibrio de fuerzas políticas. La combinación de sus antecedentes, las redes de relaciones que mantienen y las decisiones clave que han tomado consolidan su papel como actores principales en la narrativa de la derecha española, lo que intensifica las críticas sobre la politización de la justicia en España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mazón aprovecha la DANA para estrechar lazos con Zaplana y ‘empresas Gürtel’: millones y contratos conocidos

De vínculos con Zaplana a contratos para la reconstrucción de Valencia por más de cuatro millones de euros

M.A.

8-12-24

ElPlural

Los claroscuros en la gestión de Carlos Mazón sobre la DANA continúan dando de qué hablar. Es sabido que en el mes que ha pasado desde la catástrofe natural, el presidente de la Generalitat Valenciana, en aras de la reconstrucción, ha concedido contratos, que en su montante alcanzan millones de euros, a empresas vinculadas con la trama Gürtel y, a su vez, creando vínculos con el entorno de Eduardo Zaplana.

Al margen de sus cambios internos en el Consell -que se integran en el rendimiento de cuentas ante el Parlament valenciano, el cese de las ya exconselleras Nuria Montes y Salomé Pradas, y el nombramiento de dos militares en su Ejecutiva-, lo cierto es que Mazón ha ido adjudicando sendos contratos con valores que superan al millón a empresas vinculadas con la mencionada trama que nación del seno del Partido Popular.

Prueba de ello, y de los vínculos que fácilmente se relacionan con el expresidente Zaplana -quien fuera condenado a diez años de cárcel-, se encuentran, entre los recientes fichajes de Mazón, el de Marian Cano -hija de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y salpicado por sus relaciones con la Gürtel- al frente de Innovación, Comercio y Turismo; así como los de otros discípulos como Susana Camarero, Miguel Barrachina o José Antonio Rovira.

Empresarios de la Gürtel, en la hoja de ruta de Mazón

Cabe repasar a su vez las acciones a nivel adjudicatario acometidas en las últimas semanas por el presidente valenciano tras la DANA. Así, la Generalitat ha concedido varios de los contratos de las obras de reconstrucción de las zonas afectadas a entidades vinculadas con la Gürtel.

Una de ellas, apunta al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien adjudicó 4,2 millones de euros a dedo a la constructora alicantina CHM Obras e Infraestructuras S.A. Asimismo, Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco de la trama de corrupción que golpeó al PP a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales respecto de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 de Rita Barberá y por un tercero de falsedad documental. A la misma empresa, también se le hizo responsable de las obras de la carretera CV-36, mientras que las del tramo de Cheste de la CV-50 cayeron del lado de Becsa S.A., dirigida por Gabriel Alberto Batalla Reigada, confesor de delitos electorales y de falsedad documental. A Becsa también se le ha otorgado la reconstrucción de una presa dañada y varias carreteras por más de 1,5 millones de euros.

También la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Barberá entre 2006 y 2007, recibió contratos que superan los 9,5 millones de euros para obras en Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algemesí, Albalat, l’Alcudia y Carlet.

La última de Mazón por medio del teniente Gan Pampols

La última novedad que se suma a los movimientos de la Generalitat en clave de reconstrucción de Valencia se centra en el fichaje de Vicente Ferrer, un militar de las Fuerzas Armadas que fue condenado por conducir ebrio en 2012, lo que le costó una pena de ocho meses sin permiso de conducir y delito que cometió cuando era diputado del PP en el Congreso.

Ahora, este hombre, vinculado a su vez a Zaplana y habiendo ostentado cargos de vicepresidente de la Diputación de Valencia -antes de su etapa como diputado nacional-, ha sido fichado recientemente por el teniente general Gan Pampols, ahora vicepresidente de la Reconstrucción de Valencia tras la DANA.