Broncano gana el Premio Iris al Mejor Presentador y se lo dedica a 'El Hormiguero'

El presentador le ha dedicado unas palabras a su principal competidor

ElPlural

N. Cabo

14-1-25

David Broncano ha sido galardonado como el Mejor Presentador de Entretenimiento en los Premios Iris por su papel en La Revuelta. En su discurso, el presentador se ha acordado de su competidor más cercano, El Hormiguero de Pablo Motos, a quien se lo ha dedicado agradeciéndole la competencia que les hacen, que es lo que les ha impulsado a ser mejores, tal como ha explicado.

A esta categoría, además del propio Broncano por La Revuelta, estaban nominados Pablo Motos por El Hormiguero, Ramón García por el Grand Prix, Chenoa por OT 2023, Carlos Sobera por First Dates y Eva González por La Voz.

En su discurso, David Broncano ha dedicado unas emotivas palabras a su competidor más potente, que es el programa de Antena 3 que cada noche se bate en audiencias con La Revuelta. "Quería agradecer el premio a El Hormiguero, os juro que no es irónico. El año pasado cuando después de todas las guerras púnicas se consiguió que el programa finalmente estuviera en TVE, estuve viendo El Hormiguero y creo que el hecho de ver un programa tan potente y consolidado, como dicen los deportistas, es como un rival duro te hace mejor".

"Si no hubiéramos tenido una competencia directa, sin olvidar los demás programas en esa franja, siendo realistas el mayor cruce de audiencia era El Hormiguero, sabíamos que teníamos que dar un paso más al ir a Televisión Española", ha proseguido. Así, ha terminado zanjando al respecto: "Si no hubiéramos tenido en frente semejante transatlántico televisivo, creo que no nos habríamos puesto tanto las pilas. Creo que a ellos también les ha estimulado. Agradezco la competencia que nos ponen".

Además, el presentador ha querido mostrar su agradecimiento a la audiencia de La Revuelta: "También a toda la gente que ve el programa cada día, y sobre todo los primeros días. A toda la gente que no se ha dejado llevar por la etiqueta de programa comunista del demonio que nos habían puesto".

"Si no hubiera sido por el cariño de la gente que sentimos, no estaríamos en la posición que estamos ahora. Muchas gracias por confiar en nosotros, en Televisión Española, ahí seguiremos", ha zanjado.

Los Iris que se lleva La Revuelta 

Estos son todos los premios que se lleva la familia de La Revuelta en los Premios Iris 2024:

• David Broncano, Premio al Mejor Presentador de Entretenimiento

• Ricardo Castella y David Broncano, Premio a la Mejor Dirección de Programas

• Equipo de La Revuelta, Premio al Mejor Guion de Entretenimiento​​​​

 

Silvia Intxaurrondo se impone como mejor presentadora a Susanna Griso, Ana Rosa y Sonsoles Ónega

Risto Mejide y Joaquín Prat también se encontraban nominados en la categoría Mejor presentador/a de programas de actualidad

ElPlural

15-1-25

Este martes, 14 de enero, se celebraban los Premios Iris de la Prensa Especializada 2024, en los que la Academia de Televisión galardona a algunos de los profesionales de la industria. En esta ocasión, el gran laureado ha sido Broncano y su Revuelta, aunque otros espacios y rostros de Televisión Española también han sido laureados. Es el caso de Silvia Intxaurrondo, presentadora de La hora de La 1, que se impuso a Susanna Griso, Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega en la categoría Mejor presentador/a de programas de actualidad. 

La presentadora vasca no asistió a la gala, celebrada en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, por lo que los subdirectores del matinal de La 1, Miguel y Natalia, recogieron el premio como Mejor presentadora/a de programas de actualidad en su lugar: "Silvia no ha podido venir porque se ha ido a la cama hace como media hora", explicaron. Intxaurrondo se enfrentaba en dicha categoría a distintos rostros de Mediaset España y Atresmedia: Sonsoles Ónega, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat y Risto Mejide. 

A primera hora de este miércoles, la comunicadora ha querido agradecer a la Academia el reconocimiento, teniendo también unas especiales palabras para el equipo de su programa: "¡El premio Iris de la Academia de la Televisión a Mejor Presentador/a de Programas de Actualidad! Muchas gracias a todos los académicos y académicas. Gracias a RTVE. Y Gracias al gran equipo de La hora de La 1 que lo ha hecho posible. Lo celebraremos".

Intxaurrondo vivió un día de luces y sombras este martes ya que, pese a terminar la jornada con un trofeo entre sus manos, volvía a reabrirse su batalla con 'El Mundo'. El pasado 5 de marzo, el diario publicaba una información que aseguraba que RTVE renovó a la presentadora de La hora de La 1 por 537.000 euros el mismo día de su entrevista a Alberto Núñez Feijóo en dicho programa. La vasca defendía que se trataba de una información falsa y presentaba una demanda contra el director del periódico y Unidad Editorial, Joaquín Manso.

El pasado miércoles se celebraba la vista oral y dos días después se emitía la sentencia: la Justicia ha dado la razón al medio tras su "rectificación voluntaria" e Intxaurrondo deberá pagar las costas. Mientras, ella asegura que "mienten de nuevo" y les acusa de "vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual".

TVE se lleva 9 premios, encabezados por Broncano y La Revuelta

Televisión Española lograba casi una decena de galardones en esta gala de los Premios Iris. La Revuelta encabeza los premiados del ente público con cuatro títulos: Mejor presentador de programa de entretenimiento, Mejor dirección de programas - para David Broncano, Ricardo Castella y Jorge Ponce-, Mejor programa de entretenimiento y Mejor guion de entretenimiento.

 La Catalá como siempre...

La carta de Hacienda que tumba el bulo de Catalá sobre los fondos europeos por la DANA

El departamento de María Jesús Montero neutraliza el bulo de la alcaldesa de Valencia tras su viaje a Bruselas en busca de fondos europeos

ElPlural

15-1-25

La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, viajó el lunes 13 de enero a Bruselas, con el objetivo de obtener ayudas europeas que permitan la reconstrucción de las tres pedanías de Valencia afectadas por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. Por ello, la primera edil mantuvo reuniones con el Comisario Europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopkw Hoekstra, la vicepresidenta de la Comisión sobre Materia de Soberanía, Tecnología de Cohesión y Reformas, Raffaele Fito. Como acostumbra el PP cada vez que pisa una sede comunitaria, Catalá cargó las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de no haber solicitado aún el Fondo de Solidaridad. Lo cual no se corresponde con la realidad, según una carta que ha publicado eldiario.es y que proviene del Ministerio de Hacienda.

En la misiva no sólo se tumba el argumentario una regidora valenciana que actuaba con “gran sorpresa”. “La primera sorpresa y la hemos recibido con muchísima preocupación es que el Gobierno de España aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad, más de dos meses después de la DANA. Exigimos que lo soliciten cuanto antes porque el plazo termina el 21 de enero y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios”, explicó María José Catalá, al tiempo que insistía en que el Gobierno central “reconoció que no lo había solicitado, a pesar de que Sánchez dijo que lo había hecho formalmente el 5 de noviembre”. “Es muy preocupante y pedimos al Gobierno celeridad para que no se pierdan las ayudas”, remachó.

Bulo neutralizado

Sin embargo, según ha publicado eldiario.es, el Ministerio de Hacienda se ha defendido de las acusaciones de Catalá y hace publica la misiva en la que se certifica que tan sólo seis días después de la DANA, el Gobierno ya inició el plazo para solicitar todas las ayudas posibles a la UE. Desde entonces, se abrió un periodo para recopilar toda la documentación que sea posible para acreditar la cuantía que se solicita, siendo habitual apurar el plazo para presentar una información de lo más documentada de los fondos con la mayor precisión posible. Así lo explicaban desde el departamento dirigido por la también vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aludiendo al escrito detallado con fecha de 4 de noviembre que envió a la comisaría europea de Cohesión y Reformas, para trasladarle la decisión de acudir al Fondo de Solidaridad.

El escrito desmiente a la alcaldesa valenciana, acreditando que ya se advirtió a la Comisión Europea la adhesión de España. “Te informo de que vamos a solicitar la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que simboliza la fraternidad de la unión con los territorios afectados por grandes catástrofes naturales”, exponen a Elisa Ferreira. Según exponen desde la cartera de Hacienda, esgrimen que la “solicitud de adhesión al fondo requiere de la presentación numerosa de información y detalles pormenorizados de la “cuantificación de los daños”, habida cuenta de que “no se trata de un proceso ni autonómico ni sencillo”, amén del plazo de 12 semanas fijado por la Comisión para presentar la documentación recabada.

“Otros países que han sufrido catástrofes naturales también han agotado el plazo, algo lógico para quienes conozcan el funcionamiento del Fondo de Solidaridad”, justifican en el escrito. En paralelo, el Ministerio está recopilando toda la información de otros departamentos, ayuntamientos y el Ejecutivo valenciano. En este sentido, no ocultan su sorpresa ante el desconocimiento de Catalá sobre este tipo de trámites, habida cuenta de que “también incumbe a administraciones locales”. En todo caso, Hacienda ha remarcado que enviará la solicitud en tiempo y forma, así como la pertinente información para acreditar el derecho a recibir el Fondo de Solidaridad.

Pilar Bernabé augura la llegada de más fondos

A este respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, replicaba  que el Gobierno de España está utilizando todos los recursos europeos disponibles para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por desastres. A través de una modificación urgente del reglamento de fondos de cohesión, se permitirá utilizar estos fondos para la reconstrucción. Además, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se incrementará de 1.124 millones a 1.500 millones de euros para ayudar a los países afectados por catástrofes, y España ha solicitado que se active el procedimiento de urgencia para recibir estos fondos en relación con los daños causados por la DANA en Valencia.

Asimismo, la Comisión Europea ha propuesto modificar el FEADER, lo que permitirá a los estados afectados por desastres naturales utilizar fondos no empleados en programas de desarrollo rural para acelerar la recuperación. Por su parte, el Gobierno de España ha propuesto modificar el Plan de Recuperación y Resiliencia para redirigir 1.500 millones de euros hacia la reconstrucción de la economía valenciana.

Sandra Gómez, eurodiputada y secretaria general de los socialistas en Valencia, ha criticado las declaraciones de María José Catalá, acusándola de difundir informaciones falsas sobre la gestión de la DANA y de intentar desviar la atención de la mala gestión de Carlos Mazón. Gómez subraya que el Gobierno de España ha estado trabajando durante meses con la Comisión Europea para evaluar los costos de la DANA y asegurar la obtención de fondos para la recuperación. Por otro lado, Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, organizó una comitiva europea que visitó la zona afectada, logrando que su grupo político consiguiera que 5.000 millones de euros en fondos europeos se destinaran a la reconstrucción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvia Intxaurrondo y ‘El Mundo’ vuelven a la guerra tras el fallo de la Justicia: “Miente de nuevo”

La Justicia obliga a la presentadora a pagar las costas tras la "rectificación voluntaria" de 'El Mundo'

ElPlural

Andrea Cabanillas

14-1-25

Se reabre la guerra entre Silvia Intxaurrondo y ‘El Mundo’. El pasado 5 de marzo, el diario publicaba una información que aseguraba que RTVE renovó a la presentadora de La hora de La 1 por 537.000 euros el mismo día de su entrevista a Alberto Núñez Feijóo en dicho programa. La comunicadora defendía que se trataba de una información falsa y presentaba una demanda contra el director del periódico y Unidad Editorial, Joaquín Manso. Ahora, la Justicia ha dado la razón al medio, mientras que Intxaurrondo asegura que "mienten de nuevo". 

La vista oral se celebró el pasado miércoles y, dos días después, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid dictó sentencia, concluyendo "no haber lugar a la rectificación solicitada en la demanda" y condenando en costas a Intxaurrondo por falta de fundamento en su pretensión. 

La Justicia ha considerado que las informaciones publicadas por el diario son veraces y avala la documentación que las sostiene: "Estos datos de la entidad pública, no cuestionados ni sobre los que exista prueba en contrario, son coincidentes con los del contrato final y constan también en el propio documento interno de RTVE aportado por la demandante en el juicio sobre las fechas de modificaciones del contrato, en el que en la fecha del día siguiente [a la entrevista con Feijóo], 18 de julio, se confirma la solicitud de contratación", se lee. 

Cabe recordar que 'El Mundo' publicaba que el contrato de la presentadora había sido renovado el mismo día de la entrevista al líder popular por un valor de 537.000 euros. Acto seguido, la vasca solicitaba a Unidad Editorial, a Joaquín Manso y a la periodista que firmó las informaciones la rectificación, alegando que RTVE no la cerró ese día, "sino el 21 de agosto" y que "tampoco se inició el proceso de contratación en esa fecha". Además, Intxaurrondo defendía que "la cifra del contrato que recogía el titular no es correcta", pues según la demandante "no es el salario sino un límite salarial impuesto en el contrato como techo máximo para el caso de que presenten 520 programas en dos años". 

No obstante, el fallo deniega el derecho de rectificación al valorar que "el primer punto sobre el que se solicita la rectificación es el relativo a la fecha del contrato de la demandante con la cadena de RTVE" se reflejó en la información del 4 de marzo y que dicha información estaba avalada por las pruebas. La jueza afirma que "no puede ser calificada de errónea la noticia por cuanto el empleo del término renovación se apoya en el hecho cierto de la continuidad de la demandante como presentadora que ya existía en el momento de la entrevista , aunque desde un punto de vista jurídico se tratase de un contrato nuevo, con otras condiciones o incluso con otra persona, ya que se hizo con la sociedad que en fechas posteriores fue constituida por la propia demandante y su esposo, lo cierto es que suponía la continuidad de la periodista en la cadena". Y es que, la periodista alegó que no se trató de una "renovación" porque "en realidad es un nuevo contrato mercantil con la cadena".

La Justicia hace referencia "como fuente documental al expediente interno de costes de RTVE que recogía el presupuesto previo 537.514 euros y la duración del contrato por dos años y se ha acreditado por la demandada -la periodista Esther Mucientes- que efectivamente así consta en el excel interno" aportado. Además, con respecto al sueldo de la presentadora al frente de El Mejor de la Historia, Intxaurrondo solicitaba que se rectificase la información que afirmaba que cobraba 25.000 euros por programa, "sin que se indique en la demanda el dato concreto que se cobra, ni se facilitara tampoco" a la periodista "para complementar o rectificar la información sino que se limitaba a indicar que era una cantidad sustancialmente menor a la indicada". 

Sobre este último asunto, la sentencia alega que "la demandante pretende que se rectifique el importe por otro que no cuantifica, sino que solo mantienen que es inferior, por lo que es evidente que tampoco en este caso se puede constar la existencia de una información errónea que deba ser rectificada", mientras que la periodista que firmó la información "sí acredita que dicha información tienen como fuente el contrato de 4 de diciembre de 2023 suscrito entre RTVE y la productora del programa The Pool Talent Management SL en el que para los presentadores se pactan 25.000 euros por programa".

La respuesta de Intxaurrondo

Tras conocerse el fallo de la Justicia, Silvia Intxaurrondo utilizaba su cuenta de X para responder a 'El Mundo'. La periodista ha afirmado que el diario "miente de nuevo" y les acusa de "vender como triunfo lo que en realidad no es más que la evidencia de su mala praxis ya habitual". 

La presentadora adjunta un fragmento de la sentencia en el que se lee que 'El Mundo' había "rectificado" la información previamente a la resolución. "Habiéndose rectificado voluntariamente la información, completando la misma con la fecha de firma del contrato y con el detalle de la forma de pago dependiendo del número de los programas realizados, no procede una nueva rectificación", reproduce Intxaurrondo. 

"Resumiendo: la jueza, no yo, afirma que 'El Mund ha 'rectificado', 'completando', 'corregida' y 'aclarada' su información a lo largo de 4 días y por ello no admite lo que ella considera una 'nueva rectificación", escribe la periodista en su red social. 

 

La Unión Progresista de Fiscales denuncia una “caza de brujas” contra el Fiscal General por el caso del novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, está citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero

ElPlural

14-1-25

La Unión Progresista de Fiscales denuncia una “caza de brujas” contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El responsable jurídico, investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, está citado a declarar como imputado el próximo 29 de enero en la causa abierta contra él, la Fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica, Diego Villafañe, después de haber desmentido el bulo fabricado por el entorno de la lideresa de Sol en la causa judicial que afecta a su pareja, quien reconoció dos delitos fiscales.

El documento firmado por el vector progresista de los magistrados y al que ha tenido acceso la Cadena Ser, mantiene que lo que el juez del Alto Tribunal define como “indicios” contra los investigados se corresponde con el “normal funcionamiento” del Ministerio Público que opera ateniéndose a los principios de unidad y jerarquía y en la que todos los miembros que forman parte están obligados a informar a sus superiores de temas que tienen una especial trascendencia.

"Ataque sin precedentes"

Así las cosas, el texto asegura que “la resolución supone un ataque directo a la institución del Ministerio Fiscal y a su funcionamiento interno porque la dación de cuenta al Fiscal General de los asuntos trascendentes no es una posibilidad, sino una obligación”, y añade que el auto “no supone otra cosa que manifestar que la dación de cuentas al superior jerárquico puede ser considerado a partir de ahora un indicio de delito”. En consecuencia, la cuestión obedece a “un ataque frontal, sin precedentes al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho”.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado por buena la tesis de las acusaciones con el auto por el cual se cita a declarar como investigados a los cargos mencionados mientras rechaza el testimonio de los periodistas que declararon como testigos y que tuvieron en su poder el correo con la confesión del compañero sentimental de la presidenta antes de que dicho documento alcanzara al Fiscal General.

De esta manera, Hurtado considera que la testifical de los informadores no arrojan datos objetivos a la vez que mantiene que la filtración salió de Fiscalía. Es más, se refiere a un plan cerrado entre García Ortiz, Rodríguez y Villafañe con el objetivo de dar rienda suelta a una dinámica delictiva; siendo así como definen las actuaciones llevadas a cabo para echar por tierra la mentira del entorno de la presidenta, concretamente de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Cabe destacar que el responsable de prensa de la baronesa regional intentó hacer creer a partir de información sesgada que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a González Amador, cuando las cosas ocurrieron precisamente al revés. Es decir, que fue la defensa del novio de la política la que reconoció haber cometido fraude fiscal con la intención de evitar la prisión.

Con el último movimiento de Hurtado, Ortiz está llamado a declarar el próximo 29 de enero. Un día después está citada Rodríguez, y la número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, tendrá que hablar en sede judicial el próximo 5 de febrero.

El auto de Ángel Hurtado

En el auto, el juez Hurtado explica que da este paso porque considera que las diligencias practicadas, especialmente que las diligencias practicadas, especialmente los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, vienen a “apuntar” la presunta participación García Ortiz Rodríguez en la filtración investigada.

Asimismo, el juez considera que “hay base indiciaria para abrir la investigación contra Villafañe, pues los tres, de manera coordinada, se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de lo que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados”.

Para el magistrado, el “solo trasiego del intercambio de mensajes que se producen el día 13 de marzo de 2024 entre las 21:59 horas, en que García Ortiz recibe en su Gmail particular” el correo electrónico del 2 de febrero donde la defensa de González Amador ofrece reconocer dos delitos fiscales a cambio de alcanzar un acuerdo. A las 23:51, cuando el mail se publica en medios de comunicación, son “reveladores de momentos de urgencia y gran tensión, que tienen lugar bajo su batuta”.

En la misma línea, el magistrado añade que el Fiscal General en “la elaboración de la nota de prensa, que se publica como nota informativa, en la mañana del día 14”, pasadas las 10:00 horas, para hablar de ese cruce de mensajes “es lo suficientemente indicativo de su papel relevante en la divulgación de una información reservada y confidencial que no debió divulgarse”.

“La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del fiscal general del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente, así como el concreto interés de contar con ese correo de 2 de febrero de 2024, que no había sido remitido a Fiscalía General entre la documentación enviada el día 8 a través del teniente fiscal Diego Villafañe Díez", apostilla el texto.

 

El precedente jurídico del Madrid Arena que puede sentar las bases sobre las muertes en las residencias de Ayuso

Los 109 familiares de víctimas que consiguen que se reabra la causa recuerdan la sentencia del Tribunal Supremo sobre la fiesta de Halloween en la que murieron cinco jóvenes en 2012

ElPlural

Rubén Rozas

14-1-25

“Es relevante también recordar lo que dijo el Tribunal Supremo en su sentencia sobre el caso Madrid Arena”. Este es uno de los epígrafes que contiene la macrodenuncia interpuesta por 109 familiares de víctimas que perdieron la vida en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid a principios de la pandemia como consecuencia de los llamados protocolos de la vergüenza.

El documento, de 165 páginas y al que ha tenido acceso de manera íntegra ElPlural.com, ha provocado que la Fiscalía reabra la causa sobre lo que ocurrió en los centros de la tercera edad durante las primeras semanas del Covid-19 en la región, unos hechos por el momento impunes pero que siguen teniendo en frente a quienes perdieron algún ser querido en aquellos días sin que éstos recibieran asistencia sanitaria.

El amplio texto apunta en diferentes direcciones, y una de ellas es el ámbito penal. El entorno de las víctimas apunta a varios principios -especialmente al artículo 511 del Código Penal-, pero también a Europa. Y en este tótum revolútum – bien estructurado y que contiene también las penas a las que podrían enfrentarse los altos cargos de la administración Sol- aparece la negligencia que derivó en la muerte de cinco jóvenes en la sala de ocio nocturno Madrid Arena durante la fiesta de Halloween en 2012.

Sentencia del Madrid Arena

En aquella sentencia, el Alto Tribunal define que “cuando, como es el caso, se trata del curso de un proceso irregular, de naturaleza múltiple, este fenómeno puede ser de dos clases: a) aquellos supuestos en que concurren un suceso extraño que rompe la cadena casual, por la intervención de un tercero o de la propia víctima; b) aquellos otros que obedecen a diversas causas que confluyen todas ellas a la producción de un mismo resultado, y que no se hubiera producido sino por la adición de vectores contributivos a generar tal resultado”.

“Esto último es lo que ocurre en el supuesto que enjuiciamos. Nos hallamos ante una cadena casual múltiple que origina la creación de un riesgo para la víctima, incrementando tal riesgo cada una de las acciones u omisiones casuales”, apostilla.

La sentencia del Madrid arena se saldó con la condena de cuatro años de prisión a Miguel Ángel Flores, presidente y administrador de Diviertt y promotor del evento, después de que la Audiencia Provincial de la capital lo considerara responsable de cinco delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave. Asimismo, quedó inhabilitado para desempeñar el ejercicio profesional de cualquier actividades en relación con la organización y la celebración de actividades durante el tiempo de la condena.

Los magistrados condenaron también al médico Simón Viñals, encargado de atender y de dirigir el servicio médico la noche de los hechos. De esta manera, el TS anuló la absolución dictada previamente por la Audiencia y le impuso un año y medio de prisión por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en lo relativo a la víctima Cristina Arce. La sentencia de entonces explicaba que esta persona incrementó el riesgo de que la joven falleciera debido a su actuación, y es que la víctima fue trasladada con vida a la enfermería del recinto y murió después debido a las graves lesiones que padecía tras el aplastamiento sufrido en el vomitorio.

“Cada una de las acciones u omisiones de denegación de la prestación sanitaria incrementó el riesgo”

Los actuales denunciantes firman que “cada una de las acciones u omisiones de denegación de la prestación sanitaria incrementó el riesgo para la salud de los residente” y que el resultado de aquella actuación es de sobra conocido: 11.124 muertes durante la primera ola de la pandemia, 8.205 en el propio centro residencial; de las cuales, 7.291 -el número que persigue a la lideresa regional- se produjeron entre marzo y abril fruto de la no derivación a hospitales. “Otras decenas de miles de personas vieron cómo empeoraban sus condiciones físicas y cognitivas”, apuntalan las personas que rubrican las líneas, concluyendo que es “casi imposible encontrar a un residente que saliese indemne”.

Los familiares de 115 víctimas evidencian que “sin duda, una parte de los residentes habrían fallecido aunque hubiesen recibido la prestación sanitaria a la que tenían derecho, y en muchos otros la pandemia habría dejado importantes secuelas, exactamente igual que en el resto de la población”, pero que es precisamente ahí “dónde está el quid de la denuncia: a los residentes enfermos y con discapacidad no se les trató como al resto de la población, se les discriminó por su condición física y/o mental”.

“Esa discriminación no sólo estaba completamente injustificada, sino que era ilegal. Las personas con discapacidad que vivían en residencias en ningún momento perdieron su derecho a la prestación sanitaria. O para ser más exactos: no lo perdieron legalmente, aunque sí en la práctica”, indican; y en estas recuerdan lo que dijo el TS, en un auto respecto de este tema fechado en 2020 y en el que se archivaron varias querellas presentadas contra los aforados.

El Tribunal Supremo, en 2020 sobre las muertes en residencias: "Derecho a recibir la asistencia médica"

El Alto Tribunal certificó que “nada impide la apertura de una investigación jurisdiccional encaminada a determinar, en cada caso, quién era la autoridad legalmente obligada a prestar los medios indispensables para que los trabajadores desempeñaran su actividad conforme a las normas de seguridad e higiene en el trabajo”.

“Se trata pues, de promover, en el marco definido por un proceso penal, si las autoridades o funcionarios respecto de las que pueda predicarse su condición de garantes omitieron de forma consciente o negligente su deber de actuar (…) La actual inexistencia de los datos que autoricen la apertura de unas diligencias previas contra cualquiera de los aforados no es obstáculo para instar la exhaustiva investigación ante los jueces de instrucción que resulten competentes con arreglo a las normas ordinarias”, añadían.

Con todo, el TS insta a la instrucción a “esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Los denunciantes hacen hincapié, por lo tanto, en ese “derecho” a “recibir la atención médica de la que eran merecedores” y que no se respetó; y en que a día de hoy no se haya llevado a cabo esa “exhaustiva investigación” que determine si a más de 48.000 personas se les “impidió recibir la atención médica de la que eran merecedores”.  

La Comunidad de Madrid podría haber violado varios artículos 

En estas, los firmanes se fijan, además de en el mencionado artículo 511 del Código Penal, en una “violación masiva de los derechos a la dignidad de la persona” estipulada en el artículo 10 de la Constitución Española, “a la igualdad y a no sufrir discriminación” incluida en el artículo 14 del mismo texto legal; y “a la vida, a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes” (artículo 15 de la Carta Magna). Y todo ello en relación con el artículo 43, que recoge el derecho a la protección de la salud.