domingo, 15 de junio de 2025
Todos los mecanismos utilizados por Moreno Bonilla para tapar su corrupción: interventores, cámara de cuentas y cambios normativos
El PSOE-A denuncia la existencia de una red de opacidad institucional para esquivar el escándalo de su gestión sanitaria
ElPlural
14-6-25
Cuando alguien quiere esconder algo, lo primero que hace es apagar la luz. En Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha ido más allá: no solo ha apagado la luz, también ha cerrado las ventanas, ha cambiado las cerraduras y ha pintado de negro las paredes. Eso es, al menos, lo que denuncia el PSOE-A, que acusa al líder del PP andaluz de haber tejido una red de opacidad institucional para esquivar el escándalo de su gestión sanitaria y frenar cualquier investigación que lo relacione con un desvío millonario de fondos públicos.
Según la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, el Gobierno de Moreno “se cargó los controles previos” de la gestión económico-financiera de la Junta para poder contratar “de forma corrupta, sin control ni publicidad, dando el dinero a quien le daba la gana y como le daba la gana”. Una supuesta emergencia sanitaria inventada habría servido como coartada para justificar la externalización de contratos a dedo, sin transparencia ni concurrencia.
Los datos que maneja el PSOE-A apuntan a un agujero de 1.500 millones de euros desviados desde la sanidad pública andaluza hacia entidades privadas. Este desvío habría sido facilitado mediante el troceo reiterado de adjudicaciones para esquivar los controles legales, según recogen 19 informes de la Intervención delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyos responsables fueron apartados una vez se convirtieron en testigos “incómodos”.
El relevo de la interventora del SAS no fue un movimiento aislado. Férriz denuncia que la Junta ha transferido la capacidad de entrega de documentación judicial al interventor general de la Junta, una figura que, aseguran, cuenta con la confianza de Moreno Bonilla y que actualmente retiene tres informes críticos y paraliza expedientes que podrían comprometer la imagen del Ejecutivo andaluz.
Otro de los pilares del sistema de control que ha sido, según los socialistas, manipulado por el PP andaluz es la Cámara de Cuentas de Andalucía. Su actual presidente, Manuel Alejandro Cardenete, promovió un cambio en el reglamento para impedir la fiscalización de contratos menores entre 2022 y 2023, un periodo clave en el que se habrían concentrado numerosas adjudicaciones bajo sospecha.
“Moreno Bonilla ha puesto la Cámara de Cuentas a su servicio”, sentencian desde el PSOE-A, que llevará este jueves al Parlamento una proposición no de ley para exigir responsabilidades políticas y la restitución de competencias a los órganos de control. La ofensiva no solo apunta a la Cámara de Cuentas, sino a lo que consideran una “trama institucionalizada” para evitar la rendición de cuentas.
“Parecen una banda organizada de corrupción sanitaria”, ha llegado a afirmar Férriz, aludiendo al sufrimiento de miles de andaluces que siguen en listas de espera mientras los fondos públicos se habrían desviado a empresas privadas sin justificación real.
Desde el Gobierno andaluz, sin embargo, insisten en que se trata de una reorganización administrativa y que los contratos de emergencia durante la pandemia fueron legales y necesarios. Niegan que se hayan eliminado controles previos, pese a que las competencias han sido claramente reubicadas.
Hurtado compra de lleno el victimismo del novio de Ayuso: “Daño reputacional”
El auto de Hurtado está plagado de suposiciones en las que se basa para procesar al fiscal general
ElPlural
14-6-25
V.S.
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, conocido por su cercanía a las posiciones del Partido Popular y su papel en intentar desvincular al partido de la trama Gürtel, ha protagonizado un nuevo episodio judicial que pone en entredicho la imparcialidad del poder judicial. Esta vez, el blanco de sus maniobras ha sido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y el motor de su actuación: el relato victimista del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, cuya defensa ha sido asumida por el magistrado prácticamente sin reservas.
En su reciente auto, Hurtado no solo obvia la existencia de pruebas sólidas que contradicen la acusación de revelación de secretos contra García Ortiz, sino que convierte el testimonio de González Amador en el eje central de una instrucción que parece más una operación política que una investigación judicial. Lo más llamativo no es solo la falta de pruebas que sustenten su procesamiento al fiscal general, sino el grado en el que el magistrado adopta el relato de la pareja de la presidenta madrileña como si se tratase de un hecho incontrovertido.
La columna vertebral de este relato gira en torno a un supuesto “daño reputacional” que González Amador habría sufrido a raíz de la presunta filtración de un correo electrónico en el que su abogado reconoce dos delitos fiscales. Lo que Hurtado califica como un perjuicio injusto para el empresario es, en realidad, la consecuencia lógica de haber aceptado —por medio de su letrado— un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el que se admiten los hechos delictivos. Un acuerdo que, paradójicamente, luego trató de negar. “Tal revelación podría comportar un evidente daño reputacional”, reza el auto de Hurtado.
Sobre este supuesto daño reputacional que afirma el auto del juez Hurtado, escribe que toda la mediatización del caso “se produjo por tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. “Nadie duda
La operación es tan burda como eficaz: el juez hace suyo el argumento de que González Amador no entendía lo que firmaba, que no leyó el correo, que su abogado actuó por su cuenta, que él nunca quiso reconocer delito alguno. Todo esto pese a que hay comunicaciones claras, incluidas entre el propio González Amador y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que muestran lo contrario. En uno de esos mensajes, el abogado habla de asegurar “que al final solo haya un condenado y una multa mínima”, a lo que el novio de Ayuso responde sin mostrar ni sorpresa ni rechazo. La comprensión del pacto y su participación activa en él parecen más que evidentes.
Sin embargo, para Hurtado, estos elementos no invalidan el testimonio del acusado. Al contrario, los acomoda, los dobla y los adapta para que encajen en la narrativa de una víctima perseguida por el Estado. Así, en lugar de cuestionar las contradicciones flagrantes entre el testimonio de González Amador y el de su abogado, el juez decide que ambos son compatibles y que, juntos, construyen un caso contra el fiscal general. El salto lógico que realiza es tan amplio como arriesgado, y se sostiene únicamente porque ha optado por dar validez a un solo lado del tablero.
Pero el alineamiento de Hurtado con el relato del entorno de Ayuso no se limita al contenido del auto, sino que también se manifiesta en su calendario procesal. El 5 de junio, González Amador pidió al juez que acelerase la causa y procesase tanto a García Ortiz como a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Cuatro días después, el juez ejecutó esa petición y convirtió las diligencias previas en un procedimiento abreviado. Esta diligencia contrasta con la lentitud y la falta de rigor con la que ha tratado otros elementos esenciales del caso, como la ausencia de investigación sobre la filtración original del bulo lanzado por Rodríguez y difundido por el diario El Mundo.
En el auto, se multiplican las expresiones ambiguas, como “presumiblemente”, “podría haber”, “parece que”, que no sustentan una imputación seria. La palabra “presumible” y sus derivaciones aparecen hasta en 12 ocasiones, sustituyendo la falta de pruebas por una retórica cargada de insinuaciones. El juez llega a afirmar que la Presidencia del Gobierno podría haber estado implicada en la presunta filtración, sin aportar un solo dato concreto que sustente esa acusación. Al mismo tiempo, acusa al fiscal general de borrar información y, aunque no tiene acceso a ella, concluye que esa información sería “incriminatoria”. Es decir, se construye una acusación basada en lo que no se ha podido demostrar.
Y en medio de este castillo de suposiciones, el único testimonio que Hurtado eleva a la categoría de verdad incuestionable es el del novio de Ayuso. Para reforzar su victimización, el juez llega a afirmar que González Amador ha sufrido un “evidente daño reputacional”, como si el deterioro de su imagen no fuera consecuencia directa de los delitos fiscales que su defensa reconoció por escrito, sino del funcionamiento del Ministerio Público. La ironía es que este supuesto daño no deriva de una filtración arbitraria, sino del conocimiento público de unos hechos reconocidos por su propio abogado, actuando en su nombre.
Hurtado ignora deliberadamente que la construcción del caso nace de una operación política diseñada desde el entorno de Ayuso, en la que la difusión de un bulo por parte de su jefe de gabinete fue clave. Que este elemento, absolutamente central, ni siquiera sea mencionado en el análisis del magistrado, deja claro que su interés está más en blindar al entorno de la presidenta madrileña que en esclarecer la verdad.
El juez Ángel Hurtado ha dado un paso más en su particular cruzada: ha elegido convertirse en portavoz judicial de una estrategia política basada en el victimismo y la manipulación. Y lo ha hecho comprando, de forma acrítica y con entusiasmo, el relato del defraudador confeso que comparte techo con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La semana en la que ‘El Mundo’ presumió de un bulo y declaró la guerra a ‘El País’
La derecha mediática se congratula de la decisión tomada sin pruebas sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a sabiendas de que publicó una mentira
ElPlural
14-6-25
R.Rozas
En la última semana, el diario El Mundo se vanagloriaba de que había sido gracias a sus publicaciones que el juez Ángel Hurtado dejara al borde del banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos. No contentos con eso, cargaba contra periodistas de El País con un artículo que, por otra parte, carecía de firma.
Cuando todos los medios -también los del Grupo PRISA- que habían tenido acceso al intercambio de mensajes entre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la Fiscalía aseguraban que la información no había llegado desde el fiscal general, la derecha mediática no solo hizo caso omiso a esto, sino que cargó contra compañeros de profesión de otra línea editorial.
El bulo que lo dinamitó todo data del 20 de junio de 2024, cuando en su periódico, El Mundo dejó entrever que el acuerdo para reducir la pena que podía recaer sobre González Amador había llegado de parte de la Fiscalía hacia la pareja de la baronesa y no al revés, como realmente sucedió.
No contentos con saber que mintieron a sabiendas con una noticia ‘fake’ en la que todos apuntaban a Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de prensa de la administradora de Sol. El diario celebraba que la decisión de Ortiz en los últimos días había llegado gracias a esas ‘informaciones’.
Esta misma semana, el director del diario conservador, Joaquín Manso, ensalzaba que “frente al deterioro institucional, el periodismo”. “Las informaciones que han terminado con el fiscal general en el banquillo proceden en las investigaciones de El Mundo”. Lejos de quedarse ahí, el periódico publicó unas líneas titulada Periodistas del Grupo Prisa en auxilio de García Ortiz: “Testimonio subjetivo” y “no se alcanza a entender lo que se pretende”, sin firma alguna ante la que el otro periódico, por alusiones, emitió el siguiente comunicado.
En este texto, el Comité de Redacción de El País lamentaba la publicación “de un artículo anónimo en el que se injuria a periodistas de este diario acusándoles de participar en una “operación política” para “intentar ayudar in extremis”, “exculpar” y “ofrecer coartadas” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos”.
El medio mencionado expresó que los periodistas se limitaron a declarar en sede judicial “que tuvieron noticia de las negociaciones entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía antes de que las conociera García Ortiz (…) no por salvar al fiscal general del Estado, sino por su compromiso con la verdad, al margen de a quién beneficie o perjudique, intrínseco a la profesión periodística”.
Y en esas, El País recuerda que quien incurrió en un “bulo” dado que la Fiscalía en ningún caso ofreció al novio de Ayuso ningún pacto, fue únicamente quienes les acusaban. “Nada de lo que dice el auto del juez Hurtado contradice lo que declararon los periodistas de El País. En cambio, deja claro, para quién aún quisiera ignorarlo, que la noticia publicada el 13 de marzo de 2024 por El Mundo -aquí hace alusión al artículo que provocó todo- es falsa”, emplaza. “Ningún medio de comunicación está libre de equivocarse. Cuando sucede, debe rectificar y pedir disculpas. Nunca injuriar a periodistas de otros diarios desde el anonimato”.
Procesamiento sin pruebas
Lo cierto es que el procesamiento del fiscal general del Estado llega sin más pruebas que conjeturas y suposiciones. Todo ello, a pesar de contar con varios testimonios de periodistas implicados, también de ElPlural.com, que en los últimos días han testificado y facilitado pruebas que demuestran que no recibieron del fiscal la información que desmontaba el bulo fabricado por el jefe de Gabinete de Ayuso y publicado en El Mundo.
De esta manera, la Comunidad de Madrid se implicó en la defensa de la pareja de la lideresa regional y no dudó en difundir una información completamente falsa, referida a que era la Fiscalía quien había ofrecido un trato al defraudador confeso -González Amador se defendió con uñas, dientes y denuncias contra todos, pero perdió también esta batalla ante el Tribunal Supremo- y no como realmente ocurrió.
La veracidad duró pocas horas y la maquinaria del entorno de la presidenta madrileña comenzó una campaña para atacar al fiscal general por desmentir un bulo. No obstante, el juez no encontró ninguna prueba contra el fiscal e ignoró los testimonios que no le interesaban en su cometido.
Cabe destacar que Hurtado recibe el apoyo del Gobierno, quien recuerda que se trata del magistrado que intentó desvincular al Partido Popular (PP) de la Gürtel y se opuso a que Mariano Rajoy testificara en este caso.
Así era el Patronato de Protección a la Mujer, la institución franquista que dejó miles de víctimas a las que PP y Vox se niegan a reconocer
Este organismo bajo el que se practicaba la tortura para reconducir a las "descarriadas" se mantuvo, incluso, durante los primeros años de democracia
ElPlural
Eva Landín
15-6-25
Marta García Carbonell y María Palau Galdón son autoras de 'Indignas hijas de la patria', un libro sobre el Patronato de Protección a la Mujer en el País Valenciano. Este organismo creado en pleno franquismo, en 1941 para la "dignificación moral" de las jóvenes nació bajo la supuesta intención de controlar y eliminar la prostitución clandestina de menores de edad. Sin embargo, pronto acabó convirtiéndose en un ferréo sistema de control sobre la población femenina, del que se encargaban diferentes órdenes religiosas.
A estos reformatorios en los que se les inculcaba el modelo de mujer del nacionalcatolicismo, basado en la decencia, el recato y la castidad llegaban niñas y adolescentes culpables de besar a un chico en la calle o caminar de su mano, de llevar la falda muy corta, de haber sido violadas por algún familiar o de ser acusadas de homosexualidad.Muchas veces eran las propias failiares las que internaban a estas "ovejas descarriadas" a las que se reconducía con oración y trabajo forzado.
"Había maltrato físico y psicológico", explican a ELPLURAL.COM las investigadoras de este trabajo. "Ni siquiera podían hablar entre ellas". Se imponía el silencio y para que no pudieran huir, en muchos casos se les enviaba de su ciudad a otra. "De esta manera si querían escapar, no conocían las calles, ni tenían ninguna red de apoyo", precisan.
Es imposible calcular el número de chicas que pasó por el Patronato, tanto en esta comunidad autónoma, como en el resto del país. Sin embargo, uno de los escalofriantes datos que manejan estas periodistas valencianas da una idea de la cantidad de jóvenes que pudieron estar internadas en estos centros. En 1952 habían en ellos 41.335 niñas y adolescentes. En general las edades estaban comprendidas entre los 16 y los 25 años, si bien hay casos de niñas mucho más pequeñas, hasta de 7 y 8 años. Las páginas de esta crónica sobre este organismo en el País Valenciano, que ya acumula cuatro ediciones desde su publicación en 2023, explican cómo bajo el ojo vigilante de órdenes religiosas femeninas, miles de chicas "caídas o riesgo de caer" fueron encerradas para ser reeducadas y reconducidas a base de tortura, represión y castigo.
La huella del Patronato no se borraría jamás. "Culpa y vergüenza" son dos términos que les inocularon para siempre y no pueden olvidar humillaciones, vejaciones y prácticas como la de frotarles ortigas en la vagina si se orinaban en la cama, lamer el suelo haciendo cruces o comer el vómito. "Muchas de ellas tienen secuelas en su salud mental, pero también físicas", apunta Marta, que añade a esto la dificultad de desprenderse del miedo a que les volvieran a encerrar.
Poco conocido y activo hasta en democracia
Pese a ser una de las instituciones más antiguas del franquismo, apenas se ha hablado del Patronato de Protección a la Mujer. Estas periodistas llegaron a él haciendo un reportaje sobre la cárcel de mujeres que hubo en el convento de Santa Clara por medio de dos historiadoras a las que entrevistaron. A partir de ahí empezó una investigación que ya no ha cesado. Lo que en principio iban a ser reportajes periodísticos acabó siendo un libro gracias Beca Josep Torrent de Periodisme d’Investigació 2021 otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons el Magnànim. Pero esta obra ha terminado siendo solo un capítulo de un proyecto mucho más amplio, que les ha llevado a formar parte de un grupo a nivel nacional de investigadoras y víctimas.
El Patronato estaba organizado por Juntas Provinciales, sobre las cuales estaba la presidencia de honor de Carmen Polo, esposa del dictador, pero llama la atención el hecho de que esta institución sobrevivió a la dictadura. El sistema estuvo vigente durante los siete primeros años de democracia, hasta 1985.
Del apoyo político al ninguneo y el insulto de PP y Vox
Para Marta García y María Palau el Patronato ya es mucho más que un libro. Es un auténtico compromiso con las supervivientes, a las que siguen buscando. Bucean en los archivos históricos provinciales. pues nunca han podido acceder a los eclesiásticos, en busca de más datos e información y acompañan y escuchan a las víctimas. "Muchas veces no saben ni que estuvieron en el Patronato, piensan que era un convento".
"Que sepan que hubo muchas más, que no fueron las únicas, es muy importante", insisten. Pero hay que ir mucho más allá en términos políticos, mediáticos e institucionales.
En clave política las autoras de 'Indignas hijas de la patria' se han encotrado con dos momentos clave. El primero, hace un año, cuando se debatió en la Comunidad Valenciana la Ley de Concordia y recibieron el apoyo de todas las fuerzas políticas.
El segundo, este 2025 cuando en abril el PSPV-PSOE pidió honrar la memoria de todas las mujeres que sufrieron la represión en esos centros. Mediante una Proposición No de Ley presentada en Les Corts Valencianes reclamaron a la Generalitat que instale en las fachadas de los edificios que albergaron centros del Patronato de Protección a la Mujer una placa de reconocimiento, explicativa y recordatoria, como lugar de represión de la dictadura franquista.
La propuesta se ha debatido en los distintos ayuntamientos de la región, con una respuesta lamentable por parte de las derechas. "Sabíamos que no se aprobaría, porque en casi todos los municipios gobierna el PP o el PP con Vox, pero nos han llamado mentirosas y nos han acusado de estar subvencionadas por el Gobierno de Pedro Sánchez", apunta María y Marta, que cuenta que en Benicassim les llegaron a decir que habían visto una película de las hermanas oblatas sobre lo buenas que eran y que habría que investigar quién dice la verdad, "si la película o nosotras".
Apoyo de las entidades memorialistas
Las reacciones hacia el trabajo de estas periodistas ha llevado a pronunciarse a Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo en el País Valenciano que les ha trasladado su apoyo, subrayando que "gracias a su profesionalidad, muchas personas están conociendo la existencia de ese Patronato". "La investigación de estas periodistas ha servido para divulgar la existencia de esta institución y ponerla en el mapa. Señalar espacios físicos, apuntar responsabilidades políticas y silencios cómplices", recalcan desde esta agrupación.
La entidad tacha de "inaceptables" las críticas que están recibiendo "desde sectores reaccionarios", poniendo en cuestión su trabajo y piden terminar con la impunidad de la que siguen gozando los responsables de los crímenes franquistas y dejar de blanquear la dictadura".
En este sentido, apuntan que "los argumentos contra la investigación de Marta García Carbonell y María Palau Galdón, provenientes de quienes hoy se niegan a reconocer y señalar los espacios donde actuó el Patronato de Protección a la mujer, están caducados". "Ya no vale la coctelera de los dos bandos. Estamos ante crímenes de una dictadura que duró cuarenta años, crímenes de lesa humanidad. Imprescriptibles e inadmisibles", enfatizan.
"Ni olvido ni perdón"
La que sí parecía dispuesta a pedir perdón por los daños causados por el Patronato de Protección a la Mujer trás más un año de conversaciones con las investigadoras de esta instittución era la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Sin embargo, acabó haciéndolo a medias esta misma semana en Madrid.
El lunes tuvo lugar en la capital un acto con este fin. Sin embargo, las declaraciones a los medios de comunicación de su portavoz, Jesús Díaz Sariego, antes del mismo, incomodó y provocó mucho dolor a las supervivientes, que comenzaron a dudar de que fuera un perdón sincero.
Si bien reconoció "aquello" en lo no han "acertado", defendió que habían "ppodido constatar que son vidas, más allá de los centros, muy sufrientes con una infancia y juventud muy dura". Del mismo modo, recalcó que ellos no han vivido esa experiencia que también hay que contextualizar en un contexto de la época" y que tambén han constatado que "a muchas mujeres que han pasado por estos centros les ha servido como promoción personal y profesional".
Asimismo, la CONFER retiró parte de los audios que estaban proyectados para el acto, como el correspondiente a las suicidas y vetó que se hablara del robo de bebés, cuando "hay mujeres del Patronato que todavía no han encontrado a sus hijos", enfatiza Marta.
Esto llevó a la preparación de una posible acción en caso de que el comunicado de los religiosos terminara siendo demasiado laxo, que consistía en levantar en silencio carteles con la palabra 'NO'. La realidad es que alguien en el público gritó: "Verdad, justicia y reparación, ni olvido ni perdón", y la sala acabó siendo un clarmor durante diez minutos. .
"Fue una explosión espontánea de dignidad", resumen las autoras de 'Indignas hijas de la patria', que también avanzan que a este acto han de seguir muchos otros.
"El Estado también ha de pedir perdón. El Patronato dependía del ministerio de Justicia y el Gobierno ha de poner en marcha un mencanismo eficaz independiente, interministerial e interterritorial para seguir acerándonos a esta parte de la verdad.".
No es solo un ataque al PSOE, es un ataque a tus derechos y al avance social de España
No he escuchado a nadie del PP pedir perdón por un caso de corrupción, no les he visto jamás avergonzados
ElPlural
Miguel Angel Heredia Díaz
15-6-25
Es muy duro y muy triste. Pero no nos dejemos engañar. Los ataques salvajes de la derecha, los más recientes y los que llevan realizando desde hace años, no son solo contra Pedro Sánchez, son contra sus políticas de avances sociales y mejora de derechos de los españoles. Los ataques brutales del PP no son solo contra las siglas del PSOE, sino contra sus políticas de mejora y fortalecimiento del Estado del Bienestar para la clase media trabajadora.
Son ataques contra millones de ciudadanos y ciudadanas que se benefician de políticas que han mejorado sus vidas: trabajadores que ahora cobran un salario más digno; pensionistas con prestaciones más altas; jóvenes con más becas; mujeres con más empleo y familias con más estabilidad; trabajadores con una jornada más reducida; donde se combate la pobreza infantil con el Ingreso Mínimo Vital; con mayores recursos para construir VPO y bajar el precio de la vivienda; con ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda; con el aumento del permiso de paternidad; con millones de euros para ayudar a empresas y ERTE para trabajadores durante la pandemia y con más millones para los afectados por la DANA o el volcán de La Palma. El PP nunca lo habría hecho. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Estos días, una mujer mayor me decía que ni se nos ocurra convocar elecciones, que ahora ganaría Feijóo y que volverían a congelar las pensiones, como hicieron cuando gobernó Rajoy. Ella lo tiene muy claro.
Pero este ataque terrible por tierra, mar y aire de la derecha mediática, económica y política, el peor en toda la historia de la democracia, también tiene como objetivo acabar con el impuesto a los bancos, a las grandes energéticas, a los millonarios. Y terminar con cualquier bajada en los precios de la vivienda.
No voy a entrar en el y tú más. Pero creo que habrá que contar las cosas. No he escuchado a nadie del PP pedir perdón por un caso de corrupción. No les he visto jamás avergonzados. No los he visto jamás dar la cara y comparecer en rueda de prensa para dar explicaciones. Recordemos que Rajoy para dar explicaciones sobre Bárcenas, lo hizo a través de una televisión de plasma y sin aceptar una sola pregunta de los periodistas. Ellos ante esta situación siempre actúan con prepotencia.
No voy a entrar en el y tú más. Pero si recordaré a Casado, al que echaron del PP por denunciar una presunta corrupción. Y recordaré el Gobierno de Aznar, donde 12 de sus 14 ministros terminaron imputados, implicados o cobraron sobresueldos. ¿Y qué pasó? Nada. Sus votantes les siguen votando religiosamente. La corrupción jamás les ha pasado factura al PP.
No voy a entrar en el y tú más, pero no voy a aceptar lecciones morales de un partido responsable político de 7.291 muertes en las residencias de Madrid, que incluso falta el respeto a los familiares de los fallecidos; jamás aceptaré lecciones morales de quien cuando su pueblo tenía el agua al cuello estaba en El Ventorro divirtiéndose y sin preocupaciones, donde no ha asumido ninguna responsabilidad de los más de 200 muertos; ni tampoco de un gobierno andaluz donde los “pufos” en sanidad están a la orden del día.
No es lo mismo un partido, que ante un presunto caso de corrupción anuncia la puesta en marcha inmediata de una auditoría externa de las cuentas del partido, que otro, que destroza a martillazos los discos duros de su sede, para que nadie sepa la realidad de lo que había dentro.
Manzanas podridas hay hasta en las mejores familias. La diferencia es cómo se actúa ante estos casos. En el PSOE se pide perdón, se coge la manzana podrida y se la expulsa del cesto en el primer minuto. En el PP, no sólo no se la echa, sino que en muchos casos recogen manzanas podridas de otros cestos para incluirlas en el suyo.
El PSOE es un partido que tiene 146 años de historia, con una militancia muy amplia, con muchos cargos y puede ocurrir que una “oveja negra” meta la mano. Lamentablemente ocurre. ¿Es doloroso? Mucho. ¿Es grave? Mucho. ¿Hace daño a los que queremos y defendemos al PSOE? Mucho. Quienes nos votan tienen todo el derecho y más a estar enfadados por estos lamentables comportamientos. Pero siempre tendrán la garantía de que en el PSOE se actúa desde el minuto uno y se les expulsa inmediatamente.
Los socialistas somos diferentes. Siempre lo hemos sido. Si alguien ha metido la mano, y la justicia lo considera culpable, si esto ocurre al final… deseamos que se le condene a la mayor pena, la más dura, por traicionar la confianza de los ciudadanos y engañar a los y las militantes socialistas.
Y cuando se acusa al máximo responsable de tener que saberlo, me surge una reflexión: hay quien pasa toda tu vida con su pareja y no se entera de que le está engañando. O tu propia familia, donde se lo das todo y crees en su amor eterno, y resulta que te terminan traicionando. Si esto ocurre en la vida diaria, ¿Cómo puedes saber todo lo que hace un compañero del partido?
Y hasta aquí la flagelación. Porque la persecución de la derecha mediática, económica y política es brutal, sin piedad, sin límites, dispuesta a destrozarlo todo y dispuesta incluso a llevarse la democracia por delante, si no consiguen ser ellos los que gobiernen el país.
Este es su objetivo. Gobernar el país. A cualquier precio. Porque quieren cambiar las políticas de nuestro país y aplicar los recortes y el destrozo de las políticas para la clase media trabajadora que está aplicando Ayuso en Madrid, Moreno Bonilla en Andalucía o Mazón en Valencia, mientras solo se premia y beneficia a los millonarios.
Los militantes socialistas, los votantes socialistas tiene derecho a sentirse mal y a estar noqueados ante los vergonzosos comportamientos de unas pocas manzanas podridas. Por supuesto. Pero esto no podrá ocultar el orgullo de nuestros 146 años de historia y de haber transformado nuestro país como nadie lo ha hecho. No nos apartemos del camino.
Insisto, no nos apartemos del camino. España progresa como nunca, tenemos los mejores índices de empleo y el paro más bajo en la historia, a pesar del PP. Crecemos económicamente por encima de todos los países de la OCDE y el Gobierno recibe parabienes permanentes de la prensa internacional. Si nos desviamos del camino, ¿qué nos queda?
CIEGSA: la empresa de los zombis del caso Taula con la que Mazón integra a los enchufados de Zaplana
La compañía pública que fue investigada por corrupción resurge aprovechando la DANA
ElPlural
Roberto Ugena
15-6-25
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana ha vuelto. Más conocida como CIEGSA, a ningún valenciano se le escapa cuáles fueron las prácticas de esta supuesta empresa pública creada por Eduardo Zaplana en el año 2000 para, supuestamente, construir nuevos centros educativos y reformar los ya existentes. Investigada por corrupción durante la anterior etapa del Partido Popular (PP) al frente de la Generalitat Valenciana, debería estar disuelta por mandato de Alberto Fabra desde el año 2013, pero ha sobrevivido y ahora Carlos Mazón quiere recuperarla.
El president de la Generalitat ha echado mano de la histórica agencia de colocación del PP valenciano con la excusa de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, dejando tras de sí múltiples daños y 228 fallecidos. El movimiento de Mazón recupera ahora esta empresa pública con la justificación de la reconstrucción, otorgándole más poderes y alargando su vida hasta, como mínimo, 2026. Además, el personal laboral se integrará en la plantilla de la Comunitat una vez extinta la compañía.
El Govern de Mazón recupera así, a través de una modificación legislativa, una empresa pública durmiente y sospechosa habitual. Además, ahora tendrá más potestades que en 2001, cuando funcionaba como una herramienta más del zaplanismo. La norma, que ha entrada en las Corts esta semana para su convalidación, prevé que la vida de la sociedad anónima se alargue hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha tras la que la plantilla pasará a integrarse en la Conselleria de Educación como personal a extinguir.
Desde la oposición no ha tardado en llegar una reacción de indignación. “Ha reactivado la cueva de Alí Babá”, ha valorado el secretario del área de Educación del PSPV-PSOE, Miquel Soler, la resurrección de CIEGSA. En esta línea, los socialistas valencianos han criticado lo que consideran un aprovechamiento de la catástrofe para colocar a gente cercana. “Con el pretexto de la DANA”, señalan, “impone la integración de los enchufados del PP en la Administración autonómica como personal a extinguir”.
Soler ha señalado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, al que culpa de justificar “la reactivación de la sociedad anónima con la DANA, mientras ha congelado el Plan Edificant de construcción de centros educativos a través de los ayuntamientos y ha retirado proyectos que estaba a punto de adjudicarse por criterios políticos y sectarios en localidades gobernadas por alcaldes socialistas”. “Que dejen de mentir y de marear a las localidades afectadas por la DANA porque no les han dado nada, ni obras ni profesorado”, ha espetado.
CIEGSA frente al Plan Edificant
Los socialistas han defendido el Plan Edificant como impulso “sin precedentes” para la construcción de colegios que sustituyesen a “los barracones estructurales que había dejado el PP”. “Ahora Mazón vuelve al modelo opaco de CIEGSA, que fue un caldo de cultivo para la corrupción”, lamentan desde el PSPV. “Con Ciegsa, la construcción de colegios tuvo sobrecostes del 36% sobre lo que habría supuesto hacerlos desde la conselleria”, ha incidido Soler, que ha añadido que en el Consell del Botànic, “con el modelo Edificant, se acabó con los sobrecostes”.
Al respecto, el representante de educación de los socialistas ha afeado a Mazón su ejercicio de “zaplanista”, “recuperando la empresa que protagonizó uno de los episodios más negros de la Comunitat Valenciana, con zombis que hoy en día ocupan escaño en las Corts Valencianes y con una sentencia judicial del caso Taula aún pendiente en el Tribunal Supremo”.
Los socialistas hacen referencia a la sentencia de la Audiencia de Valencia por la que se condenó a 5 años de cárcel al expresidente del PP de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; al exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla; y al exgerente de Imelsa, el ‘yonki del dinero’, Marcos Benabent, por los contratos de personal ‘zombie’, que cobraban sin ir a trabajar, en Ciegsa y en Imelsa. “La corrupción del PP sigue manchando la imagen de la Comunitat Valenciana tras reconocer el número dos de Alfonso Rus que ocultó su patrimonio al saber que estaba siendo investigado por los zombis de CIEGSA”, apunta Soler.
Sánchez bajo el volcán
El socialismo afronta sus horas más oscuras: hasta podría poner un anuncio por palabras que dijera escuetamente ‘Se busca secretario de Organización que no robe”
ElPlural
Antonio Avendaño
15-6-25
La derecha y sus (muchos) medios afines lo tienen claro: sí o sí, Sánchez debe dimitir, aunque no haya por ahora indicio alguno de que conociera o consintiera las andanzas corruptas de Cerdán y compañía; no tuvieron tan claro que Rajoy debiera haber hecho lo mismo cuando estalló el caso Bárcenas y se conocieron en detalle los sobresueldos que, sin vergüenza ni pudor, cobraba un buen puñado de altos cargos del PP, entre ellos el propio M. Rajoy.
Recocidas en el caldo del resentimiento tras la decepción sufrida en las legislativas del verano de 2023, las derechas han sobreactuado tanto durante todos estos años a cuenta de maldades sanchistas que en realidad eran poco más que meros pecados propios de todo ejercicio convencional del poder, que ahora que el pecado cometido en el corazón mismo del partido es verdaderamente mortal, y el caso Ábalos-Koldo-Cerdán sin duda lo es, a los enemigos de Sánchez no se les ocurre ya ningún castigo que haga justicia a las fechorías desveladas por la Guardia Civil. Pero tampoco hace falta que se les ocurra: el ladronicio de los dos secretarios de Organización del PSOE es tan escandaloso y tan obsceno que la derecha podrá descansar por fin de ese prolongado ejercicio de sobreactuación dramática que viene practicando desde hace dos años y que amenazaba con dejarla exhausta, pues, salvo que seas Isabel Díaz Ayuso, sobreactuar también cansa.
La legítima pero no siempre leal oposición encabezada por el Partido Popular, atizada por Vox, secundada por Podemos y auxiliada por Felipe González y Emiliano García Page no acierta a imaginar qué nueva pena máxima cabría aplicar por el caso Cerdán después de haber pedido todas las penas máximas imaginables desde que el Perro autócrata y su jauría de lobos separatistas se hicieron ilegítimamente con el mando de todas las Españas.
Qué hacer
La izquierda y sus (pocos) medios afines coinciden en que no es suficiente con pedir perdón media docena larga de veces y encargar una auditoría externa de las cuentas del PSOE: reclaman que Sánchez asuma sus responsabilidades políticas por lo sucedido, si bien pocas de estas voces críticas tienen claro en qué debería consistir exactamente tal asunción de responsabilidades, pues entre el modesto paquete perdón-auditoría-perdón expedido por vía de urgencia el pasado jueves por Sánchez desde Ferraz y el paquete dimisión-convocatoria de elecciones exigido por la derecha no quedan muchas opciones de materializar esa responsabilidad política que, no sin razón, se le pide al presidente.
Además de chequear con urgencia los ministerios que licitan obra pública para identificar de una maldita vez los ángulos ciegos en los que campa a sus anchas la codicia de los sinvergüenzas, la única opción viable aunque arriesgada del presidente para salir del hoyo cavado por sus secretarios de Organización sería someterse a una moción de confianza en el Congreso de los Diputados, pues solo así, y eso en el mejor de los casos, podría Sánchez recomponer un traje de presidente cuyos visibles rotos, lamparones y descosidos a cuenta del huracán Cerdán le avergüenzan a él no menos de lo que importunan a sus aliados.
Es probable que el presidente tenga en mente esa moción de confianza, pero, por lo que sabemos de él, no le dará luz verde antes de tener bien atado el sí de los aliados parlamentarios que lo invistieron dos años atrás: el problema es que hoy por hoy no está nada claro que sea posible ni atar ese sí sin el cual los días de esta legislatura parecen contados ni contener la escalada de precios que sus socios desencadenarían como pago a la renovación de la confianza. Dado que con Junts nunca se sabe y que Podemos quiere sangre, plantear una moción de confianza en estos momentos no deja de tener serios riesgos: Pedro podría salir de ella más fuerte de lo que entró, pero también podría salir del Congreso llevando al hombro el ataúd de su propio entierro.
Quién es más de culpar
Las investigaciones policiales precisan que de las trece adjudicaciones de obra pública bajo sospecha por un montante de 637 millones de euros, el grueso de ellas fue asignado a Acciona, que acaparó contratos por un valor de 545 millones. Pese a ello, la inmensa mayoría de los medios, tanto de izquierdas como de derechas, viene mostrando con las mordidas de Acciona una indulgencia que para sí quisiera cualquiera de los muchos políticos que se han visto inmersos o simplemente salpicados en casos de corrupción. Está ocurriendo ahora con Acciona, pero ya ocurrió con las constructoras que colmaban de billetes las ávidas arcas del Partido Popular en los tiempos de Aznar primero y Rajoy después.
A corruptores y corrompidos les cuadran bien los célebres versos de Sor Juana Inés de la Cruz, escritos a propósito de un asunto bien distinto: “¿O cuál es más de culpar,/ aunque cualquier mal haga,/ el que peca por la paga/ o la que paga por pecar”. Ábalos, Koldo y Cerdán pecaban por la paga y Acciona pagaba por pecar, pero el mundo levanta indignado y raudo el dedo acusador contra los primeros mientras se apresura a esconderlo discretamente cuando aparece en escena la segunda.
Sea como fuere, lo de Sánchez es de traca, pues pocas veces habrá sucedido en política, y eso que en política ha sucedido casi todo, que un partido haya tenido dos secretarios de Organización sucesivos, y personalmente seleccionados por un mismo secretario general, con una inclinación tan acusada al cohecho, el deshonor y la infamia. Ferraz bien podría poner un anuncio por palabras que dijera escuetamente ‘Se busca secretario de Organización que no robe”. Que se ande con buen cuidado Sánchez cuando llegue -si es que llega, pues nadie puede estar seguro de que el volcán no arroje más escupitajos de fuego, lodo y cenizas- la hora de elegir al sustituto de Cerdán: como le salga también malo, el presidente no hallará escondite bueno para escapar del choteo general del que será objeto su persona, que el público se apresurará a renombrada a partir de entonces como Pedro Gafe.
sábado, 14 de junio de 2025
Beni Fernández Arias
PUES ESTA ES LA CABEZA PENSANTE DEL PP.
El ex presidente José María Aznar ha sido considerado por la revista Foreign Policy como uno de los cinco peores ex presidentes del mundo. El honroso título, que comparte con ex canciller alemán Gerhard Schröder, el nigeriano Olesegun Obasanjo (presidente de Nigeria entre 1999 y 2007), Joseph Estrada (presidente de Filipinas entre 1998 y 2001) y Thaksin Shinawatra (primer ministro de Tailandia entre 2001 y 2006), lo ganó entre 1994 y 2004 gracias, según la publicación, a sus declaraciones con respecto a los asuntos más polémicos de su mandato.
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