jueves, 26 de junio de 2025
Karles Gisbert
“Suresnes, o cómo vender la izquierda en cómodos plazos”
Mira, España es ese país tan peculiar donde la izquierda, en vez de entrar en la historia por la puerta grande, lo hace por la aduana… ¡con escolta de la policía franquista!
Año 1974. Mientras tú en España necesitabas una contraseña secreta, tres toques en la puerta y jurar por la memoria de Durruti para entrar a una asamblea… Felipe González se iba a París a un congreso del PSOE con un acompañante de lujo: la policía del régimen. Sí, sí. Le faltaba que le llevaran las maletas y le dijeran: “Don Felipe, que tenga usted un congreso socialista muy cómodo. Recuerde que el buffet es libre.”
Y llegamos a Suresnes, que no es un sitio, es un símbolo. El lugar donde el PSOE pasó de ser marxista a ser… bueno, “marx-ish”.
Allí se cargaron a la vieja guardia del exilio —esa que llevaba desde el 39 luchando con cuatro duros y un himno en la boca— y pusieron al joven Felipe, con su chaqueta de pana y su acento sevillano sedoso, a decir:
“Compañeros, hay que renovarse… ¡pero sin molestar al capital!”
Y claro, uno piensa: ¿Cómo es que justo en ese momento tan delicado, cuando Franco se moría pero aún coleaba, la policía deja pasar a unos socialistas como quien deja pasar al técnico del gas?
Pues porque estos no iban a hacer la revolución… iban a gestionarla.
Porque, sorpresa: la socialdemocracia alemana (SPD) y probablemente algún que otro despacho en Langley, ya habían apostado por ellos.
Mientras el PCE estaba clandestino, perseguido, y con el culo en vilo, al PSOE le llovían cheques, becas de formación en Alemania y maletines con más futuro que principios.
No eran “la izquierda”, eran el cortafuegos perfecto contra el comunismo.
Y ojo, que Felipe no era tonto. Sabía que había que parecer de izquierdas, pero sin pasarse.
El truco estaba en mantener la palabra “obrero” en las siglas y enterrar al obrero debajo de 40 años de gestión neoliberal.
Porque ya me dirás tú: ¿qué clase de socialismo es ese que entra en la OTAN, privatiza Telefónica y pone a Solchaga a recitarle poemas a los mercados?
Pero bueno, todo empezó en Suresnes. En Francia.
Porque en España no se podía hacer una revolución, pero una transición pactada con vino caro y servilletas con logos del PSOE, eso sí que sí.
Y así pasamos de la pana al IBEX: la metamorfosis de Felipe”
(o cómo un socialista se convierte en CEO sin pasar por la casilla de Marx)
Felipe González empezó con una chaqueta de pana.
Esa prenda era como el símbolo de todo: del pueblo, del esfuerzo, del tío que sabía lo que era currar…
Hasta que, claro, descubrió que los trajes de Armani abrigan más… sobre todo cuando te los paga el Banco Santander.
Entró en La Moncloa con promesas de cambio, de futuro, de igualdad…
Y salió 14 años después con el país lleno de privatizaciones, OTAN por todos lados, y con los sindicatos diciendo: “Eh, que esto no era lo que habíamos firmado, Felipe.”
Y él: “No, no era lo que firmasteis, era lo que os dejé firmar.”
La chaqueta de pana no es que se la quitara… es que la quemó en un ritual con Botín mientras le ofrecían un sillón en Gas Natural.
¿Os acordáis cuando dijo “OTAN, de entrada no”?
Pues fue entrar y decir:
—“Perdón, ¿dónde está la entrada VIP?”
Y entró con tanta fuerza que acabamos con bases militares, ejercicios conjuntos y una suscripción premium a los intereses de Estados Unidos.
Y esto, claro, venía de lejos. Que no te mandan a Suresnes con escolta franquista para que luego te hagas el Che Guevara en Madrid.
Luego vinieron las privatizaciones.
Aquello fue un Black Friday del Estado: Repsol, Telefónica, Endesa, Argentaria…
Lo único que no privatizó fue el bar del Congreso, y porque ahí ya mandaban los camareros del PSOE de toda la vida.
Y mientras tú seguías con la hipoteca y el bonobús, Felipe se fue a dar conferencias a 100.000 euros la hora diciendo que el socialismo es compatible con los mercados.
Claro que lo es, Felipe… si el mercado eres tú.
Y cuando se jubiló —bueno, jubilado modo Godfather— se fue a vivir a un ático en el barrio de Salamanca, con su puro y su consejo de administración.
Tú le ves y ya no piensas en la pana, piensas en pana-má… como los papeles.
Felipe no traicionó al socialismo.
Lo transformó en una marca blanca.
Ya no era “Obrero Español”, era “Socialismo Ligero con sabor a responsabilidad institucional”.
Y ahí lo tienes, hoy en día dando entrevistas sobre Venezuela, hablando de democracia…
¡Tú que en su día te colaste en una cena de la OTAN con más guardaespaldas que Gadafi en fallas!
Así que la próxima vez que alguien te diga que el PSOE es de izquierdas, recuérdale que Felipe González cambió la lucha de clases por la clase business.
La lista del "club de resentidos" contra Sánchez: de los GAL al Gobierno de Ayuso
Veteranos del PSOE exigen la renuncia “inmediata” de Pedro Sánchez mientras arrastran un historial de condenas, expedientes y acercamientos al PP y a Ayuso
ElPlural
Suren Gasparyan
26-6-25
Pedro Sánchez suma un nuevo frente interno. Esta vez, no desde las bases ni desde los barones, sino desde un grupo de 38 exministros, expresidentes autonómicos y antiguos altos cargos del PSOE que, en una carta publicada este martes, exigen su dimisión como secretario general y la convocatoria de un Congreso Extraordinario. Denuncian una “grave degradación institucional” y reclaman una gestora que “restituya el honor del partido”.
Pero los nombres que figuran en la misiva no son ajenos a la polémica ni representan precisamente una regeneración ejemplar. Entre ellos, aparecen condenados por corrupción, dirigentes expedientados por apoyar al PP e incluso implicados en la guerra sucia del Estado contra ETA. De ahí que la iniciativa haya sido bautizada con sarcasmo como “el club de resentidos” contra Pedro Sánchez.
Del Ministerio del Interior a la cárcel... y luego al indulto
Dos de los firmantes más destacados son José Barrionuevo y Rafael Vera, protagonistas de uno de los episodios más oscuros del socialismo de los años 80. Ambos fueron condenados en 1998 a diez años de prisión por malversación y secuestro por su implicación en los GAL, los Grupos Antiterroristas de Liberación creados desde el Ministerio del Interior para combatir a ETA al margen de la ley. La sentencia probó que ordenaron y financiaron el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey.
Pese a la gravedad de los hechos, Barrionuevo y Vera no cumplieron toda la condena. Fueron indultados parcialmente en 2001 por el Gobierno de José María Aznar, gesto que generó un profundo malestar en las filas progresistas. Años después, ambos han reaparecido para exigir “honestidad” en la dirección socialista.
La carta cuenta también con el respaldo del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, del exlíder del PSM Tomás Gómez, o de los exministros Javier Sáenz de Cosculluela y César Antonio Molina. A ellos se suman expresidentes del Senado como Juan José Laborda y Javier Rojo, y viejos diputados como Alejandro Cercas o Elena Flores. Todos unidos por un mismo diagnóstico: que el PSOE ha perdido el rumbo bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.
En la carta se señala directamente al presidente por “la quiebra de la separación de poderes” y por permitir “la corrupción en su entorno”. Aunque no mencionan nombres, el texto se publica en plena polémica judicial en torno al ‘caso Begoña Gómez’, que la Audiencia Provincial de Madrid ha pedido archivar por falta de indicios delictivos.
Redondo, Leguina y el elogio a Ayuso
Entre los firmantes también está Nicolás Redondo Terreros, exlíder de los socialistas vascos. Su nombre volvió a la primera línea en 2021 cuando participó en un acto junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El PSOE le abrió expediente por entonces, al considerar que su alineamiento con las tesis del PP vulneraba los principios del partido. La sanción derivó en su expulsión definitiva en 2023.
Algo similar ocurrió con Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid y otro veterano crítico con Sánchez, aunque en este caso no figura entre los firmantes de la carta. Leguina también fue sancionado por apoyar públicamente a Ayuso en la campaña electoral autonómica, alegando que ella defendía “la libertad”.
Estas derivas hacia el conservadurismo de figuras históricas del PSOE alimentan las dudas sobre la intención última del manifiesto. ¿Se trata de una defensa del ideario socialista o de una ofensiva política más amplia? Muchos observadores destacan la paradoja de que quienes hoy acusan a Sánchez de “degradar el partido” sean los mismos que colaboraron con gobiernos del PP o que fueron protagonistas de escándalos éticos y judiciales.
Desde la dirección del PSOE, la respuesta ha sido el silencio. De momento, no se ha emitido ninguna valoración oficial, aunque fuentes internas consultadas por la agencia EFE limitan la importancia de esta misiva y la enmarcan dentro de un “club de resentidos” que pretenden dar “lecciones de comportamiento ético” cuando no son “ni vírgenes ni puros”.
La carta de los exdirigentes, sin embargo, vuelve a evidenciar las viejas fisuras del PSOE. Una parte del viejo aparato felipista nunca terminó de aceptar la deriva plurinacional ni las alianzas con partidos independentistas que Sánchez ha forjado en los últimos años. La amnistía, la gobernabilidad pactada con ERC y Junts, y el estilo presidencialista del actual líder han reactivado a sectores nostálgicos de un PSOE más centralista y moderado.
No solo con Bolaños: las otras dos veces que el juez Peinado se ha inventado una declaración en el ‘caso Begoña’
El magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez ha manipulado varias situaciones que se presentaban clave para provocar un giro de 180 grados a su antojo
ElPlural
Rubén Rozas
26-6-25
El juez Juan Carlos Peinado no deja de, como se dice coloquialmente, dar palos de ciego en la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratando de hallar un mínimo resquicio de culpa en éste después de no haber encontrado absolutamente nada punible en más de un año.
En los últimos días, el magistrado no ha ido solamente contra la esposa del líder del Ejecutivo, sino también contra parte del equipo de La Moncloa, concretamente contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Lo ha hecho elevando al Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada que contiene declaraciones tergiversadas del declarante, y no es la primera vez que sucede.
Un desmán detrás de otro
Peinado ha incurrido en una situación de este tipo, al menos, hasta en dos ocasiones más anteriormente en el transcurso de la misma investigación. Una de estas veces fue referida al presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, Juan José Güemes, a la vez una de las personas de máxima confianza de la otrora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En su caso, estuvo imputado cerca de medio año porque el juez afirmó que su testimonio sobre la contratación de Gómez se contradecía con el que había prestado previamente en el juzgado la jefa de Recursos Humanos del organismo, Sonsoles Gil de Antuñano. Sea como fuere, las dos declaraciones dejaban claro que la directora no dijo lo que el magistrado trasladó en su pregunta a Güemes en el juzgado.
El empresario pasó de la calidad de testigo a la de investigado en prácticamente un instante, siendo esta estrategia la misma que el juez había aplicado anteriormente al empresario Juan Carlos Barrabés, sobre el que tanto Peinado como parte de la derecha y extrema derecha pusieron el foco obviando con ello que había cerrado contratos en los últimos años con administraciones de muy distinto color político.
La declaración de Güemes y su subordinada se grabaron, por lo que quedó claro que la interpretación de sus palabras se trataba de una invención del juez. Y después de esto volvió a pasar lo mismo para reconducir, otra vez, la situación hacia donde le interesaba al togado.
En la que supondría su enésima maniobra, el juez repitió una maniobra para forzar un careo entre la asesora que vuelve a aparecer en las líneas del último documento -el dirigido a Bolaños- y un antiguo cargo de Moncloa.
Cabe destacar que en este caso, Alfredo González Gómez, vicesecretario general de Presidencia en el momento de los hechos, ratificó ese punto y sostuvo que, aunque él firma los nombramientos, en este apartado la propuesta de contratación no partió de la Secretaría General de Presidencia, entonces capitaneada por el responsable de Presidencia, sino del Gabinete de Presidencia.
El abogado de Álvarez presentó un escrito advirtiendo de la falta de discrepancia entre ambos testimonios. El juez suspendió aquel careo porque la asesora de la mujer de Sánchez tenía un viaje y nunca volvió a retomar la iniciativa.
Última instrucción del polémico magistrado
La última instrucción del juez Peinado contra Bolaños es, a todas luces, incomprensible, incluso para los profesionales del Derecho. La semana judicial ha estado marcada precisamente por este documento, al que ha tenido acceso a ElPlural.com y que algunos letrados han calificado como “desconexo, mal redactado, sin fundamentar y a menudo incomprensible”.
El magistrado concluía con la imputación del ministro por falso testimonio y malversación de caudales públicos. Para defender lo primero, emitía lo siguiente: "Que dicho investigado, Félix Bolaños García, en su declaración el día 16 de abril del año 2025 en calidad de testigo, efectuada en su despacho oficial bajo juramento, tras sucesivas reticencias, manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez lo habría realizado la persona que emitió el certificado”.
Y añadía. “Ese hecho fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento. Consecuentemente, siendo el investigado, Félix Bolaños García, ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado, como un testimonio falso, y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta exposición razonada, por el delito de falso testimonio”.
Acerca de la contratación de la asesora, emitía que Álvarez “con independencia de las otras funciones que pudiera realizar, efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno (...) sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas". Sin embargo, a juicio del polémico juez, la asesora solo podía realizar actividades "meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico”.
El auto se viralizó por otra cuestión que, si bien un error, provocó todo tipo de reacciones, y es que Peinado ‘mató’ a la mujer de Sánchez, dado que cambió el entierro del padre de Gómez por el de ella. “En algunas ocasiones ha coincidido con las dos, unas dos o tres veces, alguno era un acto político, de presentación de candidatura de presidente del gobierno para las generales de 2019, pero no recuerda exactamente dónde. La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez", se desprende del escrito.
miércoles, 25 de junio de 2025
Accedemos a la denuncia contra la 'UCO patriótica': contravigilancia, espías y una operación política
Juan Vicente Bonilla, actualmente en el Gobierno de Ayuso, es la figura central de esta presunta red en la Guardia Civil
ElPlural
N. CABO / J. M. GARRIDO / L. OCHANDO
29-5-25
Presuntas irregularidades internas, filtraciones selectivas a medios de comunicación conservadores, informes fabricados a medida, espionajes y contravigilancia fuera de procedimiento. Estas son las cuestiones que se han denunciado y que alimentan la percepción de la posible existencia de un entramado dentro de la Guardia Civil dispuesto a intervenir en la vida política para condicionar el devenir institucional del país. Es aquí donde entra en juego el ahora cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Juan Vicente Bonilla, que fue jefe de Fuentes de la UCO y que ha sido acusado de ocultar “información crítica” en los sucesivos procedimientos que lograban incoar desde la Guardia Civil para beneficiar al Partido Popular.
Así consta en una denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que fue presentada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, a cargo del juez Santiago Pedraz, en la que también se señala, según los denunciantes, que también hay una serie de guardias civiles que junto con Bonilla estarían obteniendo información directamente de las bases de datos de la Guardia Civil, asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones para beneficiar al PP.
En concreto, en la denuncia se remarca que “se investiga simultáneamente y por los mismos hechos a, al menos, una persona y se está utilizando para investigaciones de contenido político” y que “los guardias civiles actuantes han distribuido a su antojo y con criterios personales tanto la información como el momento en el que introducían la misma en cada uno de los sucesivos procedimientos que lograban incoar”.
También se reseña el elemento de ocultación que utilizaba Bonilla, ya que empleaba según la denuncia el alias de ‘Roberto Alcázar’ para otorgar información al empresario J.L.C, relacionado con el fraude de hidrocarburos. En este sentido, se señala la constelación de causas paralelas utilizadas “al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno e instrumentalizadas a favor de una opción política concreta”.
Una red de apoyo dentro de la UCO
Los denunciantes dejan patente de la misma forma la existencia de informadores en la Guardia Civil, haciendo a su vez referencia al atestado nº 190 presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata, en concreto, de tres agentes, bajo las iniciales de L.H., O.V.V. y F.G.S.R. Son funcionarios que, de acuerdo con la investigación, habrían actuado de forma estable y coordinada con fines políticos, proporcionando información interna y apoyo técnico a los protagonistas de diferentes causas judiciales de tinte político-mediático.
El documento remarca que L.H., además, “estaría trabajando de modo estable asesorándoles y redactando escritos técnicos en sus avatares jurídicos”, lo que evidenciaría su papel activo en la construcción de narrativas judiciales alineadas con los intereses del Partido Popular. Asimismo, los tres habrían ofrecido apoyo logístico y táctico, “asesorando en técnicas de contravigilancia e investigaciones”, funciones que requieren conocimientos operativos y un alto grado de especialización.
Entrada en el Gobierno de Ayuso y otros elementos llamativos
Juan Vicente Bonilla es la figura central de esta presunta red en la UCO y destaca que en 2023 fuera incorporado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, con un salario anual de 84.268 euros.
Su vinculación a las estructuras de seguridad de la Comunidad de Madrid no es solo lo llamativo, sino que también destaca su supuesto papel como coordinador informal de esta red de agentes dentro de la Guardia Civil.
Según ha podido saber ElPlural.com tras tener acceso a más de 6.300 mensajes intercambiados entre Bonilla y un confidente de la Guardia Civil entre 2016 y 2021, las sospechas de connivencia política no se limitan al terreno técnico. Además, en estas conversaciones Bonilla expresa en múltiples ocasiones su animadversión hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien llama “inútil”, “felón” y “mentiroso”, y proponiendo su “destierro”.
De la misma forma, hay otros elementos que apuntan a la existencia de esta ‘UCO patriótica’. Es el caso de los múltiples errores supuestamente accidentales en alguno de sus informes -la Abogacía del Estado contabilizó hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias” en uno de sus informes contra la Fiscalía General del Estado-; las cada vez más frecuentes filtraciones a la prensa conservadora de datos personales o causas secretas; así como la evidente tendencia a realizar investigaciones con visos de inquisición retroactiva, pese a estar expresamente prohibido por la ley.
Vox, la mayor fábrica de bulos según un estudio
Un estudio del proyecto SmartVote declara a la ultraderecha como la mayor difusora de mentiras en las redes sociales
ElPlural
25-6-25
El fraude electoral, que utiliza estrategias como la difusión de encuestas engañosas, la descontextualización y los bulos, forma parte del día a día de los partidos de ultraderecha de España y Portugal, como lo son Vox y Chega. Así lo confirma un estudio del proyecto SmartVote, que aglutina a más de una veintena de investigadores españoles y portugueses de seis organizaciones diferentes, y pone en el foco de difusión de contenidos falsos en redes sociales a los grupos políticos más radicales de derecha.
“Existe cierta homogeneidad ibérica en términos de desinformación, con estos partidos políticos adoptando estructuras y narrativas de desinformación similares”, explica Miguel Paisana en declaraciones recogidas por InfoLibre, coordinador del informe e investigador del Observatório da Comunicação (OberCom) de Portugal. No obstante, cada país presenta particularidades propias. En el caso de España, destaca una mayor polarización política y una respuesta institucional más contundente frente a la desinformación. Portugal, en cambio, sigue siendo un entorno menos polarizado, aunque cada vez más expuesto a la inestabilidad política y al auge de la desinformación digital, acompañado de medidas regulatorias más suaves. “El adelanto electoral es un síntoma claro de esa inestabilidad”, añade Paisana.
La ultraderecha ha encontrado en las redes sociales su principal canal para la difusión de fake news. Estas plataformas ganan terreno como vía preferente de acceso a la información entre los españoles, en competencia directa con la televisión, mientras que la prensa escrita y la radio pierden protagonismo.
Una muestra de la brecha en la confianza mediática entre ambos países la ofrece el dato de que un 56% de los portugueses confía en los medios tradicionales, frente a solo un 33% de los españoles. La desconfianza se acentúa aún más entre la generación Z, es decir, los jóvenes de entre 18 y 24 años, donde el porcentaje cae hasta el 19% en España.
Un 70% de preocupación ante los bulos
Según el informe, siete de cada diez ciudadanos en España y Portugal reconocen estar preocupados por la desinformación digital. Sin embargo, en contraste con esta inquietud generalizada, un 38% se declara “nini informativo”, es decir, muestra escaso interés por las noticias y también una baja credibilidad hacia ellas. Este dato, recogido en el Digital News Report 2025 —un proyecto del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, desarrollado en España por la Universidad de Navarra—, pone el foco en una doble paradoja: la preocupación convive con la indiferencia.
El mismo estudio revela dos tendencias enfrentadas en cuanto a la confianza en las fuentes informativas. Por un lado, un 40% de los encuestados desconfía de los medios tradicionales. Por otro, un 73% identifica las redes sociales como el entorno más propicio para la propagación de bulos. En cuanto al origen percibido de esa desinformación, los políticos nacionales encabezan la lista de responsables con un 57%, seguidos por la clase política internacional (45%) y los influencers (45%).
Ante este panorama, el informe de SmartVote subraya la urgencia de combatir la desinformación, no solo por su impacto sobre la verdad, sino también por su capacidad para alimentar la polarización y el odio social. Como respuesta, el estudio apuesta por reforzar la alfabetización mediática, no solo entre los jóvenes, sino a través de programas intergeneracionales que doten a toda la ciudadanía de herramientas críticas frente a la manipulación informativa.
“Enfermo mental”: durísima acusación al juez Peinado por su persecución a Begoña Gómez
Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, se muestra muy crítico con la instrucción del magistrado pidiendo imputar a Félix Bolaños
ElPlural
Redacción
25-6-25
La última instrucción del juez Juan Carlos Peinado es incomprensible para todo el mundo, más allá de la derecha y extrema derecha a nivel político, social y mediático. El magistrado que lleva ya no se sabe muy bien qué causa contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha elevado el tono en las últimas horas y ha apuntado, no solamente al líder del Ejecutivo, sino también al Gobierno de España, concretamente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Peinado ha escrito una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) en la que pide que imputen a una de las personas más importantes en el equipo de Moncloa con un documento, eso sí, incomprensible incluso para muchos expertos en la materia. Es el caso del ex letrado del Tribunal Constitucional (TC), Joaquín Urías, a quien le ha bastado un extracto del texto para sacar una conclusión que ha compartido en redes sociales y que resulta de lo más contundente.
“La ‘exposición razonada’ presentada por el juez Peinado parece un texto escrito por un enfermo mental. Es desconexo, mal redactado, sin fundamentar y a menudo incompresible. Nunca en mi vista he visto un documento judicial así”, ha publicado en X, antiguo Twitter, donde también ha calificado el hecho de “insólito”.
Nunca he visto un documento judicial así
Peinado ha concluido la imputación del ministro de Justicia y de la Presidencia, por falso testimonio y malversación de caudales públicos por la declaración que realizó Bolaños con motivo de la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez.
En lo que tiene que ver con el falso testimonio, el auto revela que “dicho investigado”, en su declaración a fecha 16 de abril de 2025 y “en calidad de testigo” desde despacho oficial bajo juramento, tras “sucesivas reticencias”, manifestó que el nombramiento lo había hecho la persona “que emitió el certificado”.
“Ese hecho fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento. Consecuentemente, siendo el investigado, Félix Bolaños García, ministro de Justicia, y por tanto, el Notario Mayor del Reino nos encontramos, ante el paradigma de un oxímoron cuando estando bajo juramento, y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad, lo que debe ser considerado, como un testimonio falso, y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta exposición razonada, por el delito de falso testimonio”, prosigue el texto.
En lo que respecta a la contratación de la asesora, además de considerar que no existió procedimiento de contratación, el magistrado que investiga a Gómez afirma que esta persona -Álvarez- “con independencia de las otras funciones que pudiera realizar, efectuó múltiples trabajos para la actividad privada de la esposa del presidente del Gobierno (…) sin relación alguna con las funciones para las que había sido nombrada, y ajenas a aquellas”. Sin embargo, siempre a instancias de Peinado, la asesora únicamente podría llevar a cabo actividades “meramente protocolarias, y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico” y que todo ello se pagó con dinero público.
Además, en el auto el juez ‘mata’ a Gómez al cambiar el entierro del padre de la esposa de Sánchez en un error que no pasó desapercibido. Este es el párrafo concreto del fallo: “(…) En algunas ocasiones ha coincidido con las dos unas dos o tres veces, alguno era un acto político, de presentación de candidatura de presidente del gobierno para las generales de 2019, pero no recuerda exactamente dónde. La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra Begoña Gómez”.
Doble varapalo de la Audiencia a Peinado y a la asesora de Begoña Gómez: anula la declaración, pero mantiene la imputación
Afirman que la declaración prestada como testigo no se utiliza como prueba de cargo, pero añaden que existen suficientes indicios para mantener la imputación
ElPlural
Loreto Ochando
25-6-25
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la declaración como testigo de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, pero al mismo tiempo mantiene su condición de imputada en el procedimiento abierto por el Juez, Juan Carlos Peinado, contra la mujer de Pedro Sánchez. Un doble varapalo, pues por un lado deja claro al polémico juez que no puede utiizar la declaración como testigo de una persona para imputarla después -es la segunda vez que lo hace-, pero por otro, los magistrados afirman que hay indicios más que suficientes para mantener ese imputación.
En cuanto a la declaración, explican los jueces que, "la declaración prestada como testigo no se utiliza como prueba de cargo, y las pruebas obtenidas de manera autónoma y diversa corroboran los hechos declarados probados en el proceso. Es fundamental entender que la declaración inicial como testigo, es una fase preliminar en la investigación penal y que el cambio a la condición de investigado permite al afectado ejercer plenamente su derecho de defensa".
Mantiene la imputación de Álvarez
Sobre el auto de imputación, dice la Audiencia que "la fundamentación del auto es sumamente reducida, por no decir, prácticamente, inexistente, siendo conocida la importancia de la mínima motivación jurídica, necesaria a fin de que permita a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión, garantizando la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los recursos que procedan", pero que, pese a todo existen indicios suficientes.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, y con respecto a Cristina Álvarez, los jueces se preguntan "¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?", a lo que responden que "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".
Y prosiguen explicando que "las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplos la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, añadiendo que esta última, era la persona de confianza ya que siempre le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos".
"O la constación de un email dirigido a la directora de comunicación institutcional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del master, lo que parece excede claramente sus funciones. Datos indiciarios suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la administración. Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento, lo que podria suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno", apostillan.
Hemeroteca de los que hablan de amañar elecciones: muertos, carretaje, ‘lawfare’, 'tamayazo' y financiación ilegal
José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo han dejado caer en los últimos días, sin pruebas y pasando por alto su historial, que Pedro Sánchez podría haber amañado los comicios
ElPlural
Rubén Rozas
25-6-25
El PP se ha subido nuevamente a la teoría de la conspiración respecto de las elecciones de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si en las últimas horas era el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien se pronunciaba en estos términos, a él le seguía el líder actual el partido conservador, Alberto Núñez Feijóo.
El primero emitió, en una entrevista concedida al diario El Mundo, que si el jefe del Ejecutivo era “capaz de adulterar unas elecciones en su partido” -en referencia a la supuesta situación que dibujó el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, al haber favorecido que se metieran dos papeletas en las urnas de las primarias que aúpan a Sánchez hasta la secretaría general- tiene la capacidad para “alterar unas elecciones generales”. El segundo le siguió relatando que “si uno ha robado una joyería, ¿por qué no podría robar un banco?”.
Sin embargo, como es usual, quienes más hablan son a la vez quienes más tienen que callar, y es que tanto Aznar como Feijóo saben bien lo que son amaños electorales demostrados. En la comunidad de este segundo hubo un tiempo en el que votaban las personas fallecidas, y no es una hipérbole, de cara a unas votaciones en las que salía el representante del país.
Del voto de los fallecidos a 'salir de casa con el sobre'
Ocurrió en las elecciones generales del 2000 cuando votaron gallegos emigrados a países de Latinoamérica como Uruguay o Argentina que habían muerto tiempo antes. Las papeletas continuaron llegando a los hogares de todos los españoles residentes en el extranjero de la mano de su tarjeta censal, estuvieron o no vivos. Para que estas hojas pudieran contabilizar, bastaba con que alguien las depositara en un servicio postal, sin necesidad de identificación ni límite de envíos.
Y no fue el único año que se dio esta situación. Por el contrario, los fallecidos votaron nuevamente al menos en los comicios de 2001 y, otra vez, en las de 2005, embarrando con este hecho la fiesta de la democracia.
En aquel caso, para demostrar que el sistema electoral para la emigración seguía fallando, llegaron a la comunidad sobres con el voto, la tarjeta censal y una fotocopia del certificado de fallecimiento del elector.
Tirando de hemeroteca, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordaba esta parte de la historia al líder de la oposición después de sus últimas acusaciones. “Tanto con Fraga como con Feijóo, votaban vivos y muertos”, pronunció esta semana.
De origen gallego como el presidente del PP y ex presidente de la Xunta, la también ministra de Trabajo expresó que se han conocido comicios en las que votaron “personas incapaces” y que han traído consigo denuncias. “El señor Feijóo habla de algo que conoce muy bien”, deslizó.
En este sentido, acusó también la práctica que se llevó igualmente a cabo en la región gallega conocida como carretaxe -carretaje traducido al castellano- que, básicamente, es permitir votar a gente que no reunía las capacidades para ello, así como monjas o ancianos que, dicho de manera simple: salían con el sobre preparado de casa.
En Madrid, el 'tamayazo'
Por supuesto, en el repaso de comicios y desarrollo polémicos de voluntad popular, no se puede dejar de lado el conocido como tamayazo, el caso de transfuguismo más clamoroso que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid y, en realidad, en el conjunto del país y que impidió, en última instancia, un cambio de signo político en la región.
Aquel hecho que ocupó portadas tuvo como protagonista a los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez; ambos desertaron impidiendo con ello la investidura de su compañero de partido, Rafael Simancas. La situación provocó la repetición electoral meses después que terminó con la presidencia de Esperanza Aguirre.
Castilla y León
Manteniendo el ámbito autonómico, el primer presidente del Ejecutivo de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), dimitía después de conocer su procesamiento por un presunto delito social resultado de una querella presentada por varias trabajadoras de la empresa textil que había vendido al alcanzar el cargo. Cuatro años más tarde, fue absuelto, pero aquello abrió las puertas a un Aznar que entonces era diputado por Ávila y presidente de la ya extinta Alianza Popular.
De Madrid se ha destacado en estas décadas su dignidad, abandonando la presidencia de una comunidad autónoma que los socialistas fueron incapaces de mantener apenas medio años tras su prematura renuncia, a la que se encaramó Aznar, catapultado al poder en las elecciones de mayo de 1987 sin que la constatación posterior de la inocencia del expresidente por el Tribunal Superior de Justicia sirviera para restituir jamás un gobierno de izquierdas.
11-M, campañas corruptas, 'lawfare'...
Por supuesto, si se habla de Aznar no se puede olvidar su papel en las elecciones de 2004, con una mentira que ocupó la portada del periódico más prestigioso de este país después de los atentados del 11-M, los peores de nuestra historia. Lejos de admitir siquiera posibles errores, ya no bulos o falsedades, el director de FAES hablaba hace años que quienes habían ideado los ataques no estaban “ni es desiertos remotos ni en montañas lejanas”. A día de hoy no ha pedido perdón.
Por cerrar con un asunto de estricta actualidad, que también guarda relación con el lawfare judicial, el exsecretario general del PSOE de Galicia (PSdeG), José Ramón Besteiro, ha exigido disculpas a los ‘populares’ después de que se haya conocido la ‘Operación Pulpo’, nombre bajo la que se denominaba la supuesta adjudicación ilícita de una plaza y malversación de fondos públicos en programas de la Diputación de Lugo. Este ejercicio fraudulento nunca se ha comprobado.
Este artículo podría completarse con las innumerables campañas que el PP ha financiado a través de la corrupción en la Comunidad de Madrid o Valenciana. Entramados de obra pública, cajas B, pagos electorales, sistema de facturas falsas, campañas pagadas de forma irregulares, desvió de fondos… han estado constantemente presentes en las victorias electorales de la derecha.
Los 37 investigados que el PP de Feijóo mantiene en sus filas: Púnica, Kitchen, las residencias o la DANA
La hemeroteca del Partido Popular refleja que numerosos cargos procesados, implicados o investigados por la Justicia siguen en la formación
ElPlural
Narta Alberca
25-6-25
Con el telón de fondo de la convulsión política que se ha acrecentado en las últimas semanas debido a la trama Koldo, las críticas de Génova se han disparado exigiendo la plena condena hacia la corrupción en las instituciones, exigiendo un adelanto electoral al Gobierno central de Pedro Sánchez por esta cuestión. No obstante, la hemeroteca del Partido Popular refleja que numerosos cargos procesados, implicados o investigados por la Justicia, mantienen en los tiempos que corren sus cargos o figuran como militantes dentro de las filas del partido.
Según han trasladado fuentes socialistas, el PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene a distintos nombres de peso en sus respectivos puestos, bien sean nacionales o territoriales, pese a las causas judiciales que pesan sobre ellos. “¿Siguen siendo afiliados del PP con todos sus derechos? ¿A cuántos de estos imputados el PP le ha abierto expedientes informativos o de expulsión?”, se preguntan.
Y es que el listado de estos nombres populares se completa con 37 cargos; 37 figuras del PP que se desgranan en distintas causas judiciales, algunas de hace más de una década y otras más recientes pero que siguen resonando en el tablero político y judicial.
De Púnica a Kitchen, pasando por las residencias y la DANA
Para ser más exactos, desgranar esta lista de 37 cargos imputados o investigados del PP se comprende en mejores términos con una división de las distintas causas que han acabado o están en camino del banquillo.
En primer lugar, el caso Púnica, la trama de corrupción del PP de la Comunidad de Madrid con Francisco Granados a la cabeza por la que se adjudicaron servicios públicos en dos años por un montante de 250 millones de euros y que llevó a más de una treintena de cargos a sede judicial.
Francisco Granados Lerena
Beltrán Gutiérrez Moliner
Borja Sarasola Jaúdenes
David Erguido Cano
Daniel Ortiz Espejo
Isabel Gallego Navarrete
Alejandro De Pedro Llorca
José Martínez Nicolás
Diego Mora Borobia
José García Lobato (vinculado)
Carlos López Jimeno (vinculado)
Borja Gutiérrez Iglesias (vinculado)
José Gil Granizo (vinculado)
David Rodríguez Sanz (vinculado)
Agustín Juárez López de Coca (vinculado)
Carlos Estrada Pita (vinculado)
Antonio Sánchez Fernández (vinculado)
Gonzalo Cubas Navarro (vinculado)
José Carlos Boza Lechuga (vinculado)
Le sigue el caso Lezo, el que radica en la posible corrupción política en la gestión del Canal Isabel II de la Comunidad de Madrid por el desvío de fondos públicos, cohecho y blanqueo de capitales que declinaron en cuentas de particulares, siendo el expresidente Ignacio González el principal promotor de la trama.
Ignacio González
Juan Bravo Rivera
Pedro Calvo Poch
Arturo Canalda González
José Antonio de Cachavera
Pablo López de las Heras
En tercer lugar, sobre el caso de las comisiones de Argelia, figuran dos nombres de peso: Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui y San Román. Tras nueve años de instrucción, esta causa sitúa a ambos exdiputados del PP al borde del banquillo por el presunto cobro de comisiones millonarias e ilegales a funcionarios de Argelia para la obtención de contratos públicos.
En lo que concierne a la Operación Kitchen, una de las más conocidas política y mediáticamente en el PP por el espionaje del comisario José Villarejo a Luis Bárcenas, se señala al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Cabe reiterar que Martínez también está en el epicentro de la Operación Borraska, la cual se centra en la presunta colaboración de blanqueo de dinero por compraventa de datos robados y a quien también se capturó al hacker Alcasec.
Quien continúa a la espera de juicio es el expresidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, por el caso Desaladora de Escombreras -también conocido como el caso La Sal-, acusado de delitos de prevaricación, malversación y fraude continuado. Fiscalía pide once años de cárcel y veinte de inhabilitación, pero no será hasta septiembre de 2027 cuando se celebre el juicio.
Los dos casos de presunta corrupción que radican en el mando de dos conocidos barones territoriales del PP de Feijóo sitúan el foco en Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón. En primer lugar, los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ aplicados en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia de coronavirus, y por los cuales están siendo investigados Carlos Mur de Viu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño Carbonell, promotores de estas medidas.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la exconsellera de Emergencias de la Generalitat de Mazón, Salomé Pradas, está imputada por la gestión de la DANA de Valencia del pasado 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales.
Por último, en el listado de figuras del PP se recogen tres nombres que están situados bajo la lupa judicial con una investigación abierta pero aún sin caso judicial especificado. Se trata de Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares que, mientras ostenta su cargo de regidora, firmó un contrato laboral fijo en el Ayuntamiento, lo que supondría una “simultaneidad de funciones”. A este proceso guarda relación Raúl Castillo, su jefe de comunicación, también bajo el foco por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Le sigue la ‘número 3’ de Ayuso, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y exalcaldesa de Arroyomolinos, Ana Belén Millán Arroyo, imputada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la Administración Pública y de quien recientemente la jueza de Navalcarnero ha constatado la “existencia de indicios sólidos y suficientemente justificados” de comisión de delitos.
Toda esta lista de cerca de 40 figuras vinculadas al PP se encuentran actualmente procesados, implicados o investigados por la Justicia.
martes, 24 de junio de 2025
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