Miguel
Ángel Rodríguez dispara de nuevo
Luna
Izquierdo
Miguel
Ángel Rodríguez, conocido por su historial de cloacas mediáticas y
campañas de acoso, ha dado un paso más en su cruzada para blindar a
Isabel Díaz Ayuso de cualquier mancha judicial. El director de
gabinete de la presidenta madrileña utilizó su cuenta en X para
señalar públicamente a la jueza Carmen Rodríguez Medel,
responsable de la apertura de juicio oral contra Alberto González
Amador, pareja de Ayuso.
La
magistrada ha imputado al empresario por seis delitos: dos contra la
Hacienda Pública, dos de falsedad documental, uno continuado
contable y otro de pertenencia a organización criminal. Además,
sentará en el banquillo a cuatro empresarios a los que se acusa de
cooperadores necesarios. La cifra defraudada asciende a 350.951 euros
entre 2020 y 2021, según los autos judiciales.
En
lugar de respetar la independencia judicial, Rodríguez optó por la
amenaza velada: “Cuidado con Sánchez”, escribió, insinuando que
la magistrada actuaba bajo órdenes del Gobierno. Para rematar, la
acusó de no respetar a la Audiencia Provincial y de haber tomado
decisiones con intereses políticos.
No
es nuevo: la derecha mediática y política tiene una larga tradición
de amedrentar a juezas y jueces que tocan sus privilegios. El mismo
patrón que se utilizó contra el juez Garzón cuando destapó las
tramas de corrupción del PP. El mismo que hoy se repite para tapar
el caso de quien comparte ático con la presidenta madrileña.
EL
BANQUILLO QUE AYUSO TEME
La
jueza Rodríguez Medel no es una recién llegada ni mucho menos una
militante socialista disfrazada de togada, como insinúa el jefe de
gabinete. Fue asesora de Rafael Catalá, ministro de Justicia del PP,
e instruyó causas contra socialistas y populares. Entre ellas, el
caso Máster de Pablo Casado o la imputación al delegado del
Gobierno en Madrid por la manifestación del 8M.
Su
historial demuestra que no responde a consignas políticas, sino a la
evidencia judicial. Por eso la acusación de Miguel Ángel Rodríguez
resulta doblemente peligrosa: criminaliza la independencia judicial
mientras blanquea un entramado de fraude y falsificación que salpica
directamente a la pareja de Ayuso.
La
Fiscalía pide para González Amador tres años, nueve meses y un día
de cárcel, además del pago de 448.000 euros en multas. También ha
solicitado que se impute al abogado del empresario como cooperador
necesario. La Abogacía del Estado ha secundado esa petición y ha
ampliado las responsabilidades a otros empresarios implicados.
No
estamos ante un malentendido fiscal o una “equivocación contable”.
Se trata de un fraude estructurado con facturas falsas, un esquema de
engaño y una pertenencia a organización criminal. Esa es la
gravedad de la imputación y esa es la razón por la que González
Amador trató de cerrar el asunto mediante un pacto con la Fiscalía.
El
acuerdo no prosperó. Ahora Ayuso ve cómo su pareja entra de lleno
en el banquillo y cómo la maquinaria de propaganda de su entorno
intenta desviar el foco hacia teorías conspirativas. El manual del
PP: si la justicia alcanza a los tuyos, conviértela en un
instrumento político.
La
situación desvela un nerviosismo creciente en la Puerta del Sol.
Mientras la oposición reclama explicaciones, Más Madrid pide al
novio de Ayuso que “vaya preparando las maletas” y el PSOE
advierte de que la historia puede acabar mal, el equipo de la
presidenta ha decidido prender fuego al tablero institucional.
Cuando
el jefe de gabinete de la persona que gobierna Madrid lanza ataques
directos contra una jueza y acusa sin pruebas al presidente del
Gobierno de manipular la justicia, lo que está en juego no es solo
la corrupción. Lo que se erosiona es la democracia misma.
Ni
siquiera la prensa afín al PP puede ocultar que el caso amenaza con
convertirse en un boomerang político. González Amador, convertido
en símbolo de la corrupción íntima del poder madrileño, pone en
evidencia que el discurso de Ayuso sobre la libertad se tambalea
cuando el fisco entra en su casa.
La
frase de Miguel Ángel Rodríguez resume todo lo que está mal en el
bloque conservador: “Todo Sánchez es corrupto”. Una acusación
sin pruebas, lanzada con la intención de arrastrar la conversación
pública hacia el barro y desviar la atención del verdadero
problema.
El
verdadero problema no está en La Moncloa. Está en el ático de la
presidenta de Madrid.
Si
te indigna este blindaje a la corrupción y este ataque a la
democracia, necesitamos tu apoyo económico para seguir contándolo
sin miedo:
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