ANÁLISIS
Sobre
los archivos y los papeles de Franco
Mostrar
la documentación unificada y romper la división entre los llamados documentos
oficiales y los personales del dictador es una obligación democrática
inaplazable
Gutmaro Gómez Bravo
“Algo bueno
tienen que tener las dictaduras, y es que lo guardan todo”, me dijo con sorna
un viejo profesor en clase hace ya muchos años. Aquella, fue, casi con toda
seguridad, la primera vez que tuve constancia de la importancia de la documentación
y de lo mucho que podrían albergar los archivos españoles. Un recuerdo que
expresa gráficamente el malestar de nuestra historia reciente. Por un lado, han
mejorado infinitamente los recursos, los materiales, los enfoques y, en
general, todo lo relacionado con la metodología de estudio del franquismo ha
sufrido un proceso de renovación acelerado en las últimas décadas. Pero, por
otro, aún quedan importantes vacíos por llenar y muchas lagunas que cubrir,
sobre todo en relación con las cada vez más completas y sistemáticas
investigaciones de las dictaduras en Europa y América Latina. Hay muchos
silencios y zonas grises que aún lastran esta renovación. Una clave fundamental
está en los archivos, y en concreto, en la pervivencia de una serie de restricciones
en el acceso y uso de la documentación, que nos siguen haciendo tristemente
“diferentes”.
La frustración generalizada entre el conjunto de
profesionales, archiveros, historiadores e investigadores y todavía más en los
ciudadanos que se acercan por sus propios medios a los archivos buscando el
rastro de sus familiares y seres queridos no puede atribuirse exclusivamente a
un único caso, pero es indudable que por su propia significación, los papeles
de Franco han despertado siempre un particular morbo. El problema fundamental
es el de su titularidad, ya que sus herederos siguen siendo propietarios de un
vasto patrimonio documental procedente de la Jefatura del Estado, del Gobierno
y del Ejército de España durante prácticamente cuatro décadas. Un conjunto que
contrasta con su acceso limitado y su uso particular. A mediados de la guerra
civil, el periodista Joaquín Arrarás comienza a utilizar algunos textos y
documentos en una serie de artículos de propaganda que terminaron dando lugar a
una Historia de la Cruzada Española en distintos volúmenes. La mayoría de ellos
aparece sin referencia, sin fechar y sin procedencia alguna, pero ya es
manifiesta la voluntad de considerarlos parte de un archivo, de un legado
conjunto. Desde mediados de los años sesenta, parte de esta documentación
vuelve a utilizarse, también sin referencia ni ubicación alguna. Se atribuye
genéricamente al Archivo del Generalísimo y sirve para contrarrestar varios
estudios críticos con el régimen, publicados en Francia y Gran Bretaña. El historiador
Ricardo de la Cierva accede y utiliza los papeles ubicados en el Archivo de
Salamanca, de los que dispone y consulta en privado al menos entre 1973 y 1981,
años en los que estuvo al frente de los principales organismos culturales
españoles (fue nombrado Ministro de Cultura en 1980). Dos años antes, en 1978,
había aparecido Mis conversaciones privadas con Franco, del primo de Franco, el
Teniente General Salgado-Araujo, que reproduce parte de los mismos documentos y
citas textuales del ya señalado comúnmente como Archivo del Generalísimo.
A principios de los años ochenta, otro historiador
afín, Luis Suárez, Procurador en las Cortes franquistas, tendría acceso también
a la documentación de una forma prolongada y exclusiva. En 1984, publica su
conocida obra Francisco Franco y su tiempo, reeditada y revisada varias veces
por él mismo. La Fundación Nacional Francisco Franco comienza por entonces su
labor de custodia y clasificación del archivo, cuyos resultados no se hicieron
públicos hasta 1992 con la aparición de dos volúmenes de los Documentos
Inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, la que puede considerarse
primera aproximación a modo de catálogo de estos fondos.
Las restricciones en el acceso e inventario de toda
esta documentación se han mantenido hasta hace muy poco. Hubo que esperar hasta
el año 2000 para que una parte pasara, en rollos microfilmados, al Ministerio
de Educación, que los depositó a su vez en el Archivo de Salamanca. Las cerca
de 27500 copias de documentos que han pasado sucesivamente al Centro Documental
de la Memoria Histórica constituyen un importante inventario de la
Administración franquista, que abarca aspectos de toda la estructura de la
dictadura, así como de sus principales instituciones y ministerios. Son una fuente
importante para comprender el modelo corporativo español, su evolución y sus
conflictos internos, que lamentablemente queda desvirtuada por su carácter
fragmentario (apenas suponen una mínima parte del total) y secundario, ya que
no dejan de ser reproducciones, literalmente “copias de copias”.
El origen de todo este material es anterior y mucho
más amplio. Antes de dar por terminada la guerra civil, el propio Franco mostró
su voluntad de crear un archivo “para la enseñanza de la historia”, que sería
conocido como Archivo de la Cruzada o de la Guerra de Liberación y que
consistía fundamentalmente en la documentación acumulada sobre la marcha
durante la guerra por su Estado Mayor. El problema es que, a escasos tres meses
de comenzada la sublevación, este ya era el núcleo del Nuevo Estado y tanto la
documentación que emitía como la que recibía fue creciendo de forma
desmesurada. Pronto, sus organismos dependientes albergaron cientos de miles de
documentos, repartidos hoy en varios archivos estatales, pero sobre todo en el
de Salamanca, sede de la llamada Delegación Nacional de Recuperación de
Documentos, organismo que hasta el año 1944 tuvo carácter reservado. Allí se
centralizó y gestionó todo el proceso de la clasificación de la inicialmente
llamada “información retrospectiva” y más tarde conocida como información
“político-social” a través de la documentación procedente de la ocupación del
territorio republicano. Esa enorme masa documental creció aún más con el
archivo de antecedentes masónicos y el Registro central de todas las llamadas
jurisdicciones especiales hasta el final de la dictadura. En ese mismo año,
1944, cuando se da por terminada la clasificación de la documentación incautada
en el Puerto de Alicante, la Delegación cifra en cerca de cuatro millones de
fichas y documentos los que tiene ubicados en sus dependencias.
La pregunta obligada entonces es saber qué ha
llegado a nuestros días y dónde se encuentra. En este contexto y con esta
enorme magnitud, el llamado archivo histórico de Franco no sólo se queda corto
en volumen sino que además aparece como incompleto al instante para cualquier
investigador. La documentación que falta en varios de los rollos copiados en
Salamanca figura en el catálogo de la FNFF (Fundación Nacional Francisco
Franco) dentro de las cuentas y la contabilidad personal del General, pero su
consulta sigue siendo imposible, ya que están fuera de las copias digitales que
se muestran en sala. Otra de las principales características de la
documentación que conserva el archivo de la FNFF, es la ausencia de papeles
personales de Franco. Hay, sin embargo, numerosas pruebas de que no han sido
destruidos, como lo demuestra el goteo de cartas publicadas en la prensa de
forma periódica desde hace años. El periodista e historiador Jesús Palacios,
autor, junto a Stanley Payne, de un libro fruto de una larga entrevista con la
hija de Franco, y más recientemente de una biografía favorable al dictador,
tuvo acceso a buena parte de ellas con las que publicó en 2005 su obra Cartas
de Franco: la correspondencia desconocida que marcó el destino de España. Desde
entonces no han dejado de aparecer, en distintos medios de comunicación,
borradores y cartas atribuidos a Franco y a su entorno. La mayoría de las que
han ido apareciendo iban dirigidas al dictador a lo largo de distintas épocas.
De temática variada e índole familiar, todas parecen tener en común al menos
dos cosas: abundan en su dimensión humana (de su novia, de su padre Nicolás,
con el que no tenía apenas relación, con Don Juan de Borbón etc), y, sobre
todo, comparten un secreto: no dicen su procedencia ni en qué archivo están.
La oportunidad de conservar e inventariar estos
llamados papeles personales de Franco, de incorporarlos al conjunto de la
documentación oficial que existe en los archivos públicos, no se puede dejar
pasar. Mostrar la documentación unificada y romper la división entre los
llamados papeles oficiales y los personales de Franco sería una importante
contribución a la normalización de una situación enrevesada hace años. Así se
ha venido haciendo al menos con los materiales, institucionales o estrictamente
privados, de personalidades y organismos de dictaduras de muy distinto signo:
Alemania, Italia, Portugal, Rusia... Mientras esto no se consiga, los archivos
seguirán siendo una metáfora viva de nuestro pasado reciente, que constituye a
estas alturas una de las más destacables anomalías, si no la que más, en
materia de investigación, gestión documental y acceso de los ciudadanos a su
propia historia reciente. Un problema que no es propio de un solo archivo, ya
se ha dicho, sino de muchos otros, de titularidad pública, que conservan
documentación más reciente y que con toda probabilidad, son de igual o mayor
trascendencia para comprender determinados aspectos del franquismo, pero siguen
estando cerrados a la investigación.
Gutmaro
Gómez Bravo es profesor del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de
la Universidad Complutense de Madrid.
