Benjamín Solsona: ¿un Billy el Niño en València?
El 23 de abril de
1971, en pleno estado de excepción, una treintena de estudiantes universitarios
fueron detenidos en València por la Brigada Político Social. Algunos de ellos
llegaron a estar incomunicados durante 19 días y los interrogatorios y las
torturas fueron continuos. Los próximos días algunas de las víctimas llevaran
el caso ante la justicia con la intención de dar la batalla contra la impunidad
en los juzgados valencianos.
Vicent Galiana
28-11-18
La Primavera Valenciana transformó
la imagen que proyectaba el País Valencià fuera de sus fronteras y dejó
imágenes para la historia. De entre ellas, la de Antonio Moreno, Jefe Superior
de Policía de la Comunidad Valenciana, refiriéndose a los estudiantes que
salían a las calles como “enemigos”. Y no fue una imagen fugaz. Durante
aquellas largas tardes, su rostro desafiante copó portadas y reportajes. No era
la primera vez que Antonio Moreno adquiría protagonismo en la lucha contra la
movilización estudiantil.
Según diversas personas que
participaron en las protestas estudiantiles de los años 70, Antonio
Moreno ya fue conocido por algunos profesores y personal de la administración
de la Universidad como El Infiltrado. Entre 1975 y 1977 Moreno fue los
ojos de la Brigada Político Social de València en la universidad. Un joven que
fingía ser estudiante “pero al que nunca detenían” y que, con el tiempo
tendría, para sorpresa de alguno de sus compañeros de asambleas, una larga y
próspera carrera policial bajo el amparo de Benjamín Solsona, El Galletas.
Después de sus actuaciones, en junio de 2012 fue ascendido a Comisario
Principal, la máxima categoría dentro de la Policía.
Antonio Moreno tendría, para sorpresa de alguno de sus
compañeros de asambleas, una larga y próspera carrera policial bajo el amparo
de Benjamín Solsona
Para Benjamín Solsona el paso por la
Brigada Político Social de València también fue un trampolín. Nacido en 1931,
ascendió a raíz de su trabajo en dicha capital y fue comisario en Málaga y Jefe
de Policía en Bilbao (1980-1982) y en las Baleares (1982-1988), entre otros.
Otro caso de viejo policía franquista insertado ejemplarmente en las fuerzas
del orden de la nueva democracia. En 2014, muchos años después, los métodos de
interrogatorio y control social puestos en marcha durante su estancia en
València le costaron la imputación en la Querella Argentina: la jueza Maria
Servini de Cubría emitía una orden internacional de detención contra él y otras
19 personas en la causa por delitos de genocidio y/o de lesa humanidad. La
justicia española impidió su extradición.
Benjamín Solsona y la Brigada
Político-Social
El 23 de abril de 1971, en pleno
estado de excepción, una treintena de estudiantes universitarios fueron
detenidos en València por la Brigada Político Social. De entre ellos, más de
una decena permanecieron incomunicados durante días, sometidos a
interrogatorios y torturas hasta ser ingresados en la Cárcel Modelo de
València. Quince militantes universitarios del PCE para los que la justicia
pediría meses después hasta 119 años de cárcel acusados de asociación ilícita y
propaganda ilegal. Las detenciones, que habían llegado en un momento de
crecimiento exponencial de la movilización contestataria, desarticularon
prácticamente la estructura del PCE en la Universitat de València.
Pero, lejos de frenar las protestas,
estas siguieron creciendo. La paralización de la Universidad por las protestas
llegó acompañada de las muestras de solidaridad de algunos profesores que
ofrecieron a los detenidos examinarlos en la cárcel o las quejas del rector
Juan José Barcia Goyanes ante el Gobernador Civil. El aumento de las protestas
marcó las semanas posteriores que algunos de los implicados recuerdan como mayo
rojo.
La paralización de la Universidad por las protestas
llegó acompa ñada de las muestras de solidaridad
Años después, José L. Monzón,
militante del PCE, explicaría que “las detenciones de 1971 no influyeron
negativamente en la capacidad de influencia política del PCE en la universidad,
sino que la reforzaron”. “Gracias a que nos habían detenido y conocían nuestra
militancia nos ‘legalizaban de hecho’, pues ya no éramos clandestinos, sino
comunistas de conocida militancia que actuábamos abiertamente en las facultades
y en el movimiento universitario”.
Las denuncias de
torturas
Durante los 19 días de
incomunicación, los interrogatorios y las torturas fueron continuas. Muchas de
las personas implicadas denunciaron los hechos. Algunos de aquellos testimonios
son desgarradores.
Diversos testimonios declararon
haber sido víctimas de la bañera. Por ejemplo, a JGM, que entonces tenía
21 años y era estudiante de Económicas, lo golpearon durante horas mientras
permanecía de cuclillas esposado por debajo de las piernas, antes de hacerle la
bañera hasta extenuarlo. A AGC, de 19 años y también estudiante de
Económicas, le practicaron la bañera durante horas hasta producirle
asfixia y vómitos. A JGM lo golpearon durante horas mientras permanecía
de cuclillas esposado por debajo de las piernas, antes de hacerle la bañera
hasta extenuarlo
A AMS, de 22 años y estudiante de Química, le
realizaron los largos interrogatorios esposado con unas “esposas graduables”
que le dejaron las manos sin sensibilidad durante 18 días. A JPR, de 19 años,
lo golpearon repetidamente en los testículos.
Pero también hubo terror psicológico y
amenazas de muerte en la comisaría: PCS, y MTA, ambos de 22 años, declararon
haber sido amenazados con pegarles un tiro y posteriormente ahogarlos “para que
pareciese un accidente”; o, en otro sentido, a FCY, de 20 años, le mantuvieron
5 días sin comer ni dormir en una celda de incomunicación. JLMZ, de 20 años,
también fue detenido el 23 de abril en su domicilio. Durante sus cuatro días en
incomunicación, los interrogatorios se acompañaban de patadas en los testículos
y amenazas de detener y torturar a su mujer.
En su mayoría recogen además
de golpes y amenazas tres técnicas de tortura que serán coincidentes con los
denunciantes de las torturas en la BPS antes y después de 1971: el tostadero (obligados a tumbarse sobre un
somier metálico conectado a corrientes eléctricas), la
bañera (sumergiendo repetidamente la cabeza de la víctima en el agua
durante períodos de tiempo cada vez superiores) o el
quirófano (en el que se tumbaba a la víctima sobre una camilla con la
cabeza en el aire y era golpeado cada vez que el cansancio le obligaba a doblar
el cuello o se estiraba su cuerpo por los brazos y las piernas mientras se le
golpeaba el abdomen y los testículos).
Muchos de ellos identificaron a los
autores de las torturas, destacando el papel jugado por Benjamín Solsona Cortés
y Manuel Ballesteros. Pero estos nombres aparecen en numerosas
denuncias de tortura y memorias de militantes antifranquistas. Ya desde 1968
Rafael Pla López les identifica en sus memorias como torturadores durante su
detención en la Prefectura de Policía de la Avenida Ferran el Catòlic de
València.
Muchos de ellos identificaron a los autores de las
torturas, destacando el papel jugado por Benjamín Solsona Cortés y Manuel
Ballesteros
Y sus acciones se alargan, según los denunciantes,
al menos hasta el 1975: Víctor Baeta, militante del FRAP detenido en su casa a
punta de pistola en agosto de ese año, escribió que Benjamín Solsona le golpeó
repetidamente en la cabeza mientras cantaba “FUDE-FRAP, DUDE-FRAP” —haciendo
referencia a la organización estudiantil del PCE(ml)
“Federación Universitaria Democrática Española”— y posteriormente le practicó
“sesión eléctrica y cojín”.
La Querella Argentina en el
País Valencià
El otoño de 2015 se constituyó
en València la Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià –
Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme con el objetivo de
"visibilizar los crímenes del franquismo que el Estado está escondiendo,
todo excusándose en una Ley de 1977, coordinar el apoyo y las adhesiones a la
querella argentina y movilizar a la sociedad y las instituciones valencianas
para avanzar hacia la justicia y la reparación". La plataforma recoge
diferentes movimientos memorialistas —Plataforma por la Memoria del País
Valencià, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Grupo para
la Recuperación de la Memoria Histórica de Castellón, La Comuna, Asociación de
Represaliadas y Represaliados políticos del Franquismo y el Colectivo por la
Recuperación de la Memoria Histórica de Callosa d'en Sarrià—, colectivos
sociales, sindicatos, partidos políticos y diferentes personas a título
individual.
Solo unos días después, Callosa d'en Sarrià se
convirtió en el primer pueblo del País Valencià en adherirse a la querella.
Durante 2016, el apoyo institucional aumentó notablemente. El plenario de la
Diputació de València aprobó en diciembre —con 17 votos a favor de Compromís,
Podemos, EUPV y PSPV y 14 en contra del PPCV y Ciudadanos— una moción donde
declaraba el "apoyo incontestable a las víctimas del franquismo" y se
comprometería a “apoyar a los municipios que se sumaron a la querella argentina".
Unas semanas después, a finales de enero de 2017, se hacía público el acuerdo
de la Diputació de València con la Federación Valènciana de Municipios y
Provincias (FVMP) y la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina.
El pasado 30 de marzo de 2017, el Ajuntament de
València aprobó una moción que reconoce el apoyo institucional a la causa
judicial instruida en Argentina y solicita la incorporación del consistorio a
la Red de Ciudades por la Memoria. Le siguieron, el 5 de abril, Les Corts
Valencianes, con una Proposición No de Ley (PNL) con los votos favorables de
Podemos, Compromís y el PSPV. La moción, además de mostrar su apoyo a la
querella, pedía la modificación de la Ley de Amnistía, instaba al Ministerio de
Justicia a garantizar el derecho a la justicia y exigía la modificación de la
Ley Orgánica 1/2014 del poder judicial para hacer posible la actuación en
materia de justicia universal.
Castelló se sumaría unas semanas después,
en mayo, con el apoyo de los partidos del Pacte del Grau. Desde entonces las
corporaciones de Paterna, Bernicarló, Villena, Siete Aguas, Massamagrell o
Puçol, entre muchas otras, se han sumado públicamente a la Querella Argentina.
Por otra parte, la aprobación
de la Llei de memoria democrática i per a la convivencia de la Comunitat Valènciana
a finales de 2017 y las exhumaciones en el Cementerio de Paterna financiados
por la Diputació de València durante 2018 han vuelto a dinamizar el trabajo de
la Plataforma de Suport a la Querella Argentina.
Actualmente hay cerca de 100
víctimas valencianas querelladas en Argentina. Un número que podría crecer
considerablemente en las próximas. Y no solo en los juzgados argentinos. La
batalla contra la impunidad no ha hecho más que empezar.
