Billy el Niño valenciano

Benjamín Solsona: ¿un Billy el Niño en València?

El 23 de abril de 1971, en pleno estado de excepción, una treintena de estudiantes universitarios fueron detenidos en València por la Brigada Político Social. Algunos de ellos llegaron a estar incomunicados durante 19 días y los interrogatorios y las torturas fueron continuos. Los próximos días algunas de las víctimas llevaran el caso ante la justicia con la intención de dar la batalla contra la impunidad en los juzgados valencianos.

Vicent Galiana

28-11-18

La Primavera Valenciana transformó la imagen que proyectaba el País Valencià fuera de sus fronteras y dejó imágenes para la historia. De entre ellas, la de Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, refiriéndose a los estudiantes que salían a las calles como “enemigos”. Y no fue una imagen fugaz. Durante aquellas largas tardes, su rostro desafiante copó portadas y reportajes. No era la primera vez que Antonio Moreno adquiría protagonismo en la lucha contra la movilización estudiantil. 

Según diversas personas que participaron en las protestas estudiantiles de los años 70, Antonio Moreno ya fue conocido por algunos profesores y personal de la administración de la Universidad como El Infiltrado. Entre 1975 y 1977 Moreno fue los ojos de la Brigada Político Social de València en la universidad. Un joven que fingía ser estudiante “pero al que nunca detenían” y que, con el tiempo tendría, para sorpresa de alguno de sus compañeros de asambleas, una larga y próspera carrera policial bajo el amparo de Benjamín Solsona, El Galletas. Después de sus actuaciones, en junio de 2012 fue ascendido a Comisario Principal, la máxima categoría dentro de la Policía.

Antonio Moreno tendría, para sorpresa de alguno de sus compañeros de asambleas, una larga y próspera carrera policial bajo el amparo de Benjamín Solsona

Para Benjamín Solsona el paso por la Brigada Político Social de València también fue un trampolín. Nacido en 1931, ascendió a raíz de su trabajo en dicha capital y fue comisario en Málaga y Jefe de Policía en Bilbao (1980-1982) y en las Baleares (1982-1988), entre otros. Otro caso de viejo policía franquista insertado ejemplarmente en las fuerzas del orden de la nueva democracia. En 2014, muchos años después, los métodos de interrogatorio y control social puestos en marcha durante su estancia en València le costaron la imputación en la Querella Argentina: la jueza Maria Servini de Cubría emitía una orden internacional de detención contra él y otras 19 personas en la causa por delitos de genocidio y/o de lesa humanidad. La justicia española impidió su extradición.

Benjamín Solsona y la Brigada Político-Social

El 23 de abril de 1971, en pleno estado de excepción, una treintena de estudiantes universitarios fueron detenidos en València por la Brigada Político Social. De entre ellos, más de una decena permanecieron incomunicados durante días, sometidos a interrogatorios y torturas hasta ser ingresados en la Cárcel Modelo de València. Quince militantes universitarios del PCE para los que la justicia pediría meses después hasta 119 años de cárcel acusados de asociación ilícita y propaganda ilegal. Las detenciones, que habían llegado en un momento de crecimiento exponencial de la movilización contestataria, desarticularon prácticamente la estructura del PCE en la Universitat de València.

Pero, lejos de frenar las protestas, estas siguieron creciendo. La paralización de la Universidad por las protestas llegó acompañada de las muestras de solidaridad de algunos profesores que ofrecieron a los detenidos examinarlos en la cárcel o las quejas del rector Juan José Barcia Goyanes ante el Gobernador Civil. El aumento de las protestas marcó las semanas posteriores que algunos de los implicados recuerdan como mayo rojo.
La paralización de la Universidad por las protestas llegó acompa ñada de las muestras de solidaridad       

Años después, José L. Monzón, militante del PCE, explicaría que “las detenciones de 1971 no influyeron negativamente en la capacidad de influencia política del PCE en la universidad, sino que la reforzaron”. “Gracias a que nos habían detenido y conocían nuestra militancia nos ‘legalizaban de hecho’, pues ya no éramos clandestinos, sino comunistas de conocida militancia que actuábamos abiertamente en las facultades y en el movimiento universitario”.

     Las denuncias de torturas

Durante los 19 días de incomunicación, los interrogatorios y las torturas fueron continuas. Muchas de las personas implicadas denunciaron los hechos. Algunos de aquellos testimonios son desgarradores.  

Diversos testimonios declararon haber sido víctimas de la bañera. Por ejemplo, a JGM, que entonces tenía 21 años y era estudiante de Económicas, lo golpearon durante horas mientras permanecía de cuclillas esposado por debajo de las piernas, antes de hacerle la bañera hasta extenuarlo. A AGC, de 19 años y también estudiante de Económicas, le practicaron la bañera durante horas hasta producirle asfixia y vómitos.                            A JGM lo golpearon durante horas mientras permanecía de cuclillas esposado por debajo de las piernas, antes de hacerle la bañera hasta extenuarlo                   

A AMS, de 22 años y estudiante de Química, le realizaron los largos interrogatorios esposado con unas “esposas graduables” que le dejaron las manos sin sensibilidad durante 18 días. A JPR, de 19 años, lo golpearon repetidamente en los testículos.

Pero también hubo terror psicológico y amenazas de muerte en la comisaría: PCS, y MTA, ambos de 22 años, declararon haber sido amenazados con pegarles un tiro y posteriormente ahogarlos “para que pareciese un accidente”; o, en otro sentido, a FCY, de 20 años, le mantuvieron 5 días sin comer ni dormir en una celda de incomunicación. JLMZ, de 20 años, también fue detenido el 23 de abril en su domicilio. Durante sus cuatro días en incomunicación, los interrogatorios se acompañaban de patadas en los testículos y amenazas de detener y torturar a su mujer.

En su mayoría recogen además de golpes y amenazas tres técnicas de tortura que serán coincidentes con los denunciantes de las torturas en la BPS antes y después de 1971: el tostadero (obligados a tumbarse sobre un somier metálico conectado a corrientes eléctricas), la bañera (sumergiendo repetidamente la cabeza de la víctima en el agua durante períodos de tiempo cada vez superiores) o el quirófano (en el que se tumbaba a la víctima sobre una camilla con la cabeza en el aire y era golpeado cada vez que el cansancio le obligaba a doblar el cuello o se estiraba su cuerpo por los brazos y las piernas mientras se le golpeaba el abdomen y los testículos).

Muchos de ellos identificaron a los autores de las torturas, destacando el papel jugado por Benjamín Solsona Cortés y Manuel Ballesteros. Pero estos nombres aparecen en numerosas denuncias de tortura y memorias de militantes antifranquistas. Ya desde 1968 Rafael Pla López les identifica en sus memorias como torturadores durante su detención en la Prefectura de Policía de la Avenida Ferran el Catòlic de València.

Muchos de ellos identificaron a los autores de las torturas, destacando el papel jugado por Benjamín Solsona Cortés y Manuel Ballesteros

Y sus acciones se alargan, según los denunciantes, al menos hasta el 1975: Víctor Baeta, militante del FRAP detenido en su casa a punta de pistola en agosto de ese año, escribió que Benjamín Solsona le golpeó repetidamente en la cabeza mientras cantaba “FUDE-FRAP, DUDE-FRAP” —haciendo referencia a la organización estudiantil del PCE(ml) “Federación Universitaria Democrática Española”— y posteriormente le practicó “sesión eléctrica y cojín”.

La Querella Argentina en el País Valencià

El otoño de 2015 se constituyó en València la Plataforma de Suport a la Querella Argentina del País Valencià – Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme con el objetivo de "visibilizar los crímenes del franquismo que el Estado está escondiendo, todo excusándose en una Ley de 1977, coordinar el apoyo y las adhesiones a la querella argentina y movilizar a la sociedad y las instituciones valencianas para avanzar hacia la justicia y la reparación". La plataforma recoge diferentes movimientos memorialistas —Plataforma por la Memoria del País Valencià, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castellón, La Comuna, Asociación de Represaliadas y Represaliados políticos del Franquismo y el Colectivo por la Recuperación de la Memoria Histórica de Callosa d'en Sarrià—, colectivos sociales, sindicatos, partidos políticos y diferentes personas a título individual.

Solo unos días después, Callosa d'en Sarrià se convirtió en el primer pueblo del País Valencià en adherirse a la querella. Durante 2016, el apoyo institucional aumentó notablemente. El plenario de la Diputació de València aprobó en diciembre —con 17 votos a favor de Compromís, Podemos, EUPV y PSPV y 14 en contra del PPCV y Ciudadanos— una moción donde declaraba el "apoyo incontestable a las víctimas del franquismo" y se comprometería a “apoyar a los municipios que se sumaron a la querella argentina". Unas semanas después, a finales de enero de 2017, se hacía público el acuerdo de la Diputació de València con la Federación Valènciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina.

El pasado 30 de marzo de 2017, el Ajuntament de València aprobó una moción que reconoce el apoyo institucional a la causa judicial instruida en Argentina y solicita la incorporación del consistorio a la Red de Ciudades por la Memoria. Le siguieron, el 5 de abril, Les Corts Valencianes, con una Proposición No de Ley (PNL) con los votos favorables de Podemos, Compromís y el PSPV. La moción, además de mostrar su apoyo a la querella, pedía la modificación de la Ley de Amnistía, instaba al Ministerio de Justicia a garantizar el derecho a la justicia y exigía la modificación de la Ley Orgánica 1/2014 del poder judicial para hacer posible la actuación en materia de justicia universal.

Castelló se sumaría unas semanas después, en mayo, con el apoyo de los partidos del Pacte del Grau. Desde entonces las corporaciones de Paterna, Bernicarló, Villena, Siete Aguas, Massamagrell o Puçol, entre muchas otras, se han sumado públicamente a la Querella Argentina.

Por otra parte, la aprobación de la Llei de memoria democrática i per a la convivencia de la Comunitat Valènciana a finales de 2017 y las exhumaciones en el Cementerio de Paterna financiados por la Diputació de València durante 2018 han vuelto a dinamizar el trabajo de la Plataforma de Suport a la Querella Argentina.

Actualmente hay cerca de 100 víctimas valencianas querelladas en Argentina. Un número que podría crecer considerablemente en las próximas. Y no solo en los juzgados argentinos. La batalla contra la impunidad no ha hecho más que empezar.