La
Asociación de Historia Contemporánea acusa al Supremo de ofender a las víctimas
del franquismo
Los
socios, entre los que se encuentran profesores universitarios y centros de
investigación y de formación, piden a los magistrados "una rectificación
total y sin ambages" de la fecha en la que los magistrados sitúan la
Jefatura del Estado de Francisco Franco en su auto sobre la
exhumación del dictador
Publicado 06.06.2019
La Asociación de Historia Contemporánea, que se
fundó en 1988 con el fin de promover la investigación, la enseñanza y las
publicaciones relacionadas con la historia contemporánea, ha acusado al
Tribunal Supremo de contravenir la opinión mayoritaria entre los historiadores
acerca de la Jefatura del Estado de Francisco Franco al situar su inicio
el 1 de octubre de 1936. "Suspender temporalmente la exhumación con la
argumentación señalada, constituye una ofensa a las víctimas", consideran.
Historiadores
claman contra el Supremo: "Decir que Franco era jefe de Estado desde el 36
es un disparate" Historiadores
claman contra el Supremo: "Decir que Franco era jefe de Estado desde el 36
es un disparate"
En el auto en
el que los magistrados argumentan los motivos para fallar a favor de paralizar
cautelarmente la exhumación de Francisco Franco, los jueces de la
Sala III reconocen los "rasgos especiales" que concurren en este
caso, habida cuenta de que "Franco fue Jefe de Estado desde el 1 de
octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975", y
atribuyen "un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión
del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después,
fuere considerada contraria a Derecho".
Pero la citada asociación no está de acuerdo. En un
comunicado divulgado este jueves, los socios -entre los que encuentran diversas
universidades, centros de investigación y centros de formación del
profesorado-, explican que "más allá de la problemática específica de la
exhumación de los restos del dictador, la forma en que lo argumenta el Tribunal
Supremo contraviene la opinión mayoritaria. "En esa fecha en España
existía un único Jefe del Estado legítimo, el presidente de la II República,
Manuel Azaña. Es este un hecho incontestable", zanjan.
Golpe
de Estado
Cuestionarlo como hace el Tribunal Supremo, dice
esta entidad, implica "la legitimación de hecho, a posteriori, de un golpe
de Estado, el del 18 de julio de 1936, que generó una guerra civil, con cientos
de miles de muertos, y una represión brutal que costó la vida a otras decenas
de miles".
Según los historiadores y profesores que forman
parte de esta asociación, suspender temporalmente la exhumación con la
argumentación señalada "constituye una ofensa a las víctimas; al
depositario de la voluntad nacional, el Parlamento español, que aprobó la
exhumación; al gobierno democrático de la nación, que la ordenó; y a toda
conciencia cívica y democrática, española e internacional".
Además, destacan que en distintos países europeos
"que han tenido que afrontar las herencias y traumas generados por
dictaduras antidemocráticas, como la Italia fascista, la Alemania nazi o la
Francia de Vichy, es motivo de debate la cuestión de hasta qué punto los
historiadores pueden o no convertirse en "autoridades" a la hora de
determinar o condicionar procesos judiciales o disposiciones gubernamentales".
"Intromisión
inaudita"
Aunque señalan que "todo esto puede ser
discutible", insisten en que en ninguno de esos países se plantea
"justamente lo contrario": "que sea el poder judicial el que
determine la 'verdad histórica'". "Esta es una intromisión inaudita a
la que solo ha llegado el Tribunal Supremo español", denuncian. Este grupo
de historiadores, presididos por Ismael Saz Campos, profesor de
la Universidad de Valencia, advierte también sobre las posibles
implicaciones que, según su criterio, podría tener este hecho.
Abre la
vía a eventuales derroteros de judicialización de la historia con consecuencias
tan impredecibles como inquietantes"
"Podría llegar a tener efectos sobre la
libertad de los historiadores eventualmente obligados a confrontar sus propias
investigaciones con instancias que nada tienen que ver con su profesión",
opinan. "Sitúa a España, a su judicatura y, por extensión, a la democracia
española en el furgón de cola de las europeas", añaden. Finalmente, la
asociación cree que el argumento que aparece en el auto del TS
"abre la vía a eventuales derroteros de judicialización de la
historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes".
Tras la polémica despertada entre los historiadores
a cuenta de la fecha, fuentes de
la Sala III del Tribunal Supremo aseguraron a Vozpópuli
que el auto "no busca legitimar ni legitima el golpe de Estado"
perpetrado por Franco. "Al contrario", defienden, "se trataba de
resaltar las condiciones especiales" que caracterizan a este caso, que no
es una "cuestión menor", por lo que "prima el interés general
por encima del particular o de la familia".
