Supremo error

Supremo error

No existe, ni para los Franco ni para nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y demandas del interés general

Antón Losada

4/6/19

Eldiario.es

Las dimensiones del catastrófico error que acaba de cometer el Tribunal Supremo, al paralizar la exhumación de los restos del dictador Franco, se verán con claridad conforme pase el tiempo. La Justicia española tenía ante sí la oportunidad única de ponerse al día con los tiempos, la democracia y la justicia en un solo gesto y en una sola decisión. Facilitar que un gobierno democrático procediera a remover los restos mortales de un golpista y un criminal como Franco, sin recompensar ni la mala fe ni el obstruccionismo practicado por la familia del tirano, era un regalo del destino para una justicia en mínimos de credibilidad, independencia y eficiencia. Ha preferido tirar esa ocasión a la basura a cambio de garantizar los derechos de una familia particular por encima de cualquier otra consideración o bien jurídico.

Resulta muy difícilmente discutible que, entre proteger el bien jurídico de los intereses privados de la familia Franco y proteger el bien jurídico de preservar la efectividad de los acuerdos y decisiones de un gobierno legalmente constituido para administrar el patrimonio del Estado, debería haberse impuesto el principio de proteger el bien jurídico superior y, sobre todo, existente. No existe, ni para los Franco ni para nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y demandas del interés general.

Resulta jurídicamente más discutible por qué Franco está enterrado en un espacio patrimonio del Estado que el evidente derecho de ese Estado a removerlo. Cuesta trabajo validar cualquier argumento jurídico que sustente el derecho a estar enterrado en un bien patrimonio del Estado porque, sencillamente, no existe tal derecho ni podría existir. Resulta aún más incomprensible que se suspenda una decisión gubernativa firme para amparar la apariencia de un supuesto derecho. Alegar que se pospone para proteger los intereses del Estado, en caso de una sentencia favorable a los Franco, compensa mal con el evidente destrozo infligido a cualquier estado democrático al cual se suspenda de su derecho a librarse de los tiranos después de muertos mientras se analiza la validez de los derechos heredados de la tiranía.

Comparar el caso de los Franco con el caso polaco y la anulación de la arbitraria decisión de enterrar a los fallecidos en el accidente aéreo de 2010 sin atender a las familias es, simplemente, un insulto a la inteligencia. En Polonia no se dio audiencia a los familiares de las víctimas, tal y como era y es preceptivo. Aquí no hemos hecho otra cosa que garantizar hasta el ridículo todos y cada uno de los derechos de la familia Franco.

Que uno de los magistrados que firma la decisión del Supremo en lugar de abstenerse por pura prudencia, José Luis Requero, sea padrino de una de las hijas del abogado de los Franco, Santiago Milans del Bosch, añade ese toque bananero que tanto nos recuerda que, en más cosas de las que pensamos, aún vivimos en la Escopeta Nacional del maestro García Berlanga.