ESPAÑA
EN LOS DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE EEUU
Aznar
presionó a Bush para que apoyara la campaña del "Todo es ETA"
que acabó con Otegi en prisión
Documentos
desclasificados del Departamento de Estado describen las continuas
peticiones del Gobierno del PP para que la administración
estadounidense respaldase la persecución contra la izquierda
abertzale. El entonces jefe de La Moncloa vinculaba su apoyo a las
guerras en Irak y Afganistán con la lucha antiterrorista en España.
Público
BILBAO, 27/05/2021
DANILO
ALBIN
El
apoyo incondicional del Gobierno de José María Aznar a
las guerras de Afganistán e Irak tenía, en realidad, algunas
contraprestaciones. El entonces mandatario del PP tendió su
mano al presidente George W. Bush a cambio de obtener el
respaldo de EEUU a su particular campaña del "Todo es ETA",
que supuso la ilegalización de Batasuna y acabó con el
encarcelamiento de sus principales referentes, entre los que
se encontraba Arnaldo Otegi.
La
concepción aznarista de "lucha global contra el terror"
aparece fielmente recogida en distintos documentos desclasificados
del Departamento de Estado a los que ha accedido Público.
El objetivo de La Moncloa era claro: la ayuda desinteresada de España
a la intervención
militar americana en Irak yen
IAfganistán
debía ser retribuida con el apoyo de Bush a la lucha contra
ETA y, al mismo
tiempo, contra lo que entonces denominó su "red".
"Las
declaraciones públicas del Gobierno español sobre la guerra contra
el terrorismo han sido contundentes y de apoyo uniforme.
Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre, el
presidente Aznar se comprometió a estar al lado de los EEUU en la
lucha", valoraba el Departamento de Estado en un informe
elaborado en diciembre de 2001, dos meses después de los atentados
contra las Torres Gemelas. Fue precisamente a partir de ese ataque
cuando Bush lanzó la denominadac una
iniciativa que contó con el apoyo de Aznar desde el minuto cero.
El
documento subrayaba que España había proporcionado a Estados Unidos
"una cooperación sin precedentes en materia de policial,
judicial y de inteligencia en la lucha contra el terrorismo".
Ponía como ejemplo al entonces ministro de Defensa, Federico
Trillo, quien "hizo constar que ofrecía a los EEUU un acceso
incondicional a las bases españolas de Rota y Morón". De
acuerdo a otros documentos recopilados por Público, ese
"acceso incondicional" permitió que el Ejército americano
emplease ambas
bases en operaciones
directamente vinculadasa a
las guerras de Afganistán e Irak.
En
esa línea, el Gobierno de Aznar buscaba también que su "compromiso"
con el Gobierno de Bush tras los atentados de las Torres
Gemelas "se traduzca en mejoras significativas en la
cooperación policial y judicial a nivel internacional contra el
terrorismo, incluso contra ETA". "España ha hecho
peticiones específicas para que le ayudemos a proporcionar
información sobre ETA y su red", detallaba un funcionario del
Departamento de Estado en aquel informe.
En
junio de 2001, tres meses antes de aquellos atentados, Bush había
aprovechado una gira europea para lanzar unas declaraciones
insólitas: el presidente estadounidense llegó a vincular el
escudo antimisiles que
EEUU quería levantar en Europa del Este con la lucha contra ETA en
España. Paradójicamente, en otros documentos desclasificados la
Casa Blanca situaba a ETA en términos de "terrorismo
doméstico".
El
3 mayo de 2002, EEUU dio el primero de varios pasos: el
Departamento de Estado incluyó a Askatasuna, una organización que
defendía los derechos de los presos condenados por delitos
relacionados con ETA, en el listado de "personas y
entidades" designadas como "terroristas". La Unión
Europea había tomado esa misma decisión un día antes, amparándose
en la declaración de ilicitud que el juez Baltasar Garzón había
dictado contra Askatasuna en febrero de ese mismo año.
El
Gobierno de Bush siguió con atención la aprobación de la Ley de
Partidos, creada específicamente para ilegalizar a Batasuna. La
norma, que entró en vigor en junio de 2002, estuvo acompañada
por distintas actuaciones realizadas desde la Audiencia
Nacional contra
distintas siglas de la izquierda abertzale, a las que Garzón
encuadraba en todos los casos bajo la tutela de ETA. "El 21 de
noviembre (de 2002), el juez Garzón dictó un auto en el que acusaba
a 22 miembros de Batasuna de pertenecer a ETA", destacaba el
Departamento de Estado en un informe.
Allí
señalaba que de los 22 dirigentes de Batasuna señalados por la
Audiencia, "seis son diputados del parlamento autonómico
vasco".
Mientras
el magistrado ordenaba esos operativos, el Gobierno de Aznar
consolidaba sus contactos con distintos funcionarios de la
administración Bush. Entre otros encuentros, Washington citaba una
reunión que había mantenido en Copenhague el entonces fiscal
general de EEUU, John David Ashcroft –conocido
por sus posiciones ultraconservadoras–, con los responsables de las
carteras de Interior y Justicia en el Ejecutivo del PP, Ángel
Acebes y José
María Michavila
respectivamente.
En ese encuentro, Aschcroft "reiteró el compromiso de EEUU de
apoyar en España su lucha contra el terrorismo de ETA".
El
7 de mayo de 2003, ese "compromiso" que había avanzado el
fiscal general estadounidense se tradujo en la inclusión de
Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna en el listado de
organizaciones terroristas confeccionado
por el Gobierno de Bush. En una nota pública, el Departamento de
Estado alegó entonces que esa decisión se basaba en "información
sustancial y creíble procedente de diversas fuentes", según
las cuales Batasuna, dirigida entonces por Arnaldo Otegi, y las
formaciones abertzales que le precedieron "han apoyado los actos
de terrorismo de ETA".
"Como
dijo el presidente Bush en Madrid en junio de 2001, Estados
Unidos está con España en su lucha contra el terrorismo",
subrayaba entonces la Casa Blanca, al tiempo que remarcaba que el
Gobierno de Aznar "ha seguido siendo un fuerte aliado en la
guerra global contra
el terrorismo".
En
Madrid y Washington admitían que nada de esto era fruto de la
casualidad. En una "evaluación" de Inteligencia elaborada
por el Departamento de Estado en mayo de 2003, uno de sus
funcionarios destacaba que los medios españoles "señalaban
cáusticamente que el
presidente Aznar estaba recogiendo los 'beneficios políticos' de
servir como 'instrumento' del presidente Bush".
Una
petición esperada
Estados
Unidos conocía ya los pasos de Aznar para instaurar
la gteoría del “Todo es ETA”, y snstaurar
la
entre otros objetivos, dejar fuera de la legalidad a Batasuna. "A
lo largo de 2002, la Unión Europea (UE) incluyó los nombres de 28
miembros de ETA presentados por España en
sus listas de
personas/organizaciones
contra las que deben adoptarse medidas para combatir la financiación
del terrorismo", detallaba el Gobierno de Bush a finales de ese
año.
En
tal sentido, el funcionario a cargo de este informe relataba que "los
representantes españoles han manifestado que probablemente
solicitarán la inclusión del partido político Batasuna y sus
dirigentes (brazo político de ETA) en dicha lista si los tribunales
declaran ilegal a Batasuna". "En este caso (que podría
producirse en 2003) es probable que España también se dirija a
EEUU para solicitar una inclusión similar en la lista",
advertía.
"Alto
cargo de Batasuna"
La
presión política y judicial sobre la izquierda abertzale iba,
efectivamente, en aumento. Dicha persecución era seguida con
suma atención desde Washington, donde
eran plenamente conscientes de la relevancia que Aznar y su gobierno
daban a este asunto. "Las autoridades españolas acusaron a 41
miembros del grupo político ilegal Batasuna, entre ellos
Arnaldo Otegi, alto cargo de Batasuna, de
pertenecer a una organización terrorista y prestar apoyo financiero
a ETA", reflejaba un informe elaborado por la administración
Bush en enero de 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al
frente de La Moncloa.
La
estrategia del "Todo es ETA" que había alimentado el
Gobierno de Aznar con la complicidad de Washington llevaría a
Otegi a prisión en pleno proceso de fortalecimiento de la apuesta de
la izquierda abertzale por
las vías democráticas. Tras mantener varias querellas abiertas
contra el dirigente abertzale, la Audiencia Nacional ordenó su
encarcelamiento en 2009 bajo la acusación de pretender
reorganizar la ilegalizada Batasuna.
En
ese momento, Otegi y otros dirigentes independentistas también
encarcelados –entre los que se encontraba el secretario general del
sindicato LAB, Rafa Diez Usabiaga–
trabajaban a
favor del cambio de rumboo de
la izquierda independentista. Tras la salida de Aznar de La Moncloa,
en los informes del Departamento de Estado de EEUU prácticamente
desaparecieron las referencias a esa "lucha contra ETA" que
el entonces líder del PP había arrancado a Bush.