La 'otra' amnistía, una conversación pendiente con las víctimas del franquismo: "El problema es el paso del tiempo"
ElPlural
Rubén Rozas
13-9-24
Cuando alguien toma una decisión lo hace porque considera que es lo correcto en el momento. España ha tomado varias en su historia reciente, de características bien diferentes y que apuntan en direcciones muy distintas, pero, sin duda, las más importantes se dieron con la Transición. El debate de muchas de ellas ha saltado de padres a hijos y, seguramente, pasará a generaciones futuras.
El cambio de un sistema dictatorial a uno democrático fue el todo o nada. De ahí que algunas de las cosas que se hicieron en aquel momento sean criticables hoy, aunque pocos pensaran entonces que se hacían de forma malintencionada. De aquellos barros el lodo del eterno debate actual sobre tantas cuestiones como la monarquía o, el caso que concierne a estas líneas, la Ley de Amnistía de 1977.
La palabra referida a la medida de gracia aterrizó en nuestro país mucho antes de que el gobierno de Pedro Sánchez la pusiera sobre la mesa. Con figuras fuertes del régimen en el Congreso, la sombra de ETA y una sociedad civil dividida entre una mayoría que clamaba por la libertad y un sector cómodo en el franquismo, la Cámara Baja decidió indultar a personas que ni siquiera habían sido condenadas. Un punto final. Un carpetazo. Una conversación que se cerró de manera abrupta pero que de un tiempo a acá necesita un “Tenemos que hablar”.
Aquella normativa es una de las trabas burocráticas que ha encontrado Julio Pacheco, primera víctima de torturas durante la estancia de Franco en El Pardo que declara -junto a su mujer, Rosa María García Alcón- ante una jueza. Un paso histórico en lo simbólico, pero que ha resultado suficiente en lo penal, ya que la magistrada que lo ha llevado a cabo ha archivado la causa.
Soluciones para reparar completamente a las víctimas de la dictadura
El resultado de la causa de Pacheco -recurrido a la Audiencia Provincial- ha provocado el malestar entre las asociaciones memorialistas, que celebran los pasos que se han dado en materia de memoria histórica pero, sobre todo, centran el foco en los que quedan por dar. Y en las “oportunidades perdidas”.
“La ley de 2007 de Zapatero o la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, en la que se absuelve al juez Garzón de prevaricación por haber investigado crímenes del franquismo, marcaban pasos a seguir por la normativa de memoria democrática de 2022, pero no se continúan”, lamenta Daniel Canales, investigador sobre memoria democrática de Amnistía Internacional en declaraciones a ElPlural.com.
Las cuestiones que reconsiderar tendrían que haber pasado por incorporar el principio de legalidad en el Código Penal y, precisamente, dejar sin efecto el texto de 1977. “Todas las discusiones jurídicas que podamos tener responden a una falta de voluntad política”, resuelve, apuntando el híbrido entre poderes. “La ley de memoria democrática pudo haber servido para avanzar a eliminar los obstáculos en la investigación y el enjuiciamiento penal”, añade; aunque orienta también la mirada a los órganos jurídicos, que mantienen en ocasiones un enfoque “excesivamente formalista” y menos “cercano” al Derecho Internacional.
Sin embargo, asegura que todo esto es algo que viene “de atrás”. “Son muchos años desde la Transición en los que el Estado español ni siquiera se ha planteado la rendición de cuentas (…) Pasan muchos años hasta que, por impulso de la sociedad civil se empiezan a dar algunos pasos, y ahora nos encontramos en un momento en el que muchísimos años después se está intentando dar una respuesta institucional, pero que se ve limitada sobre todo en lo que respecta a la justicia penal, que ha permitido que los obstáculos se mantengan vigentes durante muchísimo tiempo”.
El problema “fundamental”, evidencia, es el “paso del tiempo”: “Ha pasado demasiado tiempo sin respuesta, y todo el que siga pasando es muy difícil de recuperar porque hay víctimas que fallecen, familiares que mueren… y el Estado se ha demorado mucho”.
Delitos de lesa humanidad
En términos más preciosos con la jerga, Canales aplaude cuestiones que contiene la ley propuesta por las fuerzas de izquierda y sacada adelante en los últimos años, pero emite cuáles son, a su juicio, los vacíos que deja. “Ampliar el elenco de víctimas, por ejemplo, es un aspecto muy positivo (…) Y si me preguntan hace años si veía siquiera viable que una jueza escuchara el relato de una víctima, habría dicho que no”, dicta respecto a lo primero. “Pero contiene una obviedad, y es que subraya que se debe interpretar conforme al derecho internacional por el cual delitos como los de lesa humanidad no pueden prescribir”, emite respecto a lo segundo. Explicado de una forma llana, las torturas o desapariciones que se llevaron a cabo durante el franquismo deberían enmarcarse como delitos de de lesa humanidad; y no es así.
“No es así porque no se tipifican como un proceso sistemático de tortura, sino común”, complementa también para este medio Charo Arroyo, responsable de la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), Charo Arroyo. En la misma línea que su homólogo en Amnistía Internacional, considera que bastaría -o al menos, sería con gran apoyo para que se juzguen estos crímenes- con “modificar al Código Penal”. “A fin de cuentas la ley de amnistía no era del todo tal, porque se perdonaba a quienes no estaban juzgados”, remacha.
Aquel texto no se ha tocado desde que se aprobó, aunque estuvo sobre la mesa en 2021. Por ello y otras cuestiones -algunas de las cuales se están abordando en estas líneas, como la prescripción- “se han archivado cerca de cien denuncias”. “A pesar del relato, los hechos probados -para demostrar que lo que se cuenta es verídico el militante antifranquista tuvo que enfrentarse a un peritaje con psicólogos y otros equipos ateniéndose la conocido como Tratado de Estambul- consideran que, acorde a la ley española vigente entonces no se podía imputar por ese delito” a los policías denunciados: el ex comisario Villarejo, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero. A dos de ellos ya no se les puede juzgar al haber fallecido.
Antes de 2001 las exhumaciones se hacían por cuenta propia
De un pasado aunque a veces no lo creamos, cercano, a uno todavía más próximo a nuestros días y el presente más inmediato, Canales hace un breve recorrido por la España memorialista: “Hay que tener en cuenta que pasan más de 25 años hasta que asociaciones de memoria democrática llevan a cabo exhumaciones (en 2001). Antes se habían realizado, pero porque familiares por cuenta propia habían decidido acudir a desenterrar a sus seres queridos. Este año, la propia ONU advierte de que el España incumplía con la reparación a las víctimas (…)”. Después, 2007 y Zapatero, 2012 y Garzón y 2022 y Sánchez, con fechas no menos importantes entre medias, como 2008, cuando Naciones Unidas emplaza a nuestro país a investigar penalmente los crímenes del franquismo.
Con las cartas de las que el Gobierno dispone actualmente -de nuevo con el reloj en contra-, parece “poco viable” que la cuestión se desenrosque y, desde luego, como llegue la derecha -y no digamos la extrema derecha-, dejan claro nuestras voces, olvídate.
Haciendo también para esto de la incertidumbre la punta de lanza de España, los expertos se quedan con la pelea llevada a cabo hasta ahora y los objetivos cumplidos: “Si algo consiguen trasladarnos nuestros antepasados y, ahora, las asociaciones memorialistas es la lucha constante, el no bajar los brazos (…) Se han conseguido muchas cosas”.
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