Martín Pérez DelasHeras

Cambiar todo para que nada cambie. Como sobrevive el franquismo en la democracia.

La llamada Transición española se vende como una historia de éxito: una dictadura que se disuelve sin sangre en una democracia moderna. Pero la realidad es menos luminosa. No hubo ruptura, sino reciclaje. El franquismo no desapareció: se puso traje, cambió el membrete y siguió mandando. La nueva España democrática nació sobre la base de los mismos jueces, los mismos empresarios, los mismos uniformes y, sobre todo, el mismo Rey que Franco había dejado preparado como heredero.

El ejemplo más evidente es el propio Juan Carlos I, designado por el dictador “a título de Rey” juró fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional. No fue una figura de transición: fue la garantía de continuidad. Su papel, lejos de inaugurar una democracia real, consistió en preservar la unidad del Estado y los intereses de la élite franquista bajo un nuevo envoltorio constitucional.

Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Movimiento y director de RTVE durante la dictadura, fue el rostro amable del cambio sin ruptura. Se le atribuye haber traído la democracia, pero en realidad gestionó una operación quirúrgica: abrir el sistema lo justo para que nada esencial cambiara. La Ley de Amnistía de 1977 es la mejor prueba. Presentada como símbolo de reconciliación, sirvió sobre todo para blindar la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún torturador, ningún juez colaborador del régimen, ningún ministro responsable de ejecuciones fue juzgado.

Y es que el poder judicial fue el pilar más sólido de esa continuidad. Mientras en Alemania o Italia se depuraban las estructuras jurídicas del fascismo, en España los mismos magistrados que firmaban sentencias de muerte durante el franquismo siguieron dictando justicia en democracia. José García Ancos, que participó en consejos de guerra franquistas, llegó a presidir la Audiencia Nacional, creada en 1977 como heredera directa del Tribunal de Orden Público (TOP) —el órgano que condenaba a sindicalistas, estudiantes o curas obreros bajo el franquismo—.

Otro nombre ilustrativo es el de Manuel García Castellón, que comenzó su carrera en los años finales de la dictadura y aún hoy sigue en activo en la Audiencia Nacional, donde su criterio ha coincidido con la tradición del viejo Estado autoritario: indulgente con el poder, severo con la disidencia. Y qué decir del magistrado José Castán Tobeñas, presidente del Tribunal Supremo durante el franquismo, que contribuyó a consolidar la doctrina jurídica del régimen, basada en la “unidad de destino en lo universal” y la moral católica. Sus discípulos ocuparon durante décadas los principales puestos de la judicatura democrática.

La continuidad no es solo nominal, sino doctrinal. Basta revisar sentencias clave. En 2012, el Tribunal Supremo, con ponencia de Luciano Varela y presidencia de Carlos Dívar —ambos formados en la cultura jurídica del franquismo—, condenó al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la dictadura, alegando que había vulnerado la Ley de Amnistía de 1977. En otras palabras: la justicia española castigó al primer juez que intentó aplicar el principio de justicia universal dentro del país, para proteger la impunidad de los verdugos. El mismo tribunal que permitió la exhumación de Pinochet o dictadores latinoamericanos se negó a abrir una sola fosa común española.

Tampoco se ha cuestionado nunca la legitimidad de las sentencias del Tribunal de Orden Público, pese a que condenaron a miles de ciudadanos por delitos políticos y sindicales. Esas condenas siguen vigentes a día de hoy, como si la dictadura tuviera aún autoridad moral.

Mientras tanto, Martín Villa, ministro del Interior durante la represión de Vitoria en 1976, donde murieron cinco obreros, fue protegido por todos los gobiernos democráticos, del PSOE y del PP. Cuando la jueza argentina María Servini pidió su extradición por crímenes de lesa humanidad, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se negaron. La misma justicia que se muestra inflexible con una protesta sindical o un tuit satírico se convierte en un muro de protección cuando se trata de los crímenes del franquismo.

La Iglesia católica, por su parte, conservó sus privilegios y su influencia judicial y educativa gracias a los Acuerdos con el Vaticano de 1979, firmados por un gobierno que seguía jurando su cargo ante crucifijos y bajo retratos del Rey.

La Transición española no desmontó el franquismo: lo normalizó. No depuró, no reparó, no juzgó. Y por eso, medio siglo después, seguimos viendo en el poder judicial, en los medios y en los despachos del Estado los ecos de aquel régimen. Cambió el uniforme, pero no el sistema nervioso. Fue una operación de continuidad: del “una, grande y libre” al “constitucional, monárquico y europeo”, sin pasar por la justicia ni la memoria.

Si estás de acuerdo con mis textos compártelos y ayuda a que lleguen a los que no piensan como nosotros. Recuerda: "el que pueda hacer, que haga..."