Las familias de los niños abusados en El Alborada denuncian la desprotección del colegio, la Justicia y las instituciones

"Metían a madres 'casadas' con el colegio en las reuniones para que hicieran el papel de llorar"

Rubén Rozas/Javier Pardo

25-12-25

ElPlural

Las familias de los niños víctimas de violencia sexual en el colegio Alborada de Alcalá de Henares (Madrid) denuncian la más absoluta desprotección por parte del centro, las administraciones públicas y la Justicia, en este último caso por un asunto de plazos procesales. “Son muchas cosas para gestionarlas nosotros y no tenemos ninguna ayuda”, indican las voces afectadas, que prefieren mantenerse en el anonimato, en declaraciones a ElPlural.com.

En lo que respecta al centro, todas las fuentes consultadas repiten palabras como “silencio” o “desprotección” por parte de la dirección, así como “discreción”, la que les habría pedido este espacio académico vinculado con el Opus Dei antes de que el escándalo saltara mínimamente a algunos medios de comunicación en mayo de este año. “Era una forma de mantenerlo en secreto, ellos dicen que para no perjudicar a las demás familias afectadas”, trasladan sin convicción en conversaciones con este periódico.

Las informaciones a cuentagotas coincidieron con una denuncia interpuesta en mayo por una profesora a raíz de la cual El Alborada despidió al presunto abusador, que ejercía de cuidador de comedor de la escuela. Sin embargo, meses antes, alrededor de septiembre de 2024, varios docentes habrían dado la voz de alarma sobre comportamientos “extraños” e “inadecuados” por parte del trabajador, tal y como demuestra la amplia documentación -decenas de denuncias, testificales, mails internos y testimonios en primera persona- que ha permitido a este medio de comunicación trabajar las exclusivas sobre el caso.

En todo este tiempo, los familiares del alumnado afectado, de entre 3 y 6 años, critican que el colegio ha actuado a base de mentiras y justificaciones, además de ofrecer una ayuda mínima, por no decir nula, basada en comunicados, reuniones y una especie de terapias grupales -con “terapeutas afines”- algo más personalizada para el estudiantado. Ofrecimientos que, denuncian, perseguían separar a las familias de los afectados, evitando así una comunicación entre ellos que dimensionase el volumen de los menores afectados, y solucionar internamente el suceso, cortando cualquier atisbo de denuncia pública que afectase a la reputación del colegio.

“No cuadraba nada, daban todo el rato largas y llegaron a decir que no veían nada extraño, que no consideraban que existiera fundamento para denunciar”, afianzan las personas que han decidido poner pie en pared en busca de justicia. En ese momento, sobre la mesa ya había pruebas más que suficientes -desde testimonios hasta avisos internos del profesorado o dudas expresadas por las familias- que la dirección habría despreciado.  El grito de auxilio de los padres y madres lo complementa la documentación que ha consultado este periódico y que muestra cómo el colegio limitó las actuaciones del cuidador a una correspondencia de “cariño” o sin “intenciones lascivas”.

Las presiones provenían, principalmente, desde la dirección del Alborada. Pero no se circunscribían únicamente a la oficialidad de las comunicaciones. Las familias con las que ha podido conversar ElPlural.com también mencionan a las Mec, madres que llevan a sus hijos al colegio, pero “se casan con el mismo” y que en este caso se “metían en las reuniones haciendo el papel de llorar porque estaban haciendo daño al colegio” o eliminaban los grupos de Whatsapp en los que se trataba el tema. Familiares vinculadas a la doctrina del colegio que, en virtud del lazo adquirido con El Alborada, se esforzaban en bloquear cualquier intento de aportar transparencia ejerciendo de plañideras o presionando en la dirección pretendida por el centro. “Intentan separarnos, tenemos que permanecer unidos”, siguen reclamando los denunciantes.

Las instituciones, inoperantes

Los familiares de las cerca de 20 víctimas de abusos sexuales que ElPlural.com ha podido conocer en esta investigación también subrayan la desprotección que han atisbado por parte de las instituciones. Las voces consultadas no esconden que se sienten impotentes ante la falta de acción de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

En el caso del gobierno regional, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, las críticas se cimientan en dos direcciones: la primera, la ausencia de debate público -sirva como ejemplo el bloqueo por parte de la Mesa de la Asamblea de una pregunta parlamentaria registrada por Más Madrid después de conocer el escándalo-; la segunda, más pragmática y auditable por los familiares, es la inoperancia del servicio Barnahus (Casa de los Niños), servicio especializado e integral para estos abusos de menores a los que muchas familias han acudido sin éxito. "Están saturados porque está privatizado, y no tienen más personal para atender en condiciones”, expresan las fuentes consultadas.

El Ayuntamiento de Alcalá, por su parte, asegura que no tiene competencias en la materia, sino que le corresponde tomar cartas en el asunto al gobierno regional o, en todo caso, a la Dirección de Área Territorial (DAT). En medio de esta guerra competencial, los familiares denuncian que la DAT puso muchos problemas a todos aquellos padres que decidieron cambiar de centro a sus hijos y responden al Consistorio. “Nadie nos informó de los pasos a seguir”, insisten las voces consultadas, que, cansadas mentalmente y ante un sistema que les da la espalda, han decidido romper su silencio.

*Si alguien está afectado por el 'Caso Alborada' y no sabe dónde acudir, por favor, escriba a afectadosalborada@gmail.com