El 15 de enero de 1978 en Barcelona, Catalunya, después de una manifestación de más de 10.000 personas convocada por la legalizada hacía seis meses Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT) contra los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales, se produjo un gran incendio, debido al lanzamiento de seis cócteles molotov, a la sala de fiestas Scala, que se encontraba en el itinerario de la manifestación, y que acabará con la vida de cuatro trabajadores: Ramón Egea Gómez, Juan Manuel López, Bernabé Bravo Bejarano y Diego Montero Arrabal, dos de ellos afiliados al Sindicato de Espectáculos de la CNT-AIT.
Era la primera manifestación de la CNT-AIT que contaba con autorización gubernativa desde 1939. Dos días después la policía detuvo a los pretendidos autores, todos afiliados a la CNT-AIT, que habían participado en la manifestación anarcosindicalista.
Durante los días posteriores se sucedieron nuevas detenciones y torturas: Carlos Egido Chamorro, Josep Miquel Maluquer, Miguel Romero Zambrano, Luis Muñoz García, María Teresa Fabrés Oliveras, hasta llegar a más de 150, otros consiguen huir: Jesús Emilio Fuertes, Carlos González García, Francisco Martínez Pérez, se producen numerosos ataques de la ultraderecha contra el movimiento libertario sin que la policía actue.
El 22 de febrero de 1978 se procesó a 11 personas por la autoría del incendio y por tenencia de explosivos, todos jóvenes, salvo un veterano de 49 años: un delincuente habitual con 28 condenas llamado Joaquín Gambín Hernández “El Grillo o el Murciano”, reclutado por la policía el año anterior en la cárcel con la misión de infiltrarse en los grupos anarquistas “lo hizo en el Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores (ERAT) de Seat y luego en la cárcel Modelo barcelonesa con un futuro acusado del «Caso Scala»” y por la libertad del que la CNT-AIT pagó una fianza de 80.000 pesetas tras incluirlo en su lista de presos libertarios.
El proceso se incoó a partir del 24 de enero de 1980 en Barcelona sin Gambín, juzgado en rebeldía, “curiosamente había sido detenido el 27 de octubre de 1979 en Elche por estafa y no por el atentado” el fiscal solicitó más de 400 años de prisión contra María Pilar Álvarez, Francisco Javier Cañadas, José Cuevas Casado, María Roca López, Luis Muñoz y Arturo Palma Segura; quedando libres Maite Fabrés, tras dos años de prisión, sin que Gambín detenido en Elche sea inculpado y puesto en libertad “por error”.
La prensa y la televisión, controlada por el Estado de la mano del ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, urdió una gran campaña de desprestigio del movimiento libertario identificándolo con el terrorismo.
El juicio se celebró entre el 1 y el 4 de diciembre de 1980, entre grandes medidas de seguridad y numerosas acciones de protesta, a pesar de la pérdida de fuerza del movimiento libertario.
El 8 de diciembre de 1980 se hicieron públicas las condenas, que fueron bastante duras: 17 años de prisión para Cañadas, Palma y Cuevas; dos años y medio para Muñoz y seis meses para María Rosa López. No hay ninguna duda de que el asunto fue una gran provocación político-policíaca y con la implicación de intereses de ciertos capitalistas mafiosos, pero también la CNT-AIT y los encausados pecaron de ingenuidad y supuso una gran rémora para la CNT-AIT que vio detenido su crecimiento por el impacto del caso y también porque durante años fue el gran tema en perjuicio de otras cuestiones sociosindicales mucho más importantes.
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