Marga Toyos

Jueza bajo sospecha: cuando el sillón y la toga doblan la ley para los poderosos.

La imagen de la jueza Teresa Palacio instructora del ‘caso Kitchen’ o lo que de él queda está siendo objeto de las más duras recriminaciones por parte de varias de las acusaciones populares. Lo que debería ser un proceso ejemplar para depurar responsabilidades por la presunta utilización política de los aparatos de inteligencia del Estado, se ha convertido, según fuentes jurídicas consultadas, en un escenario bochornoso de parcialidad y trato de favor hacia los expresidentes del Gobierno y del Partido Popular.

La magistrada, lejos de ejercer como garante de la igualdad procesal, está actuando, según las acusaciones, con una impertinencia que roza la coacción. Varios letrados que representan a los perjudicados por la trama de espionaje aquellos que señalan directamente a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal como inductores de la sustracción de documentos comprometedores denuncian un clima de hostilidad selectiva mientras, al mismo tiempo, la instructora marca la línea a los acusados, corrigiéndoles literalmente para que no se equivoquen en sus declaraciones.

Es el método Palacio: mano dura con quienes buscan verdad, mano de terciopelo con quienes deben explicar una de las mayores vergüenzas de la democracia española. “Nos guía, nos modula, nos recoloca”, relataba un abogado de la acusación bajo condición de anonimato, “pero a nosotros nos mira con desprecio y nos advierte de que no ‘politicemos’ el juicio. Todo ello mientras el PP se frota las manos”.

El objetivo parece claro: tapar, entorpecer o, directamente, influir en la causa para que los principales sospechosos salgan indemnes. De rositas, en el peor de los casos, con un simple tirón de orejas procesal y sin que sus nombres queden manchados en la sentencia. Que Rajoy y Cospedal vuelvan a la primera línea mediática como si nada hubiera pasado, como si la “caja B”, los sobresueldos y el uso partidista de la policía secreta fueran un mal sueño.

Esta juez parece haberse erigido en la última trinchera del poder corrupto. La vieja guardia del PPodrido permítaseme la expresión que claman las víctimas del acoso judicial resuscita sus fueros en la carrera de la Justicia. Y no es un caso aislado: es la síntesis de un mal sistémico que lleva años pudriendo la independencia judicial en España. Cuando miles de ciudadanos miran a los tribunales esperando imparcialidad, se topan con magistrados que actúan como fiscales de la defensa de los intocables.

La vergüenza no es menor, es enorme. Porque una Justicia que aplaude a los poderosos y amordaza a las víctimas no es Justicia; es una corte de servicios. Y en España, lamentablemente, no es la primera vez que sucede. La pregunta es: ¿seguiremos tolerando que desde el estrado se dicten consignas para proteger a los de siempre, mientras a los demás —a los que piden verdad— se les coacciona y se les tacha de alborotadores?

La justicia no puede ser un disfraz. Ni la toga, un pasaporte para la impunidad. Si la jueza Palacio no rectifica su actitud y la superioridad no interviene, habremos perdido una batalla más en la guerra por un Estado de derecho real, y ganado otra victoria para la podredumbre de la política y sus lacayos judiciales.